5.Valoración del estado de los derechos ciudadanos
La grave crisis económica y social exige que las administraciones públicas v
ascas refuercen los recursos destinados a garantizar la efectividad del derecho fundamental al disfrute de una v
ivienda digna y adecuada, para que las personas y familias más necesitadas no queden desprotegidas y privadas de un bien de carácter esencial.
Precisamente la inestabilidad económica y laboral ha provocado que las personas solicitantes de v
ivienda protegida en nuestra comunidad autónoma demanden prioritariamente el disfrute de una v
ivienda en régimen de arrendamiento, lo que debe llevar a las administraciones públicas a incrementar sustancialmente la oferta de v
ivienda protegida en alquiler.
Igualmente las administraciones públicas deben, con urgencia, analizar si actualmente los precios de los alquileres públicos son asequibles y adoptar, si fuera necesario, las medidas precisas para que el gasto en v
ivienda pueda ser asumido, sin dificultad, por las personas beneficiarias de las v
iviendas de protección pública.
De igual forma estimamos conveniente que se potencien nuevas fórmulas de uso y/o asignación de v
iviendas protegidas promovidas en régimen de compra, como, por ejemplo, el alquiler con opción de compra, las autorizaciones temporales de uso en arrendamiento, su recalificación para alquiler, etc.; para que las personas adjudicatarias que no pueden adquirirlas por falta de financiación tengan acceso al disfrute de las mismas.
En las actuales circunstancias resulta imprescindible que se habiliten mecanismos de coordinación entre las administraciones públicas con competencias en las áreas de v
ivienda y de servicios sociales para evitar desahucios y situaciones de pobreza y de exclusión social.