LAS FAMILIAS HOMOPARENTALES: DIFICULTADES, RETOS Y OPORTUNIDADES
KATY PALLÁS
(Associació de Famílies Lesbianes i Gais elkarteko presidentea /
Presidenta de la Associació de Famílies Lesbianes i Gais)
INTRODUCCIÓN
En esta ocasión me satisface gratamente poder estar en una mesa para hablar sobre políticas familiares y familias homoparentales, ya que a nosotros, madres y padres lesbianas, gais, bisexuales y trans, nos sigue resultando novedoso estar en foros como este. Novedoso no porque haga poco tiempo que somos madres y/o padres, esto lo llevamos haciendo, me atrevo a decir sin temor a equivocarme, que desde siempre, sino porque hace poco tiempo que se nos incluye en foros de discusión como este como un modelo más a tener en cuenta al respecto de las políticas familiares.
La pequeña modificación de la ley de matrimonio en el año 2005 significó un enorme avance en los derechos civiles de millones de personas en nuestro país. Durante los años siguientes se fueron sucediendo modificaciones en leyes aledañas que se habían visto afectadas por aquella modificación. A pesar de estos cambios legislativos, las personas lesbianas, gais, transexuales y bisexuales y sus hijas e hijos continuamos necesitando políticas que nos ayuden a romper tabúes y que visibilicen y respeten la diversidad afectiva, sexual y familiar, que por otra parte siempre ha existido en la sociedad.
Las familias homoparentales no existimos para los legisladores ni para los políticos en cuanto a modelo familiar. El trasfondo sociocultural que existe en las políticas familiares está basado en un modelo familiar patriarcal y heteronormativo, lo que significa un modelo de familia formado por un hombre como “aportador” de recursos (en inglés, breadwinner) y una mujer como “cuidadora y principal encargada de las tareas domésticas y el cuidado de la fuerza de trabajo presente pasada y futura” (housekeeper).
EL IMAGINARIO PATRIARCAL DE LAS POLÍTICAS FAMILIARES
El término “heteronorma”, utilizado por primera vez por Steven Seidman (1993) en su artículo Identity and Politics in a “Postmodern” gay culture, surge como definición de una macro-estructura que rige y condiciona social y políticamente la cultura occidental. La presunción de heterosexualidad o de un comportamiento social heteronormativo desde incluso antes de nacer se presenta como barrera infranqueable para todas aquellas personas que por muy diversas razones no pueden seguirlo. El individuo, ante su necesidad de encontrar modelos en los que tengan cabida sus deseos y sentimientos afectivo-sexuales, comienza una búsqueda que puede que nunca concluya, desarrollando así sentimientos encontrados y en ocasiones traumáticos.
“Tanto como la raza, la sexualidad, el género o la clase social marcan un lugar de auto-definición y nos involucran en una política de identidad y de representación, estas categorías nos sirven como marcadores sociales y políticos. El estatus de la orientación sexual sitúa al YO o bien en la periferia o en el centro social, sitúa al YO en una relación determinada con los recursos institucionales, oportunidades sociales, protección legal y privilegios sociales. También coloca al YO en relación a una serie de formas de control social que van desde la violencia a la ridiculización. Se coloca así a la identidad en un espacio multidimensional que representa su significación macrosocial. Estamos llamados a relacionar la política de la representación con las dinámicas institucionales” (Seidman, 1993: 136).
Las personas que no se identifican con la norma, con el modelo hegemónico heteronormativo se ven obligadas a cuestionarse, a definirse y a clasificarse en el opuesto a la norma, a su contrario: blanco/negro, hombre/mujer, minoría/mayoría, y así poder identificar a quienes pertenecen al grupo de quienes no pertenecen. Pero también a rebelarse contra esta imposición y defender la diversidad y la multiplicidad de formas y modelos de construirse a sí mismas.
Las familias homoparentales surgen en contraste a las heteroparentales, términos que identifican un todo por un único rasgo distintivo: la identificación de sus progenitores con una orientación sexual determinada. Podríamos pensar, pues, que este único factor distintivo solo necesitaría cambios legislativos mínimos para igualar su situación. Sin embargo, los cambios son muchos y algunos de ellos tan significativos que han provocado debates sociales importantes, como más tarde comentaré.
Las familias homoparentales conocemos bien estos caminos y esas búsquedas de nuevos modelos. Sin duda esta será nuestra mayor aportación a la cultura occidental futura, tratando de mejorar los ámbitos sociales y culturales en los que estamos inmersos y sobre todo a través de nuestras hijas e hijos.
Las familias de dos madres lesbianas, por una parte, parecen mantener, en lo que a maternidad se refiere, los roles heteronormativos por partida doble, pero desde el punto de vista del lesbianismo político feminista era visto (y lo digo en pasado) como una traición a la lucha social que lucha contra las imposiciones masculinas. Por otra parte, aun viéndose con mucho menor grado de agresividad de la que se puede dedicar a las familias de dos padres, se duda de su capacidad de hacer de sus hijas y sobre todo de sus hijos varones hombres y mujeres equilibrados y capaces de seguir con habilidad las convenciones sociales.
Las familias de dos padres, del mismo modo, han sido vistas desde el movimiento LGTB como traidores de la lucha LGTB por la liberación sexual y/o como una terrible corrupción del ser humano por las mentes más inflexibles y retorcidas, fieles sin fisuras a la heteronorma.
Estas dicotomías conducen a una necesidad de pedagogía. Son, a mi entender, los últimos coletazos de una visión del ser humano, de su sexualidad, de su representación social, de sus relaciones con las instituciones y con la legalidad obsoletos, estrechos, incómodos para el conjunto de la sociedad.
Si hacemos un pequeño análisis del imaginario de la familia, venimos arrastrando un modelo bread winner-housekeeper que ya no corresponde en muchos casos a las prácticas actuales. Se trata de un modelo en que ambos roles estaban perfectamente definidos, la división de tareas muy marcada. El varón era el encargado de salir de la casa para realizar el trabajo productivo remunerado. La mujer se ve representada como cuidadora de sus hijos. En este modelo la maternidad ocupa gran parte de las funciones de la mujer, la cual no tiene trabajo remunerado y se ocupa del cuidado del resto de miembros de la familia, incluidos los abuelos. Este modelo, aunque no se ha correspondido con la realidad de la mayoría de las familias, puesto que las mujeres de clase trabajadora han realizado trabajo remunerado siempre, ha tenido un gran calado social, ya que la identidad social de estas mujeres ha estado definida más por ser madres y esposas que por el trabajo remunerado que realizaban.
En la actualidad, el imaginario social sobre el modelo de familia heteronormativo, en la mayoría de los países occidentales, se basa en la idea de una mujer presente en el mercado laboral, pero que cuando las necesidades de cuidados de la familia lo exigen su presencia en el trabajo productivo disminuye o en el peor de los casos desaparece, de tal manera que se pasa a un modelo male bread winner - female part time job and housekeeper, modelo que no deja de ser no-igualitario, ya que sigue relegando a la esfera de los cuidados a las mujeres y no cuestiona la hegemonía masculina en el mercado laboral.
Ambos modelos guardan un notable desequilibrio que es fuente de conflictos dentro y fuera de la unidad familiar. A nuestro modo de ver, el modelo igualitario de familia es el que se compone de dos personas presentes en el mercado laboral y dos personas cuidadoras.
Las familias homoparentales representamos este modelo. La mujer lesbiana busca su emancipación a través del trabajo. Generalmente accede a la maternidad de manera reflexionada y deseada. Construye su propia familia, a pesar de todas las dificultades, con otra mujer en las mismas condiciones. Las lesbianas, al asumir su condición de mujeres y lesbianas, no se construyen ni desean un proyecto de vida que las relegue a la esfera doméstica y dependiente económicamente de un esposo. De la misma manera, los hombres homosexuales no consideran en su proyecto de vida una paternidad en la que una mujer sea la principal cuidadora de sus hijos y la encargada del mantenimiento del hogar. La mayoría de nuestras familias están formadas por dos personas presentes en el mercado laboral y dos personas que cuidan de sus hijos/as y se encargan de las tareas del hogar.
Numerosos son los trabajos de investigación que muestran cómo las familias homoparentales tienen un reparto más igualitario de las tareas domésticas y de cuidado de las criaturas que las familias heterosexuales. En nuestro país, los estudios del antropólogo Ignacio Pichardo (2009), así como los liderados por la Profesora de Psicología de la Universidad de Sevilla M.ª del Mar González (2005, 2010) aportan sobrada evidencia empírica sobre esta mayor igualdad.
Asimismo y en la idea de rebatir algunos mitos o preocupaciones sociales sobre nuestro modelo de familia, otro tipo de estudios sobre familias homoparentales han demostrado que el desarrollo psicosocial de los niños de familias con padres gais o madres lesbianas no está afectado negativamente por la orientación sexual de sus padres o madres. Su ajuste cognitivo, emocional, sexual y social es semejante al de sus homólogos criados en familias con padres heterosexuales (Golombok 2006; Perry, Burston, Murria, Mooney-Somers, Stevens y Golding, 2003; Perrin y the Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health, 2002).
Tenemos que añadir que no solo nuestros hijos e hijas crecen con total normalidad, sino que además obtienen mejores resultados en cuanto a valores. El reparto más igualitario de las tareas del hogar y la ausencia de prácticas, en el seno del mismo, que obedezcan a los roles tradicionales de género favorece la interiorización de una mayor igualdad. Nuestros hijas/os no asocian que las mujeres tengan que planchar, cocinar o fregar platos mientras los hombres están con el ordenador o viendo la tele. Lo que ellos ven cotidianamente es que los adultos realizan todo tipo de tareas en el hogar, independientemente del género. Por otro lado, todas las personas que hemos tenido que realizar el largo camino para ser padres gais y madres lesbianas hemos sufrido la intolerancia y la discriminación en primera persona, por lo que estamos muy atentos a que nuestras criaturas respeten la diversidad y la incorporen como un valor positivo. Tanto la igualdad como la tolerancia y el respeto a la diversidad son valores muy próximos a la solidaridad, que está ligada a la capacidad de empatizar con los otros. Los resultados de esos mismos estudios citados anteriormente muestran que los hijos/as criados en familias homoparentales son mejores en estos valores solidarios. La educación que reciben nuestros hijos e hijas los dota de una mayor sensibilidad hacia la aceptación de la diferencia y una mayor libertad a la hora de desarrollar su personalidad afectivo-sexual. Nos atrevemos a afirmar que en aquellos entornos donde las familias homoparentales estamos presentes los entornos son más igualitarios, más libres y más democráticos.
