1.1. Infancia e infancias vulnerables
En materia de derechos, cuando, por economía del lenguaje, se habla de "la infancia" nos estamos refiriendo, en realidad, a todas las personas menores de 18 años.
Porque es cada una de estas personas menores de edad la que es sujeto de los derechos que la legislación nacional e internacional le otorga por el simple hecho de su minoría de edad. No es "la infancia", en abstracto, quien es sujeto de derechos sino cada uno de los niños, niñas y adolescentes.
En otros campos, como la Psicología o la Pedagogía, el concepto de infancia suele tener una acepción más restringida, limitada a determinadas edades de ese tramo de edad que va desde los cero hasta los 18 años. En este informe, como es natural por su enfoque y características, el objeto de análisis será siempre la infancia en su sentido más amplio: todas las personas menores de edad, hasta los 18 años.
Así pues, si lo aplicamos a la población actual de la CAPV, estamos hablando de unas 330.000 personas (330.594 según las últimas estimaciones intercensales hechas públicas por el INE). Lo que constituye, aproximadamente, el 15,5% del total de la población de nuestra Comunidad.
Desde la perspectiva de garantía de derechos que corresponde a una institución como el Ararteko, todas las personas menores de edad, por el simple hecho de serlo, tienen la consideración de "vulnerables". Todas: las 330.594 según las últimas estimaciones provisionales cuando escribimos esto.
Pero también es cierto que dentro del conjunto de las personas menores, hay algunas que, por circunstancias o razones muy diversas, viven en situaciones de especial riesgo o vulnerabilidad: por no disponer de un apoyo o atención adecuada de su familia y encontrarse en situaciones de grave riesgo o desamparo; por ser objeto de maltrato o de acoso; por sufrir graves problemas de salud mental; por tener una orientación sexual (homosexual o bisexual) o diferente a la mayoritaria o sentir una identidad transgénero o transexual; por practicar determinadas conductas que ponen en riesgo su salud o la de otras personas; por tener una serie de necesidades educativas especiales o específicas que hacen más difícil el pleno ejercicio de su derecho a la educación…
Este informe se centra de manera específica en ese tipo de situaciones, situaciones que afectan de manera directa a una parte significativa de la población menor de edad, mayor o menor según los casos, y que ponen en riesgo el ejercicio de sus derechos.
Creemos que todos los temas o situaciones aquí analizadas responden a esa característica común: son todas situaciones de especial riesgo o vulnerabilidad. Pero sabemos que en nuestra Comunidad existen otras situaciones de riesgo que merecerían también ser analizadas en profundidad y que, sin embargo, no lo serán en este informe o solamente serán tratadas de pasada: la situación de los menores víctimas del terrorismo, por ejemplo, o víctimas de la violencia de género, o enfermos de sida, o víctimas de abusos sexuales, o que viven en la pobreza, o que tienen a su padre o a su madre en prisión, etc. El listado de estas situaciones, sin duda, podría ser muy amplio.
Si aquí hemos seleccionado unas situaciones y no otras es, principalmente, porque es sobre ellas sobre las que hemos investigado a lo largo de estos años desde el Ararteko con una especial dedicación y, consiguientemente, es en estos temas donde disponemos de una mayor información y podemos sentirnos más seguros. Se trata, principalmente, de las situaciones de riesgo de:
– Niños, niñas y adolescentes acogidos o tutelados por las instituciones de protección.
– Menores de otros países que han migrado hasta aquí sin sus familias.
– Adolescentes infractores, que han cometido delitos y son objeto de medidas judiciales.
– Hijos e hijas de familias de trabajadores temporeros que se desplazan de unos lugares a otros para realizar tareas agrícolas.
– Niños, niñas y adolescentes de orientación homosexual (lesbianas y gays) o bisexual, o con identidad transexual o transgénero.
– Niños, niñas y adolescentes con graves enfermedades mentales.
– Alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales o específicas derivadas de su discapacidad, de su origen o de su pertenencia a un medio social desfavorecido.
– Menores que son sujetos activos o pasivos de maltrato o violencia.
– Adolescentes con consumos problemáticos de drogas…
El informe –en su capítulo 3, el más extenso y que constituye su cuerpo central– aborda cada una de esas situaciones de manera diferenciada, destacando problemas, apuntando tendencias, proponiendo posibles mejoras… También aborda otras situaciones de riesgo, aunque con menor profundidad: determinados usos de las nuevas tecnologías, o las situaciones de conflicto o de violencia intrafamiliar que afectan a menores…
Este modo de abordar la cuestión, sector por sector o situación por situación, presenta, sin embargo, una serie de limitaciones o de riesgos que conviene no olvidar.
Uno de ellos es, precisamente, que puede inducir a pensar que nos hallamos ante situaciones inconexas, ante diferentes grupos de menores sin ninguna relación entre sí. Pero no es así. En muchos casos, la misma niña o el mismo adolescente que hoy encontramos en un centro de acogida, o que vemos desescolarizado o fracasando en la escuela, lo encontramos mañana en un centro de internamiento, o la podemos encontrar de nuevo, dentro de un tiempo, en otra situación de especial riesgo. Lo cual pone de manifiesto que en nuestra sociedad todavía existen auténticos circuitos o itinerarios de exclusión, ligados muchos de ellos a la inexistencia, falta de competencia o simplemente fracaso de la familia como elemento esencial de soporte y apoyo al crecimiento y necesidades del menor.
Desde ese punto de vista, debemos insistir en la importancia de lograr una coherencia y continuidad en los itinerarios o intervenciones educativas, sean cuales sean los servicios, profesionales o instituciones implicados en ellos (servicios sociales, servicios de educación, servicios de salud, servicios de justicia
, servicios policiales…).
Tanto el capítulo 4 (de diagnóstico y valoración global) como el capítulo de recomendaciones (al menos en buena parte de ellas) pretende "romper" o superar esa visión estanca y considerar a la infancia especialmente vulnerable en su globalidad.
Porque, como fácilmente se puede comprender, no es lo mismo que un niño, una niña o un adolescente sufra una única situación de riesgo, a que acumule en su persona a lo largo de su vida toda una serie de riesgos que se suceden o se suman uno tras otro, como sucede con demasiada frecuencia.