3. Actuaciones en relación con las instituciones de defensa de los derechos humanos
3.1. XXIX Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo
Como ya aparece expuesto de forma completa en el apartado 4 del capítulo IV de este informe anual, dentro de la XXXIII edición de los Cursos de Verano de la UPV, los días 9 y 10 de septiembre se celebró en el Palacio Montehermoso de Vitoria-Gasteiz el curso organizado por el Ararteko con el título: Las familias y sus necesidades y retos en el actual entorno social y económico: respuesta de los poderes públicos.
Esta edición, albergó, asimismo, XXIX Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo de todo el Estado.
El objetivo de este foro, que reúne anualmente a todos los defensores autonómicos y la Defensoría del Pueblo es intercambiar experiencias e ideas y poner en común aspectos vinculados al funcionamiento y objetivos de todas las defensorías, además de tratar temas y problemáticas comunes.
Los defensores del pueblo aprobaron la siguiente DECLARACIóN en el ma
rco de estas jornadas que han versado sobre las políticas públicas de apoyo a las familias:
El Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo Andaluz, el Justicia de Aragón, el Diputado del Común, el Procurador del Común, el Síndic de Greuges de Catalunya, el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, el Valedor do Pobo, el Defensor del Pueblo de Navarra y el Ararteko del País Vasco, se han reunido en Vitoria-Gasteiz en las XXIX Jornadas de Coordinación que han versado sobre el tema “Las familias y sus necesidades y retos en el actual entorno social y económico: respuesta de los poderes públicos” y desean exponer públicamente la presente declaración.
Las familias, diversas en su morfología, desarrollan funciones propias y exclusivas, difícilmente sustituibles por otros sistemas y comunidades sociales. Sede de afectos y de relaciones primarias, la familia es el principal agente socializador y contribuye de ma
nera determinante al desarrollo individual y a la construcción de la comunidad. Este valor y su exclusividad son reconocidos por la Constitución en su artículo 39.1, por los Estatutos de autonomía en sus respectivos textos y por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su artículo 33, que instan a los poderes públicos a asegurar la protección social, económica y jurídica a la familia.
1. Una mirada comparativa con los países del contexto europeo pone de ma
nifiesto el menor gasto en protección a las familias en España, que alcanzaba, según los últimos datos disponibles el 1,51% del PIB, frente al 2,26% de la media de Europa. Las políticas familiares deberían disponer en España de recursos económico-presupuestarios que alcanzasen, al menos, la media europea.
2. Las familias, independientemente de su configuración y composición concretas, presentan unas necesidades comunes que comprenden estos tres ámbitos: a) recursos para hacer frente a los costes asociados a la crianza de los hijos e hijas y al cuidado intrafamiliar; b) tiempo y servicios para la conciliación de las responsabilidades familiares; c) información, orientación y asesoramiento para el adecuado desempeño de las competencias parentales. Las políticas públicas han de satisfacer adecuadamente las necesidades de esos tres ámbitos.
3. Las políticas dirigidas a la compensación de los costes, principalmente ejecutadas a través de políticas fiscales y transferencias económicas directas, deben considerar las nuevas realidades sociales (tanto los modelos de familias diversas, como las formulas de custodia de hijos e hijas) y apoyar de forma más
decisiva la atención a los menores de edad, a las personas con discapacidad y a las personas con dependencia.
4. En relación con la conciliación de la vida laboral y familiar y a la corresponsabilidad en el cuidado y en la atención de los niños y niñas y personas necesitadas de cuidados, entendemos que las administraciones públicas deben continuar aprobando subsidios directos o indirectos a la contratación, incentivos a la reincorporación al mercado laboral, actuaciones de formación y reciclaje y que, al mismo tiempo, se ha insistir en profundizar en los cambios normativos que favorezcan la incorporación de la mujer al mercado laboral y la participación activa de los hombres en las responsabilidades familiares.
5. Asimismo, se ve necesario impulsar una oferta suficiente de servicios que faciliten la conciliación: servicios para la atención de niños y niñas de 0 a 3 años y servicios de proximidad para las personas dependientes. De igual ma
nera, deberían analizarse los horarios de trabajo y ocio para su ma
yor racionalización.
