2. ACTUACIONES EN RELACIÛN CON LAS INSTITUCIONES DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
2.1. XXX Jornadas de coordinación de defensores del pueblo
La ararteko en funciones Julia Hernández y el secretario general de la institución Faustino López de Foronda, participaron el día 18 de septiembre, en las XXX Jornadas de Coordinación de los Defensores del Pueblo que se celebraron en Santander y que este año se han centrado en cuestiones relacionadas con la vivienda pública.
El objetivo de este foro, que reúne an
ualmente a todos los defensores autonómicos y la Defensoría del Pueblo, es intercambiar experiencias e ideas y poner en común aspectos vinculados al funcionamiento y objetivos de todas las defensorías, además de tratar temas y problemáticas comunes.
El derecho a la vivienda en el régimen constitucional español, las viviendas públicas vacías o el derecho a una vivienda adecuada son algunos de los aspectos que se han puesto sobre la mesa. Además, se han estudiado las conclusiones de los talleres preparatorios que se han celebrado a lo largo del año, para extraer finalmente unas reflexiones y propuestas que dirigirán a los poderes públicos.
En su intervención, la ararteko en funciones Julia Hernández se refirió al derecho a la vivienda como un derecho fundamental para el desarrollo del resto de derechos como la salud, la educación, etc. Destacó, también, la relevancia de una adecuada política de vivienda pública para el desarrollo de una vida digna y la necesidad de que los poderes públicos tomen medidas más enérgicas para garantizar el derecho al disfrute de una vivienda digna.
Declaración de los defensores del pueblo sobre la vivienda pública en España
El Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo An
daluz, el Síndic de Greuges de Catalunya, el Valedor do Pobo de Galicia, el Diputado del Común de Canarias, el Ararteko del País Vasco, el Justicia de Aragón, el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, el Procurador del Común de Castilla y León y el Defensor del Pueblo de Navarra se han reunido en Santander en las XXX Jornadas de Coordinación de los Defensores del Pueblo, que han tenido por objeto “La vivienda pública en España”, y desean difundir la siguiente
DECLARACIÓN
1. Resulta necesario que los poderes públicos den respuesta a uno de los principales problemas que aquejan a los ciudadanos en nuestro país, como es la situación de quienes no pueden disponer de una vivienda digna y adecuada, problema que se ha hecho más visible con la situación de crisis económica que ha atravesado nuestro país.
Los defensores del pueblo recordamos que la Constitución considera el acceso al disfrute de una vivienda digna y adecuada como derecho constitucional en el Título I de los derechos y deberes de los ciudadanos (artículo 47), y que corresponde a los poderes públicos del Estado social (artículo 1) asegurar este derecho a través de la legislación positiva (tanto estatal como autonómica) y dotarlo de un contenido concreto y exigible an
te la Administración y los tribunales de justicia, así como a disponer de los recursos suficientes para hacer efectivo este derecho de los ciudadanos en atención a las circunstancias familiares, personales y económicas de estos (artículo 53 de la Constitución).
Por ello, instamos al Estado y a las comunidades autónomas a que impulsen la legislación suficiente que garantice este derecho constitucional y a que, a través de los presupuestos respectivos, doten de recursos a las administraciones competentes para materializarlo a favor de los ciudadanos que lo necesiten.
2. Demandamos a las administraciones públicas que aumenten y refuercen el parque de vivienda pública en alquiler.
3. Sería necesario disponer de información y de datos fiables en cada territorio sobre la necesidad real de vivienda, sobre la evolución de los precios de las viviendas protegidas en comparación con los precios de las viviendas libres, sobre el parque público de viviendas en alquiler y, en general, sobre los instrumentos básicos que permitan una estadística útil para el diseño de las políticas públicas de vivienda.
4. Es necesario reservar un porcentaje de las viviendas a los colectivos vulnerables y personas con especial necesidad de vivienda.
5. Consideramos más justo que la adjudicación de las viviendas de protección pública se realice conforme a un sistema de baremación previamente establecido y no por sorteo. Deben reforzarse la publicidad, transparencia, celeridad y eficacia de los procedimientos de adjudicación de viviendas.
6. Es necesario definir y regular el concepto de vivienda vacía e impulsar su correcto inventario, dinamizar la puesta a disposición en el mercado de alquiler de las viviendas protegidas deshabitadas y, en caso contrario, adoptar medidas de intervención pública.
