2.8.1. Justicia
Si bien la ley reguladora de la institución del Ararteko señala claramente en su artículo 13.1. que no entrará en el examen individual de aquellas quejas sobre las que haya recaído sentencia firme o esté pendiente resolución judicial, la confluencia en las funciones de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes atribuidas a, por una parte, la fiscalía de menores y, por otra, las instituciones de defensa de sus derechos, como sería el caso del Ararteko, que expresamente recoge el testigo y la encomienda de la extinta Defensoría del Menor, supone, en la práctica, un canal de comunicación abierto a frecuente intercambio de información y gestiones entre ambas instancias. En el marco de esta colaboración con jueces y fiscales, en todo caso, no sólo (probablemente, ni siquiera fundamentalmente) se tratan asuntos individuales, sino cuestiones que afectan a grupos de personas que se encuentran en situaciones similares o cuestiones organizativas (procedimientos, procesos, protocolos o simplemente actuaciones) que, observados sus efectos negativos sobre una o varias personas, pueden ser objeto de mejora. Así, algunas de las materias sobre las que este año se ha actuado son:
Sustracción de menores, tanto en su vertiente de sustracción por parte de alguno de los progenitores, como en la que se ha venido denominando “bebés robados” a la que nos referiremos en el apartado siguiente de este punto 2.8.
Menores extranjeros no acompañados
Declaración de situación de desprotección relacionada con homeschooling
Informes y relación con los puntos de encuentro familiar por derivación judicial
Información a padres y madres en los casos de menores de 14 años sobre los que existe una denuncia.
Esta última cuestión ha suscitado algunas reflexiones en el seno de la institución sobre las que nos proponemos profundizar en 2014, orientadas al abordaje de estas situaciones desde el ámbito más cercano a las familias, con información y conocimiento de ésta y en clave de intermediación y preventiva.
En otro
orden de cosas, comentar que las actuaciones en las que en este 2013 se ha encontrado concernido el Departamento de Administración Pública y Justicia se han ido exponiendo en distintos puntos de este informe, en aras a lo que entendemos una presentación más acorde a los ámbitos de interés de la ciudadanía (y no tanto ordenada por la administración concernida): salud mental en los recursos de justicia juvenil, en Sanidad; puntos de encuentro familiar, en Familia; previsiones para la Unidad Genética del Laboratorio Forense, en el apartado posterior a éste; etc.
Por último, finalizábamos el informe de esta Oficina correspondiente a 2012 apuntando la necesidad de aproximarnos cada vez más a una justicia amigable y cercana a niños, niñas y adolescentes, donde sus derechos a ser escuchado, ser informado adecuadamente, a ver protegida su intimidad y privacidad, o cualquier otro
, se vieran garantizados. Especialmente en los casos en que su participación es en calidad de víctima o testigo. Por esta razón y por su carácter novedoso y, a priori, de buena práctica susceptible de ser replicada en la CAPV, nos hacemos eco de la próxima puesta en marcha en Murcia, para su pilotaje, de una de las denominadas salas de justicia amigables para los menores. Con este nombre se refiere a una serie de espacios ubicados en los juzgados y destinados al trabajo de los psicólogos, la exploración de los menores víctimas de abusos y su declaración judicial en un entorno de confianza que, a través de un sistema de video vigilancia, permite mantener la comunicación con el tribunal e incorporar el testimonio del niño/niña al procedimiento sin que se produzca su victimización secundaria o reiterada. Este tipo de medidas han sido reiteradamente demandadas por entidades sociales y especialistas que vienen llamando la atención sobre las lagunas del sistema judicial, especialmente en las situaciones en que los niños y niñas acuden en calidad de víctimas o testigos. De hecho, existen salas que se acercan a este diseño en algunos lugares, pero dependientes de organizaciones sociales que trabajan con menores y no dependientes de la administración de Justicia.
