Capítulo VI. Valoración del estado de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
Con la limitación que supone c
ondensar en unas pocas páginas la c
antidad de problemáticas, necesidades, respuestas y recursos mencionados en los c
apítulos anteriores, abordamos este apartado c
on la intención de señalar aquellas c
uestiones que entendemos de máximo interés animando, en su c
aso, a una lectura más reposada del informe.
En 2012 se han gestionado 300 expedientes de queja en los que, de manera expresa, se c
ita a niños, niñas y adolescentes en c
alidad de afectados, más del 10% de los expedientes a instancia de parte tramitados por la institución. Para la c
onsideración final del estado de los derechos de niños y niñas a la luz de las quejas tramitadas merecen ser tenidas en c
uenta las 1.010 reclamaciones relacionadas c
on los dispositivos de lucha c
ontra la exclusión social y presentadas por familias en las que, en un alto porcentaje, existen menores. Son muchos los estudios que relacionan la escasez de recursos económicos y la falta de acceso a bienes materiales c
on dificultades para disfrutar, en igualdad de oportunidades, de los derechos a la educación y a la salud, entre otros, además de los efectos, más o menos graves, en las relaciones familiares y sociales.
Por último, la actuación de la Oficina en torno a situaciones de posible vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes se ha c
ompletado c
on 13 expedientes de oficio, esto es, abiertos a iniciativa de la propia institución, y la elaboración de un estudio para el análisis detenido de la realidad de la pobreza infantil en la C
APV.
Precisamente la situación c
onocida a través de este estudio nos lleva a la primera c
onclusión a destacar de este informe: señalar, alertar, del impacto que la c
risis está teniendo en un número c
ada vez más importante de niños, niñas y adolescentes vascos. Insistir, c
omo otros estudios a lo largo del tiempo lo refrendan, en que las c
arencias materiales posicionan a la infancia en una situación de desventaja y vulnerabilidad futura, en tanto en c
uanto puede afectar a su desarrollo educativo, social y laboral.
Por ello, resulta c
lave tener en c
uenta a la infancia en la toma de decisiones ante los retos a los que se enfrenta nuestra sociedad. Y no sólo por su propio desarrollo y bienestar, sino también por el de la sociedad en su c
onjunto, para quien el c
oste futuro puede ser elevado (reducción del nivel de c
ompetencias de la c
iudadanía, menor productividad, mayores tasas de desempleo, frágil c
ohesión social, elevados c
ostes en el sistema de protección, merma del sistema educativo y sanitario, etc.). Así, entendemos que se debe priorizar el gasto social en políticas dirigidas a la infancia y garantizar que las restricciones presupuestarias no afecten al ámbito de la infancia, recordando a los poderes públicos, un año más, que están obligados a prestar una especial protección a la infancia y que las prestaciones sociales, tanto las económicas c
omo las de servicios, en ocasiones directamente destinadas a ellos y ellas y en otras a sus familias, son el instrumento básico para c
ombatir la pobreza infantil.
Siguiendo c
on nuestro análisis, y a la luz de las quejas tramitadas, el volumen de las gestionadas este año nos lleva a afirmar que el área de educación se c
onsolida c
omo el área de mayor peso relativo c
on respecto al c
onjunto de este tipo de actuaciones de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia.
La reiteración de quejas sobre el proceso de admisión del alumnado hace que un año más siga vigente en nuestra opinión la recomendación que desde esta institución venimos planteando a la Administración educativa para que extreme el c
uidado en la gestión de este proceso c
on la aplicación c
abal de los c
riterios prioritarios previstos para los supuestos de insuficiencia de plazas y revisando o reconsiderando la aplicación de aquellos otros que puedan no c
ontribuir a objetivos necesarios c
omo el de la c
onciliación de las necesidades familiares y laborales.
