1. Introducción
Este capítulo pretende ofrecer una visión de los principales cambios operados en las familias en las últimas décadas. Para ello visibilizará y
dimensionará distintos modelos de familia reconocidos socialmente, identificará los principales factores que condicionan la evolución de las distintas configuraciones familiares y
destacará algunos factores de especial dificultad para las familias de la CAPV, abordables desde las políticas públicas.
2. La evolución de las familias de la CAPV. Algunos datos clave
En el capítulo anterior hemos hablado –y seguiremos haciendo referencia a ello a lo largo del informe– de la necesidad de que las políticas públicas de apoyo a las familias den respuesta de forma eficaz a las necesidades de los distintos modelos familiares, que también hemos indicado que varían por no ser la familia “ajena al proceso de transformación social que ha regido el Siglo XX”, habiendo experimentado “un profundo e intenso cambio que ha afectado tanto a sus estructuras como a la cultura en la que se inserta” (Meil y
Ayuso, 2007).
Los propios poderes públicos han tenido en cuenta la diversidad social existente en su planificación de medidas, tal y
como indica el III Plan Interinstitucional de apoyo a las familias de la CAPV, que reconoce que la familia es una institución que evoluciona permanentemente. “Las realidades culturales modifican las sociedades, y
con ellas la forma y
función de las familias. En definitiva, los múltiples cambios socioeconómicos producidos en las últimas décadas han producido una diversificación de los modelos familiares que conforman la realidad social vasca” (Gobierno Vasco, 2011a).
Sin embargo, ¿cuáles son las principales tipologías de familia en la CAPV? ¿cómo han cambiado a lo largo de los años? ¿cuál es su tamaño? ¿qué peso real tienen en nuestra sociedad? Para poder dar respuesta a estas preguntas iniciales de diagnóstico es primordial, como se adelantaba anteriormente, el papel de la estadística, siendo necesario que los datos sean comparables entre sí y
provengan de fuentes actualizadas, algo que –como vamos veremos a lo largo del estudio– no siempre sucede.
Principales modelos de familia en la CAPV. Los modelos tradicionales se mantienen pero aprecian tendencias de cambio
Los algo más de 2.100.000 habitantes de la CAPV se organizan en poco más de 787.000 familias, principalmente distribuidas en tres grupos. En primer lugar, las familias compuestas por una pareja con hijos e hijas son las más abundantes en la CAPV, llegando a casi a 300.000 familias de este tipo (un 38%). En segundo y
tercer lugar destacan con un peso prácticamente equivalente (en torno al 21%) las familias compuestas por una sola persona y
las parejas sin hijos e hijas, quedando el resto de familias (monoparentales, compuestas, ampliada, etc.) con porcentajes menores al 10%.
(Gráfico 2) . Familias en la CAPV, según tipo
Fuente: elaboración propia a partir de EUSTAT (2006).
Estos datos confirman que la familia tradicional (entendiéndose por tal la compuesta por una pareja con hijos e hijas) continúa siendo el modelo preferente de relación familiar, si bien el peso social de las personas que viven solas y
de las familias sin hijos es cada vez más importante.
¿Esto ha sido siempre así? Según los datos de las dos últimas décadas que nos ofrece EUSTAT1, existen algunas variaciones que podrían considerarse tendencias de cambio, y
a que si bien las familias nucleares con hijos e hijas han continuado configurándose como el modelo más habitual, se observa que con los años su número ha disminuido ligeramente. Mientras tanto, las personas que eligen vivir solas conformando familias unipersonales, así como las familias compuestas por parejas que no tienen descendencia aumentan de manera importante.
(Gráfico 3) . Número de familias en la CAPV, por tipo y
período (1991-2006)
Fuente:
elaboración propia a partir de Marcos, J. (2006). EUSTAT.
Aceptación social de los nuevos modelos de familia. Un escenario de normalización progresiva
Teniendo en cuenta el especial peso del modelo organizativo nuclear (el 59% del total, si incluimos las opciones de convivencia con y
sin hijos/as), resulta pertinente preguntarse –por su posible relación con el diseño y
articulación de políticas públicas de sensibilización o protección específica– por una nueva forma de modelo familiar como son las parejas homoparentales recientemente reguladas.
Específicamente, la regulación de este modelo de familias, con su pertinente equiparación de derechos, ha sido uno de los principales cambios sociales en materia de familias y
políticas de carácter familiar en los últimos años, por lo que resulta pertinente dedicar un breve espacio de reflexión que pueda resolver algunas preguntas que surgen, por ejemplo: ¿cómo son vistos estos nuevos modelos familiares? o ¿cuál debe ser el papel de las políticas públicas de apoyo a las familias en su caso, si es que deben tener alguno?
En general y
si bien estos nuevos modelos familiares no son objeto de estigmatización social (en comparación con otras realidades europeas), tampoco puede decirse que estén plenamente aceptados a nivel social, sino que podría hablarse más bien de un estado o proceso de normalización social.
Concretamente, el Tercer Sector participante en el informe indicó con claridad que en ocasiones las políticas públicas (y concretamente la legislación) han ido por delante de la realidad social, ejerciendo un trabajo clave de apoyo a la normalización.
“La conciencia social en torno a la regularización de los matrimonios homosexuales está por detrás de las posibilidades generadas por la Ley”.
(Entrevistas con entidades sociales)
Concretamente y
si bien en la CAPV (y en general en el Estado) no se han dado grandes problemas en la asunción y
normalización de las familias homoparentales2, la sensibilización social y
la protección de la diversidad, como se verá en los capítulos siguientes, constituye una de las áreas de acción prioritarias en materia de políticas de apoyo a las familias.
