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El número de personas privadas de libertad en el Estado viene aumentando de manera alarmante en los últimos años, como consecuencia de un progresivo endurecimiento del sistema penal.

En particular, desde las aproximadamente 45.000 personas que se encontraban en prisión en el año 2000, se llegó a más de 76.000 en el año 2010, con un incremento cercano al 70% en una década.

En los dos últimos años, el número de personas presas ha descendido como consecuencia fundamentalmente de las reformas operadas por la Ley Orgánica 5/2010, de reforma del Código Penal, que rebaja las penas para determinados delitos contra la salud pública cuya penalidad originaria atentaba contra el principio de proporcionalidad.

A pesar de ello, España sigue siendo uno de los países de la Unión Europea con mayor número de personas presas en relación con su población, presentando una de las tasas de encarcelamiento más altas de Europa (aproximadamente 150 personas presas por cada 100.000 habitantes).

Según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, relativos a diciembre de 2013, la población penitenciaria española asciende en la actualidad a 66.765 personas.

Distribución de la población reclusa por sexo

A fecha 17 de diciembre de 2013, 1.430 personas se encuentran presas en los centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

• 735 personas en el Centro Penitenciario de Araba/Álava.
• 365 personas en el Centro Penitenciario de Basauri.
• 330 personas en el Centro Penitenciario de Martutene.

Resulta sorprendente que la elevada tasa de encarcelamiento no tenga su causa directa en un elevado número de delitos.

España es uno de los países de la Unión Europea con más personas en prisión a pesar de que su tasa de criminalidad (número de delitos por cada mil habitantes) es menor que la media de los países europeos. La tasa de criminalidad viene rondado en los últimos años los 45 delitos por cada 1.000 habitantes y la población reclusa duplica la media europea y supera con diferencia a la existente en Italia, Francia o Alemania.

En realidad la delincuencia en el Estado español presenta una línea globalmente descendente desde hace 20 años, aunque sus prisiones son las más pobladas de Europa.

Puede afirmarse, por tanto, que se abusa de la aplicación de la prisión y de su previsión como respuesta a determinadas situaciones, sin que ello venga justificado por razones de seguridad ciudadana, merced a una política criminal en la que se recurre de manera desmesurada al sistema penal y, en particular, a la pena de prisión, a pesar de no ser el recurso ni más justo ni más eficaz para resolver los problemas sociales.

El perfil mayoritario de la población penitenciaria española está constituido por hombres (representan el 92%, frente al 8% de mujeres), de entre 31 a 40 años, que han vivido en ambientes deprimidos o proceden de sistemas familiares en situación de exclusión social, tienen escasa formación y no poseen cualificación profesional.

Un porcentaje característico de estas personas son analfabetas funcionales y otro grupo relevante no tiene estudios de educación primaria o no los ha completado.

Destaca su deteriorado estado de salud tanto física (VIH, hepatitis…) como mental, a la cual nos referiremos seguidamente.

Las personas extranjeras representan el 32% de la población penitenciaria. Se trata mayoritariamente de personas sin autorización de residencia en el país, en muchos casos con dificultades con el idioma y con ausencia de apoyos en el exterior, de manera que padecen una situación de especial vulnerabilidad.

También las mujeres constituyen uno de los colectivos más vulnerables, dado que su reducido número condiciona la intervención con las mismas y favorece su exclusión: los recursos humanos y materiales destinados al tratamiento de las mujeres privadas de libertad son residuales (en Biz­kaia, por ejemplo, no existe un módulo de mujeres en la prisión de Basauri). Se ubican en los módulos más pequeños y peor dotados de los establecimientos penitenciarios de hombres.