III.4. El reto de garantizar el mantenimiento, el desarrollo y la sostenibilidad de los derechos sociales
Los derechos económicos y sociales son, pues derechos constitucionales y son derechos humanos. Por consiguiente, existe un deber para los poderes públicos (con mandatos muy concretos en diversas disposiciones constitucionales y en el derecho internacional de los derechos humanos) para que articulen las políticas públicas que sean necesarias para proteger, salvaguardar y mantener los derechos sociales. El derecho a la dignidad, recogido en el artículo 10 de la Constitución, que se erige en el pórtico del sistema de derechos y libertades del título primero de la misma, atraviesa, de un modo transversal, todos los derechos y les otorga un contenido mínimo asociado a la vida digna que resulta insoslayable para los poderes públicos.
Hay, en este sentido, dos grandes tareas que habría que acometer cuanto antes. La primera de ellas es articular una arquitectura financiera y unas políticas presupuestarias que permitan el mantenimiento y el desarrollo del Estado social. Este objetivo es factible. Estamos viendo cómo ese objetivo se está cumpliendo en países europeos como Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiza o Austria, o en países no europeos como Canadá, bien es cierto que habiendo realizado reformas estructurales en muchos de ellos para garantizar, precisamente, la sostenibilidad del Estado social. Pero es que, además de posible, el desarrollo del Estado social en países con elevados índices de paro como el nuestro resulta necesario porque de ese desarrollo depende en gran medida la creación de muchos puestos de trabajo.
La segunda gran tarea es, a nuestro juicio, reconstruir sobre nuevas bases el contrato social en el que se basa el Estado social. No es posible la sostenibilidad del Estado social y de los derechos sociales si no hay un sistema de valores sociales ampliamente compartido basado en la solidaridad y en la confianza en el sistema y en las instituciones que gestionan los servicios y prestaciones sociales. Creemos que esos valores se hallan también en crisis. Es urgente reconstruirlos y recuperar la solidaridad y la confianza. Es preciso que todos asumamos de buen grado la cuota de responsabilidad social que nos corresponde y, en consecuencia, contribuyamos fiscalmente a las arcas públicas, eliminando todo tipo de fraude y, por otra parte, hagamos un uso responsable y conforme a nuestras necesidades de las prestaciones y servicios sociales. Es preciso y apremiante que impulsemos la solidaridad intergeneracional para crear las condiciones que permitan a nuestros jóvenes tener una vida, un trabajo digno y una vivienda digna. En relación con ello, los poderes públicos deberían hacer un esfuerzo especial para ligar de una manera más eficaz la formación de los niños y niñas, adolescentes y jóvenes con las previsiones a corto, medio y largo plazo del mercado de trabajo.
Resulta apremiante, en este orden de cosas, llevar a cabo una profunda regeneración moral de todo el sistema político-institucional con el fin de que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones (vascas, españolas y europeas) y se sienta partícipe del sistema, que debería dotarse de eficaces vías de participación e interactuación con las mujeres y hombres que conforman la comunidad sociopolítica; con el fin de que los valores de solidaridad social sean asumidos realmente por la ciudadanía y en consecuencia esta asuma como algo propio y necesario las aportaciones a las arcas públicas de impuestos, tasas y precios públicos. Se hace preciso, asimismo, que los representantes políticos consigan ejercer realmente la dirección en la gestión de los asuntos de la polis sometiendo a los mercados y a sus poderosos lobbies.