7. Es necesaria la implantación de registros de viviendas protegidas, o la mejora de los ya existentes, donde se inscriban todas ellas. Dichos registros deben contener datos suficientes para permitir un control fiable del número de viviendas, y además estar diseñados de modo homogéneo en las distintas comunidades autónomas.
8. En relación con las ayudas a la vivienda, proponemos que se revisen y que se mejore su gestión para evitar el retraso en la resolución de las convocadas y en el pago de las ya reconocidas.
Debe hacerse efectivo el sistema de ayudas para el fomento del alquiler y de la rehabilitación edificatoria y de la regeneración y renovación urbanas.
Debe mejorarse la fiscalidad de la vivienda y aliviar el esfuerzo para mantenerse en la vivienda por las personas que, por circunstancias sobrevenidas no imputables a ellas, no puedan hacer frente a sus obligaciones.
9. Deben hacerse efectivos los patrimonios públicos de suelo, y estudiarse la creación por las comunidades autónomas de patrimonios o bancos de suelo público destinados a la construcción de viviendas de protección oficial o promoción pública.
10. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) y el Fondo Social de Viviendas (FSV) son actores cualificados del mercado de vivienda. Consideramos que en política de vivienda se deben tener en cuenta las bolsas de vivienda, entre ellos las de la SAREB, las entidades financieras y el FSV.
Deben ampliarse los supuestos y flexibilizar los requisitos para que las personas y familias que han perdido sus viviendas puedan acceder a las que nutren el Fondo Social de Viviendas.
Igualmente, en dicho encuentro suscribieron un comunicado conjunto de defensores del pueblo an
te la crisis de refugiados en Europa:
La Defensora del Pueblo y los nueve defensores autonómicos han firmado hoy la siguiente declaración:
Desde hace tiempo, Europa es testigo directo del drama que supone la guerra, el hambre, la intolerancia y la insolidaridad. Padecimientos que se visualizan en las personas que tratan desesperadamente de alcanzar nuestras fronteras y en los cuerpos inertes de aquellos cuyas esperanzas se quedaron por el camino.
Esta situación, lejos de ser superada, se ha visto ampliamente empeorada con ocasión del estallido de diversos conflictos bélicos, que han venido a provocar la que ya se identifica como la mayor crisis de refugiados vivida por Europa desde la II Guerra Mundial.
En este contexto, los defensores del pueblo abajo firmantes no pueden permanecer impasibles an
te este atentado contra los derechos humanos de cientos de miles de personas. Por tal motivo, estiman necesario y un deber:
1. Expresar su solidaridad y su firme compromiso con tales colectivos, poniendo sus Instituciones a su servicio y ofreciéndose a servir de cauce eficaz para la defensa de los derechos que les asisten y para garantizar su adecuada acogida, haciendo especial hincapié en los menores.
2. Suscribir plenamente la Declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados sobre la crisis de refugiados de Europa, sumándose así al llamamiento realizado por tal organismo internacional.
3. Recordar a las autoridades públicas europeas y españolas las previsiones contenidas en los artículos 3.5 y 21 del Tratado de la Unión Europea acerca de las relaciones de ésta con el resto del mundo y su acción en la escena internacional, en las que se definen los principios que han de inspirar las políticas y las acciones comunes y que se traducen, entre otros, en el fomento de la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional.
Asimismo, los compromisos asumidos por la Unión de definir y ejecutar políticas comunes que tengan por cometido mantener la paz, prevenir los conflictos y fortalecer la seguridad internacional; promover un sistema internacional basado en una cooperación multilateral sólida y en una buena gobernanza mundial; y ayudar a las poblaciones, países y regiones que se enfrenten a catástrofes naturales o de origen humano.
Ello, con objeto de atender las demandas planteadas por las personas refugiadas y, en particular, las solicitudes de asilo cursadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 18 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
4. Hacer un llamamiento al Gobierno de España, a los gobiernos de las comunidades autónomas y a las entidades locales para que, con la mayor de las urgencias:
• Asuman los máximos niveles de compromiso y solidaridad para acoger, con plena garantía, a las personas que huyen de la guerra y de la intolerancia.
• Coordinen entre sí, con las instituciones internacionales y europeas y con las organizaciones y colectivos ciudadanos, las acciones excepcionales que al respecto deban acometerse para paliar la desesperada situación que presentan estas personas, propiciando actuaciones conjuntas dotadas de la máxima efectividad.
•Insten a las instituciones internacionales y europeas, así como a otros Estados, el desarrollo inmediato de políticas comunes que contribuyan eficazmente a solventar los problemas que se suscitan en los Estados de origen de las personas refugiadas, causantes de la crisis migratoria.
