11. Personas víctimas de los grupos terroristas
1. El área en cifras
Durante el año 2016 solamente se ha recibido una petición de actuación en relación con el área de las personas víctimas de grupos terroristas.
Un ciudadano, cuyo hermano había sido asesinado por ETA en los años 90, plantea una consulta a la institución del Ararteko sobre su posible derecho a una indemnización como víctima del terrorismo.
Para determinar el derecho a esta eventual indemnización, había que tener en cuenta que el plazo para presentar solicitudes de indemnización establecido en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, había expirado en el momento de la consulta y que otro familiar –su padre– había cobrado sendas indemnizaciones en aplicación de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, y del Real Decreto 1311/1988, de 28 de octubre, además del grado de parentesco del solicitante –hermano– con la víctima del atentado.
Esta institución del Ararteko se puso en contacto con la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, que se reunió en varias ocasiones con el promotor de la consulta, al que asistió para gestionar la solicitud de ayuda ante el Ministerio del Interior.
Finalmente, el Ministerio del Interior ha reconocido sendas ayudas extraordinarias para los hermanos con base en el art. 36 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, y el art. 42 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, que señalan que este ministerio puede conceder ayudas extraordinarias para paliar situaciones de necesidad personal y familiar.
2. Contexto normativo y social
2.1. Derecho a la Justicia
Este derecho se recoge en el art. 3 de la Ley 4/2008 de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo. En la propia exposición de motivos de esta ley se señala que “por razones competenciales, este artículo limita su contenido a la regulación de aspectos complementarios del derecho de Justicia, cuya regulación sustancial corresponde al Estatuto de Autonomía”.
El derecho a la Justicia es una de las reivindicaciones que con mayor intensidad demandan las víctimas del terrorismo y sus asociaciones. Las víctimas, en distintos testimonios, han reclamado siempre la necesidad de que se haga justicia y han manifestado su confianza en el buen funcionamiento del Estado de Derecho.
En un informe de 2011 del denominado Observatorio contra la impunidad, constituido por varias asociaciones de víctimas del terrorismo, se indicaba la existencia de más de trescientos casos relacionados con asesinatos terroristas que se encuentran sin resolver, algunos de los cuales han prescrito. La asociación Covite ha planteado reiteradamente su reivindicación de que se resuelvan los más de trescientos asesinatos de ETA sin esclarecer. En este mismo sentido, la Fiscalía de la Audiencia Nacional elaboró en 2011 un informe, a petición de la Fundación Víctimas del Terrorismo, sobre los crímenes de ETA sin resolver, cuyas conclusiones manifestaron la existencia, en aquel momento, de 349 víctimas mortales sin resolución judicial.
En diciembre de 2014 la Secretaría General para la Paz y la Convivencia emitió un informe sobre la situación procesal de los atentados perpetrados por organizaciones terroristas con resultado de muerte entre 1960 y 2014. En este informe, entre otras cuestiones, consta la existencia de un importante número de crímenes causados por organizaciones terroristas sin esclarecer (no solo de ETA, sino también de BVE, GAL y otros de autoría desconocida) por estar los casos sobreseídos o archivados.
En 2015, la Defensora del Pueblo, a petición de Dignidad y Justicia, solicitó a la Fiscalía General del Estado un análisis de los casos “en los que proceden actuaciones procesales para intentar la depuración de responsabilidades penales” de los crímenes de ETA que se encuentran sin resolución.
2.2. Derecho a la memoria y a la verdad
La Ley 4/2008, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, incorpora en sus artículos 7 y 8 los derechos a la verdad y a la memoria de las víctimas del terrorismo.
En estos preceptos se reconoce un derecho al reconocimiento público de dicha verdad y un mandato expreso a los poderes públicos vascos de promover “el asentamiento de una memoria colectiva que contribuya a la convivencia en paz y libertad y a la deslegitimación total y radical de la violencia”.
Las propias víctimas y sus asociaciones han considerado que la memoria, a través de los propios testimonios de las víctimas, resulta clave para un final del terrorismo respetuoso con sus derechos.
Dos de los instrumentos fundamentales para un tratamiento de la memoria, creados legalmente y previstos como iniciativas relacionadas con la gestión del pasado en el Plan de Paz y Convivencia (2013-2016), son el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos –Gogora– y el Memorial de las Víctimas del Terrorismo, que se materializaron durante el año 2015. Tanto las actuaciones de Gogora, Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, como las del Memorial de las Víctimas del Terrorismo resultan indispensables para promover políticas públicas de memoria.
En el informe del Ararteko Atención institucional a las víctimas del terrorismo en Euskadi como en los informes anuales se ha destacado que son muchos los ayuntamientos vascos que, pese a que han sufrido atentados mortales en sus municipios, no han organizado actos de homenaje a las víctimas.
El documento “Retratos municipales de las vulneraciones del derecho a la vida en el caso vasco (1960-2010)”, municipio a municipio de los tres territorios históricos elaborado por la Secretaria de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, resultó un instrumento muy importante a los efectos de recordar a las víctimas del terrorismo. Este documento ha servido para complementar el llamado Mapa de la Memoria, culminado en 2014 y que debe servir a los ayuntamientos para celebrar actos memoriales en los que las víctimas se sientan reconocidas.