Volviendo al caso que nos ocupa, las políticas familiares, consideramos que estas poseen un trasfondo sociocultural patriarcal y heteronormativo o, en el mejor de los casos, responden a un modelo que considera a la mujer como trabajadora a tiempo parcial y al varón como aportador principal, lo que no se ajusta a nuestra realidad familiar.
A continuación señalaré algunas de las dificultades que encuentran de manera sistemática nuestras familias y que, a nuestro modo de ver, obedecen a ese imaginario heteronormativo que se encuentra en la mentalidad de los políticos y los legisladores que crean las normas y las leyes que nos afectan, así como de los profesionales y técnicos que deben velar por la aplicación de las mismas.
DIFICULTADES
En este apartado detallaré los ámbitos más importantes, en un afán más ejemplarizante que exhaustivo. Todo lo que señalamos es fruto de los numerosos casos de familias homoparentales u hombres y mujeres LGTB que quieren o han iniciado el camino de la paternidad o maternidad en solitario. Son personas que acuden a nuestra asociación FLG en busca de respuestas y de ayuda para hacer frente a la discriminación a la que se ven sometidas.
Ámbito normativo
Cuando dos personas deciden tener un hijo entran en un proceso largo y en el que nunca sabes si todo va a ir bien. Estaréis de acuerdo conmigo en que este proceso tiene mucho de emocionante, por lo general. Además, suele implicar a la familia extensa, todos pendientes de como irá el embarazo, de las náuseas matutinas, de la compra de enseres y de la decoración de la habitación para el futuro bebé. También son momentos de grandes cambios hormonales, que para ambos miembros de la pareja sirven como anecdotario cuando el nuevo bebé viene al mundo. Cuando esto ocurre, todo es alegría y los trámites burocráticos son eso, puros trámites, que para nadie son un inconveniente ni tienen la menor importancia. En esos momentos estamos de celebración. Sabemos que tenemos la baja maternal, que podemos solicitar la reducción de jornada, que tendremos una ayuda en la declaración de Hacienda, entre otras protecciones sociales.
Sin embargo, para una pareja de dos mujeres o de dos hombres la decisión de tener un hijo viene unida a largas esperas, dudas sobre documentos legales y estados civiles, bajas maternales que no se pueden solicitar, registros civiles que dudan de nuestra maternidad o de nuestra paternidad.
Las leyes que regulan estas áreas se aplican de forma irregular en las diferentes autonomías y el trato que se dedica a las familias homoparentales también es desigual y discriminatorio.
Reproducción asistida (RA): Durante los primeros años, después de la ley de matrimonio igualitario, el acceso a la reproducción asistida en hospitales públicos se permitía en algunas autonomías y en otras no. Nos encontrábamos con casos, como en Cataluña, en que las parejas de lesbianas no tenían acceso a estas técnicas en hospitales públicos y, por ejemplo, en Valencia sí. Incluso podemos decir que la asignación a una pareja de estas técnicas dependía en numerosas ocasiones de la voluntad del jefe de servicio de RA del hospital en cuestión, por razones ideológicas o financieras. En la actualidad, las parejas de lesbianas y/o mujeres solteras no tienen acceso a la RA en la sanidad pública en ningún caso. En la sanidad privada no existen restricciones, aunque sí en el tipo de técnicas, ya que hay clínicas que no realizan la técnica ROPA, muy demandada por parejas de lesbianas, en la que una cede los óvulos y la otra los gesta. No se me ocurren más razones para no realizar esta técnica que la ideológica.
Con respecto a las adopciones y la acogida, hemos tenido denuncias de irregularidades de forma esporádica y en muy pocas comunidades autónomas. Sin embargo, por lo que respecta a las adopciones internacionales, se han convertido en una opción imposible para nuestras familias. No creo necesario entrar en profundidad en las políticas homófobas por parte de Rusia, que nos niega la adopción incluso cuando los niños ya han sido asignados previamente a familias heteroparentales en el Estado español. Son similares, aunque no tan sangrantes, los casos de los convenios que nuestro Estado tiene firmados con China, Etiopía, Marruecos, etc. En este sentido, hemos demandado en diferentes ocasiones la firma de nuevos convenios con países como EE. UU., con una concepción de la familia más abierta e igualitaria.
No existe la regulación de la gestación por subrogación como técnica de reproducción asistida en nuestro país. El 15% de las familias que acuden a esta técnica son homoparentales; el resto, un 85%, son heteroparentales o personas solas. Los costes son altísimos debido al precio de aseguradoras, clínicas de fertilización, abogados, viajes, estancias en el país, etc. Su regulación en España significaría que muchas más parejas podrían recurrir a esta técnica y con muchos menos sacrificios. Supongo que a nadie se le escapa la polémica que ha suscitado esta técnica en nuestro país por diferentes motivos y, desde mi modesto punto de vista, todos ellos con un importante sesgo ideológico, religioso y/o moral, que han provocado el rechazo directo a esta técnica y a las familias que se iban formando a través de ella. Debo decir que es un método que se viene realizando desde hace casi treinta años en los EE. UU. y que esos años de experiencia les han servido para tener la mejor regulación en este sentido: protección de la gestante, donación de óvulos, gametos, seguros médicos, etc. En España solo hace 6 años se produjo el caso O, en el que un matrimonio legal en España de dos varones quiso registrar a sus dos hijos recién nacidos en California como hijos de ambos, que lo eran, y saltó la polémica. En todos los casos anteriores con bebés de familias heteroparentales las autoridades en los registros civiles de nuestros consulados en EE. UU. habían hecho “la vista gorda”, a sabiendas de que la mujer que constaba en la partida de nacimiento norteamericana no era la gestante la criatura.
Solo recientemente se ha conseguido, después de una larga batalla, registrar los hijos a nombre de sus dos padres legales. Tras el fallo del tribunal de Estrasburgo en favor de una familia homoparental francesa, el ministro Gallardón pidió, a través de una circular a los registros civiles de los consulados españoles, que registrasen a todos los bebés procedentes de esta técnica. Resulta muy decepcionante que la decisión de registrar a todas las personas nacidas por gestación por subrogación no haya estado motivada por una voluntad o convencimiento, si no forzados por el Tribunal de Estrasburgo a través del caso francés.
Registro Civil: A las familias homoparentales se nos exige mucha más documentación a la hora de registrar a nuestros hijos a nombre de las dos madres o los dos padres. No se nos presupone la paternidad o la maternidad y con frecuencia supone un paso estresante para la pareja. Aunque en Cataluña las parejas de mujeres no necesitan estar casadas ni ser parejas de hecho para registrar a sus hijos a nombre de ambas madres, sabemos que no ocurre lo mismo en otras autonomías. Se nos piden informes de la clínica de reproducción que certifique la conformidad de ambas mujeres, que el semen de la fecundación procede de un donante de banco de semen. En algunos registros la madre no gestante se tiene que personar antes de que nazca el bebé y firmar un documento como que está en conocimiento del embarazo de su mujer y que acepta la maternidad de ese futuro bebé. Si el embarazo se ha producido en una clínica de otro país, la documentación se multiplica exponencialmente.
Hacienda: Las políticas familiares estatales ofrecen beneficios fiscales por los hijos. Estos beneficios van directamente asignados a la madre (no al padre) trabajadora, asumiendo que si la madre trabaja necesitará los servicios de guardería para la guarda de sus hijos durante sus horas de trabajo. ¿Pueden, pues, las familias de dos madres beneficiarse de esta desgravación? ¿Cuál de las dos madres puede acogerse a ello? ¿No pueden, pues, acogerse a esta reducción las familias de dos padres? ¿Es menos madre trabajadora la madre que no ha gestado? Tampoco se puede aplicar la mitad a cada una de las dos madres. Por ejemplo, en casos de separación o divorcio en la administración de Hacienda se pregunta quién es la madre biológica, una clara reproducción del heteronormativismo patriarcal. La Administración muestra una falta de adaptación a la realidad familiar actual. Desde nuestro punto de vista, la medida en sí es desigual en tanto que no ofrece este beneficio a la unidad familiar, independientemente del género de sus progenitores. No aparece en esta regulación la especificidad de que solo la madre gestante pueda beneficiarse de esta reducción. Además, cuando son dos padres, son familias que no se pueden beneficiar de esta normativa, como si sus necesidades fuesen diferentes. A todas luces es una discriminación sexista.
Censo: Llevamos tiempo reclamando un censo de familias homoparentales, porque los números sí importan. Creemos necesario tener un registro del número de familias homoparentales que nos ayude a dimensionar las necesidades de nuestras familias. En la actualidad el programa informático sigue siendo el mismo ya existente anterior a la ley de matrimonio igualitario. A la hora de rellenar los datos censales es completamente imposible asignar dos padres o dos madres a una criatura y consideramos que en 7 años ha habido tiempo suficiente.
Ámbito educativo
En la documentación escolar, matrículas, circulares, materiales educativos, boletines de notas, etc. las familias LGTB seguimos siendo invisibles. Seguimos siendo invisibles en los materiales educativos en los que nuestros hijos e hijas siguen sin ver sus familias representadas de forma inclusiva. No se regula a favor de una adecuada formación del profesorado en diversidad afectivo-sexual y diversidad familiar. Existe un profundo desconocimiento por parte de los profesionales y, me atrevo a decir, una importante falta de voluntad de conocer y de estar informados. No se están llevando a cabo políticas en este sentido. Los niños/niñas trans necesitan que se tomen medidas con respecto a su correcta integración en las escuelas. Los docentes han de conocer estas realidades y deben saber ayudar y proteger a estos menores adecuadamente. Las escuelas deben tener sensibilidad y estar preparadas para integrar en igualdad a los menores trans, evitando situaciones de rechazo, apoyando la decisión del menor de adecuar su atuendo a su identidad de género, sin que ello suponga situaciones de violencia verbal o física y que utilicen las áreas del edificio con marca de género (como, por ejemplo, los lavabos o los vestuarios deportivos) del genero preferido por los menores.
Los centros educativos deben evitar y/o penalizar situaciones de discriminación y/o acoso (bullying) por expresión de género no normativo, tratando en las aulas adecuadamente las diferentes expresiones y afectividades de género y de orientación sexual de forma natural, positivizando y desestigmatizando toda la cuestión. Por ello deberían incluir literatura infantil y juvenil con referentes positivos, videos y todo tipo de materiales que ayuden a los estudiantes a aceptar la diferencia, siguiendo el mismo patrón educativo de otras discriminaciones por razones de género, etnicidad, religión, discapacidad, etc.
