A través de este estudio, el Ararteko reflexiona sobre los principios de derechos humanos que deben guiar el diseño de las políticas públicas.
Partiendo de principios fundamentales c
omo la igualdad y no discriminación, la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos, y los derechos a la reparación, la participación activa y al acceso a la información, el Ararteko presenta una serie de recomendaciones prácticas para los poderes públicos:
como
capacidad y autonomía personales y
como valor vertebrador de una sociedad democrática;
creación de empleo, prosperidad y
cohesión social;
contar
con datos desagregados para evaluar el nivel de acceso y disfrute de los derechos socioeconómicos por parte de todos los
colectivos sociales;
carga de probar, mediante evaluaciones de impacto en derechos humanos, que los recortes se justifican a la luz del
conjunto de los derechos socioeconómicos y en plena utilización del máximo de los recursos disponibles;
civiles (principalmente, el derecho de reunión y el derecho de asociación) son garantías
ciudadanas del
cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos por parte de los poderes públicos;
contar
con información detallada y relevante, y tener la posibilidad de participar de manera significativa y en
condiciones de igualdad en las decisiones que les afectan.
Los poderes públicos tienen la gran responsabilidad de impedir que la c
risis económica se c
onvierta en una c
risis de derechos humanos. El saneamiento del sistema financiero, la reducción de la prima de riesgo y el c
umplimiento de los objetivos del déficit no pueden realizarse a expensas de estos derechos.