5. Conclusiones
1. No ha sido hasta fechas relativamente recientes cuando se ha producido una organización institucional que permita la transversalización de la perspectiva familiar en las políticas públicas.
De hecho, no es hasta ya comenzado el nuevo siglo (con la creación de la Dirección de Familia y los primeros planes interinstitucionales de apoyo a las familias) y muy especialmente a partir de 2008 (con la Ley 13/2008 y su desarrollo, y especialmente el III Plan Interinstitucional) cuando se establece un espacio propio tanto a nivel organizativo como de medidas concretas.
Sin embargo, se trata de un desarrollo todavía incipiente, ya que si bien el marco legal apunta la dirección en la que deben actuar las políticas de apoyo a las familias, aún carece de medidas propias de calado y presenta dificultades objetivas para actuar sobre el entramado institucional vasco con respeto a las competencias de los territorios históricos y los entes locales.
Podríamos hablar incluso de un escaso reconocimiento por parte del resto de agentes (sociales e institucionales) implicados, del liderazgo de la Dirección de Política Familiar en la transversalización de las políticas de apoyo a las familias, que necesariamente deben combinar medidas directas propias con otras sectoriales que tengan en cuenta su impacto en las familias.
Hablamos de la política educativa, fiscal, de servicios sociales, vivienda, transporte…, que en el caso de la CAPV pueden ser gestionadas por ámbitos institucionales diferentes: autonómico, foral y/o local. Es así un déficit histórico la escasa coordinación entre las distintas administraciones, órganos y unidades administrativas que, sectorialmente y cada una desde su perspectiva, abordan las necesidades de las personas y las familias.
Esta descoordinación tiene que ver, entre otros factores, con la herencia de un modelo estatal poco centrado en la familia y dotado de escasos recursos (entre los menores de Europa), un histórico de trabajo individual de cada administración y cada territorio histórico (que ha ido desarrollando de forma propia los recursos más adaptados a cada realidad local y territorial), el propio modelo competencial de la CAPV (y la consiguiente estructura organizativa) y la falta de perspectiva transversal antes referida.
Todo esto se ha traducido en una percepción ciudadana de elevada fragmentación y atomización de las políticas de apoyo a las familias, tanto en la propia prestación de las mismas como en la ausencia de un servicio de información unificado que oriente y facilite los trámites de acceso y utilización de los recursos.
2. La falta de universalidad de las políticas de compensación de costes en la CAPV queda patente en un sistema de medidas económicas dual. Por un lado, las familias sin problemáticas asociadas acceden a compensaciones económicas mediante la fiscalidad clásica (principalmente, la declaración del IRPF), mientras que las familias en situación o riesgo de exclusión por razones socioeconómicas son atendidas desde el sistema de garantía de ingresos. Ambos sistemas, además, no son diseñados de forma conjunta, por lo que la coordinación y el enfoque integral del sistema se reduce.
La mayor parte de las familias en situación de no vulnerabilidad reciben prestaciones de tipo económico en relación con la familia principalmente a través de la fiscalidad (mediante deducciones en impuestos como el IRPF). Este sistema presenta una debilidad evidente y es que solamente las familias con suficientes ingresos como para poder realizar desgravaciones podrán utilizarlo de forma efectiva, lo que genera un amplio debate sobre si el sistema es suficientemente progresivo y en qué medida podría modificarse para buscar su universalización.
Por otra parte, el peso de las transferencias periódicas universales a familias es muy escaso, quedando básicamente reducido a las ayudas del Decreto 255/2006, de ayudas económicas para familias con hijas e hijos.
3. A pesar de que la conciliación de la vida familiar, laboral y personal es una de las áreas a las que mayor impulso se le ha venido dando desde el ámbito del Derecho comunitario, la CAPV ha desarrollado pocas medidas en este campo y solamente de forma muy reciente.
Se trata, sin embargo, de un elemento clave para el relevo generacional, ya que solamente aquellos países que han apostado clara y fuertemente por una estrategia de apoyo a las familias integral, coordinada y con suficientes medios han sido capaces de hacer frente a la crisis de natalidad y corregir su pirámide de población, una realidad acuciante en toda Europa y especialmente en la CAPV.
