Ante la c
risis: Más regulación financiera, más Europa, más Estado social y más derechos sociales.
IÑIGO LAMARCA
Ararteko
En mayo de 2009, c
on motivo del 20 aniversario de la puesta en marcha de la Oficina del Ararteko, alto c
omisionado del Parlamento Vasco para la defensa y la salvaguarda de los derechos reconocidos y protegidos por la C
onstitución, la institución que dirijo organizó unas Jornadas sobre políticas públicas, que tuvieron muy buena acogida porque c
onstituyeron un buen marco de reflexión, análisis y debate sobre la herramienta principal para la garantía, la buena salud y el desarrollo de los derechos de las personas que son las políticas públicas, tal y c
omo se deriva de lo dispuesto por el artículo 9-2 de la C
onstitución española.
El esfuerzo de organizar unas Jornadas para nosotros es enorme, pero hemos entendido que era importante darles c
ontinuidad a las anteriores y aplicar la metodología que empleamos en las mismas a un tema de máxima actualidad, que c
onstituye un reto verdaderamente histórico al tiempo que se erige en la c
olumna vertebral de la actividad del Ararteko: los derechos sociales en estos tiempos de c
risis profunda, de c
risis financiera, económica y sociolaboral, de c
risis, al decir de muchos analistas, del propio sistema –de ahí que lo denominen c
risis sistémica–.
En el Ararteko estamos muy preocupados por el aumento alarmante de personas que acuden a nuestras oficinas, que nos llaman por teléfono o nos envían emails o c
artas exponiendo situaciones personales y familiares realmente dramáticas. Son las víctimas de la c
risis. Personas que han perdido el empleo y se les ha agotado el subsidio de desempleo o c
arecen de él, personas que están a punto de perder su vivienda, personas a las que se les ha suspendido o denegado una ayuda social o que no han obtenido respuesta, tras meses de espera, a su solicitud, personas que no habían imaginado jamás tener que acudir al sistema de protección social porque vivían de forma holgada y de pronto su bienestar se derrumba y c
arecen de información sobre las ayudas sociales existentes… Las reclamaciones c
iudadanas ante el Ararteko han c
recido un 27% en 2011 c
on respecto al 2010: las quejas relativas a las ayudas sociales de c
ontenido económico (principalmente la renta de garantía de ingresos) aumentaron un 320%. Hasta el 31 de mayo del presente año, el número de las quejas relativas a las ayudas sociales ha vuelto a experimentar un aumento c
onsiderable c
on respecto al mismo periodo del año anterior: c
asi del triple. El aumento c
onstante de la eficiencia en el funcionamiento del Ararteko y la gran motivación y dedicación de las personas que trabajan en esta institución están permitiendo poder atender debidamente a quienes acuden donde nosotros, no solo para protestar c
ontra una actuación u omisión presuntamente incorrecta o irregular de la Administración sino en busca de información y asesoramiento. Estamos al límite de nuestras posibilidades. C
omo lo están los órganos y entidades administrativas y las organizaciones sociales que trabajan en el ámbito de la exclusión social y la pobreza, que no dan abasto a tanta demanda.
No podemos ocultar la trascendencia del momento histórico que vivimos. Son momentos de grandes decisiones que afectarán al devenir de nuestras sociedades y a la vida y al bienestar de las generaciones actuales y futuras. C
reemos que es nuestra responsabilidad c
ontribuir al debate social, trayendo a estas jornadas a personas expertas en los temas que están incidiendo en los derechos sociales y aportando, asimismo, algunas ideas y propuestas derivadas de la información que acumulamos en el gran observatorio de la realidad social que es el Ararteko y de nuestra posición institucional de defensa de los derechos económicos, sociales y c
ulturales, c
onocidos por el acrónimo DESC por los expertos.
No entraremos a valorar posiciones, programas o proyectos políticos. Tenemos c
laro c
uál es nuestro papel, c
uyos límites son los ámbitos de discrecionalidad política, en los que las instituciones políticas adoptan las decisiones normativas o administrativas que entienden son más c
orrectas de c
onformidad c
on sus planteamientos ideológicos y políticos. Ahora bien, las democracias actuales más avanzadas, c
onstituidas c
omo Estado social y democrático de Derecho, están dotadas de unos ordenamientos jurídicos c
omplejos uno de c
uyos pilares más importantes es el sistema de derechos. En lo que c
oncierne a la C
omunidad Autónoma del País Vasco, el nivel superior de dicho ordenamiento está c
ompuesto por la C
onstitución española, a la que, por mor de sus artículos 10.2 y 96, hay que añadirle los c
onvenios y tratados internacionales y europeos que España ha suscrito, así c
omo los tratados de la Unión Europea. Asimismo, hay que sumarle el Estatuto de Autonomía de Euskadi, que, si bien deriva de la C
onstitución, c
onforma c
on esta el denominado Bloque de C
onstitucionalidad.
Pues bien, los derechos sociales son derechos humanos, son derechos protegidos por las normas jurídicas anteriormente c
itadas, de suerte que su c
ontenido nuclear resulta indisponible hasta para el propio Parlamento. Según las reglas del juego establecidas, es al Tribunal C
onstitucional a quien c
orresponde determinar, c
on sentencias que tienen la fuerza de obligar, el c
ontenido de dicho c
ontenido nuclear. Pero también habremos de acatar las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea radicada en Luxemburgo o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos c
on sede en Estrasburgo.
Pero España también ha de atender a las determinaciones del C
omité de Derechos Económicos, Sociales y C
ulturales de Naciones Unidas por haber ratificado en 1977 el Pacto Internacional de los c
itados derechos. En 2010, España se c
onvirtió en el tercer país del mundo y primer europeo en ratificar el Protocolo Facultativo de dicho Pacto que, c
uando entre en vigor, permitirá la interposición de quejas individuales frente a la vulneración de c
ualquier derecho socioeconómico. En mayo de 2012, el C
omité de Derechos Económicos, Sociales y C
ulturales analizó el c
umplimiento por parte de España de lo dispuesto en esas normas internacionales. Una veintena de ONG españolas denunciaron, en el c
urso de ese examen, ante dicho C
omité el recorte de derechos sociales que está habiendo; fueron especialmente c
ríticas c
on la retirada de la tarjeta sanitaria a las personas inmigrantes que están en una situación administrativa irregular.
Las Defensorías del Pueblo, según el modelo establecido en el artículo 54 de la C
onstitución española, que ha sido seguido por una gran mayoría de países latinoamericanos que han c
reado una figura similar, tenemos asignado el c
ometido principal de analizar las quejas de la c
iudadanía ante actuaciones de la Administración, y resolverlas de c
onformidad c
on la ley, c
on una protección avanzada de los derechos c
iudadanos y c
on el principio de la buena administración c
orrigiendo supuestos de mala praxis. Pero también nos c
orresponde, según el c
itado modelo, evaluar e impulsar políticas públicas y promover la c
ultura de respeto a los derechos humanos, entre los que se encuentran c
laramente los DESC en general y los derechos sociales en particular.
Nuestra óptica ha de ser, obligadamente, suprapartidista e interpartidista lo c
ual, en la c
oyuntura que estamos viviendo, lejos de c
onstituir una limitación severa que c
onstriñe nuestras posibilidades de pronunciarnos sobre la c
risis y sus c
onsecuencias, aporta el valor añadido, c
on respecto a los numerosos análisis que se están haciendo, de poner el énfasis en los valores y en los principios que podrían c
imentar las bases de la salida a la maldita c
risis, bases que sería deseable se c
onstruyesen c
on el método de buscar amplios acuerdos transversales en los que participasen partidos políticos, instituciones y agentes y organizaciones sociales, porque los retos a los que nos enfrentamos son de dimensiones gigantescas, porque el esfuerzo c
olectivo que hay que realizar es enorme y duradero en el tiempo y porque se está gestando el nacimiento de una nueva era que afectará radicalmente a las sociedades europeas y es importante que todos participemos en su c
reación.
Seguidamente expondré la aportación del Ararteko a estas Jornadas, elaborada según los parámetros antedichos, que se estructurará en tres grandes apartados: a) Ante la C
risis más regulación del sistema financiero; b) Ante la C
risis más Europa; c
) ante la C
risis más Estado social y más derechos sociales.
La c
risis que estamos viviendo tiene su origen en las tremendas fallas que tenía –y sigue teniendo– el sistema financiero mundial, que provocaron un fortísimo terremoto en Estados Unidos en septiembre de 2008, al que han seguido otros de gran intensidad en la Unión Europea y en la Zona Euro en general, así c
omo de modo especial en algunos países c
omo España.
Las instituciones de defensa de los derechos humanos no podemos ignorar lo que acontece en el sistema financiero y abstenernos de intentar c
omprender lo que sucede porque resulta evidente a estas alturas que el modo en que evolucione el sistema financiero influirá de forma determinante en la c
onfiguración práctica y el ejercicio de los derechos sociales. De manera que la defensa del Estado social o de bienestar y de los derechos sociales nos demanda a las defensorías del pueblo hacer un esfuerzo para documentarnos acerca de las c
laves de la c
risis financiero-económica así c
omo sobre las propuestas y soluciones que resulten más favorables para el mantenimiento y sostenibilidad de los derechos sociales.
I.1. El origen más inmediato. Las fallas y las vergüenzas del sistema financiero al descubierto
En septiembre de 2008 quiebra en EE. UU. la banca de inversiones Lehman Brothers porque el c
astillo de naipes especulativo basado en las hipotecas “subprime” o hipotecas basura asociadas a la burbuja inmobiliaria se derrumba. Dos grandes c
ompañías, Freddie Mac y Fannie Mae, que gestionan más de la mitad de los c
réditos hipotecarios de EE. UU. son intervenidos por el Gobierno Federal. También tuvo que intervenir el Gobierno norteamericano, para evitar su quiebra, a la aseguradora AIG, líder mundial en el negocio de seguros y servicios financieros. El pánico se desata en el mundo financiero y la quiebra amenaza a muchas entidades de c
rédito o de seguros. El fantasma del c
rack financiero de 1929 sobrevuela a los países más desarrollados. Solo la acción decidida de los Gobiernos y de los Bancos públicos c
entrales evita la quiebra en c
adena de bancos y entidades financieras y aseguradoras a base de inyectar c
antidades astronómicas de dinero en el tejido financiero formado por grandes entidades y c
ompañías privadas. Si bien la mayor parte de ese dinero se c
oncede c
omo c
réditos, es seguro, aunque la c
antidad no se pueda c
alcular y nunca se sabrá, que la operación de salvamento del sistema financiero privado c
ostará a las arcas públicas y a los bancos c
entrales públicos de los países afectados sumas muy elevadas de dinero sin que ningún responsable del desastre haya asumido ninguna responsabilidad legal o ética (solo el financiero estadounidense Bernard Madoff ha sido c
ondenado a una pena de c
árcel porque engañó y estafó a varios multimillonarios; solo en Islandia se han abierto numerosos procesos judiciales c
ontra responsables financieros y políticos de la quiebra financiera).
El estallido dramático de la c
risis financiera nos ha permitido poner el foco en las tripas del sistema financiero, que se ha c
onvertido en el pilar más importante de la economía mundial. Según datos de la OCDE, el valor total de los derivados financieros en el mundo en 2010 alcanzó la c
ifra de 605 billones de dólares, lo c
ual representa 10 veces el PIB mundial. El experto Pedro Luis Uriarte c
alcula que el año pasado el valor de esos derivados llegó a 700 billones de dólares.
El tráfico de los derivados financieros está prácticamente libre de impuestos y no aporta nada a la economía real ni a las arcas públicas. Merced a la globalización y a la rapidez de movimientos que les permite internet y en general las tecnologías de información y c
omunicación (TIC) escapan fácilmente a las débiles regulaciones y normas nacionales y se mueven a sus anchas en la esfera internacional, en la que no existen prácticamente normas reguladoras, y operan desde los paraísos fiscales. El poder y la c
apacidad de influencia de los multimillonarios, de la banca de inversión y de los gestores de los fondos de inversión son inmensos y han c
onseguido c
ortocircuitar toda iniciativa reguladora. Las declaraciones del G-8, del G-20, de la Unión Europea, del presidente Obama etc. han quedado en agua de borrajas. La solemne propuesta de refundar el c
apitalismo que formuló el expresidente Sarkozy se la llevó el viento. La propuesta de la c
anciller Merkel de gravar las transacciones financieras supranacionales se estrelló c
ontra los intereses de la C
ity londinense.
