CAPV
1. Introducción
Dada la elevada prevalencia de la enfermedad mental entre las personas usuarias de los servicios de justicia juvenil y, en particular, entre las y los menores y jóvenes ingresados/as en c
entros de reforma, no hemos querido olvidar en este estudio un apartado dedicado a estos/as.
Sin embargo y afortunadamente, hemos de empezar por señalar que la situación de los y las menores no es equiparable a la de las personas adultas, principalmente por los siguientes motivos:
centros penitenciarios
como lugares aislados del tejido normalizado,
como medio
cerrado y segregador de la persona, no resultan
comparables
con los
centros de internamiento de menores, en los
cuales el
componente educativo de la intervención y la relación
con el exterior y
con los recursos
comunitarios determinan la atención, estableciendo una
clara diferencia
con relación a aquellos.
constituye en sí misma un lugar patógeno que desencadena y activa determinados síntomas, agrava trastornos mentales previos (en
cuanto hecho estresante,
convivencia forzada, aislamiento, inactividad…) o genera otros trastornos, en especial adaptativos.
Como c
onsecuencia de este análisis, la situación de los y las menores no nos lleva a recomendar la c
reación de estructuras específicas de atención, sino a insistir en la necesidad de dar respuesta a los mismos desde la red sociosanitaria normalizada. Por ello, en este apartado ponemos el acento en la prevalencia de la enfermedad.
2. Prevalencia de los trastornos mentales en menores
El diagnóstico de trastornos mentales en la población infantil y adolescente es c
ada vez más frecuente. En los últimos años se ha reconocido que gran parte de los trastornos psiquiátricos de la adultez tiene su inicio en la juventud. El diagnóstico precoz de dichos trastornos es c
ondición imprescindible para poder brindar a esta población el abordaje específico y eficaz necesario para la prevención secundaria y terciaria de ulteriores c
omplicaciones y c
onsecuencias sociosanitarias.
Atendiendo a los datos estadísticos oficiales, el diagnóstico de los trastornos mentales en menores no deja de aumentar. Así y de manera general e introductoria, analicemos las tasas del trastorno por déficit de atención c
on hiperactividad (TDAH), que superan el 7% en los niños y niñas en edad escolar. Se trata de un dato significativo si partimos de que el TDAH supone hasta el 50% de las derivaciones a los servicios de psiquiatría infanto-juvenil y de que se asocia c
on el c
onsumo de tabaco, alcohol y drogas, y provoca un mayor número de c
ondenas y delitos en los menores.
Los trastornos del c
omportamiento también muestran prevalencias elevadas en la población infantil general, estimándose estas en torno a un 2-12% de la población infantil. Entre los factores etiológicos de los trastornos graves de c
onducta suelen c
itarse el inadecuado c
uidado por parte de los padres, la exposición a la violencia y las c
uestiones relacionadas c
on el vínculo. Las potenciales repercusiones sociales del problema estriban en el hecho de que hasta el 40% de los menores c
on diagnóstico de trastorno disocial en la infancia se c
onvertirán en adultos antisociales (patrón de c
onductas inmorales y socialmente irresponsables, c
aracterizado por el desprecio de los derechos de terceras personas), especialmente aquellos que c
onsumen estupefacientes a edades precoces (muy frecuente en nuestro medio), viven en c
ondiciones de pobreza o tienen una historia de ubicación fuera del hogar. Estudios más recientes c
orroboran que los estilos parentales, las c
onductas antisociales en miembros de la familia y la presencia de disarmonía o separación familiar aumentan más de dos veces el riesgo de c
onductas antisociales en los y las adolescentes.
3. Prevalencia de los trastornos mentales en usuarios/as de recursos de justicia juvenil
La prevalencia de estos y otros trastornos mentales (incluyendo trastornos afectivos y trastornos psicóticos del espectro esquizofrénico) es mucho mayor en las y los menores usuarios de los recursos destinados a justicia juvenil. La Academia Americana de Psiquiatría Infanto-juvenil estima que entre el 40 y el 70% de los menores en c
ontacto c
on los servicios de justicia juvenil pueden padecer un trastorno mental.
A pesar de ello, tal y c
omo señala la Academia Americana de Pediatría, los trastornos mentales (y muchos trastornos físicos también) no son diagnosticados a tiempo en esta población, perdiéndose un tiempo precioso para la prevención de c
omplicaciones posteriores y la posibilidad de una recuperación funcional precoz y c
ompleta.
Las c
onclusiones de un reciente metaanálisis llevado a c
abo en la Universidad de Oxford son c
larificadoras y arrojan tasas de prevalencia de trastornos mentales hasta 10 veces superiores a las de la población infanto-juvenil general.
Este trabajo, que supone el análisis de 25 estudios e incluye datos de 13.778 c
hicos y 2.972 c
hicas de entre 10 y 19 años usuarios de recursos de justicia juvenil, estima que las prevalencias de psicosis, TDAH, depresión y trastornos de c
onducta son de 3,3%, 11,7%, 10,6% y 52,8% respectivamente en c
hicos; y de 2,7%, 18,5%, 29,2% y 52,8% en c
hicas. Merecen una especial atención las elevadísimas frecuencias de trastornos del espectro esquizofrénico y la alta prevalencia de trastornos depresivos en el sexo femenino. Aunque tratándose de población menor el estudio no establece diagnósticos de trastornos de la personalidad, sí establece unas tasas muy elevadas de trastornos de la c
onducta (más de la mitad de usuarios y usuarias han recibido este diagnóstico), por lo que puede inferirse una elevada prevalencia de c
hicos y c
hicas c
on patrones de personalidad c
ompatibles c
on este diagnóstico.
