Las pol
íticas de apoyo a las familias son un concepto relativamente novedoso dentro del catálogo de pol
íticas públicas de carácter social, no siendo hasta prácticamente finales del siglo pasado (al menos a nivel estatal) cuando comienza a utilizarse libremente este término. Esto es así porque en mayor o menor medida –dependiendo del régimen general de modelo de bienestar de cada país– se ha venido considerando a la familia como un sistema organizativo privado e individual en el que el Estado tenía poco peso.
Evidentemente y como se verá en el capítulo de análisis europeo, la realidad es muy diversa por países, y los países del arco mediterráneo han tenido más asociada la familia al ámbito privado que los países nórdicos o centroeuropeos, tal y como ejemplifica que las primeras referencias en estos países sean de antes de 1940 (por ejemplo, las de Alva Myrdal en la Suecia de 1939), mientras que en España este enfoque no tiene una presencia pública importante hasta los años ochenta del pasado siglo.
Tal y como indica Flaquer (2000), hablar de pol
íticas familiares supone “romper con el concepto de que el espacio privado deje de ser inmune a la influencia de los asuntos públicos” y “plantear(lo) como un asunto común que atañe a toda la ciudadanía, (dándole) una respuesta colectiva mediante la elaboración y aplicación de pol
íticas públicas”, puesto que como revela Esping-Andersen (2013), estas pol
íticas tienen una radical importancia en la propia sostenibilidad futura del sistema de bienestar y por tanto no pueden ser consideradas “una cuestión privada”.
Pero, ¿qué entendemos por pol
íticas familiares? Como base utilizaremos la definición de Flaquer (2000), que las define como “las intervenciones de la Administración Pública para facilitar recursos a las personas con responsabilidades familiares a fin de que puedan desempeñar las mismas en mejores condiciones” de forma que “las necesidades de las unidades familiares sean satisfechas”.
Sin embargo, estas definiciones tienen un enfoque reduccionista ante una realidad que Fantova (2004) detecta y explica de forma clara. Si solamente se tomara este enfoque, estaríamos “identificando la pol
ítica familiar como aquella pol
ítica pública que tiene como objeto la familia como tal”, existiendo otras situaciones que sin ser estrictamente familiares, sí tienen incidencia en el marco familiar. Eso sí, tampoco podemos incluir, como también indica este mismo autor, “todo lo que afecta a las familias como contenido u objeto directo de la pol
ítica familiar, ya que esa opción nos llevaría a la conclusión de que toda la pol
ítica pública es pol
ítica familiar”.
Por tanto y a la luz de los tres enfoques antes indicados, es tarea de este informe definir qué se va a entender por pol
ítica de apoyo a las familias y qué no en el marco de esta investigación.
Atendiendo a las conceptualizaciones que diversos autores hacen de las pol
íticas de apoyo a las familias, en este informe se va a optar por trabajar no solamente con pol
íticas directamente dirigidas a las familias, sino con aquellas que tienen una alta incidencia en el marco familiar. Así, autores como Donati (2013) encajarían en esta orientación hablando de “políticas familiares directas e indirectas”, o Fantova (2004), que establece que estas pol
íticas complementarias podrían ser definidas como “servicios de fuerte impacto en la vida de las familias” o “políticas y servicios de apoyo a las familias”.
Por tanto, el enfoque de este estudio trabajará con un amplio rango de pol
íticas que tienen una alta incidencia en las familias, tanto directas como indirectas, o como Fantova (2004) las denomina, por un lado las “políticas familiares” (aquellas de aplicación a la familia en sentido estricto y directo, como la fiscalidad, las prestaciones económicas y en especie, etc.) y por otro lado “un anillo más o menos amplio de pol
íticas de alto impacto familiar” (con pol
íticas relacionadas con la vivienda, el transporte, etc.)1.
(Gráfico 1) . Enfoque del informe en materia de familia
Fuente: elaboración propia (2013).
Todas ellas facilitan recursos a las familias para desarrollar sus funciones de la mejor manera posible y solamente una adecuada articulación conjugada de las mismas será de verdadera utilidad a los distintos tipos de familias que componen nuestra sociedad.
La elección de este marco de enfoque ampliado no es casual, ya que solamente un análisis conjunto de las distintas variables antes indicadas nos permitirá visualizar las consecuencias y efectos de uno u otro modelo de pol
íticas de apoyo a las familias, y comprender los objetivos finales que subyacen detrás las mismas.
Esta amplitud de enfoque es capital para una completa comprensión del panorama de apoyos públicos en materia familiar, ya que las intervenciones de la Administración pública no son evidentemente neutrales y cualquier actuación pública en materia familiar –como en cualquier otro campo– generará un determinado efecto en la sociedad general y en los modelos familiares concretos. De hecho y tal como reflexiona Schulteis (1998), los objetivos de una determinada pol
ítica de apoyo a las familias pueden ser distintos, existiendo modelos más orientados a privilegiar las familias tradicionales, a proteger la división tradicional del trabajo o a fomentar la natalidad, mientras que otros enfoques buscan una mejor armonización de los tiempos de trabajo y familia, una mayor incorporación de los hombres a las tareas del hogar o una especial protección de las familias más vulnerables o de nuevo surgimiento.
Esto es especialmente importante, ya que, como antes indicábamos y seguiremos mostrando más adelante, la familia es un modelo de organización social sujeto a cambios y en constante evolución, por lo que un determinado tipo de actuación pública en este campo servirá en mayor medida a unas familias que a otras, máxime cuando en la actualidad las necesidades de las familias no se agotan en el apoyo a la crianza de niños y niñas, sino que debe dar respuesta también a otras contingencias como la dependencia, la discapacidad o la vulnerabilidad.