Por otro lado, los datos avalan esta tendencia progresiva a la normalización y
aceptación social. Así, distintos indicadores hablan de un grado de aceptación creciente respecto a las familias homoparentales. Si, por ejemplo, en el momento de la modificación legislativa que permitió el matrimonio homosexual un 66,2% de la población española estaba de acuerdo, cuatro años después el barómetro de la juventud CIS de 20083 indicaba que el 76,4% de la juventud española se posicionaba a favor de la igualdad de acceso al matrimonio entre personas homosexuales y
heterosexuales.
Hablando específicamente de la sociedad vasca, los nuevos modelos familiares también avanzan hacia su normalización, especialmente entre las personas más jóvenes. Y
a en anteriores informes, como es el caso de La transmisión de valores a menores (Ararteko, 2009), se atisbaba una progresiva aceptación. Una encuesta realizada en este estudio mostraba que la aceptación de familias formadas por gays o lesbianas era cada vez mayor según avanzaba la edad del alumnado, doblándose el porcentaje de alumnado que la entendía como un tipo de familia más en el paso de segundo ciclo de Primaria a ESO.
Esta tendencia quedó refrendada en la sesión del Consejo de Adolescencia del Ararteko, durante la cual las personas participantes sugirieron de forma espontánea y
a través de dibujos e ilustraciones (véase anexo 3), varios modelos familiares: familia de padre, madre y
dos hijos/hijas; familia homoparental; familia monoparental (por separación, divorcio o viudedad; pero también, por propia elección), familia extensa, con presencia de abuelos y
abuelas; familia reconstituida.
Evolución del tamaño familiar medio.
El progresivo envejecimiento poblacional de la CAPV y
su incidencia en el mantenimiento del sistema
Y respecto al tamaño de cada tipo de modelo, ¿cuál es la evolución? ¿hay diferencias según el tipo de modelo familiar? ¿el tamaño familiar aumenta o se reduce?
Las familias con mayor número de miembros en la CAPV son, como resulta lógico, las familias compuestas por dos o más núcleos familiares que superan de media los cinco miembros. Por su parte, las familias ampliadas rondan las cuatro personas.
Sin embargo quizás el dato más relevante sea el de las familias nucleares con hijos e hijas, con un tamaño medio de 3,5 personas, dato que muestra claramente uno de los factores de cambio social que se desarrollan más adelante y
que es la reducida natalidad de la CAPV, puesto que el tamaño medio de la familia nuclear con hijos/as no llega siguiera a los cuatro miembros. De hecho, el tamaño medio de la unidad familiar pasó de 3,69 miembros en 1981 a 2,76 en 2001, habiéndose reducido el tamaño de la unidad en todas las tipologías familiares (excepto, claro está, en las unipersonales).
(Gráfico 4) . Evolución del tamaño medio de la unidad familiar, por tipo de familia
Fuente: elaboración propia a partir de Marcos, J. (2006). EUSTAT.
Esta reducción constante del tamaño de las familias es un dato clave por su especial relevancia en la sostenibilidad a futuro del modelo de bienestar y
por ser un elemento sobre el que las políticas públicas –independientemente de que tengan una mayor o menor orientación natalista– tratan de actuar.
Si, como veíamos antes, cada vez hay menos familias con hijos e hijas y
estas cada vez tienen menos descendencia, la conclusión es clara: la sociedad vasca se encuentra inmersa en un proceso de envejecimiento poblacional derivada de esta disminución de las tasas de natalidad –una de las más bajas del mundo– y
del aumento de la esperanza de vida –una de las más elevadas a nivel mundial–.
Respecto a las tasas de natalidad, actualmente y
con 9,7 nacimientos por cada 1.000 habitantes, la tasa en la CAPV es una de las más bajas de la UE, por encima únicamente de países como Italia (9,3) o Alemania (8,3)4, si bien se ha incrementado ligeramente por la incorporación de personas inmigrantes a nuestra sociedad, sobre todo personas jóvenes y
que presentan mayores tasas de natalidad5.
(Gráfico 5) . Evolución de la tasa de natalidad en ‰ en la CAPV y
la UE27
Fuente:
elaboración propia a partir de Gobierno Vasco (2012b) y
EUROSTAT (2013a).
En todo caso y
a pesar de ese ligero incremento, las bajas tasas de natalidad serán un escenario mantenido en el tiempo, puesto que según un estudio reciente6, el 44% de la juventud vasca de entre 18 y
29 años y
el 79% de entre 30 y
45 años no piensa tener descendencia, indicando además el 66% de personas encuestadas que tener hijos o hijas dificulta mucho la carrera profesional, sobre todo la de las mujeres, elementos de evidente importancia en la planificación de políticas familiares futuras.
Este es uno de los datos de diagnóstico explicativos de la distancia existente entre el número de hijos ideal y
el real (especialmente entre las mujeres con mayor nivel de estudios), tal y
como recoge Esping-Andersen (2013). Así, el número de hijos/as previsto en España es el segundo menor de Europa (1,9) mientras que el real es de 1,36. Esta diferencia es la mayor en Europa, un rasgo propio de países con regímenes familistas, y
a que como explica Livi-Bacci (2001) “los países familistas parecen haber caído en un síndrome en el que el exceso de familia resulta contraproducente para la natalidad”. Es decir, que aquellos países en los que se traslada un exceso de funciones a la familia presentan menores tasas de natalidad, frente a modelos en los que las familias reciben mayores apoyos desde el ámbito público.