Los trastornos de la personalidad c
omprenden diversas alteraciones y modos de c
omportamiento c
línicamente relevantes, que tienden a ser persistentes y son la expresión de un estilo de vida y de la manera que el individuo tiene de relacionarse c
onsigo mismo y c
on los demás. Muchas de estas alteraciones aparecen en estadios precoces de desarrollo del individuo, c
omo resultado tanto de factores c
onstitucionales c
omo de experiencias previas.
En los últimos años parece existir un importante aumento de la prevalencia de los trastornos de la personalidad en la población general y de manera específica en los propios c
entros de internamiento. Así, si la prevalencia de los trastornos de personalidad en la población general se estimaba en torno al 7-15% en el año 2001, actualmente la frecuencia estimada es del 12,7-14,6%, c
on una prevalencia acumulada a los 33 años del 28,2%. Desafortunadamente no existen estudios epidemiológicos rigurosos que reflejen la prevalencia real de los mismos en el medio de justicia juvenil. Son fundamentalmente dos los trastornos de la personalidad que debido a su elevada prevalencia y c
omorbilidad (con el abuso de sustancias estupefacientes y c
on las c
onductas violentas) deben ser rápidamente detectados en el ámbito de la justicia juvenil: el trastorno disocial de la personalidad y el trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad.
4. Análisis y propuesta de intervenciones eficientes en usuarios/as de los servicios de justicia juvenil
Se ha partido de la recogida de opiniones c
ualificadas de los distintos profesionales implicados en la atención a los y las menores usuarias de los servicios de justicia juvenil de nuestro entorno (incluyendo los y las educadoras y trabajadoras de c
entros educativos y profesionales de salud mental del ámbito de la psicología y la psiquiatría).
Se ha entrevistado directamente a los siguientes profesionales de los c
entros que se indican:
coordinador del
Centro Educativo Txema Fínez de Aramaio.
COTA (Centro de Adicciones) de Vitoria-Gasteiz-Osakidetza.
El encuentro llevado a c
abo c
on estos profesionales y los datos obtenidos han servido para identificar los problemas y dificultades que estos y estas menores plantean en los distintos servicios de justicia juvenil:
con diagnóstico (o sospecha) de trastorno mental.
No podemos sino c
orroborar los datos mencionados hasta ahora. Una adecuada evaluación psicopatológica es imprescindible para poder establecer el diagnóstico adecuado y el tratamiento más eficaz. Muchas veces trascurren periodos de tiempo demasiado prolongados hasta que el o la menor es identificado y derivado a los dispositivos psiquiátricos infanto-juveniles pertinentes, habiéndose perdido para entonces la posibilidad de intervenir precozmente. En este sentido, resulta de especial importancia el diagnóstico de sintomatología psicótica que pudiera redundar en la inimputabilidad del sujeto menor (como la psicopatología de orden psicótico).
La prevención primaria, llevada a c
abo mediante una evaluación sistemática adecuada, puede posibilitar la detección de aquellos menores en riesgo de padecer un trastorno mental. No debemos olvidar que la existencia de antecedentes familiares de enfermedades mentales, el c
onsumo de sustancias estupefacientes y la marginalidad (muy prevalentes en el sector usuario de los servicios de justicia juvenil) se asocian c
on una riesgo elevado de aparición de trastornos mentales. En este sentido son de especial interés el análisis de diversos factores ambientales y familiares de c
ada menor. Las c
aracterísticas personales del sujeto y el estilo de funcionamiento familiar deben ser adecuadamente estudiados y reflejados. Herramientas psicométricas c
omo el MMPI-A (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) o el MACI
(Millon Adolescent C
linical Inventory) pueden ayudar a la hora de identificar los rasgos de personalidad de riesgo, el uso de sustancias y la predisposición del menor a la delincuencia.
Las personas profesionales de los servicios de justicia juvenil deben estar suficientemente entrenadas para poder detectar (y abordar en primera instancia) los mencionados acontecimientos. A pesar de la elevada prevalencia de trastornos mentales en esta población menor usuaria de servicios de justicia juvenil, aún hoy existe un importante desconocimiento de los mismos (sobre todo en lo que a la c
línica y tratamiento se refiere).
A tenor de estas c
onclusiones, planteamos el desarrollo y puesta en marcha, dentro de la red normalizada de salud mental, de una atención c
ualificada y específica (integral, que incluya educadores y profesionales de la salud), que redunde en una mejor salud de estos y estas menores (con especial atención al diagnóstico precoz y abordaje específico) y en la propia optimización del trabajo de los y las profesionales, para lo que planteamos su formación específica (ámbitos educativo, sanitario y judicial) y la implementación de las herramientas y los procesos intervinientes en la atención de este sector de la población (véase recomendación nº 18).