El área de justicia ha abierto un total de 66 nuevos expedientes de queja en 2013, que representan un 2,47% del total de los admitidos a trámite por el Ararteko durante el año. A c
ontinuación se expone su distribución por materias:
– Registro C
ivil y Registro de la Propiedad 20
– Funcionamiento de la Administración y procedimiento administrativo 18
– Asistencia jurídica gratuita 12
– Otros aspectos 4
– Colegios de abogados y procuradores 3
– Puntos de encuentro 3
– Otros c
olegios profesionales 2
– Menores infractores 2
– Colegios de notarios y registradores 1
– Régimen de c
ontratación, patrimonio y responsabilidad administrativa 1
En c
uanto a su tramitación a lo largo del año, su estado al c
ierre de este informe es el siguiente:
TOTAL | En trámite | Concluidas | Actuación incorrecta | Actuación no incorrecta | Asesoramiento e información a laciudadanía |
Inadmisión sobrevenida |
59 | 24 | 28 | 10 | 3 | 15 | 7 |
El resto de reclamaciones recibidas en el área han debido ser rechazadas formalmente por falta de c
ompetencia. Algunas de ellas planteaban c
onflictos entre particulares, ante los que nuestra intervención ha debido limitarse a orientar de c
ara a su efectiva solución en Derecho, informando a quienes las promovían sobre los aspectos sustantivos y procedimentales que, en c
ada c
aso, resultaran relevantes; otras venían referidas a actuaciones de órganos administrativos del Estado c
entral, que hemos hecho llegar a nuestrohomólogo estatal. Por último, hemos debido rechazar aquellas quejas que no hubiéramos podido tramitar sin interferir en la actuación de juzgados y tribunales, lo que está vedado tanto al Ararteko c
omo a c
ualquier otra instancia no jurisdiccional, en virtud del principio de independencia del poder judicial.
Ahora bien, en ocasiones hemos advertido tras este último tipo de quejas situaciones de indefensión, atribuibles a problemas o disfunciones vinculadas a los medios al servicio de la Administración de Justicia. Por ello, y sin perjuicio de rechazar toda solicitud de intervención en asuntos que estuvieran sub iudice, no hemos querido dejar de trasladar tales situaciones a los juzgados. Se ha tratado de gestiones informales, desarrolladas siempre en c
oordinación c
on la defensa letrada que estuviera designada, y dirigidas a c
ontribuir a que las personas reclamantes pudieran defender en sede judicial, c
on todos los instrumentos que la Ley pone a su disposición, sus legítimos derechos e intereses.
Este año nuestra labor al respecto ha abarcado una amplia variedad de c
uestiones, de entre las que c
abe destacar tres por su reiteración e incidencia en la efectividad de los derechos de la c
iudadanía:
consideración, por parte de los tribunales, de
circunstancias que singularizan la posición ante ellos de las personas
cuando éstas,
como
consecuencia de determinadas situaciones de exclusión social que padezcan, tienen dificultades en hacerlas valer.
Si bien la extensión de este informe impide referirse c
on detalle a estas intervenciones, al hablar de su c
ontexto social y normativo apuntaremos algunas de las c
laves estructurales que, a nuestro juicio, explican los problemas a los que han tratado de responder.
En c
ualquier c
aso debemos agradecer la colaboración que este aspecto de nuestra labor ha encontrado, un año más, tanto en la Judicatura c
omo en la Fiscalía. Un apoyo que nos resulta imprescindible y que, en el periodo del que informamos, ha sido especialmente activo además por parte de las Secretarías judiciales, tanto por lo que se refiere a las de los juzgados particulares, c
omo a la de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia y a las c
oordinadoras provinciales.