La c
rónica que firmaba el 29 de enero de 2011 el periodista C
laudi Pérez desde Davos, donde se c
elebraba el famoso encuentro anual de los poderosos, era muy esclarecedora sobre lo que está pasando, al tiempo que preocupante. Después de poner de manifiesto la desfachatez de algunos responsables del c
ataclismo financiero, asiduos de Davos, que no habían pedido disculpas por su c
atastrófica gestión y en algún c
aso se habían retirado c
on pensiones astronómicas, la c
rónica daba c
uenta de que los máximos dirigentes de los grandes bancos del mundo (Golman Sachs, JP Morgan, UBS y C
itigroup) presionaban en c
ontra de una regulación eficaz de sus transacciones internacionales y advertían que ello traería c
onsigo la restricción del c
rédito y el surgimiento de entidades opacas. Uno de esos dirigentes, Jamie Dimon, –decía la c
rónica– se enfrentó al presidente francés Sarkozy, quien, en c
onsonancia c
on lo hablado c
on la c
anciller Merkel, había propuesto imponer una tasa a las transacciones financieras. Es evidente que los banqueros se han impuesto a los políticos, que no han c
onseguido hasta la fecha que las propuestas sobre una regulación en serio, que han sido debatidas en las c
umbres del G-20 (Londres, Pittsburgh, Toronto…), hayan prosperado. La c
rónica finalizaba recogiendo unas declaraciones de Simon Johnson, ex economista jefe del FMI: “es una tristísima ironía que los bancos que han recibido el rescate c
on dinero público más generoso de la historia desvíen la atención c
on desinformaciones interesadas hacia los problemas c
on la deuda pública que han c
ontribuido a c
rear. La proliferación de bancos que no eran bancos, el uso omnipresente de derivados más c
on el fin de incrementar que de limitar el riesgo, el uso de vehículos fuera de balance y en general toda esa c
ultura de c
asino fue c
onsecuencia de la desregulación. Resulta sencillamente increíble que de nuevo los banqueros quieran saltarse directamente las reglas, o eviten que la necesaria regulación e imponga”.
La C
onferencia de las Naciones Unidas sobre C
omercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) c
oncluyó que la llamada tasa Tobin (gravando al 0,1% solo las operaciones de c
ompraventa entre divisas) permitiría recaudar 720.000 millones de dólares al año. Mil economistas de 53 países firmaron en abril del año pasado una c
arta dirigida a los ministros de Economía de los países del G-20 pidiendo que se aplicase una tasa del 0,05% a las transacciones financieras (no solo a las de los mercados de divisas), lo c
ual permitiría recaudar c
ientos de miles de millones de euros al año que se destinarían, según la misiva, a c
ombatir la pobreza, las desigualdades sociales y el c
ambio c
limático en el mundo.
Los mercados financieros, sin embargo, escapan a c
ualquier c
ontrol; han evitado hasta ahora que se les imponga c
ontrol alguno y c
onsiguieron, incluso que los poderes públicos no tuviesen información precisa sobre el funcionamiento de esos mercados y sobre los productos que manejaban. Según el experto economista y exbanquero Pedro Luis Uriarte “ni el Fondo Monetario Internacional, en lo que se refiere a la economía global, ni los grandes bancos emisores (Reserva Federal de EE. UU., Banco C
entral Europeo etc.) ni los supervisores locales, c
omo el Banco de España, ni los distintos Gobiernos, todos ellos dotados de poderosos departamentos de análisis económico, supieron detectar la c
risis. Y la razón de que esto se haya producido es que en el origen de la c
risis había poco o nulo c
onocimiento del tipo de operaciones y de productos que se estaban vendiendo por el sistema financiero americano, y luego europeo”.
Así, descubrimos c
on estupefacción que existían las anteriormente mencionadas hipotecas “subprime” o hipotecas basura, c
oncedidas en c
ondiciones de altísimo riesgo por la situación económica de los prestatarios (riesgo que aparentemente c
ubría un seguro). Ambos productos financieros, el préstamo y el seguro, se c
onvertían en mercancía de c
ompraventa en los mercados financieros; c
uando estalló la c
risis fueron c
alificados c
omo productos tóxicos. Descubrimos también que existían los “hedge funds” o fondos de alto riesgo que, c
omo en un gigantesco c
asino, hacían apuestas c
on grandes sumas de dinero valiéndose de información privilegiada y del tráfico de influencias (ha sido noticia de c
omienzos de febrero de este año que estos fondos habían apostado 2.400 millones de euros a favor de la c
aída de determinados valores de la Bolsa española y habían presionado, obviamente, en ese sentido). Descubrimos, asimismo, que existían los C
DS (“credit default swaps”), unas “armas financieras de destrucción masiva”, c
omo las bautizó en 2002 el financiero norteamericano Warren Buffet. Estos seguros c
ubren el impago de c
ualquier c
ontrato y pueden formalizarse sin que el c
omprador posea la deuda. C
on los C
DS se ha hecho y se sigue haciendo especulación salvaje, para apostar c
ontra la posibilidad de un impago; se ha utilizado, según diversos analistas, a mansalva c
ontra Grecia. Buffet los definió c
omo lo hizo porque no se sabe dónde se ocultan; según el experto John Lanchester se acuerdan entre operadores, sin intermediarios, fuera de las Bolsas, fuera de balance, c
arecen de registro c
entral, no los c
ontrola ningún organismo pero están en todas partes, dispersos por el sistema financiero mundial c
on una gran c
apacidad de desestabilizar el sistema en su c
onjunto o un país en c
oncreto, en c
aso de un gran ataque especulativo. Según el analista Xavier Vidal-Folch, AIG era el mayor agente de C
DS. “Operaba estos seguros sobre paquetes de hipotecas basura o de otros activos (CDO) también c
on frecuencia basura. Hasta que el pánico post-Lehman ahuyentó a los c
lientes. Y el Estado hubo de saltar a su rescate en varias fases, por un c
oste de 173.000 millones de dólares”.
Descubrimos también el inmenso poder que ejercen las agencias privadas de c
alificación o de rating, ese trío temible formado por Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch. Sus notas y valoraciones sobre la solvencia y el nivel de riesgo de las deudas soberanas de los países y de la situación de los bancos suelen ser, c
omo es bien sabido a estas alturas, determinantes para que suban o bajen la prima de riesgo o el valor de las acciones bursátiles. Los mercados financieros, en definitiva, se guían por sus c
alificaciones aun c
uando su rigor profesional y la c
alidad de sus informes hayan quedado en entredicho en varias ocasiones. De entrada, c
abe decir que no hicieron ninguna predicción sobre el desastre financiero que se avecinaba antes de los primeros síntomas del mismo en 2007 y su estallido en septiembre de 2008. El regulador bursátil de EE. UU., el SEC, detectó en un informe publicado en septiembre de 2011 graves fallos de las c
itadas agencias en la metodología de análisis, así c
omo en el manejo de los c
onflictos de intereses que les afectan. Fue noticia, por otra parte, que el Gobierno de EE. UU. estaba investigando a Standar & Poor’s por la c
alificación errónea que dio a un fondo de inversiones (Delphinus) que tenía 1.600 millones de dólares en inversiones de deuda hipotecaria de dudosa c
alidad.
El vicepresidente de la C
omisión Europea, Antonio Tajani, denunció públicamente en enero de este año que las agencias de rating trabajaban a favor del dólar y en c
ontra del euro y las acusó de “chantajistas” porque habían realizado actuaciones negativas para determinadas deudas soberanas europeas poco antes de que el C
onsejo de la UE examinara la posibilidad de aprobar una tasa a las transacciones financieras. El exvicepresidente de la agencia Moody’s declaró a la C
omisión Federal de EE. UU. encargada de analizar las c
ausas de la c
risis financiera que el objetivo principal de la agencia era satisfacer el interés de los c
lientes que financian los estudios que realiza y no la objetividad de estos.
Pese a todo ello, las c
itadas agencias siguen actuando c
omo si nada. No se avizora en el horizonte próximo la c
reación de una agencia pública europea de c
alificación aunque diferentes líderes europeos hayan abogado por ello. C
abe, además subrayar que las agencias de rating no se limitan a hacer estudios de c
alificación de riesgos sino que hacen también valoraciones políticas o formulan propuestas de política económica. Tras las últimas elecciones generales en España, la agencia Fitch emitió un c
omunicado señalando que el resultado de las mismas “ofrece una ventana de oportunidad” y pedía al presidente electo que “sorprenda positivamente a los inversores c
on un ambicioso y radical programa de reformas estructurales y fiscales”. La agencia S & P, por su parte, en un c
omunicado fechado el 14 de octubre de 2011 en el que bajaba la nota de la deuda española, c
alificaba la reforma laboral aprobada recientemente c
omo incompleta.
En medio de la terrible c
risis financiera, en que los responsables y gestores del amplio y diverso sistema financiero guardaban silencio, saltó una bomba informativa: la BBC británica emitió la entrevista c
on un supuesto trader en la C
ity londinense, Alessio Rastani, quien hizo predicciones apocalípticas y dejó al descubierto su c
atadura moral: “tengo que c
onfesar que me voy a la c
ama c
ada noche soñando c
on una nueva recesión (…) c
uando el euro se hunde, c
uando el mercado se hunde, si sabes lo que tienes que hacer puedes ganar un montón de dinero”. Posteriormente se c
onfirmó que Rastani no era un inversor profesional, pero sus declaraciones ya habían dado la vuelta al mundo. Días después, Josef Ajram, intermediario financiero que c
onfesó tiempo atrás que había ganado mucho dinero c
on las técnicas especulativas al uso en los mercados financieros, afirmó rotundamente que la banca de inversión domina a los políticos; señaló el peligro que suponen los C
DS, los seguros de riesgo de impago a los que antes nos hemos referido, seguros que, según él fueron c
reados por el banco JP Morgan en 1992 y que se utilizan para meter miedo a los gobiernos para que reaccionen en la dirección favorable a los intereses de los inversores. Denunció, asimismo, otra práctica financiera c
on una gran c
apacidad de desestabilización: las llamadas ventas a la baja, que c
onsiste en vender productos financieros sin tener la propiedad sobre ellos c
on el objetivo de presionar a la baja su valor; señalaba que c
uatro c
ompañías españolas tenían acciones vendidas por un valor de 2.600 millones de euros sin haberlas c
omprado previamente. Estas operaciones fueron prohibidas en algunos países europeos pero sorprendentemente se levantó la prohibición al c
abo de unos meses.
Este año, en marzo, se produjo otro bombazo informativo: Greg Smith, un directivo de nivel medio de Goldman Sach, abandonó su puesto de trabajo por razones éticas porque, según declaró en un artículo publicado en The New York Times, el banco se había alejado de sus valores tradicionales y su único objetivo era acrecentar sus beneficios a toda c
osta engañando y timando muchas veces a sus c
lientes.
El dinero y la riqueza se han ido c
oncentrando en las últimas décadas en un porcentaje c
ada vez menor de la población; estas personas no tienen ninguna dificultad para evadir c
apitales c
on el objeto de evitar el pago de impuestos y depositarlos en c
uentas de los paraísos fiscales o de bancos suizos, desde donde hacen mover su dinero en los mercados financieros globalizados buscando la máxima rentabilidad. El profesor George Irvin, c
atedrático de economía política de la Universidad de Londres c
alcula que el 1% de la población posee el 50% de la riqueza en Gran Bretaña y, asimismo, c
alcula que la evasión fiscal representa un 7% del PIB del país, evasión que se haría a través de las entidades financieras de la C
ity que harían llegar el dinero principalmente a los paraísos fiscales de las Islas C
aimanes, Bermudas o Gibraltar. Es una opinión ampliamente extendida entre los expertos que ambos fenómenos (la c
oncentración de la riqueza y la evasión fiscal) se producen, en proporciones no muy desiguales, en EE. UU. y en los países de la UE.
I.2. El problema principal no es la deuda soberana
En otro esclarecedor artículo titulado “Nos engañan c
omo a c
hinos” publicado en octubre de 2010, el periodista y analista Xavier Vidal-Folch desmentía c
on datos que el problema de los bancos europeos fuesen los riesgos asociados a la deuda soberana de los Estados. El verdadero problema son los activos financieros tóxicos que poseen los bancos que suman c
antidades exorbitantes. “Son sobre todo los remanentes de las hipotecas-basura titulizadas, otras deudas incobrables enmascaradas en C
DO, y en España el exceso de c
rédito inmobiliario imprudente los c
ulpables de la debilidad bancaria europea”. Añadía el c
itado periodista: “Por eso es todavía más escandaloso que la UE, intoxicada por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), c
on sede en Londres, apruebe recortar el valor de los bonos públicos en manos bancarias hasta su precio de mercado y, en c
ambio, no imponga revisar los activos privados tóxicos y diezmar su precio hasta el real”.
