Opiniones de los autóctonos sobre la inmigración: Aumento de la intolerancia
En la literatura internacional algunos autores defienden que la inmigración supone un problema intrínseco para la viabilidad social del Estado de bienestar (Freeman, 1986). Según estos, el Estado de bienestar se caracteriza por su naturaleza proteccionista y nacionalista (Myrdal, 1960), ya que solo puede ser sustentado por un fuerte sentimiento de pertenencia a una comunidad cerrada cuyos miembros establecen entre sí relaciones solidarias y redistributivas (Marshal, 1964). De hecho, los Estados de bienestar en distintos países se han desarrollado en estrecha relación con la institucionalización de regímenes específicos de ciudadanía. La inmigración, que obedece por el contrario a la lógica abierta del mercado y a la demanda internacional de mano de obra, modificaría la base social de solidaridad y con ello vendría a cuestionar el Estado de bienestar en sí mismo. Por ello, diversos autores ven en el aumento de diversidad étnica un peligro a la hora de recabar apoyo ciudadano a las políticas de Bienestar (Alesina y La Ferrara, 2005). Según este argumento, la diversidad étnica debilita el Estado de bienestar porque es difícil generar confianza y solidaridad entre personas de distinto grupo étnico o cultural. Si el sentimiento de pertenencia a una comunidad nacional se reduce en las sociedades étnicamente diversas, es difícil que los ciudadanos crean en la solidaridad entre ciudadanos. Así, se reduciría el apoyo al Estado de bienestar y sus políticas redistributivas. Esta hipótesis se apoya en la evidencia histórica que muestra que los Estados de bienestar que ofrecen derechos sociales amplios se han desarrollado en países con sindicatos fuertes y étnicamente homogéneos, mientras que los Estados de bienestar más reducidos han surgido de contextos marcados por la fragmentación étnica.
Desde 2002, la inmigración ha aparecido como una de las cuestiones que más preocupan a los españoles, tal y como han ido señalando periódicamente los barómetros de opinión realizados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). De esta manera en 2006 la inmigración se convierte en el tema que más preocupa a los españoles con un 59% de la respuesta. Sin embargo, los picos de preocupación por el tema se producen a continuación de momentos de cobertura intensa en prensa y televisión, para después retroceder a los niveles previos (Méndez Lago, 2008). Por otra parte, la preocupación por la inmigración engloba tanto posibles actitudes de rechazo como de simpatía por la población inmigrante. Por esto, aunque aparecen algunas diferencias en función de la ubicación ideológica del encuestado con cierta predominancia del centro-derecha y derecha, no puede decirse que estas sean muy grandes87. En cambio, el grado de preocupación por la cuestión migratoria muestra una correlación con los porcentajes de inmigración por Comunidad Autónoma (el índice de correlación para 2005 es 0,4), con la edad y con el nivel de estudios de los encuestados (Méndez Lago, 2008: 10-12).
Si bien los estudios en nuestro país concluyen que la población española tiene una imagen más positiva de la inmigración que en la media de países europeos (Méndez Lago, 2008; Anduiza, 2005; Martínez-Herrera y Moualhi, 2005), los estudios documentan un aumento gradual de las actitudes intolerantes en nuestro país (Cea D’Ancona, 2004, 2005 y 2007; Cea D’Ancona y Vallés, 2008, 2009) y un apego a la uniformidad cultural (Ayerdi y Díaz de Rada, 2008). Sobre todo, la pregunta “¿son las leyes de inmigración demasiado tolerantes?” de los barómetros del CIS se ha convertido en un indicador indirecto de xenofobia entre 1996 y 200888, reflejando un aumento del apoyo ciudadano a políticas restrictivas en dicho periodo. Un amplio sector, creciente en su tendencia, respalda la idea de que las políticas de inmigración en España son demasiado tolerantes. En 2008 el 42% de los encuestados por el barómetro del CIS suscribía esta opinión, lo que muestra un ascenso de 18 puntos respecto a la valoración de 2004 (24%). Las encuestas también recogen un incremento de la posición de acuerdo con la expulsión de inmigrantes en paro (14% my de acuerdo en 2008 frente a 7% en 2005) y de la opinión de devolverles a su país de origen si no tienen regularizada su situación en España (16% en 2008, cuatro más que en 2007) (barómetro del CIS, noviembre 2005; encuesta CIS-OBERAXE, 2008).
