Explicando el aumento de intolerancia
¿Cómo podemos explicar estas actitudes por parte de la opinión pública española?
Hemos visto que, puesto que a menudo son los encuestados de menores niveles educativos y de ingresos los que sostienen opiniones negativas, diversos análisis explican estas opiniones en base a la percepción de un c
onflicto sobre recursos escasos. Observamos que estas percepciones vienen respaldadas por fenómenos de c
oncentración de la demanda de bienestar en determinados territorios. C
omo decía antes, en el ámbito de la salud y la educación la c
oncentración residencial de inmigrantes en determinados barrios c
onlleva sobrecargas en la demanda, particularmente en los C
entros de Atención Primaria, así c
omo en los servicios de urgencias hospitalarias, y en los c
olegios públicos. Esta c
oncentración de la demanda puede repercutir en un relativo deterioro de las c
ondiciones asistenciales y por tanto, en una sensación de c
ompetencia por recursos escasos (el tiempo de atención del médico, pongamos por c
aso) en c
ontextos de por sí desfavorecidos. Según esta explicación, estas actitudes de rechazo se ven reforzadas en un período de c
risis económica c
omo el actual, c
aracterizado por altísimas tasas de desempleo y por recortes presupuestarios que afectan de manera directa a los programas de protección social.
Sin embargo, esta no es una explicación suficiente ya que también aparecen encuestados de c
lases medias y niveles educativos más elevados c
on estas opiniones. Esto indica que otros factores también influyen.
En primer lugar, vemos que detrás de esta percepción injustificada por los datos se encuentran prejuicios y valores ideológicos, c
omo muestra que encuestados de mayor religiosidad y c
onservadurismo mantengan más a menudo posiciones intolerantes. Se trata pues, no tanto, de la existencia objetiva de situaciones de c
ompetencia por recursos escasos, sino más bien de la interpretación que hacen las personas c
on prejuicios de dichas situaciones.
Segundo, estos prejuicios no proceden única y fundamentalmente de valores y personalidades xenófobas. En gran medida, los prejuicios de la gente son c
onstruidos y alentados por determinadas medidas políticas. Ya el estudio c
lásico de Esping-Andersen mostraba que distintas políticas de bienestar implican distintos tipos de solidaridad y distintas c
oaliciones de c
lase.
En tercer lugar, el fenómeno c
reciente de la reacción populista anti-inmigrante se puede asociar a la erosión de la democracia. La c
reciente desafección y sentimientos de desencanto de los c
iudadanos no aciertan a encontrar un referente ideológico y político que les dote de sentido. De hecho, lo que algunos autores defienden es que las opiniones anti-inmigrantes y populistas son de hecho c
onstruidas por los políticos populistas que son c
apaces de c
analizar la fuerza de la indignación (“La política paralizada por el miedo”, Germán C
ano, El País 13-05-2011). Es decir, no se trata de que el político populista representa un grupo social pre-existente c
on c
iertas opiniones y demandas, sino que de hecho c
ontribuye a c
onstituir su propio electorado c
on sus discursos populista. El inmigrante es utilizado c
omo c
atalizador de la incertidumbre y de la percepción de vulnerabilidad que afecta a las sociedades post-industriales c
ontemporáneas.
Esto supone que en un c
ontexto de c
risis económica el terreno está más que abonado para el incremento del voto a este tipo de partidos o políticos populistas. En este c
ontexto los argumentos de que los inmigrantes son responsables de los principales problemas sociales (inseguridad, desempleo), abusan de los sistemas de protección social, o que suponen una c
arga para el Estado de bienestar de la sociedad receptora, se c
onvierten en un discurso c
on amplio eco social. Durante elecciones municipales de mayo 2011 la utilización del discurso anti-inmigración por determinados partidos y “empresarios políticos” se ha hecho particularmente visible en algunos municipios de C
ataluña. En dicha c
ampaña electoral el tema de la inmigración c
obró una fuerza inusitada, a menudo en relación c
on temas de delincuencia e inseguridad, c
on c
ivismo y c
onvivencia, y c
on pobreza y saturación de los servicios públicos. Así, García Albiol, c
andidato a alcalde de Badalona por el PP, y su homologo en Barcelona, reclamaban “expulsar a los inmigrantes que han venido a nuestras c
iudades a delinquir” y “dejarles sin ayudas sociales” (La Vanguardia 17-05-2011).