En España, en c
ualquier c
aso, donde, c
omo c
onsecuencia del pinchazo de la gigantesca burbuja inmobiliaria, que se había erigido en el motor principal del c
recimiento –artificial– de la economía española, muchos bancos y c
ajas acumulan c
uantiosos inmuebles y solares sobrevalorados e hipotecas basura, a raíz de la intervención de Bankia va a resultar inaplazable e inevitable dar un valor real a esos activos.
El c
uasi-crash del sistema financiero ha afectado, c
omo es bien sabido, a la economía productiva, al empleo, a la deuda soberana o pública de los Estados y a los derechos sociales. Ahora bien, debe subrayarse la gran habilidad que han tenido los responsables del desastre para quitarse el foco de los medios de c
omunicación y de la opinión pública de encima y trasladarlo a las deudas soberanas, c
omo si fuesen estas las responsables de la c
risis. El problema que tienen dichas deudas públicas no es tanto su c
uantía, c
omo veremos más adelante, sino los problemas de financiación que está habiendo por la situación del sistema financiero.
El sistema financiero se c
onstruyó sobre la base de una enorme interdependencia entre diferentes entidades financieras –sobre todo bancos– que se prestaban dinero entre sí. C
omo c
onsecuencia de ello, la gran parte del dinero disponible está en manos de unos pocos multimillonarios y de entidades de gestión de fondos de inversión que, ante la situación de incertidumbre e inseguridad, han buscado refugio seguro en paraísos fiscales, en la banca suiza o en valores seguros c
omo los bonos alemanes. Muchos bancos han prestado dinero que no tenían pidiendo prestado a otros bancos. Se c
alcula que los bancos alemanes tienen 146.000 millones de euros expuestos en España y que la banca norteamericana, por su parte, está expuesta a la europea en medio billón de euros. El c
uasi-crash de septiembre de 2008 tuvo el efecto de que el flujo en el tejido financiero se paralizó en algunas zonas del sistema por la enorme inseguridad y desconfianza que generó la situación: nadie se fiaba de nadie porque las c
uentas de las entidades privadas (así c
omo las de algunos Estados a raíz de la c
risis griega) perdieron seguridad.
Las exigencias y las presiones de los inversores se incrementaron notablemente, sobre todo c
on respecto a aquellos países c
on deudas elevadas o que generaban dudas sobre su c
apacidad de pago. España ha sido y sigue siendo uno de los países más afectados. Pero, en c
ontra de una c
reencia muy extendida, no por la c
uantía de su deuda pública. Según datos oficiales de Eurostat, a 31 de diciembre de 2011 España (la suma de todas sus administraciones públicas) tenía una deuda pública equivalente al 68,5% de su PIB (Alemania el 81,2%, Francia el 85,8%, Reino Unido el 85,7% e Italia el 120,1%). Sin embargo, la deuda privada es descomunal, c
erca del 320% del PIB, una de las más elevadas del mundo; se c
alcula que las entidades financieras tienen deudas por importe del 102% del PIB, las empresas no financieras del 134% y las familias y particulares el equivalente a un 82% del PIB. Según el c
atedrático Santiago Niño-Becerra, el c
recimiento económico español en las últimas décadas ha estado basado en el endeudamiento privado: “La deuda privada española fue escalando posiciones hasta c
uadruplicarse en doce años. Ese y no otro fue el milagro español: el endeudamiento”.
El sistema financiero saldrá a flote, de una manera u otra, pero el funcionamiento del mismo sufrirá c
ambios profundos que, según los analistas, no son fáciles de predecir.
I.3. La necesidad imperiosa de una regulación rigurosa del sistema financiero
Existe, sin embargo, una amplia c
oincidencia en la necesidad de una regulación del sistema financiero, una regulación en serio, eficaz y rigurosa puesto que el status quo actual se c
aracteriza por la existencia de pocas y débiles normas internacionales y por un proceso de desregulación en las últimas décadas por lo que respecta a algunos países importantes, sobre todo EE. UU.
Si no se toman medidas eficaces en el futuro próximo, es muy probable que haya más c
risis agudas, c
on el agravante de que los poderes públicos no tendrán recursos para hacer frente a los mismos y que en c
onsecuencia las fallas no resueltas del sistema financiero pueden traer c
onsigo la destrucción, entre otras c
osas, del Estado social o de bienestar.
Hay un alto grado de c
oincidencia en reclamar, c
omo decíamos, una regulación del tráfico financiero internacional, de las transacciones de los activos y productos financieros, c
on el objeto de disciplinarlo y erradicar las prácticas basadas en la pura especulación que resultan tan peligrosas para el propio sistema financiero y para las empresas de la economía productiva y los Estados. Sería deseable que se prohibiesen algunos productos financieros altamente peligrosos, c
omo los C
DS, así c
omo los paraísos fiscales, y que se impusiese una tasa a las transacciones financieras.
Asimismo, habría que limitar el poder de las agencias de c
alificación. Es justamente lo que pedía en un artículo publicado el 2 de enero de este año Jean-Michel Naulot, miembro de la Autoridad francesa de los Mercados Financieros (AMF). Proponía, entre otras c
osas, que en relación c
on la c
alificación del riesgo de las deudas soberanas, tarea que tiene implicaciones sistémicas, sean los equipos de análisis del Fondo Monetario Internacional los que tengan reservada esa c
ompetencia para garantizar la independencia de las valoraciones del riesgo.
El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz decía en un reciente artículo que “el factor evidente que precipitó la c
risis fue la imprudencia imperdonable del sector financiero, sumada a la insensatez de una desregulación que le dio rienda suelta. La herencia que nos dejó (excedente en el sector inmobiliario y hogares demasiado endeudados) dificulta todavía más la recuperación”. Y apunta vías de solución para salir de la actual situación: “hacen falta sólidos programas de gasto público que apunten a facilitar la reestructuración, promover el ahorro energético y reducir la desigualdad; y junto c
on esto, una reforma del sistema financiero internacional que c
ree alternativas a la acumulación de reservas”.
Las posibilidades de que se produzca algún c
ambio en el escenario internacional son, sin embargo, muy reducidas. Los intereses de los diferentes países que c
omponen el G-8 y el G-20 son muy divergentes, los paraísos fiscales tienen padrinos muy poderosos y las grandes c
orporaciones, sobre todo las financieras, ejercen una poderosísima presión, c
on notable éxito hasta la fecha, para que todo siga igual.
En el marco de la Unión Europea, en c
ambio, podría haber posibilidades de que se adoptasen decisiones en la buena dirección, en la dirección adecuada para salvar el Estado social.
La Unión Europea, más en c
oncreto la Eurozona, c
ompuesta por 17 de los 27 países que c
onforman la Unión, está siendo protagonista de una gran tragedia griega. Está por ver quién o quiénes van a ser los héroes c
aídos (el euro, la UE, la propia Grecia y algún otro país…). Todos esperamos c
on ansiedad la aparición de un poderoso Deus ex machina que resuelva satisfactoriamente el embrollo en el que estamos metidos.
En octubre de 2009, el nuevo gobierno socialista encabezado por Papandreu anuncia que los datos de déficit y deuda pública del país son muy superiores a los que había dado el anterior gobierno c
onservador. El banco Goldman Sach había asesorado al anterior gobierno para habilitar vías de financiación que no fuesen c
ontabilizados en las c
ifras del déficit y la deuda. Ni las agencias de c
alificación ni las autoridades de Bruselas habían detectado lo que estaba pasando, y c
uando Papandreu desveló que el déficit presupuestario era porcentualmente del 12,7% y que la deuda pública ascendía al 113,4% del PIB se produjo una auténtica c
onvulsión en la UE. A la Unión y a sus países les había afectado ya el estallido de la c
risis financiera y los gobiernos y los bancos c
entrales habían empezado ya a intervenir.
Algunos medios anglosajones habían acuñado el término PIGS para referirse a los c
uatro países del sur de Europa (PIIGS en algunos c
asos si se incluye a Irlanda), señalando que el estado de sus c
uentas públicas era malo e inestable, y su situación económica estaba llena de incertidumbres. La impresión que tienen muchos analistas es que el miedo y la desconfianza se instalaron en el ánimo de los dirigentes de los países más importantes de la UE y de las instituciones de la Unión. Ello trae c
onsigo el debilitamiento del espíritu europeísta y de las instituciones c
omunitarias, y el reforzamiento de los gobiernos y de los intereses de los países miembros de la Unión. En este c
ontexto, destaca el hiperliderazgo de la c
anciller alemana Merkel y del presidente francés Sarkozy, quienes c
elebran c
umbres bilaterales antes de las reuniones de la C
omisión Europea, del Eurogrupo o del Ecofin, que asumen las decisiones previamente acordadas por Merkozy. Una opinión c
ompartida por muchos analistas es que en las decisiones de los c
itados dirigentes priman los intereses nacionales, y que la búsqueda del denominador c
omún de los intereses de los 27 países de la Unión y la defensa de c
ualquier proyecto europeo y europeísta quedan relegados c
uando no subsumidos en una suerte de “sálvese quien pueda” en c
lave nacional.
Lo c
ierto es que la c
risis ha puesto de manifiesto los grandes déficits y las grandes dificultades de la c
onstrucción europea y, al mismo tiempo, ha evidenciado que la Unión Europea ha de trabajar unida para salir de la situación actual porque hay una c
oincidencia muy amplia y generalizada en el sentido de que fuera de la Unión no hay salvación y de que, guste más o guste menos, los intereses de todos los países que la c
onforman se hallan ya irremediablemente entrelazados de manera que la c
aída o la quiebra de un país arrastrará la de otros o al menos ocasionará graves perjuicios a los demás.
Numerosos expertos, de entre los que destaca el Nobel de Economía Paul Krugman, han señalado que el euro se diseñó mal y que sus deficiencias explicarían en parte las especificidades de la c
risis que se dan en la Eurozona. Muchos de esos expertos abogan por una unión fiscal y por un reforzamiento notable de la política presupuestaria c
omún de la UE.
Una pieza fundamental en la arquitectura de la Eurozona y en la situación que se está viviendo es el Banco C
entral Europeo. Diseñado a imagen y semejanza del Bundesbank, su c
ometido principal en la gestión de la política monetaria del euro es el c
ontrol de la inflación. Tiene prohibido, por los tratados de la Unión y por su Reglamento, prestar directamente dinero a las administraciones públicas, a diferencia de la Reserva Federal de EE. UU. o el Banco de Inglaterra, que sí pueden actuar c
omo prestamistas de última instancia.
A c
omienzos de año, el ex primer ministro francés Michel Rocard y el economista Pierre Larrouturou publicaban en el principal diario francés un artículo titulado “¿Por qué es necesario que los Estados paguen 600 veces más que los bancos?” (reproducido días más tarde en un periódico español bajo el título “Una Europa al servicio de los c
iudadanos”). En dicho artículo daban c
uenta de que la Reserva Federal de EE. UU. prestó la c
antidad de 1.200 billones de dólares a bancos en dificultades a un interés de 0,01%. Partiendo de la c
onstatación de que los gastos financieros están ahogando a las economías de muchos países o les obstaculiza o impide el c
recimiento y que están recortando el gasto público, proponen que el Banco C
entral Europeo posibilite refinanciar la deuda vieja de los países de la Eurozona c
on tasas de interés próximas al 0%. Esto podría hacerse sin modificar los tratados ni el reglamento del c
itado Banco puesto que permiten que este pueda prestar sin límite alguno a los organismos públicos de c
rédito. En c
onsecuencia, Rocard y Larrouturou proponen que el BCE preste el dinero que sea necesario al Banco Europeo de Inversiones (BEI) o a la C
aja de Depósitos al interés de 0,01% de manera que estos, a su vez, puedan prestar a los Estados miembros al 0,02% de interés. Al mismo tiempo subrayan la necesidad de c
onstruir una Europa política, “capaz de actuar en este mundo globalizado; una Europa realmente democrática, c
omo propusieran ya Wolfgang Schäube (actual ministro federal de Finanzas de Alemania) y Karl Lamers en 1994 o Joschka Fisher en 2000. Necesitamos un tratado de c
onvergencia social y una gobernanza económica real”.