De hecho, el perfil estatal no es el de la ausencia de hijos/as, sino el de familias en las que básicamente se tiene un descendiente, lo que de acuerdo a McDonald (2002) haría que si no hay otros factores que lo compensaran –como la inmigración, de gran incidencia en España, o el progresivo desarrollo de las técnicas de reproducción asistida–, la población se reduciría en 100 años hasta ser un 25% de la actual.
Alineado con esta baja natalidad, el aumento de la esperanza de vida en la CAPV hace que el envejecimiento poblacional sea uno de los retos demográficos al que tienen que hacer frente todos los Estados europeos y
especialmente la CAPV por su mayor envejecimiento poblacional, surgiendo nuevos desafíos para las políticas de apoyo a las familias.
De hecho, en el año 2007 la población anciana de la CAPV representaba el 18,4% de la población total, casi dos puntos superior al 16,6% del conjunto del Estado y
también algo por encima de la registrada para dicho año en Europa, establecida en algo más de un 17%.
(Gráfico 6) . Evolución poblacional de la CAPV.
Grupos de 0-19 años y
de más de 65 años
Fuente:
elaboración propia a partir de Marcos, J. (2006). EUSTAT.
El anterior gráfico es muy claro sobre el problema del envejecimiento poblacional y
la baja natalidad, mostrando rotundamente el cambio de tendencia. Mientras en 1900 prácticamente la mitad de la población vasca tenía menos de 20 años (por menos de un 5% de población mayor de 65 años, además con una esperanza de vida menor), en el año 2006 por primera vez el porcentaje de población mayor de 65 años superó a la menor de 20, lo que evidencia el grave problema de reemplazo generacional y
la amenaza que esto supone a la sostenibilidad del sistema de bienestar tal y
como está actualmente diseñado.
EUROSTAT7 nos muestra que este envejecimiento de la población es el resultado de cuatro tendencias demográficas que operan en toda Europa: una baja tasa de natalidad, un incremento del porcentaje de población mayor de 45 años (proveniente del baby boom), un aumento continuado de la esperanza de vida y
el incremento de la población inmigrante (en todo caso, insuficiente para rejuvenecer el continente).
En las proyecciones realizadas por EUSTAT8 específicamente con relación al envejecimiento de la CAPV para 2020, se prevé que la población mayor de 65 años seguirá creciendo hasta superar el medio millón de personas ancianas, con incrementos de la población de 65 a 74 años del 22% y
la de 75 a 84 años del 10%, mientras que las de 85 a 94 años se duplicarán y
los mayores de 95 años crecerán un 155%. En términos absolutos, la población de 90 y
más años, que se situaba en torno a los 15.000 habitantes en el año 2006, superará la cifra de los 36.000 en 2020.
1Marcos, J. (2006). EUSTAT.
2CIS (2004).
3CIS (2008).
4EUSTAT (2011a).
5Observatorio Vasco de la Juventud (2011).
6Gobierno Vasco (2012b).
3. Algunas razones de la evolución de los modelos familiares en la CAPV
Hemos visto que la organización familiar está sujeta a cambios y
evoluciones. Sin embargo, ¿cuáles son los motivos de esta evolución en los modelos de familia? ¿a qué se debe la contracción en su tamaño?, y más concretamente, ¿a qué responde el progresivo envejecimiento de la CAPV? Y sobre todo, por su especial relación con el objeto de estudio de este informe, ¿qué responsabilidad tienen las políticas públicas, si es que tienen alguna?
Algunos de los rasgos modificados en la institución familiar tienen que ver con cambios estructurales internos y
en general están al margen de las políticas públicas de apoyo a las familias. Sin embargo, otros rasgos asociados a la familia sí son abordables desde las políticas públicas, y
a que pueden ser objeto de actuación para apoyar a los miembros de la familia en distintos aspectos de su desarrollo vital.
Si bien por el objetivo de este informe serán esos últimos los que se analizarán con mayor profundidad, resulta relevante a efectos de contexto poder referenciar brevemente algunos de los principales rasgos evolutivos de carácter interno, y
a que, como se señalaba en el capítulo anterior, no responden a una crisis de la institución familiar, sino solamente a “una transformación de la lógica interna de las relaciones familiares” (Pérez Díaz et al., 2000).
3.1. Cambios de carácter interno sin incidencia en las políticas de apoyo a las familias
Como se recogía en el anterior capítulo, se han dado cambios en el objetivo final de la familia, que hoy en día está más dirigida a la consecución de la felicidad como “objetivo último de los proyectos familiares en detrimento de la búsqueda de un modo de supervivencia” (Alberdi, 1999), habiendo sido sustituidos los valores tradicionales que la sustentaban y
orientándose más hacia términos como “felicidad”, “pareja” y
“amor” que a “unión estable”, “matrimonio” o “procreación”, como había sido en épocas anteriores, lo que nos lleva a visualizar distintos cambios internos y
de las funciones familiares. Estos cambios internos tienen lógicamente consecuencias en el apoyo demandado por las familias en materia de políticas públicas, que deben adaptarse a las nuevas realidades organizativas internas y
a unos objetivos y
necesidades familiares diferentes.
El modelo de sanción social de la convivencia. El papel del matrimonio
Si bien y
tal y
como reseña González Blasco (2006), la formación de una familia propia sigue siendo uno de los principales objetivos vitales de cualquier persona, el reconocimiento social de la misma y
a no proviene esencialmente de su sanción social a través del matrimonio y
muy especialmente del matrimonio religioso.
(Gráfico 7) . Evolución de la tasa de nupcialidad en la CAPV. 2004-2010
Fuente: elaboración propia a partir de datos del EUSTAT (2012b).
