II.6. ¿Hay solución?
La crisis financiera que estalla en EE. UU. en septiembre de 2008 ha devenido en crisis de las deudas soberanas de los países europeos, crisis del euro, crisis del Estado de bienestar y crisis de la Unión Europea. Se debería reflexionar a este respecto. Es difícil demostrar que en esa transmutación de la crisis hayan intervenido intereses económicos que buscan la destrucción del euro o intereses ideológicos ultraliberales que persiguen el fin del Estado de bienestar.
Lo cierto es que el Tratado de Maastricht firmado en 1992 ya estableció que la Unión Económica y Monetaria debería tener, entre otros, los siguientes criterios de convergencia: una deuda pública acumulada inferior al 60% del PIB, y un déficit público anual inferior al 3% del PIB. El Pacto de estabilidad y crecimiento adoptado en 1997 ratificaba esos criterios y fijaba una supervisión fiscal de los países miembros y un régimen sancionador por el incumplimiento de las condiciones del mismo. Se quería asegurar la continuación de la misma disciplina fiscal que se había establecido entre los candidatos a la entrada en el euro con los referidos criterios de convergencia cuando la moneda común se pusiera en marcha (El euro se introdujo en los mercados financieros mundiales, como una moneda de cuenta el 1 de enero de 1999, reemplazando la antigua Unidad Monetaria Europea (ECU). Las monedas y billetes del euro entraron en circulación el 1 de enero de 2002).
¿Había necesidad de un nuevo Tratado europeo de estabilidad fiscal? Este tratado, llamado de estabilidad, coordinación y gobernanza en la unión económica y monetaria, persigue una mayor disciplina fiscal y una mayor integración económica; obtuvo en la cumbre europea de 9 de diciembre de 2011 la aprobación de todos los países de la Unión salvo Reino Unido y República Checa y fue firmado el 2 de marzo del presente año, aunque para su aprobación definitiva necesita la ratificación de los Parlamentos de los Estados o por referéndum popular, como en el caso de Irlanda. Se está en la actualidad en esa fase. La entrada en vigor del nuevo Tratado, si se ratifica, será el 1 de enero de 2013.
Todo parece indicar que el nuevo tratado ha sido impulsado para dar una nueva vuelta de tuerca a las exigencias de rigor presupuestario, endureciendo los criterios fijados en Maastricht, de manera que se establece el objetivo de déficit estructural presupuestario del 0,5% según el calendario que deberá aprobar la Comisión Europea. Pero sobre todo se quiere mandar un mensaje claro a los mercados sobre su cumplimiento, teniendo en cuenta que los criterios de Maastricht no se cumplieron ni se activaron los mecanismos de sanción previstos, seguramente porque Alemania y Francia los incumplieron. Como garantía de cumplimiento ante las reticencias de los inversores financieros el tratado prevé un régimen sancionador más riguroso y exigente. Por otra parte, se ha presionado a los países más vulnerables como España para que incluso antes de la entrada en vigor del tratado se establezcan en la misma Constitución los criterios de rigor presupuestario.
La reforma del art. 135 de la Constitución española, impulsada por el PSOE y el PP y tramitada con urgencia, fue sancionada por el Rey el 27 de septiembre de 2011 y dispone, entre otras normas, que “El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros”. Las nuevas normas constitucionales han sido desarrolladas y concretadas por la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La citada ley orgánica dispone, en relación con la deuda pública, que esta no podrá superar el 60% del Producto Interior Bruto (PIB) o el que establezca la normativa europea; el reparto entre diferentes administraciones territoriales se hará conforme a estos porcentajes: 44% la Administración central, 13% las Comunidades Autónomas y el 3% el conjunto de las corporaciones locales (Ayuntamientos y Diputaciones, principalmente). Con respecto a los Presupuestos de las administraciones públicas se fija el principio de que no podrá haber déficit presupuestario aunque se admite un déficit estructural, justificado en razones de reformas estructurales, del 0,4% del PIB. Según la disposición transitoria primera de la ley en 2020 deberán cumplirse los objetivos de equilibrio presupuestario y de deuda pública señalados.
