CAPÍTULO III. Prevalencia de la enfermedad mental en prisión
Desde los años 80 se fue imponiendo una reforma psiquiátrica que promulgó la desaparición de los hospitales psiquiátricos, c
on el fin de no aislar a las personas c
on enfermedad mental –en muchos c
asos, de por vida– de su entorno social. Paralelamente debía arbitrarse una red de servicios c
omunitarios de toda índole para atender sus necesidades: hospitales de día, residencias, pisos tutelados, programas de empleo especial, red de tratamientos ambulatorios, etc.
En nuestra opinión –fundamentada en el análisis de las quejas c
iudadanas, la información recabada de las administraciones c
oncernidas y el c
ontacto c
on c
olectivos y asociaciones que operan en este ámbito–, en los últimos años la C
APV ha experimentado una notable pero insuficiente evolución en la protección y atención de un c
olectivo tan especialmente vulnerable c
omo es el de las personas que padecen problemas de salud mental.
En estos años hemos asistido a un remarcable impulso en la c
reación, implantación y mejora de c
entros de salud mental para personas adultas e infanto-juveniles, unidades de hospitalización breve, hospitales de día para personas adultas e infanto-juveniles, unidades de media estancia, unidades de rehabilitación y psicogeriátricos, así c
omo a la paulatina c
reación y ampliación de estructuras residenciales no hospitalarias, c
omo pisos tutelados, pisos supervisados, minirresidencias, hogares, c
omunidades terapéuticas, pensiones y hostales protegidos.
Sin embargo, a pesar de los avances registrados, estos se han dado en el marco de un inacabado proceso de desinstitucionalización1 y seguimos observando una insuficiencia de estructuras intermedias de rehabilitación en el ámbito de la salud mental (hospitales/centros de día, recursos de alojamiento c
on distinto grado de supervisión, c
entros ocupacionales, c
omunidades terapéuticas, c
lubes sociales y recursos de rehabilitación psicosocial).
Estas estructuras son indispensables para c
omplementar las intervenciones realizadas en los c
entros de salud mental o en unidades de hospitalización de c
orta estancia, para garantizar la c
orrecta implementación de programas de atención psiquiátrica (como los dirigidos a personas sin hogar, por ejemplo) o para el desarrollo de procesos de desinstitucionalización que permitan hacer realidad el modelo c
omunitario de atención.
Esta situación de insuficiencia viene agravada por las limitaciones en el acceso, nivel y c
alidad de las prestaciones sanitarias y sociales, c
uya responsabilidad y gestión c
ompeten a las administraciones públicas, que podrían derivarse del escenario de profundos c
ambios en que nos encontramos inmersos, c
on motivo de la grave c
risis económica actual.
Ello ha llegado a poner en riesgo incluso aquellos recursos ya existentes, dependientes de las organizaciones privadas, c
uyo sostenimiento depende en gran medida de la financiación pública. C
omo c
onsecuencia, los c
entros penitenciarios se han c
onvertido, en muchos c
asos, en la última estación a la que llegan muchas personas c
on enfermedad mental.
Según la OMS, se estima que en las sociedades occidentales la incidencia de alteraciones psiquiátricas es hasta siete veces mayor en la población penitenciaria que en la población general. Tal y c
omo se recoge en las recomendaciones del C
omité de Ministros del C
onsejo de Europa, en los últimos años se ha observado un sensible incremento de algún tipo de trastorno mental de las personas que ingresan en prisión.
El Informe Prevalencia de Trastornos Mentales en C
entros Penitenciarios Españoles (Estudio PRECA), el más amplio llevado a c
abo en España sobre la prevalencia del trastorno mental en los c
entros penitenciarios y publicado en junio de 2011, incide en que la prevalencia de la patología psiquiátrica entre la población reclusa española es superior a la de la población general, arrojando datos alarmantes.
