I.1. El origen más inmediato. Las fallas y las vergüenzas del sistema financiero al descubierto
En septiembre de 2008 quiebra en EE. UU. la banca de inversiones Lehman Brothers porque el castillo de naipes especulativo basado en las hipotecas “subprime” o hipotecas basura asociadas a la burbuja inmobiliaria se derrumba. Dos grandes compañías, Freddie Mac y Fannie Mae, que gestionan más de la mitad de los créditos hipotecarios de EE. UU. son intervenidos por el Gobierno Federal. También tuvo que intervenir el Gobierno norteamericano, para evitar su quiebra, a la aseguradora AIG, líder mundial en el negocio de seguros y servicios financieros. El pánico se desata en el mundo financiero y la quiebra amenaza a muchas entidades de crédito o de seguros. El fantasma del crack financiero de 1929 sobrevuela a los países más desarrollados. Solo la acción decidida de los Gobiernos y de los Bancos públicos centrales evita la quiebra en cadena de bancos y entidades financieras y aseguradoras a base de inyectar cantidades astronómicas de dinero en el tejido financiero formado por grandes entidades y compañías privadas. Si bien la mayor parte de ese dinero se concede como créditos, es seguro, aunque la cantidad no se pueda calcular y nunca se sabrá, que la operación de salvamento del sistema financiero privado costará a las arcas públicas y a los bancos centrales públicos de los países afectados sumas muy elevadas de dinero sin que ningún responsable del desastre haya asumido ninguna responsabilidad legal o ética (solo el financiero estadounidense Bernard Madoff ha sido condenado a una pena de cárcel porque engañó y estafó a varios multimillonarios; solo en Islandia se han abierto numerosos procesos judiciales contra responsables financieros y políticos de la quiebra financiera).
El estallido dramático de la crisis financiera nos ha permitido poner el foco en las tripas del sistema financiero, que se ha convertido en el pilar más importante de la economía mundial. Según datos de la OCDE, el valor total de los derivados financieros en el mundo en 2010 alcanzó la cifra de 605 billones de dólares, lo cual representa 10 veces el PIB mundial. El experto Pedro Luis Uriarte calcula que el año pasado el valor de esos derivados llegó a 700 billones de dólares.
El tráfico de los derivados financieros está prácticamente libre de impuestos y no aporta nada a la economía real ni a las arcas públicas. Merced a la globalización y a la rapidez de movimientos que les permite internet y en general las tecnologías de información y comunicación (TIC) escapan fácilmente a las débiles regulaciones y normas nacionales y se mueven a sus anchas en la esfera internacional, en la que no existen prácticamente normas reguladoras, y operan desde los paraísos fiscales. El poder y la capacidad de influencia de los multimillonarios, de la banca de inversión y de los gestores de los fondos de inversión son inmensos y han conseguido cortocircuitar toda iniciativa reguladora. Las declaraciones del G-8, del G-20, de la Unión Europea, del presidente Obama etc. han quedado en agua de borrajas. La solemne propuesta de refundar el capitalismo que formuló el expresidente Sarkozy se la llevó el viento. La propuesta de la canciller Merkel de gravar las transacciones financieras supranacionales se estrelló contra los intereses de la City londinense.
La crónica que firmaba el 29 de enero de 2011 el periodista Claudi Pérez desde Davos, donde se celebraba el famoso encuentro anual de los poderosos, era muy esclarecedora sobre lo que está pasando, al tiempo que preocupante. Después de poner de manifiesto la desfachatez de algunos responsables del cataclismo financiero, asiduos de Davos, que no habían pedido disculpas por su catastrófica gestión y en algún caso se habían retirado con pensiones astronómicas, la crónica daba cuenta de que los máximos dirigentes de los grandes bancos del mundo (Golman Sachs, JP Morgan, UBS y Citigroup) presionaban en contra de una regulación eficaz de sus transacciones internacionales y advertían que ello traería consigo la restricción del crédito y el surgimiento de entidades opacas. Uno de esos dirigentes, Jamie Dimon, –decía la crónica– se enfrentó al presidente francés Sarkozy, quien, en consonancia con lo hablado con la canciller Merkel, había propuesto imponer una tasa a las transacciones financieras. Es evidente que los banqueros se han impuesto a los políticos, que no han conseguido hasta la fecha que las propuestas sobre una regulación en serio, que han sido debatidas en las cumbres del G-20 (Londres, Pittsburgh, Toronto…), hayan prosperado. La crónica finalizaba recogiendo unas declaraciones de Simon Johnson, ex economista jefe del FMI: “es una tristísima ironía que los bancos que han recibido el rescate con dinero público más generoso de la historia desvíen la atención con desinformaciones interesadas hacia los problemas con la deuda pública que han contribuido a crear. La proliferación de bancos que no eran bancos, el uso omnipresente de derivados más con el fin de incrementar que de limitar el riesgo, el uso de vehículos fuera de balance y en general toda esa cultura de casino fue consecuencia de la desregulación. Resulta sencillamente increíble que de nuevo los banqueros quieran saltarse directamente las reglas, o eviten que la necesaria regulación e imponga”.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) concluyó que la llamada tasa Tobin (gravando al 0,1% solo las operaciones de compraventa entre divisas) permitiría recaudar 720.000 millones de dólares al año. Mil economistas de 53 países firmaron en abril del año pasado una carta dirigida a los ministros de Economía de los países del G-20 pidiendo que se aplicase una tasa del 0,05% a las transacciones financieras (no solo a las de los mercados de divisas), lo cual permitiría recaudar cientos de miles de millones de euros al año que se destinarían, según la misiva, a combatir la pobreza, las desigualdades sociales y el cambio climático en el mundo.