Resulta escandaloso, en c
ualquier c
aso, que el Banco C
entral Europeo, que es un banco público que debe estar al servicio de los c
iudadanos y c
iudadanas de la Eurozona, haya prestado c
asi un billón de euros a los bancos desde octubre del año pasado a un interés del 1% para que estos c
ompren en los mercados bonos de deuda soberana a los Estados, exigiéndoles un interés bastante superior, dependiendo de la famosa “prima de riesgo” de c
ada país, de manera que Grecia, Italia, España, Portugal o Irlanda tienen que pagar para refinanciar su deuda pública unos intereses superiores al 5%, destinando recursos presupuestarios absolutamente necesarios para el gasto social a gastos financieros que van a alimentar los beneficios privados de los bancos (o van a aminorar su deuda). La c
iudadanía no puede entender esto porque escapa a toda lógica. ¿Por qué no se debate y se aprueba inmediatamente la propuesta de Rocard y Larrouturou? ¿O, si no, por qué no se debate un c
ambio de estatuto del Banco C
entral Europeo que le permita actuar c
omo la Reserva Federal de EE. UU.?
Resulta significativa la oposición radical de los dirigentes políticos y financieros de Alemania a c
ualquier medida que suponga c
omunitarizar las deudas públicas de los países de la Eurozona (emitiendo eurobonos, por ejemplo), modificar el papel del BCE o activar otros mecanismos financieros que den una solución c
abal y definitiva al problema de las deudas soberanas. El presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, mostró su monumental enfado c
uando el BCE decidió c
omprar, empleando fórmulas técnicas que le permitieran sortear la prohibición a la que nos hemos referido, deuda soberana de Italia y España, c
uando los mercados financieros atacaban a los c
itados países c
on intención de obtener pingües beneficios especulando c
on sus bonos. Recientemente c
riticó las propuestas del presidente electo de Francia, François Hollande, en relación c
on el BCE y la política financiera de la Unión, antes de su toma de posesión y de su reunión c
on la c
anciller Merkel, saltándose las elementales normas de c
ortesía y enturbiando las c
onversaciones previas a dicha reunión.
Los presidentes del Banco C
entral Europeo, antes Trichet y ahora Draghi, han hecho actuaciones o realizado declaraciones que van más allá de sus c
ometidos estrictos y entran de lleno en la política económica de los países de la Eurozona. Fue muy c
omentada la c
arta que Trichet dirigió en agosto del pasado año (el c
ontenido de la c
arta lo filtró uno de los más importantes diarios italianos) al Gobierno italiano en el que le exigía una reforma c
onstitucional c
omo la que poco antes se había aprobado en España, blindando en la C
arta Magna el déficit c
ero, a c
ambio de ayudarle en el mercado de la deuda. La c
arta (se tenía la seguridad de que había enviado otra similar al presidente Zapatero, aunque no se hizo público el c
ontenido de esta última) c
ontenía toda una batería de propuestas de c
orte ultraliberal c
on el objeto de reducir drásticamente el gasto público de Italia y de modificar en detrimento de los trabajadores las leyes laborales: liberalizar los servicios públicos, reformar la negociación c
olectiva, reformar las leyes de c
ontratación y despido, reforma del sistema de pensiones, reducción del salario de los funcionarios, reducir el gasto público de las regiones italianas, planteándose la supresión de las provincias, la reforma c
onstitucional para endurecer las reglas fiscales, y aprobar las medidas por decreto-ley para que entren en vigor c
uanto antes.
II.2. El proyecto europeo necesita objetivos, dirección e impulso políticos
Obviamente, los intereses económicos estuvieron presentes c
uando en 1951 se c
onstituyó la C
omunidad Europea del C
arbón y del Acero y más tarde, en 1957, la C
omunidad Económica Europea mediante el Tratado de Roma. Pero es innegable, entre otras c
osas porque así se explicita en el referido tratado, que hubo un ideal muy fuerte que inspiró, motivó y les empujó a actuar a Konrad Adenauer, Jean Monnet, Robert Schuman, Alcide de Gasperi, Paul-Henri Spaak o Altiero Spinelli, c
onsiderados padres fundadores de las instituciones c
omunes europeas: c
errar las heridas de las dos trágicas guerras mundiales, c
rear un espacio c
omún europeo, no solo económico sino también c
ultural, emocional y de c
iudadanía, y c
onstituir un sujeto político c
olectivo fuerte en la escena internacional. Hubo, pues, un impulso político c
laro y debe ser el ideal político europeísta el que siga actuando c
omo motor de la c
onstrucción europea porque de lo c
ontrario la UE se diluirá en la c
onfrontación de los intereses de los diferentes Estados que la forman.
Los dos excancilleres más c
arismáticos de Alemania, Helmut Schmidt y Helmut Kohl, han c
riticado la política de Angela Merkel por no tener presente la dimensión europea y actuar en función exclusivamente de los intereses alemanes según la visión de su Gobierno. En un memorable discurso pronunciado en diciembre del año pasado en el c
ongreso del SPD, Helmut Schmidt, que tiene 92 años, expuso las siguientes ideas, según recogía en su c
rónica el periodista Rafael Poch: “La c
onfianza en Alemania se ha dañado (…). En lugar de la Europa de la solidaridad, se afirma un ‘espíritu nacional de matón alemán’, que olvida lo más esencial: que Alemania no tiene futuro yendo a la suya, ni siquiera pretendiendo ser ‘primus inter pares’ en Europa, c
omo sugieren hoy importantes sectores de la política y de la industria nacional. C
ualquier intento de afirmar una Europa alemana provocará una ‘inmediata reacción’ de los pueblos de Europa. En los últimos años han surgido dudas c
onsiderables sobre la c
onstancia de la política alemana. Si los alemanes nos dejáramos c
onvencer de que debemos exigir un papel de líder o por lo menos de ‘primus inter pares’, los demás países opondrían resistencia (…) Durante varias generaciones aún persistirá una desconfianza latente hacia Alemania entre todos nuestros vecinos (…) Por su pasado y su posición, el país no puede olvidar la ‘historia interminable de luchas entre la periferia y el c
entro’, especialmente c
uando una potencia intenta afirmarse c
omo dominante sobre las otras, y especialmente c
uando esa potencia es Alemania. El excanciller ha subrayado también que la c
risis solo se puede superar desde la unidad, y ha agregado que los excedentes de exportación de Alemania son en realidad el déficit de otros países europeos, al tiempo que ha llamado a la solidaridad c
on los vecinos. ‘No podemos propagar una extrema deflación, sin c
recimiento ningún Estado podrá sanear sus c
uentas’, ha dicho. ‘Necesitamos un c
orazón c
ompasivo para c
on nuestros vecinos y socios, y sobre todo c
on Grecia’, ha c
oncluido, entre atronadores aplausos c
on todo el público puesto en pie”.
Por otra parte, un grupo de 2.300 personalidades alemanas encabezadas por el filósofo Jürgen Habermas publicó recientemente un manifiesto para la “refundación de Europa”. El manifiesto recoge algunas ideas que el c
itado filósofo expuso en una c
onferencia dada en noviembre del año pasado en la Universidad Paris-Descartes, en la que abogó por una mayor unión política que tenga las c
ompetencias necesarias para armonizar las economías nacionales y supere los déficits de c
onstrucción que se hallan en el fondo de la actual unión monetaria. Habermas c
argó c
ontra la especulación financiera que está dañando a Europa y se mostró a favor de trabajar por una Europa más democrática que, superando las fronteras nacionales, haga valer la voluntad de los c
iudadanos europeos.
La gestión que las autoridades europeas han hecho de la c
risis griega no podía haber sido peor. Es hora de decir alto y c
laro por parte de quienes defendemos los derechos humanos que existe una c
orresponsabilidad por parte de los responsables políticos de la UE ante la situación de pobreza, hambre y angustia que vive una buena parte de la c
iudadanía griega.
En primer lugar, porque se sabía o se tenía que saber c
uál era el estado real de la economía y de las c
uentas públicas de Grecia c
uando ingresó en la Unión y después en la Zona Euro. No puede ser que c
uando el Gobierno de Papandreu desvela en octubre de 2009 las verdaderas c
ifras del déficit presupuestario y de la deuda pública de su país, lo c
ual llevaba implícito que el anterior gobierno c
onservador de Karamanlis había engañado a la C
omisión Europea, ni el Ejecutivo europeo, ni el C
onsejo, ni el c
omisario de Economía, ni el Ecofin, ni el Eurogrupo, ni el Banco C
entral Europeo, ni el FMI, ni las agencias de rating no tuviesen información previamente sobre esos números. Si lo sabían mal y si no lo sabían peor. En c
ualquier c
aso, el haber aceptado a Grecia en la UE y en la Eurozona c
onlleva necesariamente una c
orresponsabilidad en la gestión de la c
risis y en la resolución del problema. Insistimos: para la resolución del problema, no para su agravamiento.
Grecia representa el 2% del PIB europeo. La deuda pública a finales de 2009 ascendía a c
asi 300.000 millones de euros según datos del Eurostat. Según Rafael Pampillón, profesor del Instituto de Empresa (IE), buena parte de la deuda griega se debía a la banca francesa (73.000 millones de dólares, 2,6% del PIB francés) y a la alemana (38.000 millones, 1,1% del PIB alemán). Una acción decidida e inmediata de las autoridades de la Unión y del Banco C
entral Europeo, habilitando una línea de c
rédito a un interés bajo (el 1% legal establecido por el BCE, por ejemplo) e impulsando, junto c
on el Gobierno griego, una política económica que aunase disciplina presupuestaria c
on estímulos para garantizar la sostenibilidad económica habría encauzado el problema. Es c
ierto que los mercados habían puesto el foco ya en Portugal, Irlanda, España e Italia y que c
ualquier solución aplicada a Grecia habría sido reclamada para que fuese aplicada en los c
itados países. Pero no es menos c
ierto, en opinión de numerosos expertos, que una acción decidida y eficaz por parte de las autoridades de la Unión habría enviado un mensaje c
ontundente a los mercados, en el sentido de que los problemas de c
ualquier país de la Eurozona eran problemas c
ompartidos y asumidos por el c
onjunto de los países que la forman. Eso hubiese supuesto, seguramente, una reacción c
ontraria de la opinión pública de algunos países (Alemania, Finlandia, Holanda, etc.) pero es responsabilidad de las autoridades políticas adoptar a veces medidas impopulares y explicarlas c
on honestidad, altura de miras y visión histórica. En todo c
aso, es evidente que las decisiones adoptadas fueron equivocadas porque c
on el tiempo han agravado notablemente la situación.
Tras un proceso tormentoso y plagado de dificultades y desconfianzas, se aprueba en mayo de 2010 una ayuda económica a Grecia por importe de 110.000 millones de euros (80.000 la UE y 30.000 el FMI). La ayuda c
ubre algo más de la tercera parte de la deuda soberana, se c
oncede a un tipo de interés (al principio al 5%, pero se va ajustando a la baja –al 4,2%, 3,5%…– porque se c
onstata que incrementa notablemente los gastos financieros) superior al fijado por el BCE, y c
on un plazo c
orto de devolución y a c
ambio de exigir recortes draconianos en el gasto público y un aumento de impuestos que asfixian la economía griega. El resultado es bien c
onocido: los ingresos públicos han c
aído a plomo, ha aumentado el fraude fiscal y la evasión de c
apitales, también la economía sumergida, se han incrementado notablemente el paro y c
on ello las necesidades de gasto social... También han aumentado sustancialmente los gastos financieros, puesto que si elevado es el interés que la UE y el FMI le imponen a los préstamos c
oncedidos, es aún mayor el interés que Grecia tiene que pagar por c
olocar en el mercado los bonos que necesita para pagar la parte de la deuda que no c
ubren los c
itados préstamos y poder tener liquidez para poder hacer frente a las obligaciones de pago de las administraciones públicas: los bonos a diez años tienen que pagar un interés no menor al 7% al principio, c
ifra que va subiendo a medida que la c
risis se agudiza hasta llegar al 13% o más. El 31 de diciembre de 2011 la deuda pública griega, según datos del Eurostat, es de 355.000 millones de euros, es decir pese al préstamo c
oncedido y pese a los drásticos recortes de gasto público y social ha aumentado en estos dos últimos años.
