class="Ningnestilodeprrafo">Las asociaciones, entidades sociales, organismos que representan a los c
olectivos de personas en situación de dependencia y de su entorno familiar y social, así c
omo las personas en situación de dependencia y las y los c
uidadores principales c
on quienes hemos c
ontactado nos han ofrecido una información de extraordinario valor. Se trata, en definitiva, de la opinión y valoración de las y los destinatarios últimos de la ley, protagonistas indiscutibles de todo lo que ésta engloba y pretende.
class="Ningnestilodeprrafo">Hemos recabado el punto de vista de entidades que apoyan y representan a diversos c
olectivos: personas mayores, menores de tres años, personas c
on discapacidad física, intelectual, sensorial y personas c
on enfermedad mental.
class="Ningnestilodeprrafo">Muchas de las asociaciones c
oinciden en varios aspectos, tanto en la valoración c
omo en las propuestas que nos trasladan, pero también muestran su particular visión, acorde c
on las especiales necesidades del c
olectivo al que representan.
class="Ningnestilodeprrafo">Todas c
onsideran positiva la aprobación de esta ley, especialmente porque reconoce y regula el acceso a las prestaciones y servicios c
omo un derecho subjetivo. Sin embargo, piensan que ha generado muchas expectativas que no siempre se han visto satisfechas. Igualmente, c
onsideran que ha faltado una planificación suficiente respecto a las verdaderas necesidades y a los recursos económicos necesarios, y manifiestan su preocupación por la sostenibilidad pública del sistema.
class="Ningnestilodeprrafo">Algunas c
onsideran que el plazo de implantación –8 años– es excesivamente largo y que sería más adecuado el de 5 años, en c
oncordancia c
on la Ley de Servicios Sociales. También solicitan c
oherencia c
on ésta última en las materias c
omunes. Asimismo, proponen un debate sobre el modelo actual de los servicios sociales y su viabilidad a la vista del incremento de las tasas de envejecimiento y, por ende, de dependencia, en nuestra población.
class="Ningnestilodeprrafo">Se quejan de la saturación que se produjo en los servicios sociales, especialmente en el primer año de implantación. Piensan que la ley no garantiza el acceso universal a los servicios, pues sólo atiende a quienes tienen la c
alificación de dependencia, pero c
onsideran positivo que haya permitido el acercamiento y el acceso a los servicios sociales de personas que hasta entonces no habían acudido a la red de protección. También reclaman una mayor información, en un lenguaje fácilmente c
omprensible.
class="Ningnestilodeprrafo">Critican el distinto modo en que se ha desarrollado la ley en los territorios históricos y las diferencias territoriales a que ello da origen. Denuncian situaciones desiguales, incluso, por municipio de residencia. Se posicionan en c
ontra de la incompatibilidad establecida en Bizkaia entre prestaciones y servicios. C
reen imprescindible una c
oordinación mayor en el ámbito autonómico. Igualmente, se muestran disconformes c
on las diferencias que se están produciendo entre las c
omunidades autónomas del Estado y, en este sentido, reconocen que la C
APV se encuentra en una buena posición.
class="Ningnestilodeprrafo">Consideran que, al margen de la novedad que pudieran suponer las prestaciones económicas c
ontempladas en la ley, esta normativa garantiza una atención básica en servicios sociales de la que ya disponía nuestra c
omunidad autónoma, por lo que, en tal sentido, no ha supuesto un gran avance. Asimismo, echan en falta la c
oordinación c
on el sistema sanitario y el desarrollo del ámbito sociosanitario. Igualmente, las asociaciones entienden que la ley tiene un c
arácter muy asistencial, por lo que no ofrece iniciativas de promoción de la autonomía ni tiene en c
uenta aspectos que favorezcan el envejecimiento activo.
class="Ningnestilodeprrafo">El baremo de valoración de la dependencia (BVD) recibe muchas c
ríticas. C
onsideran que no es adecuado, que está pensado para dependencias de c
arácter funcional o motor, pero no para otras de c
arácter intelectual, c
ognitivo o de enfermedad mental. Tampoco c
ontempla una situación temporal de dependencia, sino sólo la definitiva. Sobre los técnicos que realizan las valoraciones, las asociaciones ven la necesidad de una mayor formación y de unificar los c
riterios de aplicación del baremo. Entienden que la diversidad de c
riterios en la aplicación del baremo provoca resoluciones de grado y nivel dispares para situaciones de dependencia muy similares. Igualmente, destacan la importancia de c
ontrastar la información recabada de la persona dependiente c
on la que pueda aportar la familia o entorno.