Por la información disponible a la fecha, esta idea de las salas amigables aparece ya regulada en el Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de las Víctimas de Delito, que supone mucho más que una mera trasposición de la directiva europea que lo inspira, ya que tiene vocación de ser el catálogo general de los derechos procesales y extraprocesales de todas las víctimas. Además, todas las medidas referidas a menores que se incluyen en la nueva reforma del Código Penal están inspiradas en el conocido como Convenio de Lanzarote, convenio del Consejo de Europa de 2007, ratificado por España en 2010, para la protección de los niños y niñas contra la explotación y el abuso sexual. Especialmente interesante para lo que aquí nos ocupa, el Capítulo VII (incluso, el artículo 35º) del convenio, sobre investigación, enjuiciamiento y derecho procesal.
2.8.2. “Bebés robados”
Finalizábamos el informe de 2012 en lo tocante a este tema dando cuenta de la información trasladada por la entonces Directora de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, señalada por éste como la responsable de liderar la Comisión Interdepartamental creada para tal fin a comienzos de 2012, así como nexo entre ésta y las asociaciones de personas afectadas, relativa a las actuaciones impulsadas por la citada Comisión. De entre el conjunto de éstas llamaba nuestra atención “la reciente puesta en marcha de un laboratorio propio para la realización de pruebas de ADN, la Unidad Genética Forense, ubicado en el Palacio de Justicia de Donostia, en la subdirección de Gipuzkoa del Instituto Vasco de Medicina Legal y avalado para dicha tarea por el Instituto Nacional de Toxicología del Ministerio de Justicia”, una de las iniciativas demandadas por los colectivos de personas afectadas como vía para la búsqueda de familiares.
Puestos en contacto con el responsable del Instituto Vasco de Medicina Legal nos aclaraba, sin embargo, que esta Unidad no nacía pensada como banco de ADN abierto a cualquier persona que desee dejar ahí una muestra de su ADN para posibles comprobaciones o cruces con un tercero, tal y como se viene solicitando por los colectivos de personas afectadas y como estábamos entendiendo desde esta institución. De hecho, el acceso se encuentra limitado a las solicitudes derivadas del sistema judicial: cualquier operación de la Unidad viene determinada por una orden judicial, lo que supone la existencia de la consiguiente denuncia y aceptación previas por parte del Ministerio fiscal.
Si tenemos en cuenta que el principal problema con el que las personas afectadas se encuentran es la dificultad de la prueba y que, incluso, las pesquisas realizadas no están llegando a conclusiones, ni encontrando evidencias, a juicio de esta institución es evidente que un diseño como el descrito del banco de ADN podrá ofrecer una respuesta muy limitada. Tal y como se apuntaba ya en la Recomendación general 1/2011, de 13 de julio, Necesidad de medidas que favorezcan el esclarecimiento de los hechos que afectan a la sustracción o separación irregular de bebés de sus madres biológicas en las décadas de los años 1960 y 1970, la apertura del acceso al banco de ADN con el objeto de que puedan dejar una muestra de su ADN para posibles cruces (y potenciales localizaciones) a estas personas que mantienen la “sospecha” de haber sido objeto de sustracción (bien en propia persona, bien de su hijo, hija o familiar directo), pero que carecen de evidencias suficientes como para que la denuncia prospere, procuraría una vía de esperanza nada desdeñable tras años de dudas y silencios. No se puede olvidar que la posibilidad del reencuentro es una de las motivaciones de mayor peso en la denuncia de los hechos por parte de las personas afectadas.
Con esta información nos dirigíamos al Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno a fin de conocer sus previsiones para la continuidad de las actuaciones desarrolladas por el anterior equipo con relación a las sospechas de sustracción de bebés, así como su opinión sobre la posibilidad de poner en marcha un banco de ADN abierto a cualquier persona que desee dejar ahí una muestra de su ADN para posibles comprobaciones o cruces con un tercero. La respuesta recibida en junio de 2013 se pronunciaba sobre 3 cuestiones:
1. El futuro de la Comisión interdepartamental creada por el anterior equipo de gobierno para el abordaje y seguimiento de los hechos objeto de análisis, de la que ya se avanzaba sufriría reordenación en el marco de la nueva configuración del Gobierno Vasco. No obstante, confirmaban el compromiso de continuar con las actuaciones desarrolladas hasta ese momento e informaban de que los supuestos de adopciones irregulares y sustracción de bebés se canalizan mediante el “Protocolo de actuación del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF)” y la “Guía de recomendaciones ante la exhumación en los casos de adopciones irregulares y sustracción de menores”.