El informe del instituto europeo de estadística Eurostat recoge los datos oficiales de déficit y de deuda de los países de la UE a 31 de diciembre de 2013. Los relativos al déficit presupuestario de los países más grandes, en función de su economía o de su población, y de los más expuestos al riesgo o vulnerables, expresados en porcentaje del PIB, son los siguientes: Media de la UE (27 países): 4,5%; Media de la Eurozona (17 países): 4,1%; Bélgica: 3,7%; Alemania: 1%; Irlanda: 13,1%; Grecia: 9,1%; España: 8,5%; Francia: 5,2%; Italia: 3,9%; Holanda: 4,7%; Polonia: 5,1%; Portugal: 4,2%; Suecia: 0,3%; Reino Unido: 8,3%.
Por lo que respecta a la deuda pública, estos son los datos de los países mencionados: Media de la UE (27 países): 82,5%; Media de la Eurozona (17 países): 87,2%; Bélgica: 98%; Alemania: 81,2%; Irlanda: 108,2%; Grecia: 165,3%; España: 68,5%; Francia: 85,8%; Italia: 120,1%; Holanda: 65,2%; Polonia: 56,3%; Portugal: 107,8%; Suecia: 38,4%; Reino Unido: 85,7%.
El déficit presupuestario medio de los países del Eurogrupo es de 4,1%, muy inferior al más de 10% de EE. UU. Según Daniel Gros, director del CEPS (Centre for European Policy Studies) “el problema es la distribución de los ahorros dentro de la Eurozona. Hay un exceso de ahorro al norte de los Alpes; la reticencia de los ahorradores del Norte a invertir en la periferia es la raíz del problema”. Opina que si el BCE se convirtiera en comprador de última instancia de la deuda rechazada por los mercados el problema desaparecería porque daría garantías y tranquilidad a los ahorradores.
El problema real es la enorme deuda con un elevado nivel de riesgo que tienen los bancos europeos. Nadie sabe, además, a ciencia cierta cuál es el volumen del problema. Se han hecho dos pruebas de resistencia, que han resultado ser un fiasco porque muchos bancos dieron a sus activos inmobiliarios o financieros un valor irreal e inflado. Al final, a trancas y a barrancas, con sustos y con sorpresas, acabará saliendo a la superficie el alcance real de los problemas que tienen los bancos europeos, como ocurrió, por referirnos a los casos más recientes, con Dexia o con Bankia, y siempre se encontrará una solución porque, como dice el refranero popular, “la Banca nunca pierde” o, empleando una formulación más sofisticada, hay bancos que son “demasiado grandes” para caer (too big to fail) porque afectarían gravemente a todo el sistema financiero y hay que salvarlos a toda costa. Según información dada al Parlamento Europeo por el presidente de la Comisión Europea Durao Barroso el 28 de septiembre de 2011, la aportación que los contribuyentes europeos habrían hecho, sumando ayudas y garantías, para salvar el sector financiero ascendería a 4,3 billones de euros. Además, según señaló en la misma sesión Algirdas Semeta, comisario de Fiscalidad, Unión Aduanera, Auditoría y Lucha contra el fraude, el sector financiero se ha beneficiado de impuestos bajos y de la exención del IVA, que habría supuesto al sector un ahorro de 18.000 millones de euros al año.
Ahora bien, lo que no resulta admisible es que los bancos sean salvados a costa de sacrificar derechos y prestaciones sociales. Si se puede sacar dinero de donde sea para salvar a los bancos, se debe poder sacar dinero también para salvar el Estado social y los recursos necesarios para atender debidamente los derechos sociales.
Hay diferentes soluciones técnicas que se han propuesto que aliviarían las cargas financieras de los Estados y las administraciones públicas; asegurarían, al mismo tiempo, la financiación de sus necesidades, y flexibilizarían y aminorarían las exigencias de recorte del gasto público. Reducirían, por último, la dependencia con los mercados financieros. Veamos cuáles son las soluciones que proponen diferentes expertos o responsables públicos:
– Obviamente, desde los órganos decisorios de la Unión se pueden alargar o flexibilizar los plazos de exigencia del cumplimiento de los criterios relativos al déficit presupuestario y a la deuda pública, como se hizo anteriormente.