El rescate aprobado en mayo de 2010 ha fracasado y se ha tenido que aprobar un segundo rescate o ayuda, que tras un c
omplejísimo y enrevesado proceso y tras una reunión de trece horas ve la luz el 21 de febrero de este año. El nuevo plan descansa en dos pilares: una nueva ayuda por importe de 130.000 millones de euros (a un interés esta vez de 1,5%) y una reducción en 107.000 millones de la deuda griega a base de c
anjear los bonos griegos que los inversores tienen en sus manos por otros nuevos c
on un 53,5% menos de valor nominal. La ejecución de este segundo plan está plagada de dificultades puesto que la materialización de la ayuda pública está supeditada a nuevos recortes y sacrificios, que los electores griegos han rechazado votando mayoritariamente en las recientes elecciones c
elebradas el 6 de mayo a favor de los partidos que se han opuesto a los mismos. Y por lo que respecta al c
anje de los bonos hay incógnitas sin despejar c
omo el efecto que tendrá esta quita en la activación de los C
DS o seguros de impago y las c
onsecuencias que ello acarrearía. Responsables de la llamada “troika” (técnicos de la C
omisión Europea, del BCE y del FMI) y algunos analistas han expresado, antes de que se ejecute el segundo plan de rescate, que aún está en el aire, que hará falta un segundo rescate puesto que la economía griega se halla en estado de c
oma y los ingresos fiscales c
ontinúan c
ayendo.
En Grecia, según denuncian varias ONG, hay familias c
on niños que están pasando hambre. La tasa de suicidios se ha disparado. Tuvo una gran repercusión mediática en toda Europa y supuso una c
onmoción social en Grecia el suicidio, el pasado 4 de abril, de un farmacéutico jubilado de 77 años, Dimitris C
hristoulas que se pegó un tiro en la c
abeza c
erca del Parlamento dejando una nota manuscrita en su bolsillo: “Soy jubilado. No puedo vivir en estas c
ondiciones. Me niego a buscar c
omida en la basura. Por eso he decidido poner fin a mi vida”. La periodista María Antonia Sánchez-Vallejo firmaba una c
rónica el 12 de mayo en Atenas en la que daba c
ifras escalofriantes: más de una tercera parte de la población está por debajo del umbral de pobreza, el 53% de los jóvenes está en paro y los hogares ingresan la mitad de dinero que en 2010. Sabido es que la xenofobia está aumentando espectacularmente en el país helénico y que un grupo abiertamente neonazi, que exigió a los periodistas que se levantasen para saludar a su líder en su primera c
omparecencia tras las elecciones, ha entrado en el Parlamento griego c
on un 6,92% de apoyo popular (426 mil votos).
La gran paradoja, en c
ualquier c
aso, es que Europa, la Unión Europea, está dejando que se hunda la c
una de la c
ivilización y de la c
ultura europea. El país de los padres de la filosofía europea y mundial, donde se inventó la democracia y la política, donde se establecieron los primeros principios importantes de muchas c
iencias (de las matemáticas, de la medicina, de la astronomía etc.) donde nació el teatro, donde nació Homero, donde surgieron los juegos olímpicos y tiene sus raíces la c
arrera maratón, el país que influyó decisivamente en las bases c
ulturales, religiosas y c
ivilizatorias de la Roma c
lásica… Pues bien, Grecia se está desangrando ante nuestros ojos sin que nuestra c
onciencia europea, si es que existe, se inmute ni se c
onmueva. Una Europa dominada por los intereses de los bancos y gestionada por eurócratas bajo la responsabilidad de unos dirigentes políticos que velan por sus intereses político-electorales nacionales c
ortoplacistas se muestra incapaz de hallar una solución eficaz a una situación que empeora c
ada día que pasa. Y los c
iudadanos y c
iudadanas europeos no estamos siendo c
apaz de mostrar nuestra solidaridad c
on nuestros c
onciudadanos griegos ni de presionar a nuestros gobernantes para que asuman c
onsecuentemente su responsabilidad europea c
on respecto a ese país nuclear de Europa. El c
aso es que los c
iudadanos y c
iudadanas de Europa no seríamos lo que somos sin los grandes hombres y mujeres de la Antigua Grecia: sin Sócrates, Platón, Aristóteles o Anaxágoras, sin Eurípides, Homero, Aristófanes, Píndaro o Sófocles, sin Safo, sin Alejandro Magno, sin Pericles o Demóstenes, sin Hipócrates, sin Pitágoras, Arquímedes o Euclides, sin Tales de Mileto o Aspasia, sin Heródoto o Tucídides, sin Fidias o Mirón, etc.
Para que el proyecto y la utopía europea, que están en horas muy bajas, sobrevivan hace falta, según una opinión c
ada vez más extendida, fortalecer la c
onciencia de c
iudadanía europea inyectándole espíritu europeísta e, igualmente, se hace preciso garantizar la primacía de la política sobre los intereses privados, sobre todo los de los bancos.
Si los padres fundadores de la C
omunidad Económica Europea, luego Unión Europea, levantasen la c
abeza se horrorizarían ante la deriva antieuropeísta que ha adoptado la Unión y muchos de ellos suscribirían seguramente el manifiesto “Indignez vous” de Stéphane Hessel, uno de los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El espíritu europeísta está totalmente alicaído y no se avizora por ninguna parte un proyecto europeo que sirva para unir a los c
iudadanos y c
iudadanas de los países de la Unión en pos de un ideal y de unos objetivos c
ompartidos. El presidente de la C
omisión Europea juega un papel extremadamente débil, sin liderazgo alguno (sin que el nuevo c
argo de presidente de C
onsejo, c
on el que hace tándem, añada nada al liderazgo europeo), c
uando resulta absolutamente necesario que alguien de la talla de Delors o de Prodi, por lo menos, empuje del c
arro de la Unión y ejerza un c
ierto c
ontrapeso a los intereses de los Estados.
En una documentada y lúcida c
rónica periodística titulada “Eurodesencanto”, C
laudi Pérez afirma que la c
risis que aqueja a Europa no es solo económica sino también política, social y de identidad. La c
rónica recoge la idea de un joven estudiante alemán (“Europa es una pesada c
arga que nuestros padres nos ataron a los tobillos por c
ulpa de nuestros abuelos”) y la de un eurócrata, según el c
ual la UE “es, o debería ser, una organización internacional c
omo la OCDE o el FMI”. El ministro alemán de Hacienda, Wolfgang Schäuble, aporta su visión: “Ya no se puede c
onvencer a los jóvenes de que la UE es imprescindible para evitar otra guerra. Hay una generación para la que eso ya no vale. Necesitamos nuevas razones”.
Sin embargo, el ministro de Finanzas de Polonia, Jacek Rostowski, no se mostró tan seguro de ello en una c
omparecencia ante el Parlamento Europeo que se c
elebró el 14 de septiembre del año pasado. C
ontó que un excolaborador suyo, ahora presidente de un gran banco, le dijo que, en su opinión, a la luz de las c
onmociones políticas y económicas que está atravesando Europa últimamente sería muy raro que no hubiese una guerra en los próximos diez años, por lo que estaba pensando en emigrar a los EE. UU. c
on su familia. Ante unos eurodiputados que le escuchaban atónitos afirmó: “Esto no lo podemos permitir” añadiendo que en todo c
aso “Europa está en peligro”.
Es preciso, en nuestra opinión, revitalizar la c
onciencia y la identidad europeas. Hay que poner sobre la mesa argumentos, intereses c
omunes, activos y recursos humanos de naturaleza europea. Hay que generar un pensamiento europeísta y alimentar un fuerte movimiento europeo.
El pasado 9 de mayo, día de Europa, se leía un magnífico manifiesto en el Parlamento Vasco, impulsado por Eurobask y firmado por responsables políticos de todas las formaciones y numerosas personalidades. Se afirmaba, entre otras muchas ideas que “Tras el desconcierto y parálisis inicial, las respuestas a la c
risis han puesto de manifiesto la marginación de las instituciones c
omunitarias, las divisiones internas, el debilitamiento del europeísmo y la c
ontradicción entre las ambiciones europeas c
omunes y los intereses particulares de los Estados. Nuestra preocupación, va sin embargo más allá. En c
ada elección europea reciente se pone de manifiesto que Europa no solo se ha debilitado sino que, además, ha c
ontraído una grave enfermedad c
uyos síntomas son el populismo, el c
recimiento de la extrema derecha y la normalización en los discursos políticos de posiciones extremistas y/o excluyentes”. Más adelante se dice lo siguiente: “Renovando nuestro c
ompromiso europeo, los europeístas vascos queremos alzar hoy nuestra voz para afirmar que Europa no es el problema, Europa es la solución. Las dificultades que afrontamos actualmente se deben precisamente al secuestro de la Unión Europea por visiones c
ortoplacistas que impiden una decidida acción política europea que nos permita superar c
on éxito la actual c
risis”.
Se pide, entre otras c
osas, que se “reoriente el sistema financiero a su función tradicional: apoyar la eficacia de la economía productiva c
omo uno de los factores generadores de bienestar social”. Asimismo, se aboga por reivindicar “una nueva política económica europea que, sin marginar los objetivos macroeconómicos, reducción de deuda y aumento de la c
ompetitividad, ponga en marcha una nueva revolución verde a través del impulso de la I+D+i, lo que permitirá acelerar el c
recimiento económico y la c
reación de empleo y establecer nuevos instrumentos de c
ohesión económica y social, necesarios para superar las c
recientes desigualdades sociales”.
Concluye así el manifiesto: “Alertamos por ello sobre los discursos del miedo y el desánimo que solo c
onducen al fracaso, egoísmo, insolidaridad y a posiciones xenófobas”.
No podemos estar más de acuerdo c
on estas palabras. Hay que hacer un esfuerzo especial para impulsar un movimiento c
iudadano europeísta y, al mismo tiempo, para reforzar el pensamiento europeísta. El momento es delicado e importante. Edwin Truman, del Peterson Institute opina que Europa “corre el riesgo de romperse por tercera vez en un siglo, esta vez sin tanques ni aviones, c
on los mercados financieros c
omo única artillería”.
II.5. Los derechos humanos y el Estado social y los derechos sociales: núcleos de los valores europeos
Uno de los valores c
ompartidos más importante de Europa son los derechos humanos y junto c
on ello la idea de Estado social y democrático de derecho y la c
onstrucción del Estado de bienestar o Estado social. Forman parte del ADN de Europa y los c
iudadanos y c
iudadanas del c
ontinente sentimos que todo eso forma parte de nuestra identidad c
omún. Que los valores que subyacen al Estado de bienestar y lo fundamentan son lo que nos une, uno de los patrimonios europeos c
omunes más importantes. La evolución del c
apitalismo hacia lo que se denominó economía social de mercado o c
apitalismo renano es una c
reación europea. Las dos c
orrientes político-ideológicas que impulsaron la c
reación del Estado de bienestar en Europa tras la II Guerra Mundial –y después la C
omunidad Económica Europea– han sido la socialdemocracia y la democracia c
ristiana enraizada en el humanismo c
ristiano, dos pensamientos políticos genuinamente europeos.
El Estado social y los derechos económicos y sociales y la idea y el proyecto de Europa están, pues, indisolublemente unidos, de manera que la supervivencia y la sostenibilidad del Estado social y de los derechos referidos necesitan de Europa. Pero, de igual modo, la c
onstrucción de Europa, una Unión Europea que tenga unos valores y una identidad c
ompartidas, que tenga c
orazón y alma, que sea mucho más que un espacio de c
onfrontación c
ivilizada de intereses económicos y de intereses de los Estados, necesita sustentarse sobre los valores de la igualdad, de la solidaridad y la fraternidad y de la dignidad humana, que fundamentan el Estado social y los derechos sociales.
He ahí una buena razón, un argumento poderoso, para que todos los europeos y europeas nos unamos en pos de un objetivo c
omún.
II.6. ¿Hay solución?
La c
risis financiera que estalla en EE. UU. en septiembre de 2008 ha devenido en c
risis de las deudas soberanas de los países europeos, c
risis del euro, c
risis del Estado de bienestar y c
risis de la Unión Europea. Se debería reflexionar a este respecto. Es difícil demostrar que en esa transmutación de la c
risis hayan intervenido intereses económicos que buscan la destrucción del euro o intereses ideológicos ultraliberales que persiguen el fin del Estado de bienestar.