En esta ocasión queremos poner el acento también en que, c
uando sean las c
omisiones territoriales las que efectúen las propuestas de escolarización, la Administración educativa deberá c
ontar c
on la seguridad de que las c
ondiciones de financiación de los c
entros, así c
omo las ayudas a las familias para transporte, c
omedor y material escolar, permitan sostener, c
omo se afirma, el acceso universal del c
onjunto de la población a todos los c
entros docentes de enseñanza no universitaria, máxime en estos momentos en los que algunas familias esgrimen dificultades económicas para hacerse c
argo de los gastos de escolarización que algunas de las propuestas planteadas c
omportan.
Debemos advertir también sobre las c
onsecuencias que se están siguiendo en algunos c
asos de familias que han optado por la educación en c
asa o homeschooling. A este respecto, nos preocupa que el eventual incumplimiento de las órdenes de escolarización a las que han dado lugar situaciones de este tipo se vincule o ponga en relación c
on la posible pérdida o retirada de la c
ustodia de los menores implicados.
En general, los datos que nos ha facilitado el Departamento de Educación, Universidades e Investigación permiten valorar c
omo positivo el c
umplimiento de los indicadores dispuestos para la mejora c
ontinua de la oferta educativa. De todos modos, las mayores dificultades siguen produciéndose en la etapa inicial de c
ero a tres años, sobre todo en la oferta de aulas de dos años.
En lo que respecta a esta primera etapa, c
onfiamos en que las c
onclusiones resultantes del diagnóstico realizado al respecto por el Departamento de Educación, además de c
ontribuir a una adecuación de la oferta existente, permita también sentar estrategias c
onforme a las que abordar algunos aspectos c
ontrovertidos de esta etapa educativa, c
omo es el c
aso de la presencia de personal ayudante en las aulas de dos años en c
entros públicos dependientes de la Administración educativa.
En c
ualquier c
aso, c
onsideramos obligado reconocer la línea asumida por los responsables educativos para tratar de propiciar y favorecer una planificación democrática c
on la participación de todos los representantes de la c
omunidad educativa, tal y c
omo atestiguan algunas de las quejas destacadas. Esperamos que los nuevos responsables c
ontinúen en esta misma línea.
De igual modo, queremos animar a que en la c
onfiguración de servicios c
omplementarios c
omo el de c
omedor se trate de dar c
abida, en lo posible, a nuevas demandas c
ada vez más extendidas entre las familias usuarias, c
omo es el c
aso de aquellas que reivindican la dieta halal.
El año 2012 hemos asistido a la puesta en marcha del Plan Estratégico de Atención a la Diversidad en el marco de una Escuela Inclusiva. En este plan se establecen una serie de objetivos, metas y acciones estratégicas orientadas, en definitiva, a garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado.
Desde esta institución c
onfiamos en que la evaluación y seguimiento de este plan c
ontribuya a mejorar la respuesta educativa que se viene ofreciendo al alumnado c
uya situación es motivo de quejas repetidas, c
omo es el c
aso del alumnado c
on altas c
apacidades, así c
omo del afectado por trastornos de déficit de atención.
Reiteramos también, una vez más, la necesidad de agilizar la respuesta a las necesidades sanitarias especiales durante el horario escolar.
Por último, en lo que respecta a la c
onvivencia escolar, aun c
uando estimamos positivo el esfuerzo que viene realizando el Departamento de Educación, Universidades e Investigación para abordar c
on la mayor rapidez, eficacia y seguridad posibles todos los episodios relacionados c
on el maltrato entre iguales, insistimos en que se deben evitar actuaciones burocratizadas y en que se debe profundizar en una aplicación sistemática y eficaz de las nuevas guías que permita c
umplir y dar respuesta, de una manera satisfactoria, a los objetivos ineludibles de procurar un buen diagnóstico de la realidad del maltrato, de proporcionar apoyo, protección y seguridad a las víctimas y de mantener una relación de c
onfianza y buena c
omunicación c
on las familias afectadas.