6. En línea con las directrices europeas y en respuesta a las demandas de padres y ma
dres que buscan orientación para el ejercicio de su responsabilidad educativa y de desarrollo integral de hijos e hijas, resulta imprescindible avanzar en las medidas de parentalidad positiva, aumentando su implementación, promoviendo aún más
la colaboración familia-escuela y avanzando en el uso de procedimientos eficaces para el adecuado desempeño de las responsabilidades parentales.
7. Resulta constatable la existencia de una diversidad de tipos de familia cada vez más
amplia. Esa diversidad ha de encontrar el reconocimiento y respeto debidos en la tipificación legal, en los documentos oficiales, o en el currículo y discurso de los centros educativos. De igual ma
nera, deben articularse medidas efectivas para garantizar el derecho de igualdad y a la no discriminación a los tipos de familias en los que concurre alguna circunstancia que pueda generar vulnerabilidad o desprotección (familias monoparentales, familias inmigrantes, familias homoparentales, familias de etnia gitana, etc.)
8. El apoyo socioeconómico resulta esencial para todas las familias afectadas por la grave crisis que sufren los españoles que se encuentran en riesgo o situación de severa exclusión social. En este sentido, consideramos que los poderes públicos competentes deben procurar la existencia en toda España de una prestación económica, cuyo objeto sea cubrir las necesidades asociadas a una vida digna y esté ligada a la inserción socio-laboral. Las resoluciones relativas al reconocimiento del derecho a estas prestaciones han de dictarse con prontitud y dentro de los plazos legalmente establecidos. Por otra parte, las políticas públicas han de fijar como prioridad la eliminación de la pobreza infantil y de la pobreza energética, habilitando para ello medidas e instrumentos eficaces.
9. Creemos necesario reforzar los mecanismos de protección y garantía del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, en especial en los casos de familias excluidas de la posibilidad de acceder a una solución residencial adecuada y de familias con hijos e hijas, tendiendo a la reducción del número de viviendas vacías, al fomento del alquiler y a la protección de los ciudadanos frente a los desahucios de sus viviendas habituales. Así mismo, las Defensorías del Pueblo respaldamos la aprobación de una ley de segunda oportunidad, comprensiva de límites que reduzcan la posibilidad de un desahucio, evitando la exclusión social perpetua en los casos de sobreendeudamiento e insolvencia familiar.
10. Consideramos que una especial mención requieren los apoyos a las familias con menores en situación de vulnerabilidad o riesgo, en concreto a estas: a) Las familias en situación de pobreza con menores a cargo; b) Las familias en conflicto con hijos e hijas, ámbito en el que demandamos una ma
yor potenciación de la mediación familiar, así como una reglamentación autonómica de los servicios de puntos de encuentro familiar, garantizando en todo caso la debida participación del niño, niña o adolescente en la toma de decisiones que le puedan afectar; c) Los menores expuestos a la violencia de género, para los que reclamamos el reconocimiento de víctimas con identidad propia.
11. En relación con las familias en las que conviven personas que tienen limitada su autonomía y necesitan ayudas personales o ma
teriales para desarrollar una vida autónoma, se hace necesario adoptar medidas de armonización y coordinación de los diferentes sistemas para evitar solapamientos, duplicidades y carencias o insuficiencias de cobertura. Para estas personas y familias el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia constituye un pilar esencial del Estado social y un logro que no debe ma
lograse. Entendemos también que es preciso reforzar y ampliar los dispositivos y las medidas encaminadas al ma
ntenimiento de estas personas en su hogar.
3.2. Relaciones internacionales
Asamblea anual de la Federación Iberoamericana del Ombudsman
La adjunta al ararteko participó en la XIX Asamblea General y el Congreso Internacional de la FIO celebrados en Ciudad de México, del 1 al 3 de octubre de 2014, que este año versaba sobre los sistemas regionales de protección de derechos humanos.
