3.1. Cambios de carácter interno sin incidencia en las políticas de apoyo a las familias
Como se recogía en el anterior capítulo, se han dado cambios en el objetivo final de la familia, que hoy en día está más dirigida a la consecución de la felicidad como “objetivo último de los proyectos familiares en detrimento de la búsqueda de un modo de supervivencia” (Alberdi, 1999), habiendo sido sustituidos los valores tradicionales que la sustentaban y
orientándose más hacia términos como “felicidad”, “pareja” y
“amor” que a “unión estable”, “matrimonio” o “procreación”, como había sido en épocas anteriores, lo que nos lleva a visualizar distintos cambios internos y
de las funciones familiares. Estos cambios internos tienen lógicamente consecuencias en el apoyo demandado por las familias en materia de políticas públicas, que deben adaptarse a las nuevas realidades organizativas internas y
a unos objetivos y
necesidades familiares diferentes.
El modelo de sanción social de la convivencia. El papel del matrimonio
Si bien y
tal y
como reseña González Blasco (2006), la formación de una familia propia sigue siendo uno de los principales objetivos vitales de cualquier persona, el reconocimiento social de la misma y
a no proviene esencialmente de su sanción social a través del matrimonio y
muy especialmente del matrimonio religioso.
(Gráfico 7) . Evolución de la tasa de nupcialidad en la CAPV. 2004-2010
Fuente: elaboración propia a partir de datos del EUSTAT (2012b).
Aunque es un elemento discutido, autores como Miret (2006), Martínez Pastor (2009) o Esping-Andersen (2013) hablan de una crisis en la nupcialidad. Miret, por ejemplo, afirma que “en los años ochenta la crisis de la nupcialidad y
a estaba instalada y
así sigue: se casan cada vez menos parejas y
lo hacen cada vez más tarde”1. La nupcialidad, que suponía el paso inicial en la formación de la familia, presenta un papel más difuminado y
un peso social menguante, con una tasa de nupcialidad (civil y
eclesiástica) que ha ido descendiendo en la CAPV de un 4,8 en 2004 a un 3,8 por 1.000 habitantes en 20102.
Esta caída de la nupcialidad es, junto con el continuado incremento de la edad a la que se contrae matrimonio y
el aumento del número divorcios, separaciones y
nulidades, uno de los rasgos destacados por el III Plan Interinstitucional de apoyo a las familias, que lo asocia al proceso de secularización de nuestra sociedad.
En cambio, en el caso del matrimonio de personas del mismo sexo se aprecia un elevado interés por la regularización social que aporta la figura de la nupcialidad, habiéndose incrementado en la CAPV en más de un 30%3 entre los años 2007 y
2011, que sin pretender realizar un análisis en profundidad por la escasez y
falta de trayectoria de los datos existentes, podría apuntar a una mayor necesidad de reconocimiento y
regularización social en consonancia con lo antes indicado.
La cohabitación sin matrimonio. Parejas de hecho y
uniones no reguladas
Si bien autores como Flaquer (1991), Meil (2003) o Elzo (2008) señalan que la cohabitación constituye en muchas ocasiones un paso previo al matrimonio que si no se rompe se “oficializa” a través de la nupcialidad, lo cierto es que los datos antes mostrados apuntan a una crisis de la nupcialidad como elemento ordenador de las parejas a largo plazo, con la existencia de parejas de hecho y
de parejas no reguladas que se conciben en sí mismas como un proyecto de futuro.
De hecho, tal y
como otros autores más recientes indican (Esping-Andersen, 2013), a nivel estatal la cohabitación comienza a constituirse en “una alternativa funcional estable”. En el caso concreto de las parejas de hecho puede decirse que han ido incrementando su peso hasta alcanzar un volumen total en la CAPV de 42.000 parejas en 2006, suponiendo un 8% del total de parejas, mientras que hace 20 años no suponían más que un 1% del total4.
Esto es un elemento clave que tiene incidencia indirecta en el diseño de políticas públicas de apoyo a las familias especialmente en el caso de la infancia, y
a que en la medida en que este tipo de parejas sean estables y
tengan una tasa de natalidad similar al del resto de parejas –y estas dos condiciones, tal y
como Esping-Andersen (2013) reseña, se están cumpliendo– se dará un progresivo aumento de las niñas y
niños nacidos fuera del matrimonio, que actualmente sigue siendo garante de ciertos tipos de derechos.
Este aumento de la infancia fuera del matrimonio es por otro lado una de las direcciones en las que los modelos de familia vasca han tendido más rápidamente a la homogenización con la de otras realidades europeas, además de forma muy rápida, y
a que en muchos países se han incrementado considerablemente las uniones de hecho y
han crecido las hijas e hijos fuera del matrimonio. De hecho, en la EU27 y
a desde 2008 nacen fuera del matrimonio más de un tercio de los niños y
en países como Francia son más que dentro del mismo (un 50,5%)5. A nivel estatal se han triplicado, pasando del 11% al 31% desde 19956.
Autonomía, individualización y
aumento de la negociación interna
Flaquer (1995), Alberdi (1997), Del Campo (1999), Meil (2004) o Elzo (2008) han venido destacando en los últimos años como rasgos claves asociados a los cambios internos en el modelo familiar el aumento de la autonomía personal, la individualización de la misma y
el aumento de la capacidad negociadora de sus miembros, especialmente en el caso de las mujeres (aunque aún desde una situación de desigualdad), en el marco de la denominada postmodernización de la familia.
Uno de los principales elementos que motiva cambios en la organización familiar interna es la mayor autonomía de cada uno de sus miembros, y
a que si bien existen objetivos comunes de la familia como unidad, no resulta incompatible con un mayor respeto por los proyectos individuales (laborales y
personales).
Asimismo, es destacable el aumento de la capacidad negociadora de las mujeres, lo que modifica las pautas organizativas de la unidad familiar y
en la que progresivamente la distribución interna de funciones y
responsabilidades se realiza desde posiciones de mayor consenso. En todo caso, no es una negociación aún equilibrada, y
a que como se mostrará más adelante existen factores socioeconómicos que distorsionan a favor del hombre esta negociación, elementos sobre los cuales sí es clave la actuación pública a través de políticas de apoyo en materias como la conciliación de la vida laboral, familiar y
personal que contribuyan al equilibrio.
1El País (24-05-2006).
5Martínez-Ahedo, M. (2008).