En el ámbito de los servicios sociales para la infancia en desprotección c
omenzamos por señalar la necesidad de extremar la atención a las familias c
on niños y niñas en los servicios sociales municipales, responsables de atender las situaciones de desprotección leve y moderada, ya que todas las voces alertan del incremento de hogares en los que aumentan las dificultades para el c
uidado de hijos e hijas en estos momentos de dificultad económica. Y no exclusivamente por lo que se refiere a la c
obertura de las necesidades básicas materiales, que también, sino por el impacto del estrés y la angustia que estas situaciones c
onllevan en el desempeño de las c
ompetencias parentales. Reiteramos el inestimable valor que tiene el acompañamiento ante dificultades incipientes, la intervención en el ámbito natural y c
omunitario, sobre las c
ondiciones de bienestar y c
ohesión en las que los niños, niñas y adolescentes se desarrollan, desactivando o minimizando c
laramente los efectos de desprotección más graves.
En orden a dar c
umplimiento al derecho a ser escuchado, es necesario extremar el c
uidado para que la voz de los niños, niñas y adolescentes que son objeto de atención en el sistema de servicios sociales pueda hacerse presente y ser tenida en c
uenta, tanto en el análisis de su situación personal y familiar, c
omo en el momento de plantear las medidas de protección más adecuadas, de regular el régimen de visitas o la revisión periódica de su situación, desde la perspectiva de lo que resulte más beneficioso para el menor y priorizándolo por encima de c
ualquier otro interés.
Este año más que nunca queremos destacar la imperiosa necesidad de elaborar el protocolo de actuación de los servicios de vigilancia y seguridad de los c
entros residenciales de menores en desprotección, junto a una reflexión en profundidad del papel de este personal en los c
entros y su c
onsecuente ubicación, intervención y c
ontrol.
Insistimos una vez más en los procesos de emancipación que, articulados todos ellos en el programa educativo individualizado, tengan en c
uenta las c
aracterísticas particulares, trabajen c
on antelación la salida del recurso de infancia y dispongan los apoyos necesarios por parte de otros programas que pudieran ser necesarios hasta alcanzar la autonomía real, incluido en este apoyo el acompañamiento educativo.
En el c
aso c
oncreto de los menores extranjeros no acompañados, añadir a este plan las garantías de la entrega en todos los c
asos de documentación señalando el c
ese de la tutela, incluso c
uando viene derivada de un decreto de fiscalía por el que se determina su mayoría de edad, resolución administrativa que informará expresamente que es recurrible y las vías y plazos para hacerlo.
Instamos a los servicios forales de infancia, así mismo, a la emisión, también en todos los c
asos, del informe de recomendación para la solicitud de autorización de residencia por c
ircunstancias excepcionales, informe que recoja de manera descriptiva los elementos objetivables y un posicionamiento final favorable o desfavorable, pero en todo c
aso motivado.
La atención al proceso de salida del sistema de protección a la infancia no debe hacernos olvidar, en todo c
aso, que c
ontinuamos sin c
ontar c
on un protocolo c
omún de acogida de urgencia para menores extranjeros no acompañados. Aun c
uando parece haberse producido avances importantes este año, su necesidad es imperiosa y su retraso llamativo. Volvemos a insistir en que el protocolo deberá dejar c
laro en qué c
onsiste la atención inmediata y quién debe proveerla, incluso en los c
asos de iniciarse un proceso para la determinación de la edad mediante pruebas médicas, garantizando el acompañamiento adecuado de estos c
hicos y c
hicas. De igual manera, se deberá garantizar la asistencia letrada de oficio a estos menores y dar garantías jurídicas de poder oponerse al resultado de las pruebas y, si procede, solicitar pruebas c
omplementarias para la revisión del resultado.
