Presentación
Vivimos tiempos de crisis aguda con graves consecuencias sociales: aumenta la pobreza y la exclusión social, se recortan derechos sociales y laborales, las clases medias y trabajadoras están en una situación de precarización, empobrecimiento y sumidos en la incertidumbre y con miedo y zozobra… Si bien ha habido durante las últimas décadas diferentes crisis en el plano económico que han afectado negativamente al bienestar de las personas y a los derechos sociales, todo parece indicar que la crisis que estamos viviendo no tiene parangón y es de una gravedad extrema, hasta el punto de que se están erosionando los pilares que han sustentado hasta la fecha el llamado Estado social o de bienestar: los valores de la solidaridad, la equidad y la justicia
sociales y la ayuda a las personas necesitadas y los derechos sociales y económicos. Los retos a los que nos enfrentamos tienen dimensiones colosales y características históricas.
Dice la Ley 3/1985 que “el Ararteko es el alto comisionado del Parlamento para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución garantizándolos de acuerdo con la Ley, velando porque se cumplan los principios generales del orden democrático contenidos en el artículo 9 del Estatuto de Autonomía”. Para ello, la Defensoría que dirijo debe investigar, a instancias de la ciudadanía o por iniciativa propia, la actuación de las administraciones públicas a través de expedientes de queja, pero también ha de evaluar las políticas públicas y el sistema de protección de los derechos de las personas dirigiendo recomendaciones a los poderes públicos o promoviendo la producción de informes, análisis o ideas que tengan por objeto reforzar la cultura de respeto de los derechos de las personas o el sistema de protección de los mismos. En este sentido, entendemos que el Ararteko no puede permanecer impasible ante una situación que es extremadamente crítica y delicada, y que está afectando directamente a los derechos sociales y al bienestar de los ciudadanos vascos. El número de personas que acuden a la institución por problemas derivados de la crisis ha aumentado de manera espectacular. Estamos en el límite de nuestras posibilidades de atención a la ciudadanía y redoblando esfuerzos para dar información y orientación a personas y familias que se han quedado sin empleo y que carecen de prestaciones por desempleo o las han agotado, o que están incursos en procedimientos de desahucio por no poder pagar la hipoteca o el arrendamiento y para tramitar en el plazo más breve posible las reclamaciones de los ciudadanos y ciudadanas contra actuaciones administrativas que consideran son lesivas de sus derechos o contrarias a la buena administración. En dos años se ha multiplicado por seis el número de expedientes de queja relacionados con actuaciones de las administraciones en la gestión de las ayudas sociales de contenido económico…
Hemos creído que resulta útil y oportuno aportar, en el uso de nuestras atribuciones, a la sociedad, a las organizaciones sociales y a los poderes públicos y administraciones análisis y puntos de vista con respecto a lo que está acaeciendo desde el prisma de nuestra responsabilidad institucional, haciendo el esfuerzo, al mismo tiempo, por visibilizar los lindes de los contenidos mínimos e indisponibles de los derechos sociales. Hemos realizado, a este respecto, un estudio jurídico sobre el significado de los derechos humanos, especialmente de los derechos socioeconómicos, en el diseño de las políticas públicas en tiempos de crisis económica. Sobre la base de un análisis del ordenamiento constitucional español y del derecho internacional de los derechos humanos, así como la jurisprudencia relacionada, el estudio (incluido en este volumen) defiende que los derechos humanos generan la obligación para los poderes públicos de crear y mantener políticas, prestaciones y servicios que garanticen su ejercicio y su cumplimiento eficaz.
El Ararteko organizó unas jornadas los pasados días 14 y 15 de mayo bajo el título “Los derechos sociales en tiempos de crisis. Hay solución, busquemos alternativas” en las que participaron expertos en derechos humanos y derechos sociales, en economía, en políticas públicas, en demografía o en políticas europeas, así como expertos conocedores de la realidad social del País Vasco. Esta publicación recoge, precisamente, las ponencias de dichas jornadas. Las intervenciones y los debates que hubo en ellas pusieron de manifiesto la tremenda complejidad de la situación que estamos viviendo y las enormes dificultades para encontrar una salida a la misma.
La crisis tiene, desde sus comienzos a finales de 2008, unas causas y una dimensión financieras indiscutibles. También posee una clara dimensión europea o, mejor dicho, las salidas a la crisis están fuertemente vinculadas a las políticas y decisiones que se están adoptando y se adoptarán en el marco de los diecisiete países que conforman la unión monetaria o la Eurozona en el seno de la UE. Por tanto, todo planteamiento que se haga para garantizar el mantenimiento, la protección y la sostenibilidad de los derechos sociales ha de abordar las cuestiones nucleares del sistema financiero, así como el comportamiento de las autoridades políticas y económico-financieras europeas. En el actual contexto de crisis financiera, está en manos de los órganos y autoridades europeos en buena medida (porque existe una unión monetaria en torno al euro y al Banco Central Europeo) la adopción de aquellas decisiones y medidas que habiliten soluciones para el pago y la refinanciación de la deuda acumulada por las administraciones públicas y sobre todo por el sector privado (bancos y cajas y empresas) de España. Igualmente, resulta decisiva la intervención de las instancias europeas para la obtención de nuevos recursos financieros para cubrir las necesidades de las administraciones y de las empresas con el fin de hacer frente a los déficits presupuestarios de aquellas y a las inversiones por parte de estos. Ahora bien, cabe preguntarse si las decisiones que se están adoptando son correctas y si son las únicas posibles.