class="Ningnestilodeprrafo">En c
oncordancia c
on lo anterior, c
onsideran que este baremo –y el c
onjunto de la ley– tiene muy en c
uenta a las personas mayores, pero no tanto a otros c
olectivos c
omo el de personas c
on discapacidad física, intelectual, sensorial o c
on enfermedad mental. Denuncian que el baremo no mida alteraciones de la c
onducta ni tampoco lo haga debidamente c
on disfunciones c
ognitivas u otras altamente discapacitantes que se dan en el daño c
erebral adquirido.
class="Ningnestilodeprrafo">Es también general el reconocimiento a la labor de las personas c
uidadoras y la oportunidad de haber establecido una prestación económica para c
uidados en el entorno familiar (PECEF). Al mismo tiempo, temen que esto esté c
ondicionando o disuadiendo, en c
iertos c
asos, el acceso de la persona dependiente a c
iertos servicios. Así, piensan que habría que utilizar más el servicio de ayuda a domicilio y los c
entros de día, junto c
on la c
itada prestación, para mantener a las personas en el hogar. Varias asociaciones indican que habría que fomentar el apoyo a los familiares y c
uidadores e, incluso, establecer c
ontroles sobre la c
alidad de atención que prestan a la persona dependiente, porque "el pago de la PECEF, por sí sólo, no garantiza la buena atención mencionada".
class="Ningnestilodeprrafo">Varias asociaciones echan en falta una mayor participación social en el sistema, dicen que la ley ha ignorado al movimiento asociativo. Por eso, alguna ha planteado la presencia de ese movimiento en el c
omité c
onsultivo c
ontemplado en el artículo 40 de la ley.
class="Ningnestilodeprrafo">Solicitan la regulación de la prestación vinculada al servicio (en Bizkaia)[92] y que la prestación para la asistencia personal no se halle limitada a quienes se encuentran en el sistema educativo o el ámbito laboral. Manifiestan su deseo de que también se c
ontemple c
omo vía para promocionar la autonomía, c
omo lo ha hecho Gipuzkoa.
class="Ningnestilodeprrafo">Igualmente, varias asociaciones proponen simplificar el procedimiento, reducir plazos y tener en c
uenta las situaciones que requieren una actuación rápida. Asimismo, reclaman que, junto c
on las resoluciones administrativas sobre la valoración de la dependencia, se aporte el informe técnico de valoración, dónde se reflejan las puntuaciones obtenidas en c
ada ítem, c
on el fin de disponer de elementos objetivos en c
aso de recurso.
class="Ningnestilodeprrafo">Por último, las asociaciones que representan a personas menores de 60 años, reclaman mayores servicios y que estén adaptados a sus necesidades específicas.
class="Ningnestilodeprrafo">[92] Finalmente, en junio de 2010, fue aprobada su regulación (con posterioridad a la recogida de la información).
class="Ningnestilodeprrafo">La incidencia de la LAAD en el c
olectivo de personas c
on enfermedad mental ha sido escasa, no habiéndose detectado un incremento significativo en el acceso a los servicios o prestaciones.
class="Ningnestilodeprrafo">Administración y tejido social c
oinciden en que el baremo de valoración de la dependencia (BVD), no c
oncebido en origen para la enfermedad mental, infravalora la situación de dependencia de las personas que la padecen, por no tener en c
uenta debidamente los apoyos que éstas precisan para su autonomía personal –más relacionados c
on los problemas de iniciativa y motivación que c
on los funcionales–; las adaptaciones que c
ontempla el BVD para la enfermedad mental no resultan eficientes para valorar la necesidad de apoyo externo o dependencia de terceras personas. C
onvienen también en que los recursos asignados son escasos, en la necesidad de impulsar la c
reación de nuevos recursos de alojamiento e integración social y laboral para este c
olectivo, dada su actual insuficiencia, y en la preocupante situación de las personas mayores de 60 años c
on enfermedad mental.
class="Ningnestilodeprrafo">Se registran diferencias territoriales en c
uanto a la implantación de recursos para atender a las personas c
on enfermedad mental en situación de dependencia (generalmente de c
arácter sociosanitario) y la participación en la financiación de los mismos.
class="Ningnestilodeprrafo">Por otro lado, la Administración sanitaria advierte que si no se da una c
orrecta c
oordinación entre los servicios sociales y sanitarios, el plan individualizado de tratamiento (PIT) –instrumento utilizado en la red de salud mental que incide, entre otras c
uestiones, en c
uáles deberían ser los recursos adecuados que se asignen a la persona– puede no resultar acorde c
on el Programa Individual de Atención trazado en sede de servicios sociales.
class="Ningnestilodeprrafo">Percibimos una insuficiente oferta de recursos residenciales y de integración socio-laboral dirigida a este c
olectivo.