Es responsabilidad de nuestros centros educativos la utilización de un lenguaje no sexista ni lgbtbfóbico, con protocolos que ayuden a identificar y sancionar a los acosadores. Es responsabilidad del Ministerio de Educación ofrecer formación al profesorado y personal no docente de nuestro sistema educativo. No podemos olvidar las cifras que cada año arrojan las denuncias de menores y adolescentes que encuentran la violencia en las aulas o los que no ven otra salida que el suicidio.
Ámbito sanitario
Seguimos negando el acceso a las personas trans a las reasignaciones de sexo en la sanidad pública si así lo desean y a tener acceso a depresores de la pubertad que permitan a la persona trans tomar sus propias decisiones respecto a su cuerpo. No nos vale un protocolo genérico: cada persona debe poder ejercer su derecho a tomar sus propias decisiones, teniendo acceso a asesoramiento no solo médico, sino también por parte de las organizaciones trans.
Los protocolos ginecológicos nunca tienen en cuenta la orientación sexual de la paciente en los análisis y diagnósticos. Siempre se parte de la base de que la paciente es heterosexual y que sus prácticas sexuales pueden tener las mismas consecuencias que las heterosexuales. Las lesbianas sabemos que esto no es así. Sería recomendable una neutralización en el lenguaje, pasando a ser más inclusivo respecto a las diferentes orientaciones sexuales y géneros.
Los protocolos para el acceso a las técnicas de reproducción asistida solo contemplan la posibilidad de una pareja heterosexual que tiene dificultades para concebir de forma natural. El varón de la pareja tiene que realizarse un análisis de semen y la mujer varias pruebas del aparato reproductor. Cuando una pareja de lesbianas se acoge a estas técnicas, los protocolos las obligan a realizarse las mismas pruebas, algunas de ellas bastante dolorosas, porque así lo marca el protocolo, aun sin tener ninguna dificultad para concebir y sin opción a no pasar por esas pruebas, independientemente de la edad de la mujer y asumiendo que sí tiene dificultades para concebir. A la pareja que no va a gestar le realizan un análisis de sangre, a falta de semen. Nos resulta ridículo, caro y en ocasiones indignante.
Los hombres homosexuales han sufrido durante las últimas décadas el estigma del SIDA. En el ámbito sanitario se ha asociado la orientación sexual a la práctica sexual de riesgo. Ni la promiscuidad sexual ni las prácticas de riesgo son exclusivas ni patrimonio de los hombres homosexuales. En demasiadas ocasiones muchos hombres homosexuales han sido vejados e intimidados por el sistema sanitario al informar sobre su orientación sexual o al demandar que se les hagan las pruebas referentes a las enfermedades de transmisión sexual.
Los pediatras que atienden a nuestros hijos/as deben revisar sus protocolos al preguntar sobre los antecedentes biológico-genéticos de los mismos. Presuponer que la mujer que ha gestado tu hijo es la que aporta el material genético es un grave error dado el estado actual de desarrollo de las TRA. Presuponer que cuando hay dos padres el hijo es adoptado es otro de los errores comunes.
Ámbito laboral
Las políticas de conciliación, los permisos de paternidad/maternidad, etc. se hacen a partir de la heteronorma y la visibilidad y presencia de nuestras familias cuestiona de nuevo el modelo hegemónico.
La Ley Orgánica 3/2007, que supuso una ampliación de la acción protectora de la Seguridad Social, de nuevo siguió sin tener en cuenta a las familias homoparentales en tanto que toda la terminología presupone familias formadas por un hombre y una mujer. ¿Qué madre tiene derecho a qué en una familia de dos madres? ¿Qué ocurre con los derechos si son dos hombres los que conforman la pareja y tienen un niño recién nacido por TRA como la subrogación? Se están negando los permisos de maternidad/paternidad a las familias que han recurrido a esta técnica.
Las familias trans con uno o más miembros trans tienen serias dificultades para mantener o conseguir trabajos por una cuestión de prejuicios, a pesar de que a nadie le puede caber la menor duda de que la capacidad de trabajo no viene determinada por la orientación y/o expresión de género.
Ámbito de la Administración
Los profesionales que trabajan en los distintos ámbitos relacionados con la familia deben tener formación específica, tratando a las familias sin prejuicios, con un trato no sesgado. Es necesaria, una vez más, la adaptación de protocolos. En la actualidad los impresos internos de las escuelas y los de las distintas administraciones que ofrecen servicios a las familias siguen preguntando por el nombre del padre y de la madre. Una institución que no incluye el modelo de familia que representamos es una institución que rechaza a nuestras criaturas.
RETOS Y PROPUESTAS
En los puntos anteriores he intentado hacer una descripción de las carencias más evidentes respecto a las necesidades de las familias LGTB y por ende del colectivo LGTB. Como pueden suponer, las necesidades son muchas más, pero he intentado ceñirme a aquellas que atañen a nuestras familias y también a nuestros hijos e hijas, quienes son heterosexuales, gais, lesbianas, trans o bisexuales en la misma proporción que entre las familias heteroparentales.
Propongo la promoción de acciones y de medidas para solucionar o en todo caso paliar las dificultades con las que nos encontramos a lo largo de nuestra existencia civil. Algunas propuestas pueden ser:
Tener en cuenta las aportaciones positivas que las familias homoparentales ofrecen a nuestra sociedad: una perspectiva educativa y de convivencia más justa y más igualitaria. Nuestros hijos e hijas ganan en equidad y respeto hacia los demás como resultado de su vida cotidiana y por una mayor sensibilidad familiar al respecto de las discriminaciones y la homofobia. La inclusión de las familias homoparentales en las políticas familiares sin duda beneficia al resto de modelos familiares. Así lo desvelan todos los estudios realizados por varias universidades españolas (Madrid, Sevilla, Alicante) y extranjeras (Ámsterdam, Washington, etc.).
Nuestro modelo no se revela en la intimidad; al contrario, las familias LGBT ofrecen una visibilidad diaria que normaliza nuestra realidad. Es lo que llamamos “militancia de a pie” en el vecindario, en los espacios lúdicos (parques, ludotecas), en los espacios comerciales (mercados, supermercados, tiendas).
Es el turno de las instituciones de “salir del armario” y hacer su aportación a nuestra visibilización positiva también desde las instituciones y de sus políticas proactivas, ofreciendo espacios públicos en donde nuestras familias tengan modelos positivos, donde las personas LGTBI encuentren caminos y senderos que les permitan desarrollar sus potencialidades en igualdad de derechos.
Medios de comunicación
Las familias y las personas LGTB debemos estar representadas. Los medios tienen un papel importante en nuestra visibilización. La inclusión en su justa medida de personas y familias LGTB en la representación audiovisual ayudaría en gran medida a esa igualdad social a la que todos aspiramos. Los medios de comunicación tienen pendiente un compromiso en este sentido y deben proporcionar información no sesgada ni esteriotipada, como sucede en demasiadas ocasiones. Su lenguaje debe ser respetuoso e inclusivo para que consigamos una representación mediática positiva de nuestro colectivo.
CONCLUSIÓN
Las familias homoparentales somos motor de cambio social. La presencia y la visibilidad de las mismas en las escuelas, en los centros sanitarios, en la Administración pública, en los distintos espacios que configuran la vida cotidiana están forzando a que se replantee y cuestione el modelo predominante sobre el que se basan las políticas familiares. Tratamos de que las instituciones, los profesionales y las administraciones contemplen una realidad más plural y diversa, y al mismo tiempo que podamos recibir un trato igualitario respecto a nuestros derechos. En este sentido, si lo conseguimos, sin duda caminaremos hacia una sociedad más justa y más democrática.
De todos es responsabilidad aportar un estatus de igualdad independiente del género y de la orientación afectivo-sexual. Las familias homoparentales, con nuestra presencia y visibilidad, estamos forzando a que esto ocurra. Pero no podemos hacerlo solas. Necesitamos de la complicidad, el entendimiento y la voluntad de la sociedad en general y de los responsables políticos en particular. Es necesario que entiendan que mejorando nosotros, mejoramos todos.
Y permitan que acabe con unas palabras que pronunció el expresidente Zapatero en el Parlamento español al aprobarse la ley que permitía el matrimonio entre las personas del mismo sexo, a pesar de que actualmente la política y los políticos no gozan de gran estima social, pero que es tan necesaria, porque cambia la vida de la ciudadanía:
“Estamos ampliando las oportunidades de felicidad para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros amigos y para nuestros familiares y a la vez estamos construyendo un país más decente, porque una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros”.
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RETOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA ATENCIÓN A LOS FACTORES DE VULNERABILIDAD DE LAS FAMILIAS:
EL CASO DE LAS FAMILIAS GITANAS
ISIDRO RODRÍGUEZ
(Ijitoen Idazkaritza fundazioko zuzendaria /
Director de la Fundación Secretariado Gitano)
1. Introducción
Una sociedad democrática, razonablemente cohesionada y con altas expectativas sobre su desarrollo es aquella que aspira a no dejar a nadie rezagado, que reduce sus desigualdades, que identifica y protege a los más vulnerables, y que abre oportunidades ciertas de promoción para todos.
La sociedad española de las últimas tres décadas ha intentado acercarse a ese ideal. Si bien nuestro Estado del bienestar fue más tardío y con un sistema de protección social más débil que el de la mayoría de los países de la eurozona, también se ha distinguido por ser inclusivo con los grupos sociales más vulnerables, afectados por la pobreza, la exclusión social o la discriminación. Esto, acompañado de los relevantes cambios políticos, sociales y culturales que hemos protagonizado, sin duda ha sido el efecto, pero también la condición para alcanzar el crecimiento social y económico que nos ha situado entre los países más desarrollados.
La crisis económica y su interminable duración y las respuestas políticas que se han dado han cambiado profundamente nuestra realidad y han puesto a prueba nuestro sistema de protección social. Hay dos primeras conclusiones o valoraciones que me interesa destacar aquí:
Por un lado, el buen comportamiento de nuestra red de solidaridad familiar y de apoyo primario, la buena salud del capital social que ha demostrado tener nuestra sociedad en estos momentos y que ha hecho posible lo que muchos aquí y fuera de aquí no se explicaban: que no haya habido una auténtica fractura social y una extensión de la conflictividad social.