Aunque es un elemento discutido, autores como Miret (2006), Martínez Pastor (2009) o Esping-Andersen (2013) hablan de una crisis en la nupcialidad. Miret, por ejemplo, afirma que “en los años ochenta la crisis de la nupcialidad y
a estaba instalada y
así sigue: se casan cada vez menos parejas y
lo hacen cada vez más tarde”1. La nupcialidad, que suponía el paso inicial en la formación de la familia, presenta un papel más difuminado y
un peso social menguante, con una tasa de nupcialidad (civil y
eclesiástica) que ha ido descendiendo en la CAPV de un 4,8 en 2004 a un 3,8 por 1.000 habitantes en 20102.
Esta caída de la nupcialidad es, junto con el continuado incremento de la edad a la que se contrae matrimonio y
el aumento del número divorcios, separaciones y
nulidades, uno de los rasgos destacados por el III Plan Interinstitucional de apoyo a las familias, que lo asocia al proceso de secularización de nuestra sociedad.
En cambio, en el caso del matrimonio de personas del mismo sexo se aprecia un elevado interés por la regularización social que aporta la figura de la nupcialidad, habiéndose incrementado en la CAPV en más de un 30%3 entre los años 2007 y
2011, que sin pretender realizar un análisis en profundidad por la escasez y
falta de trayectoria de los datos existentes, podría apuntar a una mayor necesidad de reconocimiento y
regularización social en consonancia con lo antes indicado.
La cohabitación sin matrimonio. Parejas de hecho y
uniones no reguladas
Si bien autores como Flaquer (1991), Meil (2003) o Elzo (2008) señalan que la cohabitación constituye en muchas ocasiones un paso previo al matrimonio que si no se rompe se “oficializa” a través de la nupcialidad, lo cierto es que los datos antes mostrados apuntan a una crisis de la nupcialidad como elemento ordenador de las parejas a largo plazo, con la existencia de parejas de hecho y
de parejas no reguladas que se conciben en sí mismas como un proyecto de futuro.
De hecho, tal y
como otros autores más recientes indican (Esping-Andersen, 2013), a nivel estatal la cohabitación comienza a constituirse en “una alternativa funcional estable”. En el caso concreto de las parejas de hecho puede decirse que han ido incrementando su peso hasta alcanzar un volumen total en la CAPV de 42.000 parejas en 2006, suponiendo un 8% del total de parejas, mientras que hace 20 años no suponían más que un 1% del total4.
Esto es un elemento clave que tiene incidencia indirecta en el diseño de políticas públicas de apoyo a las familias especialmente en el caso de la infancia, y
a que en la medida en que este tipo de parejas sean estables y
tengan una tasa de natalidad similar al del resto de parejas –y estas dos condiciones, tal y
como Esping-Andersen (2013) reseña, se están cumpliendo– se dará un progresivo aumento de las niñas y
niños nacidos fuera del matrimonio, que actualmente sigue siendo garante de ciertos tipos de derechos.
Este aumento de la infancia fuera del matrimonio es por otro lado una de las direcciones en las que los modelos de familia vasca han tendido más rápidamente a la homogenización con la de otras realidades europeas, además de forma muy rápida, y
a que en muchos países se han incrementado considerablemente las uniones de hecho y
han crecido las hijas e hijos fuera del matrimonio. De hecho, en la EU27 y
a desde 2008 nacen fuera del matrimonio más de un tercio de los niños y
en países como Francia son más que dentro del mismo (un 50,5%)5. A nivel estatal se han triplicado, pasando del 11% al 31% desde 19956.
Autonomía, individualización y
aumento de la negociación interna
Flaquer (1995), Alberdi (1997), Del Campo (1999), Meil (2004) o Elzo (2008) han venido destacando en los últimos años como rasgos claves asociados a los cambios internos en el modelo familiar el aumento de la autonomía personal, la individualización de la misma y
el aumento de la capacidad negociadora de sus miembros, especialmente en el caso de las mujeres (aunque aún desde una situación de desigualdad), en el marco de la denominada postmodernización de la familia.
Uno de los principales elementos que motiva cambios en la organización familiar interna es la mayor autonomía de cada uno de sus miembros, y
a que si bien existen objetivos comunes de la familia como unidad, no resulta incompatible con un mayor respeto por los proyectos individuales (laborales y
personales).
Asimismo, es destacable el aumento de la capacidad negociadora de las mujeres, lo que modifica las pautas organizativas de la unidad familiar y
en la que progresivamente la distribución interna de funciones y
responsabilidades se realiza desde posiciones de mayor consenso. En todo caso, no es una negociación aún equilibrada, y
a que como se mostrará más adelante existen factores socioeconómicos que distorsionan a favor del hombre esta negociación, elementos sobre los cuales sí es clave la actuación pública a través de políticas de apoyo en materias como la conciliación de la vida laboral, familiar y
personal que contribuyan al equilibrio.
1El País (24-05-2006).
5Martínez-Ahedo, M. (2008).
3.2. Cambios de carácter externo. Factores abordables desde las políticas públicas
A diferencia de los factores de carácter interno antes destacados, existen otra serie de factores de carácter externo que responden a una caracterización socioeconómica específica de nuestro modelo social y
que son plenamente abordables desde las políticas públicas de apoyo a las familias.
Son asimismo factores que explican una parte importante del envejecimiento poblacional de la CAPV y
que lógicamente tienen una elevada incidencia en la sostenibilidad del modelo de atención a las familias.
En el marco de este estudio identificamos dos de los principales factores abordables desde las políticas públicas (tal y
como y
a referencian otros estudios1): el retraso en la formación de núcleos familiares propios y
la conciliación de la vida laboral, familiar y
personal. A continuación los analizaremos brevemente.