– Pueden habilitarse recursos financieros que se destinen a estimular o dinamizar la economía y a crear empleo, a través del Presupuesto de la UE, de los fondos estructurales y de cohesión o por medio de préstamos a los Estados o a las empresas, préstamos concedidos por el Banco Europeo de Inversiones a bajo interés. Cada vez son más las voces que claman por que se estimule la economía no solo para combatir el paro sino para que con ello se incrementen los ingresos públicos y se pueda asegurar el mantenimiento de los servicios públicos y de las prestaciones sociales y garantizar, al mismo tiempo, el pago de la deuda pública. Olivier Blanchard, economista jefe del FMI y reputado experto en Economía, es, junto con el organismo al que sirve, una de las voces más notables que critica la política de austeridad a secas que están llevando a cabo, con disciplina prusiana, las autoridades europeas. Según él, las medidas de austeridad acompañadas de bajo crecimiento, lejos de reducir las primas de riesgo las acaban aumentando.
– Puede modificarse, según hemos visto anteriormente, el estatus del Banco Central Europeo para que pueda prestar directamente a una tasa baja de interés a los Estados o, si no, tal como han propuesto Rocard y Larrouturou, canalizar los préstamos de forma indirecta, a través principalmente del Banco Europeo de Inversiones. El Nobel de Economía Joseph Stiglitz criticó abiertamente el papel del BCE en una conferencia dada en A Coruña el 24 de noviembre de 2011 y le reprochó anteponer el interés de los bancos a los de los países y los ciudadanos. Con respecto a su actuación en la crisis griega dijo que había sido cualquier cosa menos constructiva.
– El Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), creado por la Unión Europea para hacer frente a la crisis, ha sido útil pero claramente insuficiente. El Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (MEEF), que echa a andar en julio de 2012, que tiene vocación de continuidad y sustituirá a aquel –aunque durante un tiempo convivirán ambas– debería dotarse de los recursos y herramientas necesarios para gestionar debidamente la crisis.
– Pueden emitirse eurobonos, según propusieron en diciembre de 2010 Jean-Claude Juncker, primer ministro de Luxemburgo y presidente del Eurogrupo y Giulio Tremonti, ministro de economía italiano, y han defendido numerosos economistas. Estos bonos, garantizados por la UE, serían emitidos por un organismo de deuda europeo; su emisión evitaría las especulaciones y las dificultades de los mercados financieros y el coste de los intereses según la prima de riesgo de cada país. Pero Alemania y los países que apoyan sus postulados se han opuesto sistemáticamente por entender que ello supondría mancomunar la deuda. En realidad se compartiría solo el riesgo pues los países deberían, obviamente, pagar la deuda contraída a través de los bonos al interés establecido.
– El Consejo de Expertos Económicos de Alemania, un órgano de gran reputación y reconocimiento formado por cinco sabios, que asesora a la Cancillería desde hace 50 años, hizo entrega a comienzos de noviembre del año pasado a la canciller Merkel un voluminoso informe en el que proponían la creación de una herramienta financiera similar a la idea de los eurobonos. Se trataría de crear un fondo de salvación de la deuda, de carácter temporal (20 o 25 años), que tendría como cometido principal financiar las deudas públicas soberanas que superen el umbral del 60% del PIB. El fondo podría tener una capacidad de 2,3 billones de euros y se utilizarían para su dotación las reservas de divisas, el oro de los bancos centrales y parte de la recaudación de algún impuesto como el IVA.
– El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, presentó el 28 de septiembre del año pasado ante el Parlamento Europeo un proyecto de Directiva para gravar las transacciones financieras en la UE con la que se prevé recaudar unos 57.000 millones de euros anuales. Estos fondos se destinarían a financiar principalmente el presupuesto comunitario. El problema es que esa tasa se aplicaría a partir de 2014. No se comprende por qué no puede entrar en vigor este mismo año.
Lo que está claro a estas alturas es que otra política es posible y que pueden adoptarse, en el seno de la Comisión Europea, del Consejo, del Ecofin, del Eurogrupo o en el Parlamento Europeo –en aquellas materias en las que este tiene poder de codecisión–, decisiones que hagan compatible los objetivos de equilibrio y sostenibilidad presupuestaria y aminoración de las deudas públicas con el mantenimiento de los servicios sociales y del Estado social.