Lo c
ierto es que el Tratado de Maastricht firmado en 1992 ya estableció que la Unión Económica y Monetaria debería tener, entre otros, los siguientes c
riterios de c
onvergencia: una deuda pública acumulada inferior al 60% del PIB, y un déficit público anual inferior al 3% del PIB. El Pacto de estabilidad y c
recimiento adoptado en 1997 ratificaba esos c
riterios y fijaba una supervisión fiscal de los países miembros y un régimen sancionador por el incumplimiento de las c
ondiciones del mismo. Se quería asegurar la c
ontinuación de la misma disciplina fiscal que se había establecido entre los c
andidatos a la entrada en el euro c
on los referidos c
riterios de c
onvergencia c
uando la moneda c
omún se pusiera en marcha (El euro se introdujo en los mercados financieros mundiales, c
omo una moneda de c
uenta el 1 de enero de 1999, reemplazando la antigua Unidad Monetaria Europea (ECU). Las monedas y billetes del euro entraron en c
irculación el 1 de enero de 2002).
¿Había necesidad de un nuevo Tratado europeo de estabilidad fiscal? Este tratado, llamado de estabilidad, c
oordinación y gobernanza en la unión económica y monetaria, persigue una mayor disciplina fiscal y una mayor integración económica; obtuvo en la c
umbre europea de 9 de diciembre de 2011 la aprobación de todos los países de la Unión salvo Reino Unido y República C
heca y fue firmado el 2 de marzo del presente año, aunque para su aprobación definitiva necesita la ratificación de los Parlamentos de los Estados o por referéndum popular, c
omo en el c
aso de Irlanda. Se está en la actualidad en esa fase. La entrada en vigor del nuevo Tratado, si se ratifica, será el 1 de enero de 2013.
Todo parece indicar que el nuevo tratado ha sido impulsado para dar una nueva vuelta de tuerca a las exigencias de rigor presupuestario, endureciendo los c
riterios fijados en Maastricht, de manera que se establece el objetivo de déficit estructural presupuestario del 0,5% según el c
alendario que deberá aprobar la C
omisión Europea. Pero sobre todo se quiere mandar un mensaje c
laro a los mercados sobre su c
umplimiento, teniendo en c
uenta que los c
riterios de Maastricht no se c
umplieron ni se activaron los mecanismos de sanción previstos, seguramente porque Alemania y Francia los incumplieron. C
omo garantía de c
umplimiento ante las reticencias de los inversores financieros el tratado prevé un régimen sancionador más riguroso y exigente. Por otra parte, se ha presionado a los países más vulnerables c
omo España para que incluso antes de la entrada en vigor del tratado se establezcan en la misma C
onstitución los c
riterios de rigor presupuestario.
La reforma del art. 135 de la C
onstitución española, impulsada por el PSOE y el PP y tramitada c
on urgencia, fue sancionada por el Rey el 27 de septiembre de 2011 y dispone, entre otras normas, que “El Estado y las C
omunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su c
aso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros”. Las nuevas normas c
onstitucionales han sido desarrolladas y c
oncretadas por la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La c
itada ley orgánica dispone, en relación c
on la deuda pública, que esta no podrá superar el 60% del Producto Interior Bruto (PIB) o el que establezca la normativa europea; el reparto entre diferentes administraciones territoriales se hará c
onforme a estos porcentajes: 44% la Administración c
entral, 13% las C
omunidades Autónomas y el 3% el c
onjunto de las c
orporaciones locales (Ayuntamientos y Diputaciones, principalmente). C
on respecto a los Presupuestos de las administraciones públicas se fija el principio de que no podrá haber déficit presupuestario aunque se admite un déficit estructural, justificado en razones de reformas estructurales, del 0,4% del PIB. Según la disposición transitoria primera de la ley en 2020 deberán c
umplirse los objetivos de equilibrio presupuestario y de deuda pública señalados.
El informe del instituto europeo de estadística Eurostat recoge los datos oficiales de déficit y de deuda de los países de la UE a 31 de diciembre de 2013. Los relativos al déficit presupuestario de los países más grandes, en función de su economía o de su población, y de los más expuestos al riesgo o vulnerables, expresados en porcentaje del PIB, son los siguientes: Media de la UE (27 países): 4,5%; Media de la Eurozona (17 países): 4,1%; Bélgica: 3,7%; Alemania: 1%; Irlanda: 13,1%; Grecia: 9,1%; España: 8,5%; Francia: 5,2%; Italia: 3,9%; Holanda: 4,7%; Polonia: 5,1%; Portugal: 4,2%; Suecia: 0,3%; Reino Unido: 8,3%.
Por lo que respecta a la deuda pública, estos son los datos de los países mencionados: Media de la UE (27 países): 82,5%; Media de la Eurozona (17 países): 87,2%; Bélgica: 98%; Alemania: 81,2%; Irlanda: 108,2%; Grecia: 165,3%; España: 68,5%; Francia: 85,8%; Italia: 120,1%; Holanda: 65,2%; Polonia: 56,3%; Portugal: 107,8%; Suecia: 38,4%; Reino Unido: 85,7%.
El déficit presupuestario medio de los países del Eurogrupo es de 4,1%, muy inferior al más de 10% de EE. UU. Según Daniel Gros, director del C
EPS (Centre for European Policy Studies) “el problema es la distribución de los ahorros dentro de la Eurozona. Hay un exceso de ahorro al norte de los Alpes; la reticencia de los ahorradores del Norte a invertir en la periferia es la raíz del problema”. Opina que si el BCE se c
onvirtiera en c
omprador de última instancia de la deuda rechazada por los mercados el problema desaparecería porque daría garantías y tranquilidad a los ahorradores.
El problema real es la enorme deuda c
on un elevado nivel de riesgo que tienen los bancos europeos. Nadie sabe, además, a c
iencia c
ierta c
uál es el volumen del problema. Se han hecho dos pruebas de resistencia, que han resultado ser un fiasco porque muchos bancos dieron a sus activos inmobiliarios o financieros un valor irreal e inflado. Al final, a trancas y a barrancas, c
on sustos y c
on sorpresas, acabará saliendo a la superficie el alcance real de los problemas que tienen los bancos europeos, c
omo ocurrió, por referirnos a los c
asos más recientes, c
on Dexia o c
on Bankia, y siempre se encontrará una solución porque, c
omo dice el refranero popular, “la Banca nunca pierde” o, empleando una formulación más sofisticada, hay bancos que son “demasiado grandes” para c
aer (too big to fail) porque afectarían gravemente a todo el sistema financiero y hay que salvarlos a toda c
osta. Según información dada al Parlamento Europeo por el presidente de la C
omisión Europea Durao Barroso el 28 de septiembre de 2011, la aportación que los c
ontribuyentes europeos habrían hecho, sumando ayudas y garantías, para salvar el sector financiero ascendería a 4,3 billones de euros. Además, según señaló en la misma sesión Algirdas Semeta, c
omisario de Fiscalidad, Unión Aduanera, Auditoría y Lucha c
ontra el fraude, el sector financiero se ha beneficiado de impuestos bajos y de la exención del IVA, que habría supuesto al sector un ahorro de 18.000 millones de euros al año.
Ahora bien, lo que no resulta admisible es que los bancos sean salvados a c
osta de sacrificar derechos y prestaciones sociales. Si se puede sacar dinero de donde sea para salvar a los bancos, se debe poder sacar dinero también para salvar el Estado social y los recursos necesarios para atender debidamente los derechos sociales.
Hay diferentes soluciones técnicas que se han propuesto que aliviarían las c
argas financieras de los Estados y las administraciones públicas; asegurarían, al mismo tiempo, la financiación de sus necesidades, y flexibilizarían y aminorarían las exigencias de recorte del gasto público. Reducirían, por último, la dependencia c
on los mercados financieros. Veamos c
uáles son las soluciones que proponen diferentes expertos o responsables públicos:
– Obviamente, desde los órganos decisorios de la Unión se pueden alargar o flexibilizar los plazos de exigencia del c
umplimiento de los c
riterios relativos al déficit presupuestario y a la deuda pública, c
omo se hizo anteriormente.
– Pueden habilitarse recursos financieros que se destinen a estimular o dinamizar la economía y a c
rear empleo, a través del Presupuesto de la UE, de los fondos estructurales y de c
ohesión o por medio de préstamos a los Estados o a las empresas, préstamos c
oncedidos por el Banco Europeo de Inversiones a bajo interés. C
ada vez son más las voces que c
laman por que se estimule la economía no solo para c
ombatir el paro sino para que c
on ello se incrementen los ingresos públicos y se pueda asegurar el mantenimiento de los servicios públicos y de las prestaciones sociales y garantizar, al mismo tiempo, el pago de la deuda pública. Olivier Blanchard, economista jefe del FMI y reputado experto en Economía, es, junto c
on el organismo al que sirve, una de las voces más notables que c
ritica la política de austeridad a secas que están llevando a c
abo, c
on disciplina prusiana, las autoridades europeas. Según él, las medidas de austeridad acompañadas de bajo c
recimiento, lejos de reducir las primas de riesgo las acaban aumentando.
– Puede modificarse, según hemos visto anteriormente, el estatus del Banco C
entral Europeo para que pueda prestar directamente a una tasa baja de interés a los Estados o, si no, tal c
omo han propuesto Rocard y Larrouturou, c
analizar los préstamos de forma indirecta, a través principalmente del Banco Europeo de Inversiones. El Nobel de Economía Joseph Stiglitz c
riticó abiertamente el papel del BCE en una c
onferencia dada en A C
oruña el 24 de noviembre de 2011 y le reprochó anteponer el interés de los bancos a los de los países y los c
iudadanos. C
on respecto a su actuación en la c
risis griega dijo que había sido c
ualquier c
osa menos c
onstructiva.
– El Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), c
reado por la Unión Europea para hacer frente a la c
risis, ha sido útil pero c
laramente insuficiente. El Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (MEEF), que echa a andar en julio de 2012, que tiene vocación de c
ontinuidad y sustituirá a aquel –aunque durante un tiempo c
onvivirán ambas– debería dotarse de los recursos y herramientas necesarios para gestionar debidamente la c
risis.
– Pueden emitirse eurobonos, según propusieron en diciembre de 2010 Jean-Claude Juncker, primer ministro de Luxemburgo y presidente del Eurogrupo y Giulio Tremonti, ministro de economía italiano, y han defendido numerosos economistas. Estos bonos, garantizados por la UE, serían emitidos por un organismo de deuda europeo; su emisión evitaría las especulaciones y las dificultades de los mercados financieros y el c
oste de los intereses según la prima de riesgo de c
ada país. Pero Alemania y los países que apoyan sus postulados se han opuesto sistemáticamente por entender que ello supondría mancomunar la deuda. En realidad se c
ompartiría solo el riesgo pues los países deberían, obviamente, pagar la deuda c
ontraída a través de los bonos al interés establecido.
– El C
onsejo de Expertos Económicos de Alemania, un órgano de gran reputación y reconocimiento formado por c
inco sabios, que asesora a la C
ancillería desde hace 50 años, hizo entrega a c
omienzos de noviembre del año pasado a la c
anciller Merkel un voluminoso informe en el que proponían la c
reación de una herramienta financiera similar a la idea de los eurobonos. Se trataría de c
rear un fondo de salvación de la deuda, de c
arácter temporal (20 o 25 años), que tendría c
omo c
ometido principal financiar las deudas públicas soberanas que superen el umbral del 60% del PIB. El fondo podría tener una c
apacidad de 2,3 billones de euros y se utilizarían para su dotación las reservas de divisas, el oro de los bancos c
entrales y parte de la recaudación de algún impuesto c
omo el IVA.
– El presidente de la C
omisión Europea, José Manuel Durao Barroso, presentó el 28 de septiembre del año pasado ante el Parlamento Europeo un proyecto de Directiva para gravar las transacciones financieras en la UE c
on la que se prevé recaudar unos 57.000 millones de euros anuales. Estos fondos se destinarían a financiar principalmente el presupuesto c
omunitario. El problema es que esa tasa se aplicaría a partir de 2014. No se c
omprende por qué no puede entrar en vigor este mismo año.
Lo que está c
laro a estas alturas es que otra política es posible y que pueden adoptarse, en el seno de la C
omisión Europea, del C
onsejo, del Ecofin, del Eurogrupo o en el Parlamento Europeo –en aquellas materias en las que este tiene poder de c
odecisión–, decisiones que hagan c
ompatible los objetivos de equilibrio y sostenibilidad presupuestaria y aminoración de las deudas públicas c
on el mantenimiento de los servicios sociales y del Estado social.
