1. Caracterización de la infancia e infancias vulnerables. Datos globales
1.1. Infancia e infancias vulnerables
En materia de derechos, cuando, por economía del lenguaje, se habla de "la infancia" nos estamos refiriendo, en realidad, a
todas las personas menores de 18 a
ños.
Porque es cada una de estas personas menores de edad la que es sujeto de los derechos que la legislación nacional e internacional le otorga por el simple hecho de su minoría de edad. No es "la infancia", en a
bstracto, quien es sujeto de derechos sino cada uno de los niños, niñas y a
dolescentes.
En otros campos, como la Psicología o la Pedagogía, el concepto de infancia suele tener una a
cepción más restringida, limitada a
determinadas edades de ese tramo de edad que va desde los cero hasta los 18 a
ños. En este informe, como es natural por su enfoque y características, el objeto de a
nálisis será siempre la infancia en su sentido más a
mplio: todas las personas menores de edad, hasta los 18 a
ños.
Así pues, si lo a
plicamos a
la población a
ctual de la CAPV, estamos hablando de unas 330.000 personas (330.594 según las últimas estimaciones intercensales hechas públicas por el INE). Lo que constituye, a
proximadamente, el 15,5% del total de la población de nuestra Comunidad.
Desde la perspectiva de garantía de derechos que corresponde a
una institución como el A
rarteko, todas las personas menores de edad, por el simple hecho de serlo, tienen la consideración de "vulnerables". Todas: las 330.594 según las últimas estimaciones provisionales cuando escribimos esto.
Pero también es cierto que dentro del conjunto de las personas menores, hay a
lgunas que, por circunstancias o razones muy diversas, viven en situaciones de especial riesgo o vulnerabilidad: por no disponer de un a
poyo o a
tención a
decuada de su familia y encontrarse en situaciones de grave riesgo o desamparo; por ser objeto de maltrato o de a
coso; por sufrir graves problemas de salud mental; por tener una orientación sexual (homosexual o bisexual) o diferente a
la mayoritaria o sentir una identidad transgénero o transexual; por practicar determinadas conductas que ponen en riesgo su salud o la de otras personas; por tener una serie de necesidades educativas especiales o específicas que hacen más difícil el pleno ejercicio de su derecho a
la educación…
Este informe se centra de manera específica en ese tipo de situaciones, situaciones que a
fectan de manera directa a
una parte significativa de la población menor de edad, mayor o menor según los casos, y que ponen en riesgo el ejercicio de sus derechos.
Creemos que todos los temas o situaciones a
quí a
nalizadas responden a
esa característica común: son todas situaciones de especial riesgo o vulnerabilidad. Pero sabemos que en nuestra Comunidad existen otras situaciones de riesgo que merecerían también ser a
nalizadas en profundidad y que, sin embargo, no lo serán en este informe o solamente serán tratadas de pasada: la situación de los menores víctimas del terrorismo, por ejemplo, o víctimas de la violencia de género, o enfermos de sida, o víctimas de a
busos sexuales, o que viven en la pobreza, o que tienen a
su padre o a
su madre en prisión, etc. El listado de estas situaciones, sin duda, podría ser muy a
mplio.
Si a
quí hemos seleccionado unas situaciones y no otras es, principalmente, porque es sobre ellas sobre las que hemos investigado a
lo largo de estos a
ños desde el A
rarteko con una especial dedicación y, consiguientemente, es en estos temas donde disponemos de una mayor información y podemos sentirnos más seguros. Se trata, principalmente, de las situaciones de riesgo de:
– Niños, niñas y a
dolescentes a
cogidos o tutelados por las instituciones de protección.
– Menores de otros países que han migrado hasta a
quí sin sus familias.
– A
dolescentes infractores, que han cometido delitos y son objeto de medidas judiciales.
– Hijos e hijas de familias de trabajadores temporeros que se desplazan de unos lugares a
otros para realizar tareas a
grícolas.
– Niños, niñas y a
dolescentes de orientación homosexual (lesbianas y gays) o bisexual, o con identidad transexual o transgénero.
– Niños, niñas y a
dolescentes con graves enfermedades mentales.
– A
lumnos y a
lumnas con necesidades educativas especiales o específicas derivadas de su discapacidad, de su origen o de su pertenencia a
un medio social desfavorecido.
– Menores que son sujetos a
ctivos o pasivos de maltrato o violencia.
– A
dolescentes con consumos problemáticos de drogas…
El informe –en su capítulo 3, el más extenso y que constituye su cuerpo central– a
borda cada una de esas situaciones de manera diferenciada, destacando problemas, a
puntando tendencias, proponiendo posibles mejoras… También a
borda otras situaciones de riesgo, a
unque con menor profundidad: determinados usos de las nuevas tecnologías, o las situaciones de conflicto o de violencia intrafamiliar que a
fectan a
menores…
Este modo de a
bordar la cuestión, sector por sector o situación por situación, presenta, sin embargo, una serie de limitaciones o de riesgos que conviene no olvidar.
Uno de ellos es, precisamente, que puede inducir a
pensar que nos hallamos a
nte situaciones inconexas, a
nte diferentes grupos de menores sin ninguna relación entre sí. Pero no es as
í. En muchos casos, la misma niña o el mismo a
dolescente que hoy encontramos en un centro de a
cogida, o que vemos desescolarizado o fracasando en la escuela, lo encontramos mañana en un centro de internamiento, o la podemos encontrar de nuevo, dentro de un tiempo, en otra situación de especial riesgo. Lo cual pone de manifiesto que en nuestra sociedad todavía existen a
uténticos circuitos o itinerarios de exclusión, ligados muchos de ellos a
la inexistencia, falta de competencia o simplemente fracaso de la familia como elemento esencial de soporte y a
poyo a
l crecimiento y necesidades del menor.
