La accesibilidad universal implica la accesibilidad de los entornos urbanos, de la edificación, de los sistemas de transporte, de la c
omunicación y de los servicios, que se c
onstituyen en elementos fundamentales para garantizar la igualdad de las personas y el respeto de sus derechos. La accesibilidad universal de los sistemas de transporte posibilita una participación activa en la vida social y económica en igualdad de oportunidades a toda la c
iudadanía.
A su vez, la accesibilidad universal presupone la estrategia de un diseño para todos que implica admitir que es la sociedad en su c
onjunto la que debe adaptarse a la diversidad de su miembros. Por ello, dicha estrategia debe ir dirigida a que las personas c
on discapacidad dispongan de niveles de movilidad plenos mediante la prestación de un servicio público de transporte c
on vocación universal que favorezca el desenvolvimiento autónomo y en c
ondiciones de igualdad de todas las personas.
El marco jurídico en materia de accesibilidad en la C
APV viene determinado por la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la promoción de la accesibilidad. Las c
ondiciones técnicas que resultan de aplicación en los diferentes ámbitos de intervención definidos por la ley se establecen en sus dos decretos de desarrollo: el Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas sobre c
ondiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y c
omunicación; y el Decreto 126/2001, de 10 de julio, por el que se aprueban las normas técnicas sobre c
ondiciones de accesibilidad en el transporte.
Desde la entrada en vigor de dicha ley, han sido importantes los avances que se han producido en la adopción de las c
ondiciones técnicas de accesibilidad en los medios de transporte. No obstante, el diagnóstico realizado en el presente informe permite c
oncluir que en la actualidad se observan c
arencias muy significativas que c
ondicionan su uso de manera universal.
A este respecto, podemos señalar que la C
APV dispone de un sistema de transporte ferroviario prácticamente inaccesible. Los datos obtenidos resultan c
ontundentes: en c
uanto a la accesibilidad física, el 78% de los entornos peatonales de la infraestructura son inaccesibles; el 78% de las estaciones también lo son; y en el 83% de los c
asos no se garantiza el recorrido peatonal desde la c
alle al andén.
Si bien en los últimos años ha sido importante el volumen de intervenciones que se han realizado, así c
omo de actuaciones que se encuentran en la actualidad en proyecto, las c
arencias estructurales de accesibilidad del sistema ferroviario siguen siendo muy reseñables, por lo que aún se requieren c
onsiderables inversiones para garantizar el uso universal de estos servicios.
En c
uanto al grado de la accesibilidad de los sistemas por c
arretera, se puede indicar que la situación de las principales terminales de autobús, así c
omo de las paradas en todo el territorio de la c
omunidad autónoma, tampoco resulta satisfactoria. Asimismo, sigue sin alcanzarse la accesibilidad plena de la flota de autobuses que se utiliza para los recorridos interurbanos y de largo recorrido. A estos efectos, resultará determinante el c
umplimiento de las c
ondiciones técnicas que se impongan a los operadores durante la progresiva renovación de las c
oncesiones de las líneas regulares de viajeros por c
arretera que se prevé en breve plazo.
La adopción de las medidas técnicas que garanticen la accesibilidad en la c
omunicación sigue siendo la asignatura pendiente en todo el sistema de transporte de la c
omunidad autónoma, incluso respecto a aquellos sistemas que desde el punto de vista de la accesibilidad física obtienen un resultado más favorable, c
omo son el metro y el tranvía. La falta de provisión de elementos que garanticen el acceso a la información y la c
omunicación en los diferentes sistemas de transporte impide que las personas c
on discapacidad visual y auditiva puedan acceder de manera autónoma al transporte público.
Por último, debemos insistir en la necesidad de que las administraciones locales se impliquen en el acondicionamiento de los itinerarios peatonales y de acceso a las infraestructuras de transporte para que éstos resulten seguros y accesibles.
Hay que tener en c
uenta la importancia de garantizar la accesibilidad durante toda la c
adena de desplazamiento, desde el origen al destino, independientemente del número de las etapas realizadas y de los modos de transporte empleados.