Pese a las tendencias generales descritas, estas opiniones y actitudes hacia la inmigración muestran diferencias significativas. La literatura destaca sobre todo tres factores que estructuran las opiniones individuales: el capital cultural, la posición ideológica y la clase social (Ayerdi y Díaz de Rada, 2008; Méndez Lago, 2008; Cea D’Ancona y Vallés, 2009). Ayerdi y Díaz de Rada (2008) encontraron la mayor asociación entre el nivel formativo y las actitudes ante la inmigración. Las personas con menor nivel educativo muestran el mayor ‘rechazo’ a la inmigración, probablemente porque están más preocupados por las posibles repercusiones materiales de la inmigración.
Varios estudios recientes han incluido preguntas respecto al uso de prestaciones públicas por parte de los inmigrantes: las encuestas IESA (2006), CIS-OBERAXE (2007) y CIS-OBERAXE (2008), y los estudios cualitativos MEXEE (Cea D’Ancona y Vallés, 2008) y el Informe sobre el racismo y la xenofobia en España del año 2009 (Cea D’Ancona y Vallés, 2009). Según las tres encuestas citadas una mayoría de la población autóctona tiene una imagen del inmigrante como un detractor de recursos públicos. Los datos muestran que una mayoría de la población percibe que los inmigrantes reciben del Estado “más” o “mucho más” de lo que aportan. La suma de ambas respuestas constituye un 54% en el 2007 y un 52% en el 2008. Esto enlaza con lo que ocurre en otros países europeos donde las prestaciones de bienestar se acaban asociando con las minorías étnicas y el Estado de bienestar está visto como “algo para ´ellos´ pagado por ´nosotros´” (Freeman, 1986: 62).
Igualmente, la encuesta CIS-OBERAXE (2008) mostró que un 50% de los encuestados opinaba que a los inmigrantes se les da más ayudas escolares (becas para libros, comedor escolar) que a los españoles, aunque tenga similar nivel de ingresos, y un 46% compartía la misma opinión respecto a ayudas sanitarias (CIS, 2008). Consistente con estas opiniones, las encuestas anteriores (CIS 2007, IESA 2005, IEAS 2006) muestran que el discurso en favor de otorgar preferencia a los nacionales a la hora de percibir prestaciones sociales está mucho más extendido en lo tocante al acceso a centros escolares que a sanidad. Un 78% de los encuestados en la encuesta IESA 2006 (Pérez Yruela y Desrues, 2006) convenía que los padres autóctonos deberían tener preferencia para elegir centro escolar. El hecho de que menos informantes consideren que los inmigrantes acaparan ayudas en el ámbito sanitario que en el ámbito educativo nos hace pensar que quizá la experiencia directa de todos los encuestados con el sistema sanitario contribuya a romper falsas imágenes. Así, la opinión de que los inmigrantes acaparan ayudas escolares sería más dominante porque solo una parte de los encuestados tienen hijos en edad escolar y por tanto contacto directo con el ámbito educativo. Sin embargo, los grupos de discusión del estudio MEXEE revelan por el contrario que el discurso de la preferencia nacional se utiliza más a menudo para hablar de la atención sanitaria que de la educación, lo que se argumenta por la “situación ‘discriminatoria’ que los autóctonos perciben hacia ellos” (Cea D’Ancona y Vallés, 2009: 146) y viene a romper la hipótesis del efecto positivo del contacto interétnico.
87 Aunque sí que existe una relación clara el posicionamiento ideológico y la percepción del número de extranjeros que residen en España: cuanto más a la derecha, mayor es el porcentaje de encuestados que opina que hay demasiados inmigrantes (Méndez, 2008).
88 Cea D’Ancona defiende que el barómetro ha perdido efectividad como indicador de xenofobia puesto que desde 2002 no ofrece apenas variación en la respuesta mayoritaria de acuerdo con “permitir la entrada solo a aquellos que tengan un contrato de trabajo” (ocho de cada diez encuestados en 2007).