Y para finalizar, dos apuntes: el primero, referido al acogimiento familiar y la reiteración en la necesidad de dar más pasos en su regulación, c
larificando aspectos que hasta el momento se encuentran en la indefinición (derechos y deberes de las familias acogedoras, requisitos, pautas y procedimientos que garanticen estos derechos, etc.) del acogimiento familiar; el segundo, en torno a la necesaria profundización en la reflexión sobre los procesos de valoración de la idoneidad de los y las adoptantes, y del acompañamiento post-adoptivo, c
on el fin último de minimizar la posibilidad de fracaso.
En lo tocante a la política familiar, nos reafirmamos en lo señalado en 2011 relativo a que los poderes públicos vascos, en general, deben tomar c
onciencia de la importancia de incrementar el apoyo a las familias, que operan c
omo respaldo necesario para las situaciones de necesidad, c
omplementando y en muchas ocasiones suplantando en ese sentido las funciones del Estado de bienestar. Las quejas c
iudadanas y el tejido asociativo expresan esa necesidad de aumentar los apoyos públicos a las familias, en especial a aquellas que tienen singulares dificultades, c
omo pueden ser las familias numerosas, las familias monoparentales u otras en c
uyo seno viven personas en especiales situaciones de dependencia o enfermedad. Entendemos que además de las ayudas directas existentes en la actualidad, es preciso revisar el actual sistema fiscal para c
onvertirlo en una verdadera herramienta para articular el apoyo público a las distintas situaciones familiares.
En todo c
aso, c
reemos necesario definir de manera más c
lara c
uáles son las familias más vulnerables a las que se refiere la Ley 13/2008, de 12 de diciembre, de Apoyo a las Familias. La indefinición actual de estos c
olectivos, c
omo sucede c
on las familias monoparentales, da lugar a una desprotección efectiva de las mismas que resultan perjudicadas en c
uanto a las prestaciones de las que podrían ser destinatarias. C
onfiamos en que a lo largo del periodo de vigencia del III Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias se aborde definitivamente esa c
larificación y se articulen medidas encaminadas a beneficiar singularmente a esas familias más vulnerables.
Un año más, debemos insistir en la necesidad de extender a todas las administraciones la abolición de barreras formales o administrativas para familias homoparentales y parejas o matrimonios del mismo sexo, así c
omo la necesidad de c
larificar definitivamente la situación de las madres lesbianas respecto al reconocimiento de la filiación de los hijos e hijas en relación c
on la madre no biológica.
Continuamos reclamando, de igual manera, avances en el diagnóstico y reconocimiento de los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género que, de momento, no son c
onsiderados víctimas directas de esa violencia c
uando no son agredidos físicamente. Aun c
uando es c
ada vez mayor la c
oncienciación en torno a su situación, falta todavía mucho por hacer para garantizar una respuesta adecuada desde la perspectiva de derechos de la infancia. Las propuestas y recomendaciones lanzadas por Save the C
hildren para la C
APV este año pueden ser un buen punto de partida para el avance decidido en este ámbito.
En lo tocante a los puntos de encuentro familiar, y en línea c
on lo expuesto en la recomendación general dictada al respecto, se hacen precisas mejoras en la c
oordinación y c
olaboración entre los PEF y los juzgados derivantes, así c
omo un dimensionamiento adecuado a las solicitudes de los juzgados.
En el ámbito de la salud, en este año 2012 se ha c
larificado el derecho a la asistencia sanitaria pública de todas las personas extranjeras menores de 18 años, incluso en los supuestos de acogimientos temporales por razones de estudios.
Destacamos el esfuerzo que se está realizando por transformar el sistema sanitario c
on la finalidad de adaptarlo a las necesidades de las personas c
on enfermedad c
rónica, c
onseguir mejores resultados en salud y hacerlo de forma más eficiente. Observamos avances en el desarrollo de la estrategia de la c
ronicidad, así c
omo un desarrollo incipiente del Plan de Acción de la Estrategia de Enfermedades Raras en la C
APV. Así, se han dado avances en el c
ampo del diagnóstico precoz c
on la inclusión de 5 nuevas enfermedades en el Programa de C
ribado Neonatal, pero sigue habiendo un gran c
amino por recorrer en otras dolencias o enfermedades de baja prevalencia c
omo el síndrome de Dravet o el linfedema.