Así, en una muestra de la población general española se estimó que la prevalencia de trastorno mental en varones era del 15,7% (Haro et al., 2006), mientras que, según los resultados obtenidos en el estudio PRECA, la prevalencia de la enfermedad mental en población reclusa es alrededor de c
inco veces más alta (84,4%). Esto significa que 8 de c
ada diez personas presas han sufrido a lo largo de su vida algún trastorno mental, siendo entre ellos el trastorno por uso de sustancias el más frecuente (76,2%), seguido del trastorno de ansiedad (45,3%), el trastorno afectivo (41%) y el trastorno psicótico (10,7%).
Los datos facilitados por las personas entrevistadas en los estudios c
ualitativos de c
ampo, que luego detallaremos, refirieron la presencia en el C
entro Penitenciario de Araba/Álava en régimen ordinario de no menos de 50 personas afectadas de trastornos sicóticos. Extrapolando dichos datos, podemos estimar, c
omo ya realizaba el informe de 2006 del Gobierno Vasco “Líneas Generales de Política de Ejecución Penal y Penitenciaria. Aproximación a un modelo para la C
APV”, la permanencia en las prisiones de la C
APV de no menos de 100 personas c
on trastornos mentales graves.
Según los últimos datos de los que disponemos, la prevalencia de presentar algún trastorno mental se sitúa en el 41,2% de la población penitenciaria: 4 de c
ada 10 personas presas presentan un trastorno mental en el momento actual. En el Estudio del Ministerio del Interior sobre la salud mental en el medio penitenciario (2007) se obtenían unos datos muy similares, al señalar que la prevalencia de padecer un trastorno mental en la población reclusa era del 45,9%.
Disponer de datos fiables sobre la prevalencia de los trastornos mentales en c
entros penitenciarios es de c
rucial importancia para poder mejorar los servicios de salud mental penitenciaria en el momento de su internamiento penitenciario, pero también para tener en c
uenta las necesidades a más largo plazo de estas personas, de c
ara a planificar servicios c
omunitarios. Los estudios en prisión basados en la prevalencia de periodo (último mes) tienden a subestimar la tasa de trastornos mentales, así c
omo las necesidades de salud de la población para c
ada trastorno.
Resulta también muy relevante señalar que las personas presas que padecen o han padecido un trastorno por uso de sustancias tienen una alta c
omorbilidad c
on los grupos diagnósticos de patología mental más prevalentes, hasta el extremo, según los resultados del estudio PRECA, de que solo el 8% de las personas presas que padecen algún trastorno mental lo hacen sin historia de trastorno por uso de sustancias.
Otro de los datos de suma relevancia es la gran prevalencia de los trastornos de la personalidad entre la población presa: alrededor del 80% de la muestra analizada en el estudio PRECA tenía al menos un trastorno de la personalidad.
En el análisis de la realidad incluido en el documento anteriormente c
itado “Líneas Generales de Política de Ejecución Penal y Penitenciaria. Aproximación a un modelo para la C
APV” ya se c
ifraba en c
erca del 70% el número de personas presas afectadas de trastornos de la personalidad en la C
APV.
También se destaca la situación de vulnerabilidad de la población extranjera, la mayoría sin residencia legal y en situación de grave exclusión, en la que el encarcelamiento y el alejamiento de su lugar de origen puede ser un desencadenante de enfermedad mental.
1 El Ararteko hizo público en 2012 un estudio titulado Aproximación a la atención de la salud mental de la infancia, adolescencia, juventud y vejez en la C
APV desde la perspectiva del Ararteko: retos y oportunidades, en el que reconoce el notable esfuerzo que las administraciones públicas vascas han desarrollado en los últimos años en materia de atención y protección de la salud mental de estos c
olectivos especialmente vulnerables y, a su vez, pone la atención en aquellas c
uestiones que requieren de nuevas iniciativas, mayor desarrollo o mejora, emitiendo las c
orrespondientes recomendaciones. En dicho estudio se analiza la evolución que ha registrado la atención desde que en el año 2000 la institución publicara su informe extraordinario Atención c
omunitaria de la enfermedad mental.