2. La naturaleza de la Sección de Genética Forense que, tal y como señalaba el responsable del Instituto Vasco de Medicina Legal, actuará siempre en el curso de los procedimientos judiciales correspondientes con el fin de proporcionar una respuesta más rápida que la actual a los órganos jurisdiccionales y fiscalía operantes en la CAPV. En definitiva, en ningún caso abierto a las personas que deseen aportar muestras para posibles comprobaciones.
Respecto a esta idea del Banco de ADN, se informaba de la existencia de un único y centralizado Fichero de Perfiles Genéticos (Banco) en la sede del INTCF, denominado INTCF-ADNID, que, a juicio de ese departamento, “permite una mayor operatividad y aumenta considerablemente el cruce de datos y resultados analíticos”. El protocolo arriba señalado incluye las instrucciones para la recogida por parte de los Institutos de Medicina Legal de las muestras a los familiares o supuestos hijos adoptados irregularmente, muestras en todo caso aportadas en el marco de un procedimiento judicial.
3. La situación actual de la Sección de Genética Forense en el Laboratorio Forense del Instituto Vasco de Medicina Legal, para cuya creación se había realizado una inversión importante. A este respecto se informaba de que “se encuentra pendiente de la obtención de las autorizaciones necesarias establecidas normativamente”, ya que para la entrada en funcionamiento se necesita encontrarse acreditado en base a la Norma ISO 17025. Cumplir los requisitos establecidos por esta Norma conlleva “un incremento de la dotación de personas que desempeñen sus funciones en el laboratorio e incremento de los actuales procedimientos de desarrollo y equipamiento”, lo que requiere a su vez “contar con la consignación presupuestaria destinada al efecto” y que en el exigente marco presupuestario actual, sólo se daría en caso de que se considerara prioritaria esta actuación.
Tenemos que concluir así que, aunque sensibles a las posibles demoras en el desarrollo de la Sección de Genética Forense atribuibles al contexto económico, esta institución considera que la puesta en marcha de un “banco de ADN” abierto y dispuesto para posibles comprobaciones sería un paso muy importante en la colaboración y ayuda por parte de las administraciones públicas a las familias afectadas.
2.8.3. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
A finales de 2012 el Ararteko tuvo conocimiento de la supuesta difusión, no consentida, de fotos y vídeos íntimos de varias personas, aparentemente relacionadas con la Universidad de Deusto. Nuestra constante preocupación por la cada vez más frecuente aparición de este tipo de situaciones, especialmente cuando potencialmente pueden afectar a niños, adolescentes y jóvenes, así como la trascendencia de los derechos en riesgo y la alarma social generada, determinaron la conveniencia de profundizar en torno a la problemática suscitada, reflexión de la que extraemos algunas consideraciones y conclusiones por estar más directamente relacionados con los niños, niñas y adolescentes.
La preocupación por el empoderamiento de los más jóvenes en la protección de su propia información y su imagen ha estado muy presente en el Ararteko desde hace años, como lo demuestra la edición ya en 2008 de diversos materiales didácticos: Ventanas. ”Una aventura real en un mundo virtual. Disfrutar de internet si caer en la red” y Ciberbullying, material didáctico para la prevención del acoso por medio de las nuevas tecnologías). Más recientemente, se ha creado un apartado específico sobre el uso responsable de los medios electrónicos en la web la Isla de los derechos.
En este tiempo y por lo que la experiencia nos ha demostrado, podemos decir que nuestros niños y niñas no son ajenos al gran potencial de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, de igual manera que no lo son a sus riesgos. Como bien concluía el Consejo de la infancia y la adolescencia del Ararteko con ocasión de la elaboración del Informe extraordinario sobre e-inclusión y e-participación, al que posteriormente se hará referencia, debemos hacer un uso seguro de Internet y las redes sociales. Google lo sabe todo y Facebook se relaciona con todo, pero también hay peligros.