La otra constatación tiene que ver con la obviedad de que a todo el mundo no le va igual ni en tiempos de bonanza y mucho menos en tiempos de dificultad. Esta crisis está afectando sensiblemente más a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad y parece que puede tener consecuencias duraderas sobre el futuro de las personas y de las familias que sufren situaciones de pobreza y de exclusión social.
Nos encontramos ante el riesgo cierto de salir de la crisis pero avanzar hacia una sociedad polarizada y mal cohesionada, y este es el mejor momento para, tal como se reclama desde amplios sectores de la sociedad civil, revisar y adecuar nuestro sistema de protección social de manera que cuide y desarrolle este valioso capital social y, por otra parte, que realmente proteja y permita la promoción de los hogares y de las personas en situación de pobreza severa o exclusión.
2. Políticas de familia y protección frente a la exclusión
Nuestro modelo de Estado del bienestar más bien ha combinado su mencionado carácter inclusivo y universal del sistema de protección social (el sistema de salud, educativo y el sistema de pensiones serían su columna vertebral) con políticas y servicios sociales muy sectoriales, que han ido dando respuesta, que no cubriendo suficientemente, las necesidades de grupos diversos (personas con discapacidad, personas mayores, inmigrantes, minorías étnicas, mujeres afectadas por violencia, drogodependientes, personas sin hogar, etc.). Sin embargo, las prestaciones de carácter familiar siempre han sido débiles y muy residuales si se comparan con el conjunto de prestaciones sociales.
En nuestro país, como en la mayoría de los países mediterráneos, no ha existido una tradición de políticas públicas de protección de la familia, a la vez que el sistema de bienestar delega en las familias, y especialmente en las mujeres, un papel protector ante las adversidades vitales relacionadas con la vejez, el desempleo y el cuidado de los hijos 1.
Las familias españolas han sufrido una profunda transformación en las últimas décadas, tanto en su concepción, en las dinámicas y los roles internos, como en su composición, tamaño y estructura. Estos cambios han sido apuntalados y apoyados legislativamente con sucesivas normas, pero lo han sido mucho menos desde el punto de vista de las políticas sociales y del desarrollo de medidas específicas de protección de las familias.
Este es probablemente uno de los males que nos aqueja desde la Transición. Simbólicamente, la “familia” y específicamente las medidas de protección familiares no han tenido excesiva buena prensa, por asociarse a concepciones caducas de la familia y verse contradictorias con garantizar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo.
El desarrollo de las políticas específicas de infancia y familia no supera el 5% del total del gasto social y era un 30% menor que la media de la UE en 2011. En los primeros años de esta década ha habido un importante impulso que supuso doblar el gasto público en este capítulo, impulso que la crisis finalmente ha frustrado y ha dejado en los magros niveles anteriores a 2003 2.
Además de su escaso desarrollo, la otra característica de nuestro sistema de protección familiar es que gran parte del volumen de gasto en este capítulo son prestaciones monetarias vía desgravaciones fiscales. El mayor peso lo tienen las prestaciones contributivas ligadas al embarazo y los permisos de maternidad y paternidad. Esta condición perjudica (o no beneficia) justamente a los grupos más vulnerables y más alejados del mercado de trabajo.
La siguiente prestación por volumen de gasto es no-contributiva y es la que perciben las familias de renta baja por hijo a cargo. En este caso el problema es doble: por un lado, su baja cuantía (558 euros al año por hijo, 46,5 euros mensuales) y, por otro lado, su limitada cobertura, pues es para familias de renta muy baja.
En relación con las políticas públicas de familia, se puede afirmar 3 que las políticas sociales en España han sido muy avanzadas en el reconocimiento y garantía de derechos (sobre todo en el terreno laboral), muy pobres en el desarrollo e implementación de servicios para la atención a la infancia o los mayores, y muy escasas en prestaciones monetarias. Como concluye con ironía el autor en su informe, las políticas familiares en España han dado tiempo (permisos laborales) a las familias, pero no dinero o servicios.
Como conclusión, podemos convenir en que nuestro sistema de protección parece haber aguantado y está cumpliendo su función protectora de nuestra sociedad en esta larga crisis, pero no con la misma eficacia para todos. El peso de las prestaciones ligadas a la contribución laboral; las coberturas limitadas; la atrofia de las políticas de familia e infancia; la inexistencia ya de políticas de vivienda pública; y la debilidad y fragmentación de los programas de renta mínima y otros medidas específicas contra la exclusión hacen que nuestro sistema sea mucho menos eficaz con aquellos grupos y personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad, pobreza o exclusión social (Laparra, 2013).
El ciclo de fuerte crecimiento económico y de altas tasas de empleo de la pasada década contribuyeron a una mejora de las condiciones de vida de toda la ciudadanía, incluso de los grupos y familias más excluidas de la sociedad. Crecimiento que, sin embargo, no se tradujo en ningún momento en una reducción de la pobreza relativa de las familias más vulnerables. En esos años, nuestro PIB llegó a converger con el de los países de nuestro entorno, pero no así el porcentaje del gasto en prestaciones sociales. Desde las entidades sociales veníamos indicando esa anomalía y alertando de la pérdida histórica de la oportunidad de reducir las desigualdades que afectan a los grupos y personas más vulnerables.
Ahora la crisis ha agudizado esta brecha y es el momento, como decíamos, de revisar nuestros mecanismos de protección.
3. Los efectos de la crisis y la protección de los más desfavorecidos
La crisis, con su impacto directo en la fuerte caída del empleo y el endeudamiento de muchas familias debido a los elevados costes que había generado la vivienda, ha supuesto una gran frustración no solo en términos económicos o políticos, sino también de expectativas compartidas, de contrato social. La crisis ha puesto de manifiesto las debilidades señaladas de nuestro sistema de protección, ha acentuado la brecha de desigualdad con los más excluidos y llevado la vulnerabilidad a capas de población que no la habían conocido antes.
En estos últimos años hemos pasado a estar a la cabeza en los índices de desigualdad y de pobreza general, especialmente de pobreza infantil, si nos comparamos con el conjunto de los 28 países de la UE.
El largo ciclo de esta crisis también está ocasionando que algunos autores alerten sobre el riesgo de agotamiento de algunos de los mecanismos de amortiguación y protección que han funcionado relativamente bien en los primeros años. En 2013, más del 21,6% de la población estaba bajo el umbral de pobreza 4 y el 26% en riesgo de pobreza o exclusión. En su informe de 2013 5, Cáritas señalaba que 12 millones de personas (el 22% de los hogares españoles) se encontraban en una situación de pobreza y necesidad. Pero lo que parece que está aumentando de una manera muy acentuada es el porcentaje de personas que padecen situaciones de exclusión severa y pobreza extrema.
Las dificultades en la sociedad, obviamente, no se distribuyen por igual, pero parece confirmarse que continúan acumulándose de manera diferencial en los grupos que ya previamente las padecían 6. Ni siquiera el hecho de tener empleo parece ser ya una garantía frente a la pobreza. Hoy, el tema del working poor es muy importante porque afecta ya al 12% de los trabajadores, muchos de ellos con cargas familiares 7. La crisis está afectando de manera más insidiosa a hogares y personas situadas previamente en situaciones de vulnerabilidad; hogares con sus miembros desempleados o con baja intensidad en el empleo; personas y familias con una débil red de apoyo social; hogares monoparentales con niños, migrantes, gitanos…
Como señala Laparra, nuestro sistema de protección (si contemplamos además los servicios sanitarios y educativos) es eficaz paliando y reduciendo el riesgo de pobreza en términos generales para los grupos en situación de integración o pobreza moderada, pero hace aguas con los grupos y personas en situación de pobreza extrema.
El problema fundamental en términos sociales, en términos de sufrimiento, malestar y justicia social se refiere a cerca de 1,3 millones de hogares, unos 4 millones de personas que se encuentran en situaciones de pobreza severa y para los que los mecanismos tradicionales de protección no son suficientemente eficaces.
Desde la perspectiva de muchos actores sociales y de las organizaciones que trabajamos en el ámbito de inclusión social, una prioridad clave para nuestra sociedad es controlar la pobreza extrema. Otros países lo están haciendo mejor que nosotros porque hay una mayor atención a las políticas de apoyo a la familiar, de acceso a la vivienda o de lucha contra la exclusión social.
La red de apoyo familiar
Un aspecto relevante a subrayar es el papel jugado por las familias como factor de protección de las personas y hogares en peor situación durante el largo desarrollo de la crisis. La solidaridad familiar y las redes informales continúan siendo un factor de prevención frente a la exclusión y una realidad ampliamente extendida que ampara a tres cuartas partes de los hogares en España (Laparra y Pérez, 2012). Se trata de ayuda afectiva, económica, sostenida o de emergencia, residencial, etc. y es el soporte vital para muchos de hogares en mayor dificultad y el cemento de nuestro débil sistema de protección.
La parte negativa es que existe una cuarta parte de hogares que no cuentan con este paraguas. De nuevo son familias con mayor dificultad las que menos red de apoyo tienen.
La solidaridad familiar ha permitido paliar el embate de la crisis en muchas casas. En un primer lugar, ha hecho frente a la pérdida de empleos y los riesgos de pérdida de la vivienda. Las estrategias de reducción de gastos en todas las casas se han centrado en el vestido, el calzado o el ocio, pero aquellos hogares que no han contado con apoyos familiares han reducido sensiblemente más el gasto en alimentación o energía.
En la capacidad de prestar ayuda hay que señalar el papel que están jugando las pensiones o los hogares con pensionistas. Las pensiones están actuando como una auténtica “prestación familiar” más estable y, por tanto, eficaz para muchos hogares que las ayudas por desempleo o las RMI.
Hay algunos aprendizajes o consecuencias a extraer. Además de reconocer el capital social de nuestro país, que se está revelando como un factor de protección e integración clave, hemos de saber cuidarlo para evitar agotar su eficacia, especialmente dotando de apoyos (ingresos y ayudas de emergencia) a las familias y situaciones de mayor dificultad, de manera que se alivie la sobrecarga de muchos hogares o familias benefactoras.
Por el contrario, en las respuestas a la crisis las primeras víctimas de las políticas de austeridad han sido las prestaciones estatales o autonómicas ligadas a las ayudas monetarias por hijo a cargo, así como la reducción de las ayudas para becas de libros escolares, comedores escolares o transporte escolar, lo que impacta directamente en la economía y organización de la familia.
