1. Introducción
Cambio brusco en el curso de una enfermedad, ya sea para mejorarse, ya para agravarse el paciente; mutación importante en el desarrollo de otros procesos, ya de orden físico, ya históricos o espirituales; situación de un asunto o proceso cuando está en duda la continuación, modificación o cese; momento decisivo de un negocio grave y de consecuencias importantes; juicio que se hace de algo después de haberlo examinado cuidadosamente; escasez, carestía; situación dificultosa o complicada. Todo esto es una crisis, en sus distintas acepciones, según la Real Academia Española.
De varios factores depende cuál de estas acepciones definirá mejor la crisis económica que ahora nos toca vivir. Uno de esos factores, segura
mente el más importante, es el papel que los derechos humanos desempeñen en su gestión y en la búsqueda de una salida para la misma.
Desde hace tres o cuatro años, el Ararteko está siendo testigo de la dimensión humana y social de la crisis económica. La insoportablemente alta tasa de desempleo, el adelgazamiento de las cuentas públicas, y los recortes/ajustes en servicios de interés general, entre otras realidades, están teniendo un efecto palpable en el disfrute por parte de la ciudadanía de los derechos humanos, particularmente de los derechos socioeconómicos. El notable incremento de las reclamaciones ciudadanas en 2011 (26%) responde en buena medida al considerable aumento de las actuaciones en ámbitos como educación (38%), vivienda (54%) y atención a personas en situación o riesgo de exclusión social (320%)123. Aproximadamente el 55% del trabajo desarrollado por la Defensoría del Pueblo del País Vasco está relacionado con los derechos sociales.
La grave situación económica que vivimos no solo afecta a los bolsillos de las familias y de las pequeñas empresas. Sus efectos también son visibles en las arcas públicas. Todas las administraciones se están viendo obligadas a reordenar el gasto público aplicando criterios de máxima eficiencia. Es de crítica importancia, sin embargo, que dicha reordenación del gasto se lleve a cabo atendiendo a las necesidades de la ciudadanía, especialmente de las personas que dependen en mayor grado de la solidaridad social, y respetando de forma escrupulosa valores esenciales como la dignidad, la libertad y la igualdad.
A través de este estudio el Ararteko reflexiona acerca de los principios de derechos humanos que deben guiar el diseño de las políticas públicas y, sobre la base de estos principios, presenta una serie de recomendaciones prácticas para los poderes públicos. Dicho cometido necesariamente excede del ámbito competencial de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma Vasca. El Ararteko confía, no obstante, en que las administraciones del ámbito de esta Comunidad Autónoma (a nivel local, foral y autonómico) encuentren en este estudio un referente útil para el diseño de sus políticas.
Es necesario dotar de significado al compromiso con los derechos humanos manifestado recurrentemente por los representantes políticos. Más allá del discurso, una apuesta decidida por los derechos humanos tiene una serie de implicaciones prácticas que los poderes públicos deberían hacer suyas para honrar sus compromisos.
1 Ararteko, Informe 2011 al Parlamento Vasco, 2012, p. 25.