5. Mostrar su máximo reconocimiento hacia las múltiples iniciativas solidarias que se están llevando a cabo desde distintos sectores sociales y, al mismo tiempo, an
imar a la Sociedad en general y, en particular, a los colectivos empresariales y a aquellos que dispongan de mayores recursos, a que en la medida de la capacidad que ostenten colaboren, de forma coordinada, en la atención de las ingentes y apremiantes necesidades que presentan estos colectivos ciudadanos, especialmente en los ámbitos habitacional, sanitario y alimentario.
2.2. Relaciones internacionales
2.2.1. Encuentro de la región europea de la red de defensorías de la mujer de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO)
Representantes de las defensorías del pueblo del Estado español, An
dorra y Portugal se reunieron los días 25 y 26 de junio en Vitoria-Gasteiz para an
alizar la situación y las medidas emprendidas por los poderes públicos en materia de violencia de género.
La jornada de trabajo comenzó el día 25 con el an
álisis de los datos estadísticos correspondientes a los diferentes territorios, así como las principales carencias detectadas y las buenas prácticas en las respuestas de los poderes públicos.
Al siguiente día la presidenta del Parlamento Vasco Bakartxo Tejería recibió a una delegación de participantes en el encuentro, y posteriormente, en el lugar del evento, se celebró una mesa redonda con la participación de An
a Alberdi, secretaria general de Emakunde, Miren Ortubay, profesora de Derecho Penal de la UPV y miembro del Fórum Feminista María de Maeztu, Eva Silván, representante del País Vasco de Save the Children y María José Barbarín Urquiaga, magistrada de la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa (sección especializada en violencia contra la mujer) y miembro del Comité de Expertos del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial.
Finalizado el debate Julia Hernández, adjunta al ararteko y coordinadora de la Región Europea de la Red de Defensorías de la Mujer en la FIO presentó las conclusiones de las jornadas y una declaración de las defensorías.
2.2.2. Asamblea an
ual de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO)
La adjunta al ararteko participó en la XX Asamblea General y el Congreso Internacional de la FIO celebrados en Montevideo (Uruguay), que este año ha versado sobre Acceso a la Información Pública y Transparencia.
La FIO agrupa a las defensorías del pueblo de los países de Iberoamérica o Latinoamérica, además de a las autonómicas o estatales de España, México y Argentina.
En el marco del congreso también se reunió la Red de la FIO de Defensorías de Mujeres, en la que participó Julia Hernández, donde se abordaron los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en especial el derecho al aborto, y se firmó una declaración recordando, entre otras medidas, que son derechos humanos, por tanto, son facultades inherentes a todas las personas por lo que deben ser respetados, protegidos y garantizados por los Estados, sin distinción alguna.
El ararteko forma parte de su Comité Directivo, como representante de los defensores y defensoras autonómicos del Estado español, habiendo sido designada en 2014 la adjunta al ararteko Julia Hernández como coordinadora para Europa de dicha red.
2.2.3. III Congreso internacional del PRADPI
Alcalá de Henares acogió el día 2 de octubre el III Congreso Internacional del PRADPI (Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica). En dicho Congreso, Defensores del pueblo de América Latina y de España, profesores de Universidad, responsables de ONG y de organismos internacionales debatieron sobre el estado actual y las perspectivas de futuro de los derechos de los colectivos vulnerables y en especial sobre el rol del Ombudsman en la materia.
El PRADPI es un proyecto de la Universidad de Alcalá que trabaja, desde 2001, para el fortalecimiento del Ombudsman y de la FIO (Federación Iberoamericana de Ombudsman), así como para la consolidación del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos en todo el mundo.
La FIO, al igual que las instituciones que la integran, dedica, desde hace años, una especial atención a la protección de los colectivos en situación de vulnerabilidad, que normalmente tienen mayor dificultad para lograr una garantía adecuada y eficaz de sus derechos en las vías ordinarias de protección.
Con este III Congreso Internacional, el PRADPI pretendió retomar el debate sobre el estado actual y perspectivas de futuro de los derechos de estos colectivos y en especial sobre el rol del Ombudsman en la materia. Todo ello desde una perspectiva académica y práctica en diálogo entre titulares y funcionarios de las Defensorías, la comunidad académica y representantes de otros organismos, públicos y privados, que realizan también funciones de protección de los derechos de estos colectivos.