Los otros protectores: los servicios de salud y educación
Los grandes protectores frente a la pobreza y la exclusión son los servicios universales de salud y educación. Son las transferencias sociales causantes de los niveles que más igualdad y cohesión social proveen a nuestra sociedad.
La reforma sanitaria de 2012 ha dejado sin cobertura a un 0,5% de los hogares, rompiendo el principio de universalidad e introduciendo (innecesariamente, desde nuestro punto de vista) desigualdad e injusticia donde no la había. Los recortes y medidas de copago están teniendo efectos sobre el acceso y el uso de medicamentos que a la larga se traducen en una peor salud pública y bienestar de las personas.
En educación no se han producido recortes sobre su cobertura universal ni la crisis se ha traducido en una reducción de los índices de escolarización, más bien al contrario 8. Los recortes de gasto se han producido, sin embargo, en ayudas de comedor o de material escolar que afectan a las familias en mayor dificultad y en profesorado y programas de compensación educativa. Estos recortes no tienen traducción inmediata, pero son muy sensibles en la integración/exclusión a largo plazo. De nuevo hay que recordar la alta correlación entre nivel de estudios y exclusión social. Es este el ámbito en el que la sociedad no puede dejar de invertir y compensar las desventajas con los grupos de población más excluida.
Los altos costes sociales de la vivienda
Una mención especial tiene el tema de la vivienda que, a pesar de ser un derecho fundamental y uno de los pilares básicos para la inclusión social de las personas y los grupos, está siendo uno de los elementos de mayor incidencia por efecto de la crisis y es, junto a la pérdida de empleo, el factor con mayor efecto sobre la exclusión social. Es significativo el incremento de los hogares que para mantener los gastos básicos asociados a su vivienda, como la renta o la energía, deben hacer un esfuerzo económico tan importante que los coloca en situaciones de pobreza severa o extrema. Los desahucios y las amenazas de expulsión de la vivienda están directamente ligados a los grupos de población más excluidos.
De nuevo la conclusión apunta en la misma dirección. Nuestra sociedad abandonó hace tiempo las políticas de vivienda social y sabemos por experiencia que es uno de los aspectos más estructurantes de la integración y la cohesión social, y necesitamos volver a contar con una política real de vivienda pública.
4. Sobre la pobreza infantil y políticas de familia
Un resultado especialmente relevante y serio de esta crisis es su efecto sobre los menores y sobre la juventud en general. La exclusión social en la infancia supera en incidencia a la de los adultos y está alcanzando unas dimensiones preocupantes por la situación en la que están viviendo los menores en muchos hogares, con privaciones en alimentación, vestido o calefacción, o problemas de salud y de menor rendimiento académico. Y preocupante también por su extensión 9 (con tasas cercanas al 30%) y por su impacto en el futuro de estos jóvenes y de sus familias, con el riesgo de extender y cronificar las situaciones de precariedad o de exclusión.
Tal y como indica la Recomendación de la Comisión Europea 10, los niños y niñas corren mayor riesgo de pobreza o exclusión social que la población en general en la gran mayoría de los países de la UE; los niños y niñas que crecen en una situación de pobreza o exclusión social tienen menos posibilidades que sus coetáneos más favorecidos de tener buen rendimiento escolar, disfrutar de buena salud y aprovechar todo su potencial en fases posteriores de su vida.
En España, con datos de 2012, la pobreza infantil afecta a algo más de 2,5 millones de menores, 300.000 más que en 2009, con el agravante de que las formas de pobreza son más severas que hace unos años. En 2009 el 26,8% de los menores vivían bajo el umbral de la pobreza (UE: 20,1%); en 2012 se llegó a una tasa del 29,9%, una de las tasas más altas de la UE (UE: 20,8%) (Fresno, 2014).
Las causas de esta incidencia diferencial de la pobreza en los menores (pobres) y las altas tasas, en comparación con otros países, se explican de nuevo y sobre todo por la debilidad y atrofia de las prestaciones y políticas familiares en nuestro país.
Por otra parte, esta grave situación está produciendo en ocasiones unas respuestas en términos de medidas políticas desconcertantes. La pobreza infantil es un indicador más de la pobreza y la vulnerabilidad de muchos hogares españoles con menores y de la situación de la infancia, pero también se ha convertido en una representación social cargada simbólicamente y que se ha separado de la realidad cotidiana de las familias en las que se produce.
Así vemos cómo se promueven medidas con un fuerte componente paliativo (y a veces mediático), que pasan por alto justamente el rol natural de protección y de desarrollo de la infancia que juegan las familias (a quien corresponde) y que las políticas públicas han de poder cuidar y promover. Es decir, la emergencia de la reducción de la pobreza infantil puede, paradójicamente, llegar a relegar de nuevo el enfoque de fomento de las “políticas públicas familiares”. O dicho en positivo, atajar la pobreza infantil solo será posible si se incide en las prestaciones sociales que perciben las familias con menores y especialmente los hogares en situación de exclusión social con menores.
La cara joven de la pobreza
El otro gran aspecto a señalar por su trascendencia y sus implicaciones para el futuro de esta sociedad es la incidencia de la crisis y la pobreza en general en los más jóvenes. La crisis ha variado y rejuvenecido el perfil de la exclusión social en nuestro país; hoy lo más excluidos son mayoritariamente menores de 30 años.
Las insoportables tasas de paro juvenil y la constatación de amplias capas de la juventud española que están absolutamente inactivas 11, fuera del mercado de trabajo y fuera de
procesos de formación, hace que sea prioritario poner en marcha políticas de activación que provean de formación y/o de experiencias laborales y de acceso al mercado de trabajo de estos jóvenes.
5. El caso de las familias gitanas
Después de los hogares monoparentales con menores a su cargo, la condición de minoría étnica es el factor que más correlaciona con elevadas tasas de pobreza y exclusión. Los gitanos españoles siempre han estado sobrerrepresentados en el espacio de la exclusión severa 12. Su alejamiento secular del acceso a los servicios y a los derechos sociales básicos, en el que ha jugado un papel fundamental la discriminación y los factores culturales, explica en buena medida esta situación que podríamos calificar de vulnerabilidad y de exclusión social estructural que viene afectando a amplias capas de familias de esta comunidad durante décadas y durante generaciones.
Situación social
La comunidad gitana española tiene entre las 750.000 y el millón de personas 13, una comunidad muy diversa y sometida a un fuerte proceso de transformación e incorporación social en las últimas décadas.
La situación social de los gitanos españoles ha mejorado sustancialmente desde los primeros años 80 del siglo pasado hasta hoy. De hecho, la mejora y el cambio son muy intensos cuando se comparan con las situaciones de partida en las que se encontraban las familias gitanas en aquel momento, y son igualmente relevantes cuando las comparamos con la situación de las comunidades gitanas en el resto de los países europeos. Sin embargo, el avance es menor y no es tan positivo cuando la comparamos con los indicadores de integración y bienestar del conjunto de la sociedad española.
Conviene traer aquí algunas referencias sobre esas condiciones de partida, cuando iniciamos la transición democrática, para valorar más justamente el camino recorrido y el esfuerzo diferencial realizado por la comunidad gitana en el camino de su incorporación social. En primer lugar, recordar la existencia de factores relacionados con la exclusión y el aislamiento institucional y su débil condición de ciudadanos de pleno derecho que la Constitución vino a asegurar formalmente. En el ámbito de la vivienda, por ejemplo, en el año 1978 dos tercios de las familias gitanas habitaban en infraviviendas 14. En el terreno educativo, antes del año 1986 los niños gitanos estaban fuera del sistema y su entrada en las aulas se inició posteriormente al año 1986 con la aprobación de la Ley General de Educación 15. En el terreno del
empleo, era una minoría los hombres quienes trabajaban por cuenta ajena y predominaban las ocupaciones tradicionales o, si nos fijamos en la salud, no se contaba con cobertura sanitaria, por poner algunos ejemplos.
Hoy la totalidad del alumnado gitano está escolarizado en la etapa obligatoria y más del 45% ya lo está a la edad de tres años. Sin embargo, se dan unas altas cotas de fracaso escolar en el periodo de enseñanza secundaria obligatoria y de abandono en los estudios postobligatorios 16 con datos preocupantes como los de fracaso escolar, que sitúa en el 64% el alumnado gitano de entre 16 y 24 años que no concluye los estudios obligatorios frente al 13% que presenta el conjunto del alumnado, o el significativo 72,9% de los jóvenes gitanos de 17 años que ha abandonado la educación alguna vez en su vida. Datos intolerables que hablan de un futuro hipotecado para toda una comunidad si no se actúa y se invierte para dar la vuelta a esta situación.
En el terreno de la vivienda, las familias que habitan en infraviviendas se sitúan por debajo del 11% y un 3,9% vivían aún en chabolas en el año 2007 17. En el ámbito de la participación en el empleo, casi un 40% de los ocupados son asalariados por cuenta ajena y una cuarta parte son autónomos. Sin embargo, hay otro 25% con ocupaciones laborales precarias y las tasas de paro, en los primeros años de la crisis y medidas con los criterios de la EPA, se situaban ya 16 puntos por encima del resto de la población 18.
Un elemento añadido para la comunidad gitana y otros grupos excluidos o en riesgo de exclusión es su condición de minoría discriminada. Los procesos de discriminación social, además de la indignidad, el daño y el sufrimiento que ocasionan a las personas, suponen una traba añadida para la incorporación social y trabajan activamente contra la misma. También en este terreno se han producido importantes avances en la sociedad española, pero conviene recordar que los gitanos continúan siendo el grupo de ciudadanos más discriminados y hay una gran laxitud en la aplicación de la legislación antidiscriminatoria y una débil respuesta social contra la misma 19.
Podemos concluir, por tanto, que se ha reducido la intensidad de las situaciones de pobreza y ha habido una mejora en términos de condiciones de vida de las familias gitanas, pero la desigualdad y la distancia con los estándares del resto de la población española permanece y lo hace para todos los factores de exclusión que analicemos y alcanza aún a una amplia mayoría de las familias gitanas: baja formación académica y laboral, baja presencia en el empleo asalariado, problemas de vivienda, desigualdades en salud, discriminación social y mala imagen social. Parecería que la comunidad gitana o amplias capas de la misma están condenadas a permanecer siempre bajo el umbral de la pobreza y de la pobreza severa.
