4.1.4. El papel de las empresas
El Real Decreto Legislativo 1/2007 establece que las empresas, por su parte, tienen responsabilidad de facilitar a las personas consumidoras y usuarias un régimen de comprobación, reclamación, garantía y posibilidad de renuncia o devolución que sea eficaz para los casos de error, defecto o deterioro de los productos o servicios. Para que de este modo, se pueda hacer efectiva la garantía, y obtener la devolución equitativa en casos de incumplimiento o cumplimiento defectuoso.
Por otro lado, las oficinas de atención al cliente que las empresas pongan en marcha, deberán asegurarse de que a las personas consumidoras les quede constancia de sus quejas y reclamaciones. Si estos servicios utilizan la atención telefónica o electrónica deberán poder garantizar una atención personal directa, aparte de poder emplear de forma complementaria otros medios técnicos.
Por su parte, las asociaciones empresariales tienen derecho a ser escuchadas en consulta durante los procedimientos de elaboración de las disposiciones de carácter general relativas a materias que les afecten directamente.