Frente al discurso único de la austeridad, frente a los intereses de determinados grupos de interés, frente a los cánones neoliberales contrarios al Estado de bienestar, en opinión de numerosos expertos, otras políticas a nivel de la Eurozona y de la UE son posibles. Sin ir más lejos, la llegada a la presidencia francesa de François Hollande ha abierto una nueva vía en la política de la UE que antes parecía imposible: la habilitación de políticas de crecimiento económico y de creación de empleo que sean complementarios a los planes de reducción de las deudas y los déficits públicos. Por otra parte, el Banco Central Europeo (BCE) podría jugar un papel diferente al que está desempeñando hasta ahora. Michel Rocard y Pierre Larrouturou proponían, a comienzos de año, que el BCE pudiese prestar directamente a las administraciones públicas al interés legalmente establecido, como lo hace con los bancos, o un tipo inferior1.
El proyecto europeo está pasando probablemente por sus horas más bajas. Por el momento, el comportamiento de las instituciones europeas y de la mayoría de los gobiernos de la Unión está dejando mucho que desear. El objetivo que parecen perseguir las autoridades políticas de los Estados miembro más poderosos de la Eurozona y de la UE es el de garantizar el pago de las deudas contraídas con los bancos de sus respectivos países por entidades privadas y administraciones públicas; para ello presionan a los países más endeudados para que garanticen, al precio que sea, el pago de dichas deudas, aunque estas no hayan sido generadas por las administraciones públicas2.
Urge situar en todos los niveles territoriales de decisión política, comenzando por la Unión Europea y la Eurozona, el debate acerca del mantenimiento y la sostenibilidad del Estado social y de los derechos sociales por encima del rescate de los bancos. Parece razonable que se hagan esfuerzos para situar en márgenes aceptables y sostenibles en el tiempo los déficits y deudas públicas y se persiga el equilibrio presupuestario, cumpliendo así con los objetivos marcados en Maastricht en 1992. Parece también razonable que se avance para ello en la senda de la unión fiscal. Pero, al mismo tiempo, resulta indispensable que la Eurozona y la UE se doten de un sistema financiero sólido y estable, limpio de toxicidades, de engaños y de trampas y de intereses especulativos.
Se habla mucho últimamente de las diferentes patas de la UE, de que la unión monetaria resulta insuficiente sin una pata bancaria común, sin una pata fiscal común… Hay un pilar absolutamente fundamental que se obvia: la necesidad de una ciudadanía europea, de una voluntad común de las mujeres y hombres que conformamos la Unión, de un contrato social que nos vincule a todos con un proyecto y unos objetivos compartidos y, sobre todo, con unos valores compartidos, los valores de la solidaridad, de la inclusión social, de la equidad y de la justicia
sociales. Esos valores estuvieron presentes, en alguna medida, cuando los países europeos se reconstruyeron tras la II Guerra Mundial, cuando algunos de ellos fijaron las bases del Estado Social o de Bienestar, cuando seis de ellos impulsaron la constitución de la CEE, que fue el germen de la actual UE de 27 países, cuando se produjo la reunificación alemana, cuando tras el derrumbe del Bloque del Este y la caída del muro de la vergüenza que dividió en dos a Europa se produjo la ampliación de la Unión al este acogiendo en su seno a nuevos países… Hasta que llegó la crisis y los lazos de confianza, de solidaridad y de compartir un proyecto común se han roto. Urge, por ello, reconstruir el pilar de la ciudadanía europea como motor y garante de que la Unión Europea supere la crisis reforzándose y sin merma de los derechos sociales de su ciudadanía.
Vitoria-Gasteiz, julio de 2012
1 Se calcula que entre octubre del año pasado y mayo del presente el BCE ha prestado cerca de un billón de euros a los bancos al interés del 1%; parte de ese dinero lo han empleado los bancos para hacer negocio con la deuda soberana, comprando bonos públicos a un interés superior. Es cierto que la normativa europea lo prohíbe, pero podría modificarse dicha normativa o, en su defecto, el ex primer ministro francés y el economista proponían que prestase dinero al 0,1% de interés al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y este a las administraciones públicas al 0,2%. En todo caso, sorprende la parálisis del BEI y la inacción del BCE, dos poderosas herramientas financieras europeas en una coyuntura en la que se están jugando la supervivencia del euro, la supervivencia del Estado Social en unos cuantos Estados europeos y en la que los derechos sociales se están cercenando en algunos países europeos con consecuencias gravísimas como el aumento enorme de la pobreza y el incremento de situaciones extremas de personas sin techo y pasando hambre.
2 La gestión en torno a la concesión de un préstamo europeo de hasta 100.000 millones de euros para recapitalizar las entidades financieras españolas que están al borde de la quiebra es muestra elocuente de ello. A este respecto, desde la óptica de la defensa del interés público y de los derechos ciudadanos entendemos que debería exigirse transparencia absoluta en relación con las ayudas públicas. Esto es, el rescate de las entidades financieras debería justificarse suficiente y razonadamente, con luz y taquígrafos, informando con transparencia sobre las consecuencias de su hipotética quiebra. Habría, asimismo, que explicar públicamente quiénes son las entidades acreedoras, cuánto se les debe, para qué fines se concedieron los créditos, qué análisis de riesgo realizaron en su momento, qué controles ha habido en el flujo de capitales de los bancos acreedores a las cajas y bancos deudores, así como en el gasto que estas han realizado, etc. A partir de ahí, habría que exigir asimismo transparencia total acerca de las condiciones y de las garantías o avales exigidos en relación con el préstamo concedido por la Eurozona. ¿Solo cabe el aval en última instancia del Estado español? ¿Solo cabe para ello recortar el gasto público, los salarios y el gasto social en una cantidad equivalente a la cuantía del crédito con el fin de mantener a toda costa los objetivos del déficit presupuestario?