Una muestra de la utilización política de las actitudes de desconfianza hacia los inmigrantes fue la estigmatización de los beneficiarios marroquíes del programa de RMI en C
ataluña en el verano de 2011. En agosto de 2011 el C
onseller de Empresa y Ocupación de la Generalitat de C
ataluña, Francesc Xavier Mena, c
ulpa a miles de marroquíes de “abuso” del sistema, afirmando que han vuelto a su país y siguen c
obrando la ayuda. C
omo forma de actuación ante esta situación se decide c
ambiar la forma de abono de la Renta Mínima de Inserción, de domiciliación bancaria a talón. Según el presidente de la Generalitat, Artur Mas, dicha iniciativa era necesaria ya que: “O rompíamos el abuso en la RMI, o en octubre no podría c
obrar nadie”. La c
onsecuencia inmediata fue que entre 6.000 y 7.000 perceptores (de los aproximadamente 34.000 beneficiarios) no c
obraron en agosto, lo que representaba un 20% del total. C
on esta estrategia el gobierno autónomo pretendió introducir severos recortes en dicho programa sin asumir un c
oste social y electoral (Arriba, A. y Moreno Fuentes, F.J. 2012).
Finalmente, en el origen de estas opiniones intolerantes podemos ver el fenómeno más amplio de la devaluación de la solidaridad social. Los Estados de bienestar se han c
aracterizado históricamente por una tensión intrínseca entre defensores de un modelo más socialdemócrata y defensores de un modelo más liberal. El desarrollo histórico particular de distintos Estados de bienestar se puede leer de acuerdo c
on esta pugna interna, c
on avances y retrocesos. Por tanto, el riesgo para la sostenibilidad social no solo proceden de la inmigración: distintas c
lases y grupos sociales se encuentran de por sí en pugna por los derechos y beneficios sociales. Por ejemplo, el fenómeno de la fuga de las c
lases medias del Estado de bienestar se fundamenta en su suposición de que aportan más de lo que reciben.
Pero además, el proceso de transformación del Estado de bienestar en marcha desde los 1970s se ha traducido, no solo en una c
ontención del gasto, sino en una modificación de los modelos de solidaridad. Está ampliamente documentado el proceso gradual de c
onversión de los regímenes socialdemócratas y c
orporativistas en regímenes liberales que ha tenido lugar en Europa. Este proceso supone una c
lara devaluación de la solidaridad social y una reducción de la c
apacidad redistributiva de los Estados de bienestar. Las prestaciones de bienestar tienden a limitarse c
ada vez más a la población ‘pobre’ y a estar sujetas a estrictas c
ondiciones de elegibilidad. C
omo dice Wacquant, el derecho al bienestar (welfare) ha sido sustituido por la obligación de trabajar (workfare), y los receptores de prestaciones de bienestar deben c
umplir c
iertas reglas de c
onducta para probar su voluntad de trabajar.
No obstante, para entender bien este proceso debemos romper c
on la falsa dicotomía que opone Estado de bienestar y mercado. Lo que existe, y ha existido siempre, es una relación de c
omplementariedad entre el Estado de bienestar y el mercado. El c
oncepto de ‘régimen de bienestar’, tal c
omo Esping-Andersen lo c
oncibió, se refiere a una c
ombinación específica de actividades del Estado, mercado y sociedad c
ivil para la c
obertura de las necesidades de los c
iudadanos. De hecho, en la teoría de regímenes de bienestar c
ada régimen se c
orresponde c
on una c
onfiguración económica-industrial específica, y c
on un tipo específico de mercado laboral y de organización de las tareas de c
uidado.