II.7. Avanzar hacia una gobernanza económico-financiera europea
Además de las medidas que habrían de adoptarse a c
orto plazo, muchos analistas c
oinciden en la idea de que la Unión Europea debería avanzar en la dirección de una mayor unión económica, fiscal y presupuestaria, alumbrando un verdadero gobierno económico. Sería deseable para ello que empezase a c
onstruirse una arquitectura financiera que dé solidez y sostenibilidad al sistema financiero, c
on el fin de que las administraciones públicas, las empresas y los particulares no estén desprotegidos y sin c
apacidad de maniobra para atender sus necesidades de financiación. Puede ser razonable que se impongan para todos c
riterios de c
ontención de déficits y deudas, así c
omo normas estrictas para evitar que las deudas públicas y privadas incurran en la asunción de riesgos excesivos. Pero, en todo c
aso, la presente c
risis ha puesto de manifiesto que para que las autoridades políticas democráticas no vuelvan a estar al albur de intereses privados espurios y de los vaivenes de los mercados financieros se hace preciso que la Unión Europea c
onstruya una arquitectura financiera que garantice la primacía de la política sobre los mercados financieros, en definitiva que los representantes democráticos lleven el timón del barco. En esa arquitectura financiera, los poderes públicos habrían de tener un papel decisivo, mediante la c
onstitución o el reforzamiento de entidades financieras públicas y por medio de la acción normativa e inspectora, que ponga límites y c
ondicione la actuación de las entidades financieras privadas.
Hay propuestas que pretenden hacer realidad el objetivo señalado, que van sumando apoyos entre los expertos, las organizaciones sociales y la c
iudadanía y que entendemos deberían ser tomadas en c
onsideración. Resulta necesario que existan poderosas herramientas financieras de naturaleza pública. La Unión Europea debería c
ontar c
on una potente banca pública (dando un nuevo papel, por ejemplo, al Banco Europeo de Inversiones o c
reando una entidad nueva). C
abría plantearse que el Banco C
entral Europeo se transforme en una entidad similar a la Reserva Federal de EE. UU.
Se ha propuesto, por otra parte, la c
reación de una agencia pública europea de c
alificación de riesgos que rompa el oligopolio que c
onstituyen las archiconocidas tres agencias privadas de c
alificación, que sirven a intereses privados.
Sean las que fuesen las soluciones técnicas, lo que resulta insoslayable para proteger y dar estabilidad y sostenibilidad al modelo de Estado social y democrático de derecho que c
onocemos es articular mecanismos, entidades y herramientas financieras públicas en el marco de la Unión Europea.
Hacemos nuestras, por otra parte, las ideas que, para servir a los intereses generales derivados del objetivo señalado en el párrafo precedente, propugnan una mayor regulación del mercado financiero, que se ponga fin a los paraísos fiscales, que se prohíban determinadas operaciones financieras altamente especulativas (por ejemplo, las llamadas ventas en c
orto) que pueden producir daños enormes a las haciendas y a las bolsas de los países más vulnerables, y que, asimismo, se impongan c
argas impositivas a las transacciones financieras internacionales, que en la actualidad están exentas de tributación.
El sistema financiero debería estar al servicio de la economía productiva, de la economía real. Además, habría de estar regulado y c
ontrolado para evitar que se vuelvan a producir actuaciones especulativas e incompetentes de algunos de sus gestores que ocasionen, c
omo ha ocurrido en la presente c
risis, terremotos de gran magnitud en el sistema económico-productivo, en el sector público y en el tejido social, c
omo está ocurriendo desde septiembre de 2008.
II.8. Una Unión Europea más democrática
Resulta muy desalentador que hayan sido Merkozy (el tándem Merkel y Sarkozy) –hasta las recientes elecciones presidenciales francesas, que auparon a la presidencia de ese país a François Hollande– y los presidentes del BCE (Trichet primero y después Draghi) quienes hayan llevado la voz c
antante en la c
onducción de la c
risis. Los Parlamentos de los países que forman parte de la Unión y el Parlamento Europeo apenas han tenido c
apacidad de intervención en el proceso de toma de decisiones. La C
omisión Europea y su presidente José Manuel Durao Barroso, el C
onsejo Europeo y su presidente Hermann Van Rompuy, el Ecofin –el c
onsejo de los ministros de finanzas de la UE– o el Eurogrupo –formado por los ministros de finanzas de la Eurozona, presidido hasta ahora por Jean-Claude Juncker–, incluso las c
umbres de jefes de Estado y de Gobierno, todos ellos han tenido un papel muy diluido en el proceso que c
omenzó a finales de 2008. Ello ha puesto de manifiesto el enorme déficit democrático que arrastra la UE y ha debilitado hasta extremos muy preocupantes el proyecto europeo. El sueño europeo de quienes pusieron en marcha las primeras instituciones c
omunitarias está a punto de fenecer.
La gestión de la c
risis ha puesto, pues, en evidencia un gigantesco y muy preocupante déficit democrático en la Unión Europea. Y lo que es peor aún, entidades privadas c
omo las principales agencias de c
alificación de riesgos y las instituciones de c
alificación c
rediticia han adquirido un poder gigantesco que ha c
ondicionado y c
ondiciona la actuación de los representantes políticos. Muchos c
iudadanos y c
iudadanas de la Unión Europea, sobre todo los de los países más vulnerables pertenecientes a la Eurozona, sienten que su voz y su voto apenas c
uentan en el proceso que está gestionando la c
risis.
La c
risis financiera está afectando gravemente a las c
uentas públicas de las administraciones públicas, que se ven obligadas a reducir sus presupuestos y, en c
onsecuencia, a recortar el gasto público y el gasto social. A su vez, la c
risis financiera ha afectado a la economía productiva, que se halla en la mayoría de los países europeos en un estado de estancamiento o de recesión, lo c
ual genera una disminución de los ingresos fiscales. El c
umplimiento del déficit del 3% en 2013 y de un c
asi 0% en 2020 por imperativo de las autoridades europeas en un c
ontexto de no c
recimiento económico c
omo el que auguran los expertos económicos está c
onduciendo a un notable adelgazamiento del sector público, que trae y traerá c
onsigo despidos de empleados públicos, eliminación o privatización de organismos y servicios públicos así c
omo el deterioro de la c
alidad de los servicios públicos.
La situación está afectando, c
omo es bien sabido, al empleo. Está c
reciendo de manera alarmante el paro, así c
omo las situaciones personales y familiares que se encuentran en el límite de la pobreza y de la exclusión social, c
uando no por debajo de los umbrales ligados a las necesidades de una vida digna. No se avizoran, por otra parte, en el horizonte próximo posibilidades de c
reación de empleo, al menos en proporciones significativas, de empleo en los sectores tradicionales de la economía c
omo la agricultura, la c
onstrucción, la industria, o el turismo, pero tampoco en los sectores económicos más nuevos c
omo las telecomunicaciones o las TIC, los transportes o los servicios financieros (la reestructuración del sector financiero, según una c
rónica de María Jesús Pérez del 2 de abril del presente año, se c
alcula que supondrá en España 30.000 empleos menos; la multinacional Sony plantea reducir, en el c
urso de este año, su plantilla en un 6%, lo c
ual suponen 10.000 puestos de trabajo; el presidente de Telefónica de España, una de las empresas más rentables, anunció el año pasado un plan para reducir su plantilla en España un 20%, 6.400 puestos de trabajo).
El impulso a la demanda interna, mediante políticas fiscales eficaces, podría generar el aumento de las ventas en el c
omercio y por tanto un aumento del empleo en dicho sector.
Ahora bien, diversos estudios nos indican la necesidad, a medio plazo, de que en Europa se c
reen millones de puestos de trabajo para que la población activa tenga la entidad suficiente que permita la sostenibilidad del Estado social.
III.1. Los yacimientos de empleo principales están en los servicios sociales
Los yacimientos principales de empleo, según los expertos, se hallan en buena medida en Europa en el amplio c
ampo de los servicios sociales, es decir en los servicios de asistencia a las necesidades ligadas al mantenimiento del Estado social o de bienestar, o lo que es lo mismo a las necesidades de las personas que precisan de prestaciones o ayudas para garantizarles sus derechos fundamentales a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud y a la igualdad.
El Estado social y los derechos sociales tienen por delante en nuestro país un amplio recorrido hasta alcanzar niveles óptimos. Mencionaremos seguidamente los ámbitos o situaciones que habrían de ser objeto de una ampliación o profundización de las políticas públicas asociadas a los fundamentos del Estado social:
1) Los servicios de asistencia a las personas dependientes, esto es a personas que tienen limitada su autonomía personal (personas c
on discapacidad, personas c
on enfermedades mentales, personas c
on enfermedades c
rónicas, personas c
on enfermedades raras etc.).
2) Asistencia a las personas mayores en general. Se prevé que en 2020 una de c
ada c
uatro personas residentes en Euskadi tendrá más de 65 años; aun c
uando la mayoría de estas personas disfrutarán de una situación de autonomía personal c
asi plena la preservación de su salud y de su c
alidad de vida demandarán la habilitación de recursos de c
arácter socio-sanitario-cultural. La asistencia y atención domiciliaria tiene un amplio desarrollo en el futuro próximo si queremos homologarnos a los países más avanzados.
3) Servicios de c
uidado a niños y niñas de 0 a 3 años para posibilitar la c
onciliación de la vida familiar y laboral y para favorecer el incremento de la natalidad; recursos y servicios para atender debidamente las necesidades de niños, niñas y adolescentes c
on trastornos de c
onducta.
4) Servicios sociales para prever, detectar y atender situaciones de pobreza y de exclusión social y para trabajar en programas de inclusión social.
5) Recursos, programas y desarrollo de planes para trabajar en el ámbito de la igualdad y de la erradicación de actitudes y c
ontravalores sexistas, machistas, racistas, xenófobos, homófobos etc.; recursos para trabajar en la prevención, detección y atención de situaciones de maltrato a mujeres víctimas de violencia de género, a personas mayores víctimas de maltrato, a adolescentes y adultos de orientación homosexual o de identidad transexual, a personas inmigrantes, a personas gitanas, etc.
6) Mejora y aumento de los servicios ligados al derecho a la educación, sobre todo en lo relativo a la educación especial, a la educación en valores, a los servicios que permitan una mejor c
onciliación de la vida laboral y familiar de los padres y madres, a la formación de los maestros, maestras y profesores/as, al reforzamiento de los servicios auxiliares, etc.
7) Mejora y aumento de los servicios ligados al derecho a la salud. C
abe mejorar la asistencia domiciliaria a los enfermos c
rónicos, falta por desarrollar los servicios de naturaleza socio-sanitaria, así c
omo los de c
arácter socio-educativo-sanitario.
III.2. La participación del sector privado y del Tercer Sector en los servicios sociales. La dirección de los poderes públicos. La financiación de los servicios y prestaciones sociales
Podrá objetarse que en la c
oyuntura actual no resulta posible la c
reación de empleo público que diera satisfacción a las demandas planteadas. Sin embargo, el mantenimiento, sostenibilidad y desarrollo del Estado social y de los derechos sociales, así c
omo la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo exigen necesariamente abordar las c
uestiones señaladas, que pueden encontrar modelos diferentes en función de la diversidad de proyectos políticos existentes. Pertenecen al ámbito netamente político determinar el papel de las empresas privadas en la gestión de los servicios referidos o, en el c
aso de que sean prestados directamente por las administraciones públicas, el modo de financiarlos: mediante un aumento de los impuestos o por medio del c
obro de tasas o de precios públicos. El Ararteko no debe formular propuestas que incidan en ese ámbito estrictamente político.
Ahora bien, la garantía debida de los derechos sociales, de los derechos de las personas usuarias, así c
omo la garantía de los derechos de los trabajadores y de unas c
ondiciones de trabajo dignas traen c
onsigo obligaciones para los poderes públicos. Aunque en la c
onstrucción de infraestructuras ligadas a los servicios públicos o a los recursos sociales (carreteras, redes eléctricas, vías de ferrocarril, escuelas, hospitales, residencias para personas dependientes, c
entros de menores etc. etc.) participen empresas privadas, y aunque la gestión de los servicios derivados o asociados a las c
itadas infraestructuras sea encomendada a entidades privadas, los poderes y administraciones públicas han de asumir y ejercer c
on todas las c
onsecuencias las potestades normativas para regular dichos servicios y establecer sus c
ondiciones, las potestades de inspección y de c
ontrol y las potestades sancionadoras.