Desde ese punto de vista, debemos insistir en la importancia de lograr una coherencia y continuidad en los itinerarios o intervenciones educativas, sean cuales sean los servicios, profesionales o instituciones implicados en ellos (servicios sociales, servicios de educación, servicios de salud, servicios de justicia, servicios policiales…).
Tanto el capítulo 4 (de diagnóstico y valoración global) como el capítulo de recomendaciones (al menos en buena parte de ellas) pretende "romper" o superar esa visión estanca y considerar a
la infancia especialmente vulnerable en su globalidad.
Porque, como fácilmente se puede comprender, no es lo mismo que un niño, una niña o un a
dolescente sufra una única situación de riesgo, a
que a
cumule en su persona a
lo largo de su vida toda una serie de riesgos que se suceden o se suman uno tras otro, como sucede con demasiada frecuencia.
1.2. Datos generales de la población infantil de la CAPV
Como ya se ha dicho, el sujeto de derechos es cada menor, cada niño, niña o a
dolescente. Y un derecho será conculcado, independientemente de que ello a
fecte a
una sola persona menor o a
miles de ellas. Desde esa perspectiva, los datos cuantitativos tienen un valor relativo; pero tampoco son despreciables. No exige iguales medios dar respuesta a
un sector vulnerable o a
una situación de especial vulnerabilidad que a
fecta a
80 menores o que a
fecte a
800.
Este informe tiene una dimensión más cualitativa que cuantitativa pero, como se verá en los diferentes capítulos, también ha recurrido a
los datos cuantitativos, a
l menos cuando se disponía de ellos y se consideraban mínimamente fiables y a
decuados para valorar la realidad, e incluso para destacar a
lgunos as
pectos o evoluciones.
Prácticamente todos los datos en él manejados van del a
ño 1995 (año de elaboración de nuestro primer informe extraordinario sobre menores, el dedicado a
l sistema de protección), hasta el último a
ño, 2010.
Por ello, nos ha parecido conveniente ofrecer a
quí una serie de datos de carácter global que serán los que utilicemos como marco de referencia para todo el informe: para contextualizar los datos particulares de cada sector; para poder calcular tasas de incidencia; para obtener porcentajes o datos relativos (no a
bsolutos), que permitan y faciliten las comparaciones entre diferentes a
ños o diferentes territorios…
Estos datos, de carácter global, los hemos resumido en las siguientes cuatro tablas y los dos gráficos que las a
compañan.
Así, en primer lugar, podemos ver los datos de evolución de la población (tanto mayor como menor de edad) en el período considerado (1995-2010):
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. A
ños 1995 a
l 2001: Estimaciones Intercensales de Población.
A
ños 2002 a
l 2010: Estimaciones de la Población A
ctual tomando como base el Censo 2001.
Datos a
1 de enero. Elaboración propia.
Como se puede a
preciar, el peso de la población menor de edad en el conjunto de nuestra Comunidad ha descendido significativamente durante ese período: ha pasado de ser el 18,4% del total de población (casi un menor por cada cinco personas) a
constituir el 15,5%, tres puntos porcentuales menos. El descenso de población menor de edad (de 384.000 a
poco más de 300.000) se dio especialmente en los primeros a
ños, y a
partir del 2004 se a
precia un repunte, a
unque sea tímido. Esto, naturalmente, ha tenido consecuencias, por ejemplo, en las necesidades de escolarización.
Las tendencias, como se puede ver tanto en la tabla como en el gráfico siguiente, son bastante similares en todos los territorios, a
unque también se puedan a
preciar a
lgunas pequeñas diferencias.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. A
ños 1991 y 2001: Censo de Población y Viviendas.
Datos a
1 de marzo y 1 de noviembre, respectivamente. A
ño 1995:
Estimaciones Intercensales de Población tomando como base el Censo 1991.
A
ño 2010: Estimaciones de la Población A
ctual tomando como base el Censo 2001.
Datos a
1 de enero. Elaboración propia.
1 Los datos correspondientes a
l 2010 han sido tomados de la página del INE en a
gosto de dicho a
ño y pueden estar sujetos a
posteriores depuraciones.
2 No se dispone de información detallada a
nual de la distribución de la población por Territorios Históricos hasta el 1 de enero de 2002, a
excepción de los Censos de Población (1991, 2001). Para el a
ño 1995, partiendo de los datos reales de población menor de 18 a
ños en toda la CAPV, se ha realizado una estimación de la distribución de dicha población en cada Territorio Histórico a
partir de los porcentajes de distribución de la población de 0 a
19 a
ños por Territorios Históricos en el a
ño 1995 (Álava 14,058%, Bizkaia 53,84 % y Gipuzkoa 32,101%). Eso explica la pequeña variación en el total.
En cuanto a
los datos globales más a
ctualizados, recogemos a
quí los correspondientes a
los dos últimos a
ños (2009 y 2010).
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Estimaciones de la Población A
ctual tomando como base el Censo 2001.
Datos a
1 de enero de 2009. Elaboración propia.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Estimaciones de la Población A
ctual tomando como base el Censo 2001.
Datos a
1 de enero de 2010. Elaboración propia.
Finalmente recogemos una tabla muy desglosada (con datos por cada tramo de edad, sexo y territorio) pero que puede resultar muy útil para calcular tasas de intervención o de incidencia en una parte de la población infantil (como pueden ser los menores infractores, de 14 a
17 a
ños).
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Estimaciones de la Población A
ctual tomando como base el Censo 2001. Datos a
1 de enero de 2009. Elaboración propia.
En todo caso, como ya hemos dicho, nuestro interés en este informe no es especialmente cuantitativo.