La CAPV es una de las regiones europeas con un mayor retraso en la emancipación y
por tanto en la posibilidad de formación de una familia
Uno de los principales rasgos de los Estados de bienestar del sur de Europa es que la edad media de emancipación es más tardía que a nivel europeo, como bien indican Buchmann y
Kriesi (2011). De hecho, en España la media es de 30 años (similar a la de Portugal e Italia), mientras que en otros países como Francia, Alemania, Holanda o Reino Unido es de menos de 25 años.
La situación en la CAPV es menos halagüeña aún, y
a que presenta tasas de emancipación todavía más retrasadas, en las que solamente entre el 30 y
el 40% de las personas jóvenes menores de 34 años han comenzado su proyecto vital propio (mientras en otras regiones es de casi el 50% y
la media española supera el 40%)2.
Este retraso en la edad de emancipación hace que el acceso a la natalidad esté prácticamente equiparado al de la emancipación, entre otras cosas por las edades medias de las que estamos hablando, si bien es cierto que se ha duplicado la maternidad a partir de los 40 años3 y
en la CAPV es aún de media más tardía (32 años) que a nivel estatal (30 años), hecho al que algunos autores (Livi-Bacci, 2001) incluso denominan “síndrome del retraso”.
Entre los factores de análisis para explicar esta situación pueden destacarse los siguientes:
Un elevado nivel formativo que retrasa la incorporación al mercado laboral. Como bien ha investigado Requena (2001), los períodos formativos en España se prolongan hasta más allá de los 25 años y
no es habitual residir fuera del hogar parental durante los estudios (a diferencia de países como Suecia, Alemania o Reino Unido).
Esto es aún más acusado en el caso de la juventud que cursa estudios universitarios, y
a que la escasa movilidad geográfica además de componentes culturales tiene otros económicos, siendo el coste para la unidad familiar de que una hija o hijo estudie fuera muy elevado y
, tal y
como veremos más adelante, no existen políticas de apoyo a las familias adecuadas en este campo, a diferencia de otros países europeos. Asimismo, la duración de los estudios es mayor, completándose en ocasiones con postgrados antes de tratar de incorporarse al mercado laboral.
Inestabilidad y
precariedad del mercado laboral. Como bien destacan distintos autores nacionales e internacionales, el mercado laboral estatal es dual4, con unos niveles de protección elevados para los contratos indefinidos más antiguos y
unas condiciones de alta precariedad para las personas jóvenes que se incorporan al mismo y
que afecta a las mujeres aún en mayor medida5.
Por tanto, si además de incorporarse tarde al mercado laboral se hace en condiciones de precariedad, el resultado es que la mayor parte de la juventud carece de autonomía financiera plena para poder comenzar un proyecto de vida independiente, con tasas mínimas de menores de 30 años con capacidad para independizarse.
Carestía y
dificultad de acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler. Finalmente, un tercer factor que retrasa la formación de núcleos familiares propios es una dificultad de acceso a la vivienda con pocas similitudes a la de otros países europeos6. A nivel estatal (y la CAPV no es una excepción, sino uno de los ejemplos más notables), el precio de la vivienda acapara uno de los porcentajes de sueldo mayores de Europa, generando un elevado nivel de endeudamiento familiar7.
Además de la especial orientación a la compra (propia del modelo estatal y
mediterráneo), el alquiler resulta una opción difícil y
en ocasiones de mayor coste mensual que la adquisición de una vivienda en propiedad, con dedicaciones que suponen prácticamente el 30% de los ingresos brutos8 y
cerca de 920 € mensuales9 en el caso vasco.
Los tres factores indicados reducen los recursos económicos de las familias e influyen poderosamente en la decisión de tener o no hijas o hijos (y cuántos) y
, por tanto, en la pirámide poblacional vasca. Este es un extremo y
a señalado por anteriores informes del Ararteko(2013), en los que se habla de que “las dificultades de acceso a una vivienda suponen un obstáculo importante para el acceso, especialmente para las personas jóvenes, a una vida independiente por carecer de recursos económicos suficientes, hablamos de una forma de precariedad encubierta (...) que guarda relación con la dificultad de formar nuevas familias y
demora proyectos a futuro donde nazcan niñas y
niños”.
Las familias de la CAPV encuentran extremas dificultades para la conciliación de la vida familiar, laboral y
personal
Quizás la segunda clave más relevante para explicar la reducción de la natalidad es la que tiene que ver con las dificultades para la conciliación de la vida laboral, familiar y
personal, puesto que los conflictos existentes en nuestra sociedad para compatibilizar estas tres facetas de la vida conllevan que muchas familias retrasen y
reduzcan su descendencia hasta poder superar las tres dificultades antes reseñadas.
Detrás de estas dificultades para conciliar encontramos factores relacionados con el desigual reparto de las tareas familiares, pero también con un mercado laboral que prima valores como la disponibilidad horaria o la flexibilidad laboral, de difícil compatibilización con la conciliación, máxime si las medidas públicas de apoyo no son lo suficientemente efectivas.
“Es necesario incentivar a las empresas que establecen y
cumplen planes de conciliación, y
a que la configuración del mercado laboral no permite una conciliación real”.
(Entrevistas con entidades sociales)
“Algunas medidas para la conciliación en las empresas que mejorarían las posibilidades de alcanzar el objetivo de aumentar la tasa de natalidad son una mayor flexibilidad horaria o la instalación de guarderías en las empresas”.
(Grupo de discusión con entidades sociales)
La incorporación de mujeres al ámbito público no se está produciendo en igualdad de condiciones respecto a la incorporación de hombres al ámbito privado. Esto provoca que sigan siendo las mujeres el principal soporte familiar en el cuidado de la infancia y
otras personas dependientes, produciéndose dobles y
hasta triples jornadas.
