PRESENTACIÓN
Desde hace varios años, el Ararteko convoca periódicamente becas de investigación dirigidas a profundizar en aspectos relacionados con los derechos humanos en ámbitos que guardan relación con las funciones de la institución, así como con colectivos que son objeto de especial atención del Ararteko en razón a su mayor vulnerabilidad.
Como todos ustedes saben, la función del Ararteko consiste en el control de la actuación de los órganos de las diferentes administraciones vascas, para velar por los derechos de la ciudadanía que pueda verse afectada por irregularidades administrativas.
Por ello, en el ámbito de consumo, en tanto que los problemas que se suscitan versan sobre actuaciones de empresas privadas, el Ararteko ve limitado su ámbito de intervención por tratarse de conflictos entre particulares, y no puede intervenir directamente en la mayoría de las quejas que nos presenta la ciudadanía, si bien realizamos una tarea de asesoramiento sobre los pasos que deben dar para proseguir con su reclamación ante las instancias competentes.
Igualmente, el Ararteko dispone de otras herramientas de propósito general no ligadas a la resolución de una queja concreta para evaluar las políticas públicas, como son el fomento de la investigación en materia de derechos mediante la convocatoria de becas de investigación en la que se enmarca el presente proyecto, la promoción de buenas prácticas por las administraciones, o la celebración de Jornadas (como la que se celebra este año dentro de los cursos de verano de la UPV organizado por el Ararteko a la que después me referiré), todas ellas encaminadas a la defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias.
Aunque tradicionalmente las becas de investigación se han dirigido a propiciar investigaciones en línea con otros temas más relacionados con nuestra actividad ordinaria (menores extranjeros no acompañados, acceso personas inmigrantes a los servicios sociales, víctimas del terrorismo, detención incomunicada, etc.), el Ararteko, preocupado cada vez más por los derechos de los consumidores, convocó en 2010 este proyecto de investigación, del que resultó adjudicataria la consultora Farapi, con el objetivo de:
– Analizar a fondo la aplicación de algunos derechos de las personas usuarias y consumidoras, entendiendo que se trata de problemas que afectan a la mayor parte de la población, y que la vulneración de esos derechos incide de forma más intensa en determinados colectivos más desprotegidos.
– Dar a conocer los medios de defensa de los que disponen las personas usuarias y consumidoras, en ejercicio de sus derechos como tales, y el papel de tutela de los mismos que las administraciones competentes están llamadas a cumplir.
El resultado ha sido plenamente satisfactorio, como se explicará seguidamente y, gracias a este estudio, disponemos de mucha mayor información, no solo de qué, cómo y por qué se reclama, y ante quién ha de hacerse (lo cual constituye un material de interés general muy importante), sino también, desde una perspectiva no jurídica que también es relevante, sobre los obstáculos con los que las personas que emprenden una reclamación se encuentran y lo que ese propio proceso de la reclamación nos enseña. Asimismo, disponemos de unas recomendaciones que serán útiles para todas las instituciones de defensa de las personas consumidoras, así como para las propias empresas prestadoras de estos servicios.
En paralelo con este magnífico trabajo, vamos a disponer en breve de una nueva ocasión para reflexionar sobre otro tema relacionado con el consumo, ya que dentro de los Cursos de Verano de la UPV, se celebrará una jornada el día 6 de julio dirigida por el Ararteko, sobre la prestación de servicios públicos de interés general por entidades privadas.
No descubro nada nuevo si les digo que, en la actualidad, constituye una práctica administrativa y socialmente admitida que los servicios generales y públicos de la mayor importancia para las personas como la electricidad, el agua, la telefonía, el transporte, etc. son prestados, a través de diferentes sistemas de gestión, por empresas privadas.
El Ararteko entiende que el hecho de que servicios de interés general sean privatizados no debería producir pérdida alguna de protección, ya que nos encontramos frente a derechos básicos y esenciales que, si son objeto de vulneración, afectan a la calidad de vida de la ciudadanía.
En este sentido, desde el Ararteko con esta jornada a la que les invitamos se pretende suscitar un debate sobre esta problemática, partiendo de una visión teórica sobre la concepción de los servicios de interés general, así como sobre las denuncias que realizan las personas usuarias de los servicios y los derechos que les asisten. De la misma manera, se trataría, por una parte, de analizar las obligaciones de las administraciones concernidas sobre el control efectivo y real de la prestación de los servicios de los que son titulares y, por otra, desde la propia visión de las empresas comprometidas sobre la necesidad de autorregulación y autocontrol de los procesos internos que garanticen la tutela de los derechos de los consumidores.
También participará en dichas jornadas una representante de Farapi para trasladar las conclusiones fundamentales de este estudio.