5. Conclusiones
Los modelos familiares, inmersos en una estructura social en transformación, también están evolucionando y cambiando. Si bien la estructura familiar basada en núcleo e hijos e hijas –que constituye el modelo más tradicional– sigue siendo el principal, ha ido sufriendo una leve pero progresiva pérdida de relevancia, en detrimento de otros modelos como la pareja sin hijos o las familias unipersonales.
En este nacimiento y fortalecimiento de nuevos modelos familiares surgen con fuerza creciente nuevas formas de familia (familias homoparentales, monoparentales o no reguladas mediante matrimonio), además de nuevas formas de relación interna que afectan a todas las familias, en las que se da una creciente autonomía de sus miembros y una mayor negociación interna.
Sin embargo, quizás el elemento de análisis clave en la evolución de los modelos de familia, por su especial relación con las políticas públicas de apoyo a las familias, es la pérdida de peso porcentual de los modelos que incluyen hijos o hijas y el descenso de su tamaño específico, puesto que el tamaño medio de las familias –tanto en los modelos más tradicionales como en los de surgimiento y/o regulación más reciente– se viene reduciendo de forma constante desde hace más de veinte años, habiéndose llegado a un punto en que en la CAPV existen más personas mayores de 65 años que menores de 20, lo que tiene una incidencia clave en la falta de sostenibilidad del actual modelo de bienestar tal y como está planteado.
Existen principalmente dos factores explicativos de esta situación sociodemográfica (no del todo deseada, ya que las familias indican que tienen menos hijas e hijos de los que les gustaría tener) y ambos son abordables desde las políticas públicas de apoyo a las familias:
En primer lugar, la CAPV es una de las regiones europeas en las que las personas jóvenes se emancipan (y por tanto crean sus propias familias) con mayor retraso, por variables socioeconómicas como la elevada precariedad laboral, el altísimo coste de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, o la escasa movilidad geográfica durante un período de estudios de por sí temporalmente extendido.
Por otro lado, la extrema dificultad para conciliar la vida familiar, laboral y personal, tanto por factores culturales (en los que las mujeres aún siguen en mayor medida haciéndose cargo principalmente de las tareas reproductivas y de cuidado familiar), como derivadas de un sistema productivo basado en valores que priman la disponibilidad horaria o la flexibilidad, y unas medidas públicas (tanto directas como de sensibilización) que no han sido capaces de cambiar este escenario y ante las que parece lógico que se pueda abrir una reflexión sobre un posible cambio de modelo y sobre las posibilidades reales de las medidas públicas de modificar la actual situación mientras no haya un cambio de mentalidad a nivel de toda la sociedad.
Sobre este último punto es especialmente importante tomar en consideración la experiencia de otros países (Francia, Suecia) en los que no solamente se mantiene la competitividad de sus empresas y organismos, sino que se refuerza la sostenibilidad de su sistema social al incrementarse la natalidad y la igualdad social entre hombres y mujeres.
Finalmente, reseñar que esta situación sociodemográfica y socioeconómica plantea consecuencias para la sostenibilidad del modelo social de bienestar en materia familiar, y más concretamente del modelo institucional de atención a la discapacidad y la dependencia cuyo futuro se ve comprometido por el constante incremento de la esperanza de vida y la reducción de la base de personas jóvenes en edad laboral en la CAPV.
De esta forma, si sumamos un modelo de atención a la infancia poco desarrollado y de grandes carencias con relación al contexto europeo –como se verá en los siguientes capítulos– y un escenario de incertidumbre en la sostenibilidad de los servicios y las prestaciones dirigidas a la protección de la discapacidad, la dependencia o las personas mayores, parece claro que se impone una reflexión sobre el modelo de prestaciones integrales a las familias en la CAPV que involucre a agentes públicos, privados y sociedad civil.