Por otro lado, la atención a niños y niñas c
on problemas de salud mental c
ontinúa siendo una preocupación para esta institución. Reconociendo los notables avances de los últimos años, c
ontinúa existiendo una brecha entre las necesidades y expectativas de los pacientes y familiares y los recursos disponibles, especialmente las estructuras intermedias y los de apoyo social.
Especialmente urgente nos parece la respuesta a las personas c
on trastorno de personalidad, en un alto porcentaje, adolescentes y jóvenes, que se encuentran c
on problemas para ser diagnosticados, c
arecen de medicación específica y los recursos de atención son insuficientes. Esto, no obstante, no debe hacernos olvidar los trastornos de c
onducta o que nos sumemos a la observación del C
omité de los Derechos del Niño a España relativa a someter a examen el fenómeno de la sobre-prescripción de medicación a niños y niñas c
on TDAH e impulsar iniciativas que faciliten, tanto a éstos c
omo a sus padres, madres y profesores, acceso a un amplio abanico de medidas y tratamiento psicológico y educativo.
Las dificultades a las que están teniendo que hacer frente los niños y niñas dependientes no difieren sustancialmente de las de la globalidad del c
olectivo de personas dependientes: valoraciones a la baja en los grados de dependencia y recortes importantes en las prestaciones, fruto de un retroceso significativo en el aún inconcluso desarrollo del sistema de promoción de la autonomía personal y la atención a la situación de dependencia. Especialmente importante en el c
aso de niños y niñas dependientes es el impacto de las restricciones en la prestación económica para c
uidados en el entorno familiar (PECEF), ya que una inmensa mayoría de éstos son atendidos en el ámbito familiar.
La Ley de Servicios Sociales del País Vasco, c
lara expresión de la c
ompetencia exclusiva en materia de asistencia social atribuida a nuestra c
omunidad y el ejercicio de la potestad adicional recogida en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, nos brinda un marco suficiente para c
ontinuar c
on la apuesta decidida que venían realizando nuestras administraciones públicas en materia de servicios sociales durante los últimos años, sin que se hayan de producir interferencias en esa trayectoria de incremento de la atención y mejora c
ontinua.
La red de c
entros y programas socio-educativos del sistema de justicia juvenil parece mantener el dimensionamiento adecuado para satisfacer las necesidades y decisiones de los juzgados. C
abría esperar, no obstante, un mayor uso de la c
onciliación, explorando, incluso, las posibilidades de acceder a procesos de mediación sin que se haya dado necesariamente el reconocimiento de c
ulpa.
Se precisan, así mismo, mejoras en el turno de oficio específico de menores, derivadas en gran medida de una mejor formación de letrados y letradas que les lleve a formas de trabajo más idóneas para personas en proceso de desarrollo y maduración y, en todo c
aso, distintas a las de la jurisdicción de personas adultas.
Por último, apuntamos la necesidad de aproximarnos c
ada vez más a una justicia más amigable y c
ercana a niños, niñas y adolescentes, donde sus derechos a ser escuchado, ser informado adecuadamente, a ver protegida su intimidad y privacidad, o c
ualquier otro, se vean garantizados. Especialmente en los c
asos en que su participación es en c
alidad de víctima o testigo.
En materia de deporte escolar, el ordenamiento vigente asigna a las diputaciones forales funciones de inspección y c
ontrol del c
umplimiento de las disposiciones que lo regulan. Entre ellas quisiéramos destacar la obligación de las entidades que en él participan a actuar en todo momento de c
onformidad c
on el espíritu de participación y educativo que ha de inspirar el deporte a estas edades. El hecho de que la Administración c
arezca en esta materia de instrumentos normativos de orden sancionador no debe ser óbice para que lleve a c
abo esta tarea de modo diligente y proactivo. Iniciativas c
omo la suscripción por c
entros y c
lubes deportivos de un c
ódigo de buenas prácticas en este sentido representa, a juicio de esta institución, un paso en la dirección c
orrecta.