Esta estrategia pasa, en primer lugar, por una racionalización de la estructura del modelo productivo, especialmente en materia de horarios, que en comparación con los de la mayor parte de los países europeos resultan demasiado amplios como para que las medidas concretas en materia de conciliación puedan resultar efectivas.
Respecto a estas medidas concretas, hay que reseñar que el margen de maniobra es reducido, al escapar del ámbito competencial de la CAPV mucha de la regulación normativa de elementos tan significativos como, por ejemplo, los permisos de paternidad y maternidad. En este campo, la CAPV está sujeta a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica 3/2007, de Igualdad de Mujeres y Hombres, que estipulan un permiso de 16 semanas por maternidad (parcialmente compartible con el padre), además de 13 días específicamente para el caso de los hombres remunerados al 100% de la base reguladora.
A pesar de ello, la CAPV ha desarrollado iniciativas propias, tanto específicamente dirigidas a la mejora de la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, como de alto impacto en la misma. Concretamente, cabe destacar:
En lo tocante a medidas de compensación de costes, las ayudas recogidas por el Decreto 177/2010 (anualmente reguladas por la correspondiente orden), destinadas a compensar parcialmente la pérdida de ingresos derivada de excedencias, reducciones de jornada, etc.
Aun siendo insuficientes en cuanto a su cuantía, estas medidas son valoradas de forma positiva, en tanto en cuanto suponen un primer paso en el reconocimiento económico a las familias, contemplan la conciliación no solamente asociada a hijos e hijas (ya que recogen además la posibilidad de situaciones de dependencia y extrema gravedad sanitaria de forma pionera en Europa) y apoyan la posibilidad de elección de las familias al posibilitar una contratación en el hogar para el cuidado de niños y niñas.
En cuanto a recursos y servicios, el apoyo público a las familias se ha orientado a través de recursos de proximidad. Concretamente:
– En el campo de la infancia es muy importante destacar la fuerte apuesta pública por las Haurreskolak
, que si bien se definen como un recurso educativo, tienen un alto impacto en las mejores o peores posibilidades de conciliación de la vida familiar, laboral y personal.
Se trata de recursos de proximidad que, aunque fuertemente desarrollados en los últimos años, aún presentan desequilibrios en su cobertura (especialmente en las zonas urbanas más densamente pobladas) y cuyo horario, si bien ofrece cierta flexibilidad y amplitud en relación con el contexto europeo, el exceso de dedicación horaria al que está sujeto el mercado laboral vasco y estatal hace que no resulte un recurso del todo útil a parte de las familias.
– En el campo de la dependencia la CAPV también se ha dotado de un conjunto de recursos (SAD, centros de día, recursos residenciales…) que dan apoyo a las personas dependientes y, en consecuencia, facilitan (en mayor o menor medida) a las familias el cuidado de sus miembros más vulnerables y, en definitiva, sus necesidades de conciliación.
Se trata de recursos del sistema de servicios sociales con un alto impacto en las familias, con ratios de calidad muy elevados y en los que se contempla la participación económica de la persona usuaria, definida en función de su capacidad económica (vinculada a su renta y patrimonio). Es frecuente en este ámbito que los servicios sean por entidades sin ánimo de lucro, en uno de los rasgos distintivos del sistema vasco que lo asocia en este campo a modelos continentales europeos.
Por último, no podemos terminar este apartado sin reconocer que factores como la amplitud de horarios laborales, la precarización del mercado laboral o la falta de universalidad de ciertos recursos hacen que el apoyo informal familiar siga siendo ampliamente utilizado y que el papel de abuelas y abuelos no solamente sea el de receptores de servicios y prestaciones económicas, sino que muy a menudo constituyen un recurso familiar tanto en lo que a prestación de servicios se refiere como incluso en materia de compensación de costes, ya que las pensiones de jubilación suponen un fuerte refuerzo económico para muchas familias.