Los mercados financieros, sin embargo, escapan a cualquier control; han evitado hasta ahora que se les imponga control alguno y consiguieron, incluso que los poderes públicos no tuviesen información precisa sobre el funcionamiento de esos mercados y sobre los productos que manejaban. Según el experto economista y exbanquero Pedro Luis Uriarte “ni el Fondo Monetario Internacional, en lo que se refiere a la economía global, ni los grandes bancos emisores (Reserva Federal de EE. UU., Banco Central Europeo etc.) ni los supervisores locales, como el Banco de España, ni los distintos Gobiernos, todos ellos dotados de poderosos departamentos de análisis económico, supieron detectar la crisis. Y la razón de que esto se haya producido es que en el origen de la crisis había poco o nulo conocimiento del tipo de operaciones y de productos que se estaban vendiendo por el sistema financiero americano, y luego europeo”.
Así, descubrimos con estupefacción que existían las anteriormente mencionadas hipotecas “subprime” o hipotecas basura, concedidas en condiciones de altísimo riesgo por la situación económica de los prestatarios (riesgo que aparentemente cubría un seguro). Ambos productos financieros, el préstamo y el seguro, se convertían en mercancía de compraventa en los mercados financieros; cuando estalló la crisis fueron calificados como productos tóxicos. Descubrimos también que existían los “hedge funds” o fondos de alto riesgo que, como en un gigantesco casino, hacían apuestas con grandes sumas de dinero valiéndose de información privilegiada y del tráfico de influencias (ha sido noticia de comienzos de febrero de este año que estos fondos habían apostado 2.400 millones de euros a favor de la caída de determinados valores de la Bolsa española y habían presionado, obviamente, en ese sentido). Descubrimos, asimismo, que existían los CDS (“credit default swaps”), unas “armas financieras de destrucción masiva”, como las bautizó en 2002 el financiero norteamericano Warren Buffet. Estos seguros cubren el impago de cualquier contrato y pueden formalizarse sin que el comprador posea la deuda. Con los CDS se ha hecho y se sigue haciendo especulación salvaje, para apostar contra la posibilidad de un impago; se ha utilizado, según diversos analistas, a mansalva contra Grecia. Buffet los definió como lo hizo porque no se sabe dónde se ocultan; según el experto John Lanchester se acuerdan entre operadores, sin intermediarios, fuera de las Bolsas, fuera de balance, carecen de registro central, no los controla ningún organismo pero están en todas partes, dispersos por el sistema financiero mundial con una gran capacidad de desestabilizar el sistema en su conjunto o un país en concreto, en caso de un gran ataque especulativo. Según el analista Xavier Vidal-Folch, AIG era el mayor agente de CDS. “Operaba estos seguros sobre paquetes de hipotecas basura o de otros activos (CDO) también con frecuencia basura. Hasta que el pánico post-Lehman ahuyentó a los clientes. Y el Estado hubo de saltar a su rescate en varias fases, por un coste de 173.000 millones de dólares”.
Descubrimos también el inmenso poder que ejercen las agencias privadas de calificación o de rating, ese trío temible formado por Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch. Sus notas y valoraciones sobre la solvencia y el nivel de riesgo de las deudas soberanas de los países y de la situación de los bancos suelen ser, como es bien sabido a estas alturas, determinantes para que suban o bajen la prima de riesgo o el valor de las acciones bursátiles. Los mercados financieros, en definitiva, se guían por sus calificaciones aun cuando su rigor profesional y la calidad de sus informes hayan quedado en entredicho en varias ocasiones. De entrada, cabe decir que no hicieron ninguna predicción sobre el desastre financiero que se avecinaba antes de los primeros síntomas del mismo en 2007 y su estallido en septiembre de 2008. El regulador bursátil de EE. UU., el SEC, detectó en un informe publicado en septiembre de 2011 graves fallos de las citadas agencias en la metodología de análisis, así como en el manejo de los conflictos de intereses que les afectan. Fue noticia, por otra parte, que el Gobierno de EE. UU. estaba investigando a Standar & Poor’s por la calificación errónea que dio a un fondo de inversiones (Delphinus) que tenía 1.600 millones de dólares en inversiones de deuda hipotecaria de dudosa calidad.
El vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani, denunció públicamente en enero de este año que las agencias de rating trabajaban a favor del dólar y en contra del euro y las acusó de “chantajistas” porque habían realizado actuaciones negativas para determinadas deudas soberanas europeas poco antes de que el Consejo de la UE examinara la posibilidad de aprobar una tasa a las transacciones financieras. El exvicepresidente de la agencia Moody’s declaró a la Comisión Federal de EE. UU. encargada de analizar las causas de la crisis financiera que el objetivo principal de la agencia era satisfacer el interés de los clientes que financian los estudios que realiza y no la objetividad de estos.
Pese a todo ello, las citadas agencias siguen actuando como si nada. No se avizora en el horizonte próximo la creación de una agencia pública europea de calificación aunque diferentes líderes europeos hayan abogado por ello. Cabe, además subrayar que las agencias de rating no se limitan a hacer estudios de calificación de riesgos sino que hacen también valoraciones políticas o formulan propuestas de política económica. Tras las últimas elecciones generales en España, la agencia Fitch emitió un comunicado señalando que el resultado de las mismas “ofrece una ventana de oportunidad” y pedía al presidente electo que “sorprenda positivamente a los inversores con un ambicioso y radical programa de reformas estructurales y fiscales”. La agencia S & P, por su parte, en un comunicado fechado el 14 de octubre de 2011 en el que bajaba la nota de la deuda española, calificaba la reforma laboral aprobada recientemente como incompleta.
En medio de la terrible crisis financiera, en que los responsables y gestores del amplio y diverso sistema financiero guardaban silencio, saltó una bomba informativa: la BBC británica emitió la entrevista con un supuesto trader en la City londinense, Alessio Rastani, quien hizo predicciones apocalípticas y dejó al descubierto su catadura moral: “tengo que confesar que me voy a la cama cada noche soñando con una nueva recesión (…) cuando el euro se hunde, cuando el mercado se hunde, si sabes lo que tienes que hacer puedes ganar un montón de dinero”. Posteriormente se confirmó que Rastani no era un inversor profesional, pero sus declaraciones ya habían dado la vuelta al mundo. Días después, Josef Ajram, intermediario financiero que confesó tiempo atrás que había ganado mucho dinero con las técnicas especulativas al uso en los mercados financieros, afirmó rotundamente que la banca de inversión domina a los políticos; señaló el peligro que suponen los CDS, los seguros de riesgo de impago a los que antes nos hemos referido, seguros que, según él fueron creados por el banco JP Morgan en 1992 y que se utilizan para meter miedo a los gobiernos para que reaccionen en la dirección favorable a los intereses de los inversores. Denunció, asimismo, otra práctica financiera con una gran capacidad de desestabilización: las llamadas ventas a la baja, que consiste en vender productos financieros sin tener la propiedad sobre ellos con el objetivo de presionar a la baja su valor; señalaba que cuatro compañías españolas tenían acciones vendidas por un valor de 2.600 millones de euros sin haberlas comprado previamente. Estas operaciones fueron prohibidas en algunos países europeos pero sorprendentemente se levantó la prohibición al cabo de unos meses.
Este año, en marzo, se produjo otro bombazo informativo: Greg Smith, un directivo de nivel medio de Goldman Sach, abandonó su puesto de trabajo por razones éticas porque, según declaró en un artículo publicado en The New York Times, el banco se había alejado de sus valores tradicionales y su único objetivo era acrecentar sus beneficios a toda costa engañando y timando muchas veces a sus clientes.
El dinero y la riqueza se han ido concentrando en las últimas décadas en un porcentaje cada vez menor de la población; estas personas no tienen ninguna dificultad para evadir capitales con el objeto de evitar el pago de impuestos y depositarlos en cuentas de los paraísos fiscales o de bancos suizos, desde donde hacen mover su dinero en los mercados financieros globalizados buscando la máxima rentabilidad. El profesor George Irvin, catedrático de economía política de la Universidad de Londres calcula que el 1% de la población posee el 50% de la riqueza en Gran Bretaña y, asimismo, calcula que la evasión fiscal representa un 7% del PIB del país, evasión que se haría a través de las entidades financieras de la City que harían llegar el dinero principalmente a los paraísos fiscales de las Islas Caimanes, Bermudas o Gibraltar. Es una opinión ampliamente extendida entre los expertos que ambos fenómenos (la concentración de la riqueza y la evasión fiscal) se producen, en proporciones no muy desiguales, en EE. UU. y en los países de la UE.