(Gráfico 8) . Horas medias diarias que la población ocupada dedica al trabajo doméstico
Fuente: EUSTAT (2010b).
Tal y
como se puede apreciar en el anterior gráfico, las tareas relativas a la crianza de hijos e hijas y
el cuidado a personas dependientes sigue estando principalmente en manos de mujeres, si bien progresivamente los hombres dedican cada vez más tiempo10. Aun así, la posición es de franca desigualdad, y
a que mientras los hombres dedican menos de tres horas diarias al cuidado de menores, las mujeres emplean casi cinco. Esta diferencia se acentúa si se trata del cuidado de personas dependientes, actividad a la que los hombres dedican casi dos horas diarias mientras que las mujeres doblan esa cifra.
¿Qué subyace tras estos datos? ¿Por qué la conciliación no es vista como un tema familiar y
sigue asociada principalmente a mujeres que siguen haciéndose cargo mayoritariamente de las tareas del trabajo doméstico y
reproductivo?
Como indicábamos anteriormente, el aumento de la negociación interna y
el empoderamiento de las mujeres, así como una progresiva corresponsabilización por parte de los hombres, hacen que la distribución de las tareas domésticas se vaya repartiendo poco a poco de forma más equitativa, si bien sigue siendo un rol mayoritariamente asumido por las mujeres.
Por un lado tenemos el paradigma cultural que influencia estas decisiones, herencia de un sistema en el que lo productivo sigue asociado a roles masculinos y
lo reproductivo a femeninos, en el que la conciliación sigue asociada a la mujer y
la maternidad (Instituto de la Mujer, 2008).
Concretamente y
según datos de 200911, en la CAPV se registraron más de 45.000 solicitudes de ayudas económicas en Euskadi para excedencias y
reducciones de jornada por cuidado de hijos e hijas, siendo 9 de cada 10 solicitudes solicitadas por mujeres. Sobre este imaginario colectivo es evidente la capacidad de actuación y
transformación de las políticas públicas de sensibilización.
Sin embargo, por otro lado encontramos un sistema económico y
laboral aún anclado a los condicionamientos industriales que le dieron origen, alejado de la estructura social actual y
en el que elementos como el presentismo, la disponibilidad o la no inclusión del valor reproductivo dentro de la estructura productiva siguen imperando: “las mujeres hemos entrado en estructuras empresariales creadas por hombres para satisfacer objetivos de hombres” (Merodio y
Muriel, 2012), lo que nos lleva a concluir que “ninguno de los factores que estimulan la fecundidad es propicio en el caso español” (Esping-Andersen, 2013).
De hecho, incluso en los países con mayor igualdad laboral, los estudios muestran que en muchas ocasiones esta no se debe a que el sector privado sea más igualitario, sino al peso específico del sector público12. Por ejemplo, la fecundidad tiende a ser más alta en los países con sectores públicos mayores (Bernhardt, 1993), los padres solicitan compartir más los permisos de natalidad en el ámbito público e incluso en las familias en las que se desea aumentar el número de hijos o hijas las mujeres suelen cambiar sus puestos de trabajo en “entornos de economía dura” –empresa privada– por “entornos de economía blanda” –Administración y
empresa pública–13.
Un buen elemento de referencia sobre la falta de importancia concedida en la CAPV a las medidas de conciliación en el ámbito laboral y
una buena muestra del camino que nos queda por avanzar es la escasísima oferta en las empresas de este tipo de elementos a sus plantillas, y
a que por ejemplo las guarderías quedan relegadas al último estadio de entre las prestaciones sociales ofrecidas (con un 4,5% de la población cubierta).
(Gráfico 9) . Población asalariada de la CAPV,
por prestaciones sociales a cargo de la empresa
Fuente: EUSTAT (2010b).
Otro claro reflejo de la distancia existente entre el mercado laboral y
la sociedad actual es la brecha salarial existente en la CAPV, en la que bajo unas reglas que siguen imponiendo la mayor parte de las tareas domésticas y
de cuidado a las mujeres, estas se ven en la necesidad de renunciar a parte de su carrera laboral, lo que genera diferencias salariales a nivel de la UE entre mujeres y
hombres de cerca del 17%14, accediendo a un techo de cristal hoy por hoy aún difícil de romper. Esta brecha salarial conlleva también que ante un escenario laboral que no prima precisamente los valores reproductivos y
un escenario de medidas públicas que no son del todo eficaces para fomentar la conciliación, sigan siendo las mujeres quienes continúan optando por las reducciones de jornada o las excedencias (como se veía antes), y
a que en un contexto de suma de ingresos en el hogar, el resultante económico para la familia es más beneficioso si es el hombre quien mantiene su disponibilidad productiva intacta.
¿Y cuál es el papel de las políticas públicas en este campo? La mejora de las capacidades de conciliación de la vida familiar, laboral y
personal no se producirá únicamente mediante las políticas de apoyo directo de carácter público, puesto que trasciende ese ámbito de competencia y
accede a un espacio que, como bien destacan Merodio y
Muriel (2012), tiene que ver con un cambio en los “modelos de gestión, dirección y
organización interna”. Por tanto, también serán necesarias fuertes medidas de sensibilización que apoyen el cambio social, especialmente en un contexto tan basado en un tejido empresarial de PyME como es el de la CAPV.