Así pues, si la necesidad de salvaguardar los derechos de los niños y las niñas está clara, si somos conscientes de los riesgos inherentes al entorno virtual, será tarea de todas las instituciones concernidas proveerles de instrumentos adecuados para su protección, creando las condiciones para un uso seguro y responsable de internet. Existen ya iniciativas interesantes y buenas prácticas relacionadas con este objetivo, en cuyo detalle ahora no nos detendremos, y de las que pueden extraerse algunos aprendizajes interesantes para ser trasladados a iniciativas de prevención dirigidas a las personas adultas, que han sido escasamente impulsadas hasta la fecha.
En todo caso, es indudable que para la formación y concienciación de los menores es imprescindible una implicación y una coordinación entre los agentes sociales, progenitores, instituciones públicas -especialmente las educativas y las agencias especializadas- y sociedad civil. El marco idóneo que dibuja la Agenda digital Euskadi 2015, podría constituir un instrumento propicio para ello, con el valor añadido de la promoción y el impulso de las agendas digitales locales que incorpora.
En ese contexto, sería de interés que la Administración autonómica vasca adoptara iniciativas de corte similar a las contempladas en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, de la Junta de Andalucía por el que se establecen medidas para el fomento, prevención de riesgos y seguridad en el uso de internet, que, al tiempo que incorpora el derecho al uso y acceso a las TIC y sus beneficios por parte de los menores, incluye directrices sobre el buen uso.
La óptica de derechos que el Ararteko imprime a sus análisis nos lleva a defender que, en las actuaciones que relacionan TIC y menores de edad, el objetivo es facilitar el acceso de los y las menores a la sociedad de la información, posibilitando su crecimiento en la red en un contexto de seguridad. Así, en el curso de la elaboración del Informe extraordinario del Ararteko sobre e-inclusión y participación en las esferas social y pública de la ciudadanía a través de las TIC en Euskadi y a pesar de no ser éste el objeto del informe, se ha incorporado una recomendación sobre el fomento de un uso seguro de Internet, desde una visión global e integradora que avanzamos:
Se propone trabajar tanto con menores, como con el resto de la comunidad educativa (profesorado, padres y madres) desde la difusión, la sensibilización y la formación.
Se persigue el compromiso de la creación de una web más segura por parte de desarrolladores, creadores de contenidos, y otros
perfiles, entidades y organismos que participan en el desarrollo de la web, tanto desde el plano público como privado. En base a ello, el Ararteko realiza diversas propuestas estratégicas ligadas a la promoción del uso seguro y responsable de las TIC por parte de menores y adolescentes.
De lo que se trata, en definitiva, es de encontrar el equilibrio entre la innovación y la extraordinaria potencialidad de las redes sociales, y la garantía de los derechos de las personas. Para ello resulta clave la información, la transparencia y el conocimiento eficiente. En suma, la madurez digital, para que todas las personas puedan utilizar el magnífico potencial de los dispositivos móviles, de internet y de la web social sin poner en riesgo su privacidad, su intimidad y su imagen, avanzando juntos en la construcción de una verdadera comunidad digital.
2.8.4. Resto de ámbitos
En el ámbito de Seguridad este año se han visitadolos centros de detención de la Ertzaintza de Bilbao y de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz. Las instalaciones de ambos centros continúan siendo, en general, apropiadas para su cometido. No obstante, el centro de la Policía Local carece de dependencias específicas para la custodia de menores, como exige la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero reguladora de la responsabilidad penal de los menores (art. 17.3).
Las actuaciones realizadas en el ámbito de Vivienda consideradas en este informe de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia tienen que ver con situaciones de desahucios (más o menos inminentes) en los que sabíamos a ciencia cierta que se encontraban afectados menores. En algunos casos se ha intervenido asesorando y orientando a las personas demandantes; en otros
, se han realizado gestiones mediadoras para alcanzar acuerdos o soluciones.