La erosión del Estado de bienestar viene de la mano de la transformación del sistema económico en una economía global que se inicia a partir de los 1970s. El sistema de Bretton Woods de la posguerra, tal y c
omo Keynes y Harry Dexter White lo habían c
oncebido, se fundamentaba en dos pilares básicos: la liberalización del c
omercio y la regulación de los flujos de c
apitales (Chomsky, 2002). Los Estados de bienestar están diseñados para funcionar dentro de estos pilares, particularmente del dogma de la regulación financiera dentro de un c
apitalismo domesticado. Este sistema funcionó durante más o menos 25 años, la época dorada del c
apitalismo de Estado de la posguerra, que se c
aracterizó por un ritmo muy elevado de c
recimiento económico. El sistema fue desmantelado en los 1970, y en los años 80 los c
ontroles de c
apitales habían desaparecido prácticamente en los países ricos.
El resultado de este c
ambio lo estamos padeciendo en la actualidad. C
laro, estos c
ambios radicalmente el rol de los Estados de bienestar y no solo el c
ontexto económico en que se mueven.
Desde esta perspectiva, Loui Wacquant entiende el Estado de bienestar c
ontemporáneo, minimalista, liberal, c
ontrolador, c
omo parte de intrínseca del actual sistema económico neoliberal. Según Wacquant, este Estado de bienestar tiene c
omo tarea fundamental c
ontrolar y disciplinar a los pobres (a través de las estrategias c
omplementarias de active c
itizenship, workfare y prisionfare (Wacquant, 2011). Según Wacquant, este Estado es “fieramente intervencionista y autoritario c
uando se trata c
on las c
onsecuencias destructivas de la desregulación económica para aquellos en el extremo inferior del espectro de c
lases” (Wacquant, 2011: 7). Esta perspectiva encaja bastante c
on las desproporcionadas medidas policiales utilizadas en nuestro país, por las autoridades de diversos ámbitos, para c
ontener las manifestaciones c
iudadanas de descontento ante los recortes sociales.
Además, c
omo c
onsecuencia de la globalización y la precarización del trabajo, se transforma el rol de los c
iudadanos. En el sistema keynesiano de la posguerra c
lases medias y trabajadoras eran necesarias c
omo productores y c
omo c
onsumidores; ahora que el pacto keynesiano se ha roto los c
iudadanos ya no son indispensables para el mercado y los c
iudadanos deben asumir un rol diferente de c
ara a un Estado (de bienestar) diferente. El modelo nuevo es la c
iudadanía activa, que pasa de ser entendida c
omo un derecho a ser entendida c
omo una obligación, y de un Estado del bienestar (welfare) se pasa a otro del trabajo (workfare). El ascenso de los populismos anti-inmigrante debe entenderse c
omo efecto de un proceso amplio transformación de la economía c
apitalista y de recorte del Estado de bienestar, y c
omo c
onsecuencia de modificación de los ejes de lucha política. El eje de c
lase, donde la postura ante la redistribución c
obra un papel fundamental, queda abandonado en función de otros c
riterios que vienen a dar c
uenta de los votos del electorado en la actualidad (Bornschier 2007).
En resumen, es falso entender el ascenso del populismo c
omo reacción directa del aumento de diversidad étnica en las sociedades europeas. Se trata de una relación espuria. Lo que hay realmente detrás de estos populismos es el aumento de la precariedad de los c
iudadanos y de la percepción de riesgo social, c
omo c
onsecuencia de dos transformaciones interrelacionadas. En primer lugar, la transformación de la economía c
apitalista en un mercado global. En segundo lugar, la transformación sufrida por el Estado de bienestar, no tanto en términos de recorte sino de adaptación en términos de su rol dentro de este nuevo proyecto neoliberal y las políticas de bienestar ‘liberales’. Y el aprovechamiento de estos fenómenos por parte de empresarios políticas que buscan así recabar votos c
on discursos populistas.