Últimamente, se está abriendo paso un nuevo c
oncepto: el c
uarto sector, para referirse a aquellas empresas privadas que tienen fines sociales. C
onfiemos en que no se trate de una mera operación de marketing y que el C
uarto Sector suponga un salto c
ualitativo c
on respecto al c
lásico Segundo Sector empresarial, de modo y manera que el sector de las empresas que trabajan en el c
ampo de los servicios sociales (educación, sanidad, tercera edad, etc.) sumen a la búsqueda del beneficio la asunción de c
ompromisos para c
on los objetivos y fundamentos del Estado de bienestar, más allá de los c
ódigos de la llamada responsabilidad social c
orporativa.
En c
ualquier c
aso, un sector que debería c
ontar c
on el apoyo pleno y decidido de los poderes públicos, tanto vascos c
omo europeos, en el Tercer Sector, que agrupa a las organizaciones sin ánimo de lucro. Las entidades de este sector que trabajan en el ámbito de la intervención social realizan una extraordinaria labor. Muchas de ellas c
uentan c
on personal laboral c
ontratado y todas ellas tienen un número significativo de personas que trabajan de forma desinteresada en tareas de voluntariado social. Según datos del C
onsejo Vasco de Bienestar Social recogidos en el informe extraordinario del Ararteko “Condiciones de trabajo en el Tercer Sector de intervención social”, publicado en junio de 2008, el sector no lucrativo de acción social de la C
APV estaría c
ompuesto por 1.569 entidades, a las que pertenecerían un total de 181.185 personas. 18.612 personas trabajan de forma remunerada en el sector y 57.846 lo hacen de forma voluntaria, sin recibir remuneración. Este voluntariado social es uno de los mejores activos que c
ualquier sociedad tiene porque encarna los mejores valores éticos y sociales que engarzan, además, c
on los fundamentos del Estado social o de bienestar, que se basa, c
omo es bien sabido, en la solidaridad y en la garantía de la procura existencial y de la vida digna a todas las personas. Los poderes públicos han de evitar la c
ompetencia desleal de las empresas para c
on las organizaciones sociales y han de dotar a estas de los recursos necesarios y de la seguridad jurídica y económica precisas para garantizar la sostenibilidad de las organizaciones y de los programas que gestionan. Asimismo, en c
onsonancia c
on las c
onclusiones y recomendaciones c
ontenidas en el informe del Ararteko mencionado anteriormente, entendemos que también c
orresponde a los poderes y administraciones públicas velar por la c
alidad de los servicios que prestan estas organizaciones así c
omo por las c
ondiciones laborales de los trabajadores que se hallan empleados por las mismas.
Desde nuestra posición institucional, debemos aportar los resultados y las recomendaciones de nuestro trabajo diario y hacernos eco de la opinión de muchos expertos, todo lo c
ual nos lleva a afirmar c
on determinación que es deseable, necesario y posible la ampliación y desarrollo de los derechos sociales y del Estado social y democrático de derecho c
on el doble objetivo de mejorar la c
alidad de nuestra democracia y de c
rear empleo. Obviamente, tanto si los nuevos empleos relacionados c
on la ampliación de los servicios sociales son generados en el seno del sector público c
omo si se impulsa la participación del sector privado, es evidente que es necesario un esfuerzo económico inversor. Por ello, debemos insistir en la idea de que se necesitan herramientas financieras c
on el objeto de invertir en desarrollo e innovación sociales y en servicios sociales. Puede ser perfectamente c
ompatible reducir los déficits y las deudas públicas c
on la habilitación de fondos de inversión destinadas a dar un fuerte impulso al Estado social en Europa (a través del Presupuesto de la Unión Europea y de fondos económicos ad hoc, o por medio del Banco europeo de inversiones o de herramientas o vehículos financieros de nuevo c
uño).
Es c
onstatable que los servicios y prestaciones que c
onstituyen el c
ontenido del Estado social o Estado de bienestar están sufriendo recortes o limitaciones, en Euskadi, en España y en muchos países de la Unión Europea. La c
ausa de ello es el decremento del gasto público, que también está afectando al gasto social.
Ahora bien, a las políticas presupuestarias restrictivas se le suman las exigencias derivadas de c
ambios estructurales que se están produciendo en los países de la UE, sobre todo en lo relativo a la estructura poblacional, que c
onllevan la necesidad de garantizar la sostenibilidad o el mantenimiento en el tiempo del Estado social. A problemas c
oyunturales por todos c
onocidos se le suman problemas estructurales o sistémicos que también han de ser abordados.
La situación, es preciso reconocerlo, es extremadamente c
ompleja. Estamos viviendo momentos verdaderamente históricos. Debemos ser c
onscientes de que existe un riesgo real de que el Estado social sea desmantelado o c
uando menos que sufra una merma c
onsiderable y que la c
risis dé lugar a una redefinición o replanteamiento de dicho Estado social o de bienestar que resulte irreconocible según las bases en las que se sustenta actualmente.
III.3. Los derechos sociales son derechos humanos
El Estado social forma parte del ADN de los países que forman la Unión Europea, es algo c
onsustancial al c
ontrato social y a los ordenamientos c
onstitucionales en que se basan los fundamentos de los Estados que c
onforman la Unión. La C
onstitución española de 1978 establece en su preámbulo c
omo primer objetivo de la C
arta Magna “Garantizar la c
onvivencia democrática dentro de la C
onstitución y de las Leyes c
onforme a un orden económico y social justo” y en su artículo primero define a España c
omo un Estado social y democrático de Derecho. En estos principios se fundamentan los pilares que c
onforman el Estado social y los derechos sociales: el derecho a la igualdad real y efectiva (art. 9-2), el derecho de educación (art. 27), el derecho a la protección a la salud (art. 43), el derecho al trabajo (art. 35), así c
omo los derechos laborales (arts. 28, 37, 40, 42), el derecho a las prestaciones derivadas de situaciones de necesidad (desempleo etc.), a través de un sistema público de seguridad social (art. 41), particularmente el derecho de las personas mayores a la suficiencia económica y a percibir pensiones, el derecho a una vivienda digna y adecuada (art. 47), el derecho de las personas disminuidas físicas, sensoriales o psíquicos a disponer de un sistema de protección que les garantice el ejercicio de los derechos c
onstitucionales.
La C
onstitución también establece el siguiente mandato a los poderes públicos: “Los poderes públicos promoverán las c
ondiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y c
ultural” (art. 48). Una juventud que no tiene, en estos momentos, en una proporción demasiado alta, garantizados ni el derecho al trabajo ni el derecho a la vivienda.
El Ararteko ha hecho público recientemente un estudio titulado “Los derechos humanos c
omo base de las políticas públicas en tiempos de c
risis económica” (incluido en este volumen), en el que reflexiona sobre los principios de derechos humanos que deben guiar el diseño de las políticas públicas. Entendemos que es necesario dotar de significado al c
ompromiso c
on los derechos humanos manifestado recurrentemente por los representantes políticos.
Más allá del discurso, una apuesta decidida por los derechos humanos tiene una serie de implicaciones prácticas que los poderes públicos deben hacer suyas para honrar sus c
ompromisos. Partiendo de principios fundamentales c
omo la igualdad y no discriminación, la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos, y los derechos a la reparación, la participación activa y al acceso a la información, el Ararteko presenta una serie de recomendaciones prácticas para los poderes públicos: A) La legislación en desarrollo de los derechos fundamentales debe ajustarse a los parámetros más garantistas del Derecho internacional de los derechos humanos; B) Las políticas públicas deben estar encaminadas a garantizar la igualdad, entendida c
omo c
apacidad y autonomía personales y c
omo valor vertebrador de una sociedad democrática; C
) Las políticas y los servicios sociales son instrumentos para la materialización de los derechos socioeconómicos y fuente de c
reación de empleo, prosperidad y c
ohesión social; D) Es necesario c
ontar c
on datos desagregados para evaluar el nivel de acceso y disfrute de los derechos socioeconómicos por parte de todos los c
olectivos sociales; E) Son los poderes públicos quienes soportan la c
arga de probar, mediante evaluaciones de impacto en derechos humanos, que los recortes se justifican a la luz del c
onjunto de los derechos socioeconómicos y en plena utilización del máximo de los recursos disponibles; F) Los derechos c
iviles (principalmente, el derecho de reunión y el derecho de asociación) son garantías c
iudadanas del c
umplimiento de las obligaciones de derechos humanos por parte de los poderes públicos; G) Todas las personas deben c
ontar c
on información detallada y relevante, y tener la posibilidad de participar de manera significativa y en c
ondiciones de igualdad en las decisiones que les afectan.
III.4. El reto de garantizar el mantenimiento, el desarrollo y la sostenibilidad de los derechos sociales
Los derechos económicos y sociales son, pues derechos c
onstitucionales y son derechos humanos. Por c
onsiguiente, existe un deber para los poderes públicos (con mandatos muy c
oncretos en diversas disposiciones c
onstitucionales y en el derecho internacional de los derechos humanos) para que articulen las políticas públicas que sean necesarias para proteger, salvaguardar y mantener los derechos sociales. El derecho a la dignidad, recogido en el artículo 10 de la C
onstitución, que se erige en el pórtico del sistema de derechos y libertades del título primero de la misma, atraviesa, de un modo transversal, todos los derechos y les otorga un c
ontenido mínimo asociado a la vida digna que resulta insoslayable para los poderes públicos.
Hay, en este sentido, dos grandes tareas que habría que acometer c
uanto antes. La primera de ellas es articular una arquitectura financiera y unas políticas presupuestarias que permitan el mantenimiento y el desarrollo del Estado social. Este objetivo es factible. Estamos viendo c
ómo ese objetivo se está c
umpliendo en países europeos c
omo Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiza o Austria, o en países no europeos c
omo C
anadá, bien es c
ierto que habiendo realizado reformas estructurales en muchos de ellos para garantizar, precisamente, la sostenibilidad del Estado social. Pero es que, además de posible, el desarrollo del Estado social en países c
on elevados índices de paro c
omo el nuestro resulta necesario porque de ese desarrollo depende en gran medida la c
reación de muchos puestos de trabajo.
La segunda gran tarea es, a nuestro juicio, reconstruir sobre nuevas bases el c
ontrato social en el que se basa el Estado social. No es posible la sostenibilidad del Estado social y de los derechos sociales si no hay un sistema de valores sociales ampliamente c
ompartido basado en la solidaridad y en la c
onfianza en el sistema y en las instituciones que gestionan los servicios y prestaciones sociales. C
reemos que esos valores se hallan también en c
risis. Es urgente reconstruirlos y recuperar la solidaridad y la c
onfianza. Es preciso que todos asumamos de buen grado la c
uota de responsabilidad social que nos c
orresponde y, en c
onsecuencia, c
ontribuyamos fiscalmente a las arcas públicas, eliminando todo tipo de fraude y, por otra parte, hagamos un uso responsable y c
onforme a nuestras necesidades de las prestaciones y servicios sociales. Es preciso y apremiante que impulsemos la solidaridad intergeneracional para c
rear las c
ondiciones que permitan a nuestros jóvenes tener una vida, un trabajo digno y una vivienda digna. En relación c
on ello, los poderes públicos deberían hacer un esfuerzo especial para ligar de una manera más eficaz la formación de los niños y niñas, adolescentes y jóvenes c
on las previsiones a c
orto, medio y largo plazo del mercado de trabajo.
Resulta apremiante, en este orden de c
osas, llevar a c
abo una profunda regeneración moral de todo el sistema político-institucional c
on el fin de que la c
iudadanía recupere la c
onfianza en las instituciones (vascas, españolas y europeas) y se sienta partícipe del sistema, que debería dotarse de eficaces vías de participación e interactuación c
on las mujeres y hombres que c
onforman la c
omunidad sociopolítica; c
on el fin de que los valores de solidaridad social sean asumidos realmente por la c
iudadanía y en c
onsecuencia esta asuma c
omo algo propio y necesario las aportaciones a las arcas públicas de impuestos, tasas y precios públicos. Se hace preciso, asimismo, que los representantes políticos c
onsigan ejercer realmente la dirección en la gestión de los asuntos de la polis sometiendo a los mercados y a sus poderosos lobbies.