En todo caso y
tal y
como queda reflejado en la Hoja de Ruta para la igualdad entre mujeres y
hombres de la Comisión Europea15, existe una correlación directa entre las facilidades ofrecidas para la conciliación de la vida laboral y
familiar y
la incorporación efectiva y
en igualdad de las mujeres al mundo laboral, así como con la reducción de la tasa de pobreza infantil16 y
el aumento de la natalidad17, y
a que aquellos países que ofrecen una menor tasa de desempleo femenino y
que tienen más desarrolladas las políticas de conciliación son los países con mayores tasas de fertilidad.
Además, las evidencias apuntan –como recogen De Villota (2009) y
Esping-Andersen y
Palier (2010)– a que solamente a través de medidas de conciliación efectivas aumentará y
mejorará la participación de las mujeres en el mercado laboral, y
por tanto se creará mayor riqueza, se fortalecerá el tejido laboral, aumentará la recaudación impositiva y
mejorará en última instancia la fecundidad (Esping-Andersen, 2013).
Por tanto, una fuerte política de apoyos a la conciliación –a través tanto de apoyos económicos como de infraestructuras– permitirá hacer frente a este reto, con una clara incidencia tanto en la mejora de la natalidad como de la productividad empresarial, y
a que actualmente 6 millones de mujeres europeas de entre 25 y
49 años afirman que o bien no pueden trabajar o bien solamente pueden hacerlo a tiempo parcial por sus responsabilidades familiares18.
Esto queda claramente mostrado a través del análisis realizado por De Villota (2009) sobre la tasa de actividad y
la capacidad de conciliación que las mujeres tienen en distintos países europeos. Como se aprecia en el gráfico posterior, son aquellos países con unas políticas públicas más decididas en materia de medidas de apoyo a la conciliación las que permiten que las mujeres mantengan tasas de actividad mayores.
(Gráfico 10) . Correlación entre tasa de actividad e índice de conciliación
Fuente: De Villota (2009).
Países como Dinamarca, Suecia o Finlandia presentan los mejores resultados, mientras que España, Italia e Irlanda
–con débiles apuestas en este campo, como se verá en el capítulo V de este informe– arrojan los peores resultados, siendo una situación que correlaciona directamente con pirámides de población muy diferenciadas, presentando los países nórdicos tasas de natalidad más elevadas que las de los países mediterráneos (como también se podrá ver en el quinto capítulo).
3INE. Anuario Estadístico (2012).
4Cooley, F. (2010).
8Público.es (26-01-2013).
10 La comparación de los datos de 2008 (EUSTAT, 2008c) y
2010 (EUSTAT, 2010b) de la encuesta de presupuestos del tiempo es muy clara en este aspecto.
14EMAKUNDE (2012).
15Comisión Europea (2006).
16COFACE (2009).
17IESE (2003).
4. Repercusiones del envejecimiento poblacional en relación con las políticaspúblicas de apoyo a las familias
Este envejecimiento poblacional tiene una doble repercusión en el diseño de las políticas públicas de apoyo a las familias en la medida en que las personas mayores juegan un doble rol, siendo por un lado perceptoras de recursos (en materia de dependencia, por ejemplo) pero también –y en un momento en el que la conciliación resulta tan complicada– constituyen un recurso de cuidado no formal de la infancia.
Por tanto, es importante no visualizar únicamente al colectivo de personas mayores como uno de los referentes en cuanto a los desafíos a los que se enfrentan las políticas públicas en materia de familia (como receptores), sino también como proveedoras de la red no formal, lo que motiva el actual debate en Europa sobre su papel en el cuidado de sus nietas y
nietos(Eurochild, 2013), fomentando una sana relación familiar sin que el rol de cuidado de abuelas y
abuelos permita evitar la responsabilidad pública en el diseño de políticas eficaces de apoyo a las familias.
Con relación a esta situación, ¿cuáles son las consecuencias de este envejecimiento poblacional derivado de la baja natalidad? ¿qué incidencia tiene en la sostenibilidad de las políticas de atención a las familias?
Si en la actualidad el perfil de la sociedad europea y
a presenta un alto componente de envejecimiento, en los próximos años el volumen de personas mayores dependientes (en mayor o menor grado) aumentará de forma progresiva.
(Tabla 10) . Porcentaje de población mayor de 65 años con algún grado de dependencia
2010 | 2030 | 2040 | |
Francia | 25,81% | 39,02% | 45,20% |
Alemania | 31,17% | 46,23% | 59,08% |
Reino Unido | 24,72% | 33,23% | 42,14% |
Dinamarca | 24,98% | 37,85% | 42,66% |
España | 24,43% | 34,32% | 59,07% |
Italia | 30,99% | 42,45% | 59,32% |
Holanda | 22,82% | 40,00% | 47,18% |
Fuente: Kamette, F. (2011).
Por ejemplo, en la actualidad la media de personas mayores de 65 años con algún tipo de dependencia en Europa suele superar el 23% (con casos como Alemania o Italia por encima del 30%) y
ese escenario irá en aumento hasta porcentajes habitualmente superiores al 40% en 2030 (en Alemania, Italia u Holanda) y
al 50% en 2040 (en España o Italia). Esto hace que los gobiernos europeos se enfrenten y
a a un reto sobre cómo dar respuesta a este desafío sociodemográfico y
socioeconómico, que si bien y
a es muy relevante, va a ser de gran calado en los próximos años, máxime atendiendo al elevado coste actual de las políticas de dependencia y
a la reducción de la pirámide poblacional en edad y
capacidad de cotizar.
Este progresivo y
sostenido incremento de las personas mayores y
los desafíos asociados a su atención está haciendo que distintos países y
regiones comiencen a investigar seriamente en fórmulas innovadoras de componente sociosanitario para su atención (Khan, 2013).