En ese sentido, resulta reseñable que en noviembre de 2016 se realizó la segunda edición de “Retratos municipales de las vulneraciones del derecho a la vida en el caso vasco”. Se trata de un documento informativo ofrecido a los ayuntamientos para facilitar el impulso de actuaciones memoriales y de reconocimiento de las víctimas, que incorpora aportaciones realizadas al documento anterior.
El ámbito municipal es el más cercano a la ciudadanía, ya que las ciudades y pueblos son espacios de convivencia en los que se desarrollan las relaciones personas y sociales más próximas. Es en el ámbito local donde cobran especial importancia las políticas de deslegitimación del terrorismo.
La iniciativa denominada “Plaza de la Memoria”, una exposición itinerante que se ha programado en distintas localidades vascas, es un interesante proyecto que promueve la participación ciudadana y que va dirigido a una memoria plural de las víctimas del terrorismo, además de las víctimas del franquismo y de la violencia policial ilícita anterior a 1978.
En el informe del Ararteko Atención institucional a las víctimas del terrorismo en Euskadi, de 2009, ya se incorporaba un capítulo sobre las víctimas de amenazas y/o coacciones terroristas, de lo que se denominaba “violencia de persecución”, en el que se reseñaba la existencia de “una situación excepcional de victimación anticipada de numerosos colectivos”. En ese capítulo se recuerda que la propia Ley 4/2008, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, en su exposición de motivos afirma en su art. 9 que las amenazas son injustificables en cualquier circunstancia y que los poderes públicos vascos velarán por el derecho de las personas a vivir sin violencia, miedo, opresión o intimidación. En el mismo informe se señalaba que “las instituciones vascas tienen un grado de responsabilidad en la adopción de medidas necesarias y adecuadas a cada caso para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad, la vida privada, la libertad de movimientos y de expresión y los derechos políticos de las víctimas de amenazas y coacciones terroristas”.
Es de destacar positivamente el informe de la Secretaría General para la Paz y la Convivencia sobre las injusticias padecidas por las personas amenazadas por ETA (1990-2011), publicado en 2016.
Resulta imprescindible promover políticas públicas dirigidas al reconocimiento del derecho a la memoria y la verdad de las personas amenazadas por ETA, así como a la justicia y reparación. Es necesario el conocimiento y la deslegitimación del sufrimiento injusto padecido por las víctimas que se vieron sometidas a la amenaza de ETA.
Uno de los colectivos que han sufrido el acoso y la amenaza terrorista es el de las fuerzas de seguridad, y en especial la Ertzaintza y sus familias. Por ello, resulta especialmente oportuno el “Informe sobre la injusticia padecida por el colectivo de ertzainas y sus familias a consecuencia de la amenaza de ETA (1990-2011)”, promovido también por la Secretaría de Paz y Convivencia.
Estos informes constituyen un material valioso que debe servir de referencia para que los poderes públicos realicen actuaciones en relación con las personas amenazadas por ETA.
3. Otras intervenciones en el marco del plan de actuación
3.1. Relaciones con asociaciones y fundaciones
El papel de las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo es fundamental para la defensa de los derechos legalmente reconocidos a la justicia, a la verdad, a la memoria y a la reparación, y así ha sido siempre reivindicado por la institución del Ararteko. También resultan de capital importancia las actividades de aquellas organizaciones y asociaciones que trabajan en pro de los valores de convivencia y paz.
La institución del Ararteko reconoce a estas organizaciones como actores imprescindibles y por ello ha considerado prioritario mantener unas relaciones privilegiadas con dichas asociaciones y fundaciones.
Representantes de la institución han acudido durante el año 2016 a distintos actos, foros y seminarios en los que se ha debatido sobre los derechos de las víctimas del terrorismo o se han reivindicado los principios que deben informar las políticas públicas en relación con estas personas. En este sentido, el Ararteko y otros representantes de la institución asistieron al In Memoriam en recuerdo de Fernando Buesa y Jorge Díez, que se celebró en febrero de 2016. Además, un representante de la institución participó en el XIV Seminario Fernando Buesa que, bajo el título “Víctimas: ¿Todas iguales o todas diferentes?” se desarrolló los días 10 y 11 de noviembre de 2016. Por otra parte, el Ararteko acudió al acto de entrega de los premios de la Fundación de Víctimas del Terrorismo 2016, que tuvo lugar en Madrid el pasado mes de noviembre.
3.2. Relaciones con las administraciones públicas
El ararteko y su equipo han mantenido reuniones y encuentros tanto con las Secretaría de Paz y Convivencia como con la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos para abordar cuestiones relacionadas con la convivencia y los derechos de las víctimas.
4. Valoración del estado de los derechos ciudadanos
• La falta de actividad terrorista desde que ETA declaró lo que denominó “el cese definitivo de la violencia” ha permitido que en Euskadi, durante 2016, no se haya producido ninguna vulneración del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal de los ciudadanos por actuaciones de organizaciones terroristas.
• Es de destacar las distintas políticas públicas dirigidas a promover el derecho a la memoria de las víctimas del terrorismo y de la sociedad vasca en general.
• Las políticas públicas de memoria en el ámbito local cobran especial importancia por ser el ámbito más cercano a la ciudadanía y de manera más relevante en aquellos municipios donde se han producido víctimas mortales por atentados terroristas.
• Son necesarias políticas públicas dirigidas a promover los derechos de las personas que han estado sometidas a la amenaza terrorista de ETA.
• El derecho a la justicia de las víctimas del terrorismo exige el esclarecimiento de los centenares de atentados terroristas con resultado de muerte sin resolver.