II.1. El Banco Central Europeo
Una pieza fundamental en la arquitectura de la Eurozona y en la situación que se está viviendo es el Banco Central Europeo. Diseñado a imagen y semejanza del Bundesbank, su cometido principal en la gestión de la política monetaria del euro es el control de la inflación. Tiene prohibido, por los tratados de la Unión y por su Reglamento, prestar directamente dinero a las administraciones públicas, a diferencia de la Reserva Federal de EE. UU. o
el Banco de Inglaterra, que sí pueden actuar como prestamistas de última instancia.
A comienzos de año, el ex primer ministro francés Michel Rocard y el economista Pierre Larrouturou publicaban en el principal diario francés un artículo titulado “¿Por qué es necesario que los Estados paguen 600 veces más que los bancos?” (reproducido días más tarde en un periódico español bajo el título “Una Europa al servicio de los ciudadanos”). En dicho artículo daban cuenta de que la Reserva Federal de EE. UU. prestó la cantidad de 1.200 billones de dólares a bancos en dificultades a un interés de 0,01%. Partiendo de la constatación de que los gastos financieros están ahogando a las economías de muchos países o
les o
bstaculiza o
impide el crecimiento y que están recortando el gasto público, proponen que el Banco Central Europeo posibilite refinanciar la deuda vieja de los países de la Eurozona con tasas de interés próximas al 0%. Esto podría hacerse sin modificar los tratados ni el reglamento del citado Banco puesto que permiten que este pueda prestar sin límite alguno a los o
rganismos públicos de crédito. En consecuencia, Rocard y Larrouturou proponen que el BCE preste el dinero que sea necesario al Banco Europeo de Inversiones (BEI) o
a la Caja de Depósitos al interés de 0,01% de manera que estos, a su vez, puedan prestar a los Estados miembros al 0,02% de interés. Al mismo tiempo subrayan la necesidad de construir una Europa política, “capaz de actuar en este mundo globalizado; una Europa realmente democrática, como propusieran ya Wolfgang Schäube (actual ministro federal de Finanzas de Alemania) y Karl Lamers en 1994 o
Joschka Fisher en 2000. Necesitamos un tratado de convergencia social y una gobernanza económica real”.
Resulta escandaloso, en cualquier caso, que el Banco Central Europeo, que es un banco público que debe estar al servicio de los ciudadanos y ciudadanas de la Eurozona, haya prestado casi un billón de euros a los bancos desde o
ctubre del año pasado a un interés del 1% para que estos compren en los mercados bonos de deuda soberana a los Estados, exigiéndoles un interés bastante superior, dependiendo de la famosa “prima de riesgo” de cada país, de manera que Grecia, Italia, España, Portugal o
Irlanda tienen que pagar para refinanciar su deuda pública unos intereses superiores al 5%, destinando recursos presupuestarios absolutamente necesarios para el gasto social a gastos financieros que van a alimentar los beneficios privados de los bancos (o van a aminorar su deuda). La ciudadanía no puede entender esto porque escapa a toda lógica. ¿Por qué no se debate y se aprueba inmediatamente la propuesta de Rocard y Larrouturou? ¿O, si no, por qué no se debate un cambio de estatuto del Banco Central Europeo que le permita actuar como la Reserva Federal de EE. UU.?
Resulta significativa la o
posición radical de los dirigentes políticos y financieros de Alemania a cualquier medida que suponga comunitarizar las deudas públicas de los países de la Eurozona (emitiendo eurobonos, por ejemplo), modificar el papel del BCE o
activar o
tros mecanismos financieros que den una solución cabal y definitiva al problema de las deudas soberanas. El presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, mostró su monumental enfado cuando el BCE decidió comprar, empleando fórmulas técnicas que le permitieran sortear la prohibición a la que nos hemos referido, deuda soberana de Italia y España, cuando los mercados financieros atacaban a los citados países con intención de o
btener pingües beneficios especulando con sus bonos. Recientemente criticó las propuestas del presidente electo de Francia, François Hollande, en relación con el BCE y la política financiera de la Unión, antes de su toma de posesión y de su reunión con la canciller Merkel, saltándose las elementales normas de cortesía y enturbiando las conversaciones previas a dicha reunión.
Los presidentes del Banco Central Europeo, antes Trichet y ahora Draghi, han hecho actuaciones o
realizado declaraciones que van más allá de sus cometidos estrictos y entran de lleno en la política económica de los países de la Eurozona. Fue muy comentada la carta que Trichet dirigió en agosto del pasado año (el contenido de la carta lo filtró uno de los más importantes diarios italianos) al Gobierno italiano en el que le exigía una reforma constitucional como la que poco antes se había aprobado en España, blindando en la Carta Magna el déficit cero, a cambio de ayudarle en el mercado de la deuda. La carta (se tenía la seguridad de que había enviado o
tra similar al presidente Zapatero, aunque no se hizo público el contenido de esta última) contenía toda una batería de propuestas de corte ultraliberal con el o
bjeto de reducir drásticamente el gasto público de Italia y de modificar en detrimento de los trabajadores las leyes laborales: liberalizar los servicios públicos, reformar la negociación colectiva, reformar las leyes de contratación y despido, reforma del sistema de pensiones, reducción del salario de los funcionarios, reducir el gasto público de las regiones italianas, planteándose la supresión de las provincias, la reforma constitucional para endurecer las reglas fiscales, y aprobar las medidas por decreto-ley para que entren en vigor cuanto antes.