Nuestro sistema de prestaciones ha contribuido a esta situación. Las familias gitanas se han beneficiado de algunas prestaciones, básicamente de las no contributivas, y por tanto también, como venimos viendo, de las más débiles del sistema (ayudas por hijo a cargo, PNC y rentas mínimas 20, además de las becas de comedor o ayudas para material escolar). Su menor presencia en el mercado de trabajo las aleja de otros derechos y de los niveles de protección ligados a la contribución previa, que son los más extendidos y cuantitativamente más importantes en nuestro sistema.
Las familias gitanas ante la crisis
En el último Informe FOESSA 2009 se cifraba en el 75% el número de personas gitanas en situación de exclusión social; de ellas, el 26% se encontraría además en una situación de exclusión severa. El otro dato clave para comprender la dimensión de estas cifras es que entre el conjunto de la población española en exclusión severa los gitanos representaban el 12% (cuando su peso demográfico en España apenas alcanza el 1%).
Hoy, tras siete años de crisis y a la espera de la próxima publicación del Informe FOESSA 2013, lo que ya conocemos apunta a que si bien no ha aumentado el porcentaje de las familias en exclusión (incluso ha aumentado levemente el número de familias que ha pasado de la exclusión moderada a una situación de integración), se ha producido un auténtico trasvase de familias que se encontraban en situación de pobreza moderada y ahora están en situación de pobreza extrema.
Y esta es la realidad que percibimos desde nuestro trabajo y recogimos en el informe de 2013 sobre el impacto de la crisis. Las situaciones que están viviendo muchas familias gitanas en toda España se caracterizan por un profundo y rápido empeoramiento de sus condiciones de vida cotidianas 21, con una reducción de prestaciones y ayudas (las ayudas de comedor escolar, por ejemplo, han hecho una gran mella), pérdida de vivienda y/o dificultades para hacer frente a los gastos de la vivienda y los suministros. La pérdida de empleo de los jóvenes y mujeres que se habían incorporado en estos años, las dificultades de las familias que se dedican a la venta en mercadillos por la caída general del comercio y la reducción de ayudas y prestaciones explican el panorama.
Estos impactos son difíciles de precisar en términos cuantitativos; no obstante, algunos datos obtenidos de personas y familias gitanas participantes en los programas que desarrollamos permiten medir el grado de incidencia en cuanto a número de familias. Así, en el Observatorio sobre la Juventud Gitana que la FSG ha puesto en marcha durante los primeros meses de 2014 22, un 45,7% de los jóvenes participantes en la encuesta realizada afirma conocer alguna persona en su entorno que ha tenido que abandonar su casa por no poder pagarla, un 39,7% afirma que su padre se encuentra en paro, un 13,8% no ha podido realizar
una o más actividades escolares por motivos económicos, y entre un 3 y un 4% afirma haber perdido el suministro de luz o de agua caliente en su residencia habitual.
En el caso de las familias gitanas, ha jugado a su favor la extensa e intensa red de apoyo familiar que las protege de las situaciones extremas de privación alimentaria u otras, pero que ha sido insuficiente con esta crisis. La fragilidad de la situación de amplias capas de población gitana, ya durante los años de bonanza, hace que sean muy sensibles a cualquier variación en las condiciones del mercado y en las de los mecanismos de protección social.
Además, nos preocupa especialmente el parón en los costosos procesos de incorporación social ya puestos en marcha, la vuelta atrás sobre el camino avanzado y la convicción de que cuando esta crisis económica pase, la distancia de los gitanos con los estándares del resto de la población se habrá agrandado y costará muchos años y alguna generación de jóvenes volver a acercarse.
Si, como apuntábamos más arriba, las prestaciones familiares que se reciben del sistema de protección son insuficientes, al igual que la inversión en programas y servicios adoptados, la reducción de las ayudas y los recortes en otros servicios tienen un gran impacto en el empeoramiento de las condiciones de vida y por su puesto en las oportunidades de mejora y promoción social de los gitanos españoles.
Una mención especial tienen las familias roma-gitanas procedentes de países del este de Europa, cuya situación en España, que ya era difícil, ha empeorado en estos años. Les ha afectado directamente el endurecimiento de la legislación laboral y de extranjería, aumentando los índices de pobreza y exclusión grave que sufren, con frecuentes traslados de domicilio de las familias, retornos a sus países de origen, dificultades para efectuar empadronamientos y, en consecuencia, problemas para la escolarización y la obtención de la tarjeta sanitaria, dificultades para cubrir las necesidades básicas de alimentación y de acceso a la salud incluso en los menores, al empleo y a las prestaciones sociales. Han aumentado las situaciones de infravivienda y hacinamiento, en condiciones a veces extremas, y al contrario de lo que ocurre con las familias gitanas autóctonas, hay menos posibilidades de apoyo por parte de las redes familiares.
Modelo de integración y políticas públicas de protección
A pesar de lo reseñado hasta aquí, España representa hoy en la UE un ejemplo de éxito en las políticas de inclusión social con las familias gitanas. Las notables diferencias en las condiciones de vida y en los niveles de incorporación social de los gitanos en españoles en relación con los de otros países de la UE han llevado a acuñar el término “modelo español” para referirse a las medidas y a las políticas públicas dirigidas a esta comunidad.
La clave del modelo descansa en dos elementos. Por una parte, en la confirmación de que las familias gitanas se beneficiaban del sistema de protección social al igual que el resto de los ciudadanos: garantía de acceso al sistema de salud, a los servicios educativos o a las prestaciones de rentas de inserción o a las no contributivas; el acceso a las promociones de vivienda social; etc. han cambiado de una manera radical la situación de partida de la comunidad gitana española y su posición social.
El otro elemento esencial del modelo ha sido el desarrollo y la inversión en medidas target muy adaptadas a su realidad y dirigidas específicamente a compensar y reducir la persistencia de desigualdades en ámbitos clave para su integración social: el acceso al empleo 23, a la educación, las medidas de eliminación de hábitats segregados y marginales, las medidas de reconocimiento social y la extensión de las normas antidiscriminatorias, por poner algunos ejemplos.
Algunos aprendizajes para nuestro sistema de protección
Como se ve, ninguno de estos factores de exclusión es privativo de las familias gitanas, aunque algunas los padecen de manera más acusada, más extendida y operan a la vez. Más bien todos ellos están presentes, con diferente peso y de distinta manera, en la realidad de la mayoría de las familias vulnerables y excluidas.
El caso de los gitanos españoles ilustra bien las bondades y las limitaciones e insuficiencias de nuestro sistema de protección social con los más excluidos, y creemos que se pueden extraer algunos aprendizajes o conclusiones:
a) Un sistema de protección social amplio e inclusivo es, de lejos, el mecanismo más eficaz para garantizar la integración social. Para la comunidad gitana española el acceso al sistema de salud, las políticas públicas de vivienda, el acceso al sistema educativo y a las prestaciones, como las PNC, ha sido determinante para la mejora de sus condiciones de vidas y el trampolín hacia la incorporación social. Por ello, preservar nuestros servicios universales y recuperar una verdadera política de vivienda social serán unas de las claves de nuestro futuro.
b) Desarrollar medidas específicas de compensación y de activación adaptadas a los grupos vulnerables y excluidos. Los servicios universales aportan el suelo y las oportunidades, y contribuyen a mejorar los aspectos esenciales de la vida de las personas, pero por sí mismos no reducen la brecha de desigualdad que existe para grupos y personas cuyo punto de partida es mucho más desfavorable.
Se precisan programas, servicios y medidas específicas para reducir esos gaps, especialmente en el terreno de la educación, el empleo, la vivienda o la salud (medidas de promoción social, no meramente paliativas). Así los programas de erradicación del chabolismo,
de apoyo y compensación educativa o de acceso a la formación y el empleo, etc. cumplen esta función con la comunidad gitana, los inmigrantes o las personas con discapacidad y las familias más vulnerables en general.
c) Intensidad y cobertura suficientes de los mecanismos de protección. Pero si las inversiones son escasas, los procesos se eternizan y no se produce un avance sensible en relación con el conjunto de la sociedad. Este creemos que es el principal problema que padece nuestro sistema y el responsable de que no se lleguen a concluir o erradicar las situaciones de pobreza o exclusión. Pensamos que nuestra sociedad necesita hacer este esfuerzo, reforzando las prestaciones y mecanismos más inespecíficos y también invirtiendo más en serio en el desarrollo y mantenimiento de las medidas y programas adaptados.Nuestras políticas sociales y de inclusión cuentan con planes y estrategias (nacionales y/o autonómicas) para acometer estas medidas; falta coordinación y el esfuerzo de inversión adecuados, promover un equilibrio entre amplitud e intensidad de los recursos que se invierten con las familias más pobres.
Mantener las inversiones actuales es apostar por mantener este orden de cosas a capas de la población española en una situación de pobreza severa estructural. Con la perversión de que el mensaje implícito es que hay grupos que son excluidos per se y que siempre van a serlo.
d) Aplicación más intensa y eficaz de los fondos estructurales a la reducción de la pobreza y la exclusión. Siguiendo con la idea anterior, los fondos estructurales ya han mostrado que pueden ser de gran ayuda 24 y complementar el esfuerzo de Estado y las CC. AA. De hecho, ese es su sentido, aunque creemos que no se ha aprovechado suficientemente. Así, conviene recordar que la Comisión y el Parlamento europeos han aprobado la aplicación de al menos el 20% del Fondo Social Europeo para actuaciones de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Eso supone que en España habría disponible específicamente para este capítulo más de 1.600 millones para el periodo de los más de 8.000 disponibles y otros 6.000 millones anunciados para programas de activación y empleo juvenil.
e) Medidas para combatir la discriminación. Por último, no podemos olvidar que para las minorías o para otros muchos sectores de la población, un componente fundamental de su situación de exclusión o de mayor vulnerabilidad tiene que ver con procesos de discriminación o rechazo social. Es fundamental, por una cuestión de dignidad y justicia social, combatir esos procesos y las prácticas discriminatorias, pero también es una precondición para salir de las situaciones de exclusión y pobreza extrema.
Es necesario que las instituciones envíen señales claramente inclusivas y de apoyo a los grupos que padecen discriminación. Para avanzar en los procesos de integración social ni siquiera es suficiente contar con generosas prestaciones sociales 25. Las comunidades discriminadas precisan recibir señales de que forman parte de la comunidad política común y que se invierte en su promoción social. Porque no se trata solo de dar dinero, se trata más a la vez de querer acoger e integrar realmente a estos excluidos.