El derecho al juego, al descanso y a las actividades recreativas y c
ulturales se está viendo especialmente vulnerado en el c
aso de niños, niñas y adolescentes de las familias más c
astigadas por la c
risis económica. Desde aquí, c
onsideramos necesario mantener el esfuerzo que asegure la igualdad de oportunidades de todos los niños y niñas en el acceso y aprovechamiento de las actividades de tiempo libre educativo.
Respecto a la situación de adolescentes de orientación homosexual (gays y lesbianas) o bisexual y de identidad transgénero o transexual (en adelante, lgtb), el trabajo de c
ampo realizado en la C
APV en el marco del proyecto europeo Rainbow ha puesto de manifiesto una c
arencia notable del sistema educativo para integrar, visibilizar y promover el pleno respeto a los derechos a la diversidad afectivo-sexual y de género.
Una vez más señalamos la necesidad de que las instituciones educativas aborden estrategias que aseguren que la escuela sea un sitio seguro, que garantice el amparo de los menores y las menores en el libre y pleno desarrollo de su orientación sexual y de su identidad de género, en un modelo de c
onvivencia escolar pacífico e integrador de la diversidad. Por otra parte, también se hace necesario abordar el tema de c
ómo orientar y acompañar a menores, familias, profesorado y c
entros c
uando surgen situaciones o c
onductas que atañen a la diversidad en la identidad y los roles de género por parte de niños, niñas y adolescentes en los c
entros educativos, situaciones que, c
omo hemos tenido ocasión de c
onocer, se producen también a edades muy tempranas.
Como c
olofón a las c
onsideraciones en torno a sistemas sectoriales de atención de estos párrafos precedentes y c
onstatados avances y puntos de mejora observados en ellos, trasladamos nuestra inquietud ante lo que c
onsideramos uno de los riesgos, c
ompartidos por todos ellos, en estos momentos de gran limitación económica: el repliegue de c
ada administración, institución y/o departamento en aquello que, desde una lectura escrupulosa de la norma, es su c
ompetencia, abandonando prestaciones y servicios que se venían ofreciendo, en ocasiones en c
olaboración c
on otros sistemas, instituciones o administraciones, y de los que se venía beneficiando la c
iudadanía, una c
iudadanía que entendemos veía satisfecha c
on ese programa/servicio una necesidad sentida.
Por último, no podemos finalizar sin un nuevo llamamiento a reforzar y extender la c
onciencia social sobre los derechos de la infancia. Es c
ierto que es mayor que hace unos años, por lo que debemos alegrarnos y felicitarnos por ello. Pero queda todavía mucho por hacer, tanto en el plano general (difusión de los derechos) c
omo en la c
oncienciación ante determinadas situaciones (castigo físico, maltrato, abuso sexual…). Los derechos de la infancia y el principio del interés superior del menor exigen adoptar una perspectiva educativa y establecer unas prioridades que deben orientar c
ualquier intervención c
on niños, niñas y adolescentes, lo que nos lleva a exhortar a las administraciones públicas a que c
ontinúen y refuercen sus iniciativas de sensibilización social y promoción de los derechos de la infancia.
Debemos destacar, nuevamente, los artículos 12 y 13 de la C
onvención de los Derechos del Niño o, lo que es lo mismo, el derecho a expresar su opinión y a recibir y dar información. Animamos, una vez más, a avanzar en la articulación de c
auces de participación real y estables, tiempos destinados a ello, mecanismos adecuados, metodologías atractivas, etc. que garanticen la participación de las personas menores de edad en los diferentes ámbitos de afección de sus vidas.