También en el ma
rco de congreso se reunió la red de la FIO de Defensorías de Mujeres, en la que participaba el Ararteko, y se celebró la XIX Asamblea General de la Federación en cuyo seno se analizó la participación política de las mujeres. El ararteko forma parte de su Comité Directivo como representante de los defensores y defensoras autonómicos del Estado Español. Con ocasión de dicho encuentro, se eligió a Julia Hernández como coordinadora para Europa de dicha red.
La FIO agrupa a las defensorías del pueblo de los países de Iberoamérica o Latinoamérica más
a las autonómicas o estatales de España, México y Argentina.
Proyecto Rainbow Has. Conferencia en Bruselas
El día 18 de noviembre ha tenido lugar en la Delegación de Euskadi para la Unión Europea en Bruselas una Conferencia europea para debatir las conclusiones del proyecto Rainbow Has, amparado y subvencionado por la Comisión Europea, que, bajo la dirección del Ararteko, defensoría del pueblo u ombudsman del País Vasco, de ha desarrollado durante dos años.
El objeto del citado proyecto Rainbow Has es proteger los derechos fundamentales de los menores de edad de orientación homosexual o de identidad transexual, así como de los hijos e hijas de familias homoparentales formadas por dos ma
dres o dos padres, fomentando para ello la diversidad afectivo-sexual y combatiendo el bullying o acoso homófobo en el ámbito de la escuela y creando redes constituidas por los estamentos de la comunidad educativa, administraciones públicas y organizaciones sociales y ONG para garantizar la protección de esos derechos.
En el proyecto Rainbow Has participan 14 entidades de 8 países de la Unión Europea (Alemania, Bélgica, Bulgaria, España, Holanda, Italia, Polonia y Reino Unido). Se han realizado estudios, seminarios y reuniones con el fin de disponer de diagnósticos precisos sobre la situación de esos niños, niñas y adolescentes, de formular propuestas y recomendaciones y de crear redes sólidas de colaboración y de trabajo en común.
En la conferencia europea, que se ha celebrado en la Delegación de Euskadi para la Unión Europea en Bruselas, han participado representantes de las entidades que forman parte del proyecto Rainbow Has, expertos de diferentes universidades, miembros del LGBT Intergroup del Parlamento Europeo, de ILGA (International lesbian, gay, bisexual, trans and intersex association) y de NELFA, federación europea de familias homoparentales, así como representantes de la oficina del Defensor del Pueblo europeo, europarlamentarios y miembros de diferentes organizaciones y ONG.
La conferencia ha sido inaugurada por el ararteko Iñigo Lamarca. En la misma se han debatido los resultados de las cinco líneas de trabajo que consta el proyecto Rainbow Has y se han expuesto tres ejemplos de buenas prácticas: del Gobierno Vasco, del Comberton College Academy de Cambridge y del Voyager School de Peterborough.
Las conclusiones del informe se basan en estudios cualitativos realizados en Bulgaria, España, Polonia, Italia y el Reino Unido en el que han participado 130 familias, profesores, niños y niñas. Se realizaron seminarios en nueve ciudades europeas con más
de 200 participantes en representación de instituciones públicas, centros de investigación, organizaciones de derechos humanos, organizaciones LGBT y familias. Fruto de la investigación ha sido la identificación de 22 buenas prácticas impulsadas por colegios, instituciones públicas y ONG.
Apelaciones sobre el caso de Hakamada Iwao
Dentro de la campaña sobre el caso de Hakamada Iwao impulsada por el Grupo de Amnistía Internacional en Gipuzkoa, en coordinación con grupos de Amnistía Internacional en otros países, el Ararteko ha venido remitiendo mensualmente apelaciones a diversas autoridades japonesas (ministro de Justicia, primer ministro, fiscal general y director de la prisión) mostrando su preocupación por la situación de Hakamada Iwao. Hakamada Iwao tiene actualmente 78 años, de los cuales los últimos 44 los había pasado en prisión esperando su ejecución. Era probablemente la persona que lleva más
tiempo en el corredor de la muerte en todo el mundo.
En el mes de ma
rzo del presente año, afortunadamente Iwao Hakamada ha sido liberado de ma
nera temporal en Japón después de que la Corte del Distrito de Shizuoka haya aceptado la solicitud de un nuevo juicio.