6. Retos en las políticas de protección a las familias más vulnerables
Las organizaciones sociales que trabajamos en el terreno de la acción social sabemos valorar el capital social que tiene esta sociedad y a lo largo de estos años hemos aprendido, primero, que el crecimiento económico no es suficiente para eliminar la pobreza y, en segundo lugar, con los embates de la crisis y con las respuestas que se han dado a la misma, hemos constatado que los que ya eran pobres o vulnerables lo son mucho más y se corre el riesgo no de pasarlo mal unos años, sino de que esta sociedad se polarice, crezcan las desigualdades y la falta de cohesión y la pobreza y la exclusión terminen siendo un espacio estructural que condena a capas de la población durante generaciones y nos hace ser peores como proyecto de sociedad.
Lo que reclamamos es una atención mejor y más intensa para los más afectados por los procesos de pobreza y exclusión, aquellos hogares y personas en los que se acumulan los factores de vulnerabilidad y se cronifican y transfieren generacionalmente los procesos de exclusión.
Creemos necesario reformar y reforzar nuestro sistema de protección focalizada en los grupos más necesitados y que combine los recursos con el acceso a servicios de calidad. Creemos que es la manera en la que podemos reducir la pobreza, la pobreza infantil y la exclusión, en la que podemos robustecer la capacidad de resistencia de la solidaridad familiar.
Citando de nuevo a Miguel Laparra (Laparra, 2013), la protección social ha de dirigirse especialmente a eliminar las situaciones de pobreza severa por una cuestión de justicia social, porque afectan a la dignidad y los derechos fundamentales de las personas; por una cuestión de interés general, porque se trata de invertir en cohesión social, en seguridad y en un menor desarrollo económico y social, y por una cuestión de viabilidad económica y pragmatismo, porque el esfuerzo económico para asegurar que nadie se quede bajo el umbral de la pobreza severa son asumibles por una sociedad y una economía como la española.
A modo de conclusión, estas son algunas de las propuestas sobre qué temas y qué factores incidir prioritariamente y por dónde empezar.
1. Desarrollar una auténtica política pública de familia
Estar aislado es hoy uno de los principales factores de exclusión social y, por el contrario, contar con una red de apoyo, uno de los principales elementos de integración y cohesión social. El capital social de nuestro país ha demostrado ser sólido y uno de nuestros principales activos como sociedad. Es una red de protección que ha mostrado su capacidad en estos momentos tan difíciles, pero es un activo que hay que cuidar, para que no se agote o rompa y para que actúe como un mecanismo de protección frente a la pobreza extrema, de regeneración social, de bienestar y cohesión social. Eso requiere de medidas que protejan este tejido, que reparen las zonas más dañadas, que recuperen las más débiles…
Se trata, en conclusión, de recuperar y de aumentar la capacidad protectora de las familias, y de modernizar y reorientar el gasto hacia políticas familiares que hagan frente a las nuevas necesidades vinculadas a la incorporación de la mujer al trabajo, la igualdad de género y las medidas de conciliación, el desempleo de los jóvenes, servicios de atención a los menores de tres años o a los mayores y dependientes, y acceso a la vivienda para familias con menores.
En definitiva, lograr un mejor equilibrio entre derechos (y tiempo), recursos económicos y un amplio desarrollo de servicios adaptados a las nuevas y diferentes necesidades de las familias.
2. Reducir la pobreza infantil. Prestaciones a las familias con menores a su cargo
Las altas tasas de pobreza infantil y especialmente el crecimiento de la pobreza extrema en los hogares con menores, donde se acerca al 30%, es una de las cuestiones más acuciantes y para la que no están funcionando los mecanismos tradicionales de protección. La crisis, además, ha parado las iniciativas más relevantes que habían comenzado a ponerse en marcha 26. La cuestión de la cobertura y la cuantía de las prestaciones se ha revelado como un aspecto clave y sobre el que hay evidencias de la alta correlación entre la cuantía de las prestaciones y la reducción de la pobreza infantil.
Existe, por tanto, un consenso entre los investigadores sociales y las organizaciones sociales de que este sería el mecanismo más operativo y más eficaz para reducir la pobreza extrema y específicamente reducir las altas tasas de pobreza infantil a corto plazo 27.
Como propone UNICEF 28 (Ayala y Cantó, 2014), se trataría de implementar una política más generosa de prestaciones económicas a las familias con hijo a cargo, bien sea esta universal (lo que parece aún más eficaz, pero conlleva un esfuerzo presupuestario mucho más alto) o bien que esté ligada al nivel de renta (cuidando que tenga la suficiente cobertura) 29.
Desde las organizaciones sociales y de protección de la infancia y en línea con la recomendación de la CE 30 se estiman necesarias las siguientes medidas:
- Desarrollar un plan nacional de pobreza infantil.
- Incremento de las prestaciones de la Seguridad Social por hijo a cargo.
- Refuerzo de la garantía de ingresos de los hogares con personas inmigrantes con niños, población gitana y personas con discapacidad.
- Acceso a servicios adecuados que garanticen su desarrollo y protección en los ámbitos educativo, social y sanitario, y a la protección especial de los hogares con menores en relación con la vivienda.
3. Políticas activas de empleo adaptadas
El empleo sigue siendo para la gran mayoría de las familias el factor más determinante de vulnerabilidad o de mejora de la capacidad de la familia para salir adelante.
Las desconocidas tasas de desempleo que estamos padeciendo, el agotamiento del sistema de prestaciones y su inadecuación a los grupos más excluidos y con una presencia más débil en el mercado de trabajo, así como el creciente número de hogares con todos sus miembros desempleados, hace del empleo el principal determinante de los procesos de integración o de exclusión.
También sabemos que en la actual coyuntura crece el fenómeno de los trabajadores pobres y que en determinadas condiciones el trabajo no garantiza ya, o no lo hace adecuadamente, como hemos visto, el librarse de padecer situaciones de pobreza severa.
A pesar de ello, la experiencia de más de catorce años en el desarrollo de itinerarios individualizados de acceso a la formación y al empleo, en el marco del Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación, nos permite afirmar que el desarrollo de medidas de formación y empleo “a medida” para las personas vulnerables (personas con discapacidad, inmigrantes, personas gitanas, en situación de pobreza extrema…) produce resultados tangibles en términos de acceso al empleo y en general de mejora de la empleabilidad de los miembros de familias vulnerables.
La evaluación de impacto de estas iniciativas muestra que, además de los notables resultados en términos de empleo (incluso en los años de crisis) con personas en situación de exclusión, los impactos en integración social y el retorno económico son notables. Por cada euro invertido se ha producido un retorno de 1,39 euros 31 en forma de menor gasto en prestaciones, mayores cotizaciones e impuestos, mayor consumo.
Invertir en la activación de los más jóvenes y en general en iniciativas de formación y de acceso real al empleo de las personas pertenecientes a los grupos más vulnerables, con especial atención a los hogares con todos sus miembros desempleados, ha de ser una de las prioridades del sistema que complemente las medidas pasivas de prestaciones por desempleo.
Este es, por otra parte, uno de los ámbitos donde se debe aprovechar de manera eficiente la financiación proveniente de los fondos estructurales, que pueden contribuir a mantener objetivos una financiación sostenida y estable en periodos de más de siete años.
En la actual coyuntura y con tasas de desempleo del 26% se puede correr el riesgo (y el tremendo error) de invertir los recursos en insertar a los más empleables y dejar atrás justamente el desarrollo de medidas adaptadas a los miembros de los hogares en mayor necesidad.
4. No dejar hogares desprotegidos. Una garantía de ingresos mínimos para todos que proteja de la pobreza
No insistiremos lo suficiente en la necesidad de poner el foco en aquellos que más lo necesitan.
Laparra, en el artículo citado, estima que para 2013 los hogares en una situación de pobreza severa se situarán en el entorno del 8% de los hogares, más de cuatro millones de personas. Son estas las realidades donde se acumulan los problemas, donde se quiebra o se agota el capital social, donde se cronifican los procesos de exclusión, donde, en definitiva, la manera en la que una sociedad responde mirando a su futuro. Será mejor o será peor, será más justa, más cohesionada, más segura y más decente o más fragmentada, injusta, temerosa y débil.
Además de las medidas vistas hasta aquí, un instrumento esencial de nuestro sistema de protección con gran incidencia en la pobreza severa son las diferentes medidas de garantía de ingresos mínimos, en las que el sistema de protección ya está empleando cerca de 16.000 millones anuales.
La limitada cobertura y extensión temporal de las ayudas, la heterogeneidad de normas estatales y autonómicas y de condiciones de aplicación, la falta de complementariedad de prestaciones, la falta de una coordinación y gobernanza común de estos mecanismos, además de su limitado esfuerzo presupuestario, hacen que el sistema de garantías de mínimos y las rentas mínimas de inserción sean finalmente un instrumento insuficientemente aplicado a la eliminación de la pobreza severa.
Desde diferentes sectores de la sociedad, desde las entidades del tercer sector 32, agentes sociales, profesionales e investigadores sociales… se viene reclamando la reforma del conjunto del sistema de ingresos mínimos y específicamente de las rentas mínimas para que actúen de acuerdo a su sentido primigenio: como última red de protección del sistema que garantiza a las personas no caer en situaciones de pobreza extrema.
Específicamente se aboga por la introducción de una nueva arquitectura y un mecanismo de gobernanza común (estatal-autonómico) que dé coherencia y eficacia al conjunto del sistema de ingresos mínimos, y sobre todo establecer una prestación básica estatal garantizada que se sitúe por encima del umbral de la pobreza severa 33 y que garantice que no hay ciudadanos y situaciones que quedan desprotegidas.
5. Políticas de vivienda
La vivienda es otro de los factores clave de vulnerabilidad para las familias. La vivienda es el espacio físico y relacional donde los hogares son posibles. Es un factor muy estructurante de los procesos de exclusión o inclusión social y de la propia dinámica familiar. En la crisis actual ha sido, junto a la pérdida del empleo, el principal factor exclusógeno, en la medida que ha supuesto un alto endeudamiento para las familias al que muchas no pueden hacer frente.
Nuestra experiencia en la intervención con la comunidad gitana nos ha mostrado que la posibilidad de acceder a diferentes modalidades de vivienda social ha constituido el principal trampolín para la integración social de amplias capas de las familias gitanas españolas.
Llama la atención la regresión que ha tenido nuestra sociedad en este ámbito. De los grandes planes de vivienda pública de los años 80 y primeros 90 del siglo XX hemos pasado a una destrucción de las políticas de vivienda y a una desregulación que ha terminado en la paradoja de que en el país que cada año construía más vivienda que en conjunto de los países de la UE 34 haya personas desprovistas de una, y justamente haya sido la burbuja inmobiliaria uno de los vectores de la pobreza y el sufrimiento de muchas familias en estos últimos años.