En la CAPV existe una fuerte apuesta institucional en este campo (tal y
como mostrará posteriormente el análisis de gasto público y
recursos existentes), habiéndose fortalecido en los últimos años el sistema de servicios sociales y
la atención sociosanitaria para las personas con discapacidad y
las personas en situación de dependencia. Se trata de un sistema articulado a través tanto de prestaciones económicas como de servicios, que incluye servicios de apoyo a las familias cuidadoras, ayudas técnicas y
adaptación del medio, centros de atención diurna y
centros de atención residencial, entre otros, y
que han supuesto un claro apoyo para las familias.
“En relación con la dependencia, la situación en Euskadi es, en términos generales, mejor que la del resto del Estado”.
(Grupo de discusión con entidades sociales)
Por un lado, en el campo de la discapacidad existe un completo programa de atención integral que abarca todas las edades y
ámbitos de la vida, desde la educación, la vivienda o el empleo (a través, por ejemplo, de los Centros Especiales de Empleo como rasgo diferencial).
Por otro, en el campo de las personas mayores en situación de dependencia se ha dado un crecimiento del sistema de atención, con el desarrollo de un amplio dispositivo de recursos (tanto residenciales como de atención diurna) de componente comunitario, en esta ocasión tanto públicos como gestionados por entidades privadas (con y
sin ánimo de lucro).
Ambos son modelos de atención de alta calidad con unos ratios de personal en la prestación de servicios muy elevados, lo que motiva un gasto público también muy elevado (por ejemplo, las 4.100 plazas para personas con discapacidad entre centros de día y
residencias supusieron un gasto de más de 118 millones de euros1) y
que lleva a la reflexión sobre su futura sostenibilidad en un entorno de reducción de la recaudación fiscal y
sobre todo de un constante envejecimiento poblacional y
de baja natalidad.
5. Conclusiones
Los modelos familiares, inmersos en una estructura social en transformación, también están evolucionando y
cambiando. Si bien la estructura familiar basada en núcleo e hijos e hijas –que constituye el modelo más tradicional– sigue siendo el principal, ha ido sufriendo una leve pero progresiva pérdida de relevancia, en detrimento de otros modelos como la pareja sin hijos o las familias unipersonales.
En este nacimiento y
fortalecimiento de nuevos modelos familiares surgen con fuerza creciente nuevas formas de familia (familias homoparentales, monoparentales o no reguladas mediante matrimonio), además de nuevas formas de relación interna que afectan a todas las familias, en las que se da una creciente autonomía de sus miembros y
una mayor negociación interna.
Sin embargo, quizás el elemento de análisis clave en la evolución de los modelos de familia, por su especial relación con las políticas públicas de apoyo a las familias, es la pérdida de peso porcentual de los modelos que incluyen hijos o hijas y
el descenso de su tamaño específico, puesto que el tamaño medio de las familias –tanto en los modelos más tradicionales como en los de surgimiento y
/o regulación más reciente– se viene reduciendo de forma constante desde hace más de veinte años, habiéndose llegado a un punto en que en la CAPV existen más personas mayores de 65 años que menores de 20, lo que tiene una incidencia clave en la falta de sostenibilidad del actual modelo de bienestar tal y
como está planteado.
Existen principalmente dos factores explicativos de esta situación sociodemográfica (no del todo deseada, y
a que las familias indican que tienen menos hijas e hijos de los que les gustaría tener) y
ambos son abordables desde las políticas públicas de apoyo a las familias:
En primer lugar, la CAPV es una de las regiones europeas en las que las personas jóvenes se emancipan (y por tanto crean sus propias familias) con mayor retraso, por variables socioeconómicas como la elevada precariedad laboral, el altísimo coste de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, o la escasa movilidad geográfica durante un período de estudios de por sí temporalmente extendido.
Por otro lado, la extrema dificultad para conciliar la vida familiar, laboral y
personal, tanto por factores culturales (en los que las mujeres aún siguen en mayor medida haciéndose cargo principalmente de las tareas reproductivas y
de cuidado familiar), como derivadas de un sistema productivo basado en valores que priman la disponibilidad horaria o la flexibilidad, y
unas medidas públicas (tanto directas como de sensibilización) que no han sido capaces de cambiar este escenario y
ante las que parece lógico que se pueda abrir una reflexión sobre un posible cambio de modelo y
sobre las posibilidades reales de las medidas públicas de modificar la actual situación mientras no haya un cambio de mentalidad a nivel de toda la sociedad.
Sobre este último punto es especialmente importante tomar en consideración la experiencia de otros países (Francia, Suecia) en los que no solamente se mantiene la competitividad de sus empresas y
organismos, sino que se refuerza la sostenibilidad de su sistema social al incrementarse la natalidad y
la igualdad social entre hombres y
mujeres.
Finalmente, reseñar que esta situación sociodemográfica y
socioeconómica plantea consecuencias para la sostenibilidad del modelo social de bienestar en materia familiar, y
más concretamente del modelo institucional de atención a la discapacidad y
la dependencia cuyo futuro se ve comprometido por el constante incremento de la esperanza de vida y
la reducción de la base de personas jóvenes en edad laboral en la CAPV.
De esta forma, si sumamos un modelo de atención a la infancia poco desarrollado y
de grandes carencias con relación al contexto europeo –como se verá en los siguientes capítulos– y
un escenario de incertidumbre en la sostenibilidad de los servicios y
las prestaciones dirigidas a la protección de la discapacidad, la dependencia o las personas mayores, parece claro que se impone una reflexión sobre el modelo de prestaciones integrales a las familias en la CAPV que involucre a agentes públicos, privados y
sociedad civil.