Reclamamos el establecimiento del derecho de cualquier hogar con menores a una vivienda y un entorno dignos para vivir, la recuperación de una auténtica política de vivienda pública que forme parte esencial del sistema de protección social.
6. Políticas de calidad educativa
Las estadísticas educativas en la actual crisis no muestran efectos negativos sobre la escolarización. Está descendiendo incluso la tasa de abandono temprano, debido a la reincorporación o al mantenimiento de los jóvenes en el sistema por la falta de empleos.
Sin embargo, estamos ante uno de los factores que más correlacionan con el mantenimiento generacional de la pobreza, con la igualdad de oportunidades y con la posición social de las personas y los grupos. Desde entidades como la nuestra somos conscientes de que en la educación está la garantía a medio y largo plazo de la promoción social, la incorporación plena y el ejercicio de la ciudadanía para la comunidad gitana y en general para todos los grupos y personas excluidas.
Es aquí donde se juega la igualdad de oportunidades, donde los recortes de gasto están teniendo una gran incidencia cuyas consecuencias se verán a largo plazo, cuando en buena medida serán irrecuperables.
Las desinversiones en becas, en ayudas para comedores escolares o para libros afectan de manera diferencial a estos grupos especialmente en programas de compensación y refuerzo educativo. Las reformas que dificultan el acceso a las becas o que encarecen los estudios posobligatorios son auténticas barreras contra la igualdad y una manera de construir una sociedad segmentada.
Por ello, reclamamos medidas la escolarización temprana gratuita de los niños de las familias en exclusión y recuperar las ayudas que se han limitado o suprimido en estos años.
Pero específicamente queremos poner el acento en la necesidad de poner en marcha programas de refuerzo educativo de calidad, adaptados a las necesidades de los niños de hogares en situación de exclusión o con otras necesidades educativas. Esta necesidad, históricamente mal cubierta, es esencial para reducir las desigualdades que en términos de fracaso y abandono escolar presenta el alumnado pobre, de garantizar la igualdad de oportunidades y la promoción social a sectores de la población española o inmigrante que siempre quedan relegados al furgón de cola.
Por último, recordar que atender a las familias vulnerables es más que proveer de servicios o prestaciones. Podemos poner casos de grupos vulnerables que acceden a altas prestaciones de renta u otro tipo en algunas comunidades autónomas, pero que no reciben una propuesta sincera de incorporación social. Es decir, participar activamente en la sociedad, no estar excluido requiere de algo más que prestaciones o medidas paliativas en las situaciones más extremas. Requiere de una voluntad de la comunidad de ver al otro como un igual, al que no solo se quiere mantener fuera de la miseria, sino también promocionar socialmente, contribuyendo a su incorporación como un ciudadano o ciudadana de primera.
7. Referencias
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1 Sobre la evolución de las políticas familiares en España (Ayala y Cantó, 2014).
2 Medidas del cheque bebé y actualización de prestaciones así como prestaciones de diferentes CC. AA.
3 Antía Pérez-Caramés, 2014. Ver capítulo dedicado a España en el Handbook of family policies across the globe.
4 Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2013. Instituto Nacional de Estadística (INE).
5 Cáritas, 2012, en su Informe de Análisis y Perspectivas sobre Exclusión y Desarrollo Social en España.
6 Las personas en pobreza severa han reducido sus ingresos a la mitad; es el grupo que mayor reducción de ingresos presenta (Laparra, 2013). Si los ingresos del conjunto de la población se han reducido de media un 3,7% entre 2006 y 2010, para las personas en pobreza severa la caída es del 42%.
7 Un tercio de las personas en pobreza severa cuentan con ingresos por trabajo remunerado (Laparra, 2013).
8 La dificultad de encontrar empleo ha devuelto al sistema educativo a muchos jóvenes o ha evitado su abandono prematuro, de manera que España ha mejorado es este tiempo su tasa de abandono educativo, que se ha situado ya en el 23,5%, cuando al inicio de la crisis era del 30%. Fuente: Eurostat.
9 Superiores al 30%, índice AROPE 2011, para menores de 18 años. El 15% de los menores se encuentra en situación de pobreza severa. Ver en el informe de Unicef (Ayala y Cantó, 2014)
10 La Comisión Europea (CE) lanzó en 2013 su recomendación sobre pobreza y bienestar infantil “Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas”.
11 Cerca del 20% de los jóvenes entre 16 y 24 años no estudiaban ni trabajaban en 2007 (FOESSA, 2008); cabe estimar que hoy en torno a los 800.000 jóvenes se encuentran en esa situación.
12 Informe FOESSA 2008. El 12% de las personas en exclusión severa pertenecían a la comunidad gitana.
1362 Datos CE. Las estimaciones de la FSG a partir de los Mapas de Vivienda 1991 y 2007 la estiman en ese tamaño. El Informe FOESSA 2008 la cifraba en torno a las 900.000 personas.
1463 Vázquez, J.M. Estudio sociológico sobre los gitanos españoles. Madrid: Instituto de Sociología aplicada de Madrid, 1980.
1564 Hasta ese momento, iniciativas como las “escuelas puente” específicas para niños gitanos o la enseñanza en centros privados era la alternativa para una minoría de los niños y niñas.
1665 Fundación Secretariado Gitano. “El alumnado gitano en secundaria. Un estudio comparado”. Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, 2013. http://www.gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/fichas/102984.html.es.
1766 Fundación Secretariado Gitano. “Mapa sobre vivienda y comunidad gitana en España, 2007”. Madrid, 2008. http://www.gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/fichas/32959.html.es.
1867 Fundación Secretariado Gitano. “Población gitana española y del este de Europa. Empleo e inclusión social, 2011. Un estudio comparado Rumanía, Bulgaria, Italia y España.” Fundación Soros de Rumanía, 2012. http://www.gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/fichas/85425.html.es.
1968 Recientes hechos en Estepa y Castear donde se han quemado casas de familias gitanas y manifestaciones para que abandonen el pueblo y la respuesta institucional y de la sociedad ha sido incomprensiblemente inexistente, lo que no habría ocurrido en el caso de otras familias.
2069 En relación con las rentas mínimas, su presencia es menor de la que en ocasiones se predica. De hecho, solo el 10% de las 16.500 personas participantes en nuestros programas de inserción sociolaboral en 2014 percibía la renta mínima de inserción.
2170 El impacto de la crisis en la comunidad gitana (FSG, 2013). Consultar en http://www.gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/fichas/100836.html.es.
2271 Los resultados de Observatorio sobre la Juventud Gitana realizado con 438 jóvenes serán publicados en breve en www.gitanos.org.
2372 Especial transcendencia ha tenido el Programa Acceder de la Fundación Secretariado Gitano para la formación y el acceso al mercado de trabajo. Cuenta con financiación del FSE desde el año 2000. En este tiempo se han conseguido 52.000 contratos de trabajo por cuenta ajena:
- 2013. El Programa Acceder ha sido seleccionado en 2013 por la Comisión Europea como Buena Práctica en la Comunicación “Pasos en la implementación de las Estrategias Nacionales de Inclusión de la Población Gitana” y “Propuestas para una Recomendación del Consejo sobre Medidas Efectivas de Integración de la Población Gitana”.
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_stories_2013/spain_en.pdf.
- 2012. Reconocido como buena práctica por el Consejo de Europa.
http://goodpracticeroma.ppa.coe.int/fr/bonne-pratique/programme-acceder-pour-lemploi-de-la-population-gitane.
- 2014. Seleccionado por la Comisión Europea como una “historia de éxito” de la política de cohesión en España, publicado en el folleto resumen sobre la Política de Cohesión y perspectivas hacia el siguiente periodo de programación 2014-2020.
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/cohesion-policy-achievement-and-future-investment/factsheet/spain_en.pdf.
2473 La experiencia española de gestión de fondos por ONG como Cáritas, ONCE, Cruz Roja Española y la Fundación Secretariado Gitano (Programa Acceder) son un excelente ejemplo de la aplicación de estos fondos a la lucha contra la exclusión a escala nacional con inmigrantes, discapacitados, personas en situación de pobreza y población gitana. Ver Rodríguez Cabrero (evaluación PO) y Fresno et al. (2013).
2574 Podemos señalar como ejemplo el caso vasco, con su avanzado sistema de rentas de inserción que beneficia a muchas familias gitanas, pero que no va acompañado de adecuadas medidas de promoción social de esta minoría.
2675 Prestación universal por nacimiento (“cheque bebé”, estatal y en diferentes CC. AA.) y el sensible incremento de las prestaciones por hijo a cargo.
2776 España es el país europeo, después de Grecia, con las menores cuantías en las prestaciones por hijo más bajas.
2877 Políticas públicas para reducir la pobreza infantil en España.
http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/unicef_politicas_para_reducir_pobreza_infantil_espana_baja.pdf.
2978 A la vista de la experiencia en otros países, la medida tiene efectos directos en la reducción de la pobreza infantil. Estos autores estiman necesario elevar hasta los 100 euros mensuales por hijo, la cuantía de estas prestaciones con un efecto de reducción de la pobreza infantil severa de más del 14%.
3079 CE, 2013. Recomendación “Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas”.
3180 Ver evaluación de impacto del POLCD. Fresno, Rodríguez Cabrero et al., 2013. “El empleo de las personas vulnerables. Una inversión social rentable. Evaluación del impacto del Programa Operativo Plurirregional Lucha Contra la Discriminación “. Cáritas, Cruz Roja, Fundación ONCE, Fundación Secretariado Gitano. Madrid, 2013. http://www.gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/fichas/105490.html.es.
3281 Fresno, 2010. Propuestas del tercer sector de acción social para una estrategia de inclusión social 2020 en España.
http://www.fresnoconsulting.es/publicaciones/propuestas_del_tercer_sector_de_accion_social_para_una_estrategia_de_inclusion_social_2020_en_espana.html.
3382 Laparra, 2013. Sugiere como referencia poder situar la prestación por persona en torno a los 420 euros. En este mismo trabajo se estima en unos 4.000 millones anuales el esfuerzo presupuestario necesario para eliminar las formas más acusadas de la pobreza en España.
3483 Rodríguez, 2009. La comunidad gitana en España 1999-2009. En Revista Gitanos, Pensamiento y Cultura, nos 49-50. FSG.