Entre las distintas medidas adoptadas en la época más reciente dirigidas a mitigar el impacto en las familias de los procedimientos de ejecución que finalizan en subasta y adjudicación de sus viviendas, y por la especial consideración que se hace de la protección de niños, niñas y adolescentes, nos parece de interés destacar en este apartado la Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, del registro de solicitantes de vivienda y de los procedimientos para la adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y Alojamientos Dotacionales de Régimen Autonómico, con entrada en vigor el 2 de enero de 2013, cuya Disposición Adicional exceptúa de los procedimientos de adjudicación previstos en la orden “las unidades convivenciales con hijos o hijas menores de edad que se encuentren en grave riesgo de exclusión social tras haber sido adjudicada la vivienda que constituía su domicilio habitual, como consecuencia de una ejecución hipotecaria (…)”. Según la información aportada por el Departamento de Empleo y Política Social a una pregunta del Parlamento Vasco (pregunta para su respuesta escrita 10/10/05/03/2426/13339) en el año 2013 se ha adjudicado directamente una vivienda a 23 unidades convivenciales que se encontraban en una situación de desahucio, riesgo de exclusión social y precaria situación económica (términos en que se pronuncia la orden), en la mayoría de los supuestos tramitados a través de los servicios sociales municipales, que son quienes analizan la concreta situación personal, social y económica.
Además, para la detección de supuestos que no hayan acudido a los servicios sociales y se encuentren inmersos en un procedimiento judicial donde se constate una eventual situación de vulnerabilidad, el 18 de junio se firmó el Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno Vasco y la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL) sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar para posibilitar la adopción de medidas de carácter social del que destacaríamos la consideración de, no sólo las situaciones derivadas de ejecuciones hipotecarias, sino también los desahucios por impago de la renta. Si aplicamos en este ámbito la evidencia expuesta en el apartado de este informe relativo a niños y niñas en riesgo de pobreza que constata que la crisis afecta antes, con más dureza, durante más tiempo y con efectos más nocivos y duraderos a personas y grupos que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad, no nos costará suponer que estas personas y grupos mantienen mayoritariamente su alojamiento en régimen de arrendamiento, nos parece de sumo interés que se tomen medidas también para estos supuestos. El Convenio, según señalan en la respuesta a la pregunta parlamentaria citada arriba, viene aplicándose desde el momento de su firma y en este período ha sido aplicado formalmente en un caso de desahucio precisamente en arrendamiento.
Por último, informar de que se ha iniciado una intervención de oficio para conocer cómo está siendo el funcionamiento y cuáles los resultados del Servicio de Ayuda al Sobreendeudamiento Familiar del Gobierno Vasco, investigación aún no concluida.
El Ararteko ha manifestado en numerosas ocasiones su preocupación por la situación de muchos adolescentes de orientación homosexual (gays y lesbianas) o bisexual y de identidad transgénero o transexual (en adelante, lgtb), que a diario conviven con situaciones de no aceptación de su realidad e, incluso, de rechazo en el entorno familiar, escolar o social.
Este año no se han recibido quejas individuales con relación a este tema, lo que apunta a que la igualdad formal parece estar asegurada en este ámbito en la práctica totalidad de nuestro sistema público. Sin embargo, queda mucho camino por avanzar en la erradicación de actitudes de rechazo a la diversidad afectivo-sexual y de género, como así hemos podido conocer en las reuniones mantenidas con asociaciones que trabajan en este ámbito y con la propia administración.
En los últimos años veníamos constatando que en el ámbito de la infancia y adolescencia lgtb existe una carencia notable del sistema educativo para integrar, visibilizar y promover el pleno respeto a los derechos a la diversidad afectivo-sexual y de género. Ello se expresa tanto en la carencia de planes o programas de formación y sensibilización del profesorado, como en la falta de abordaje sistemático y organizado de estas cuestiones en las aulas, en la ausencia de materiales específicos relativos a la orientación sexual e identidad de género, o en la falta de visibilización de nuevos modelos de convivencia en los materiales didácticos existentes, entre otros
.
Sin embargo, en 2013 se han producido avances importantes en esta cuestión. En primer lugar queremos destacar el impulso que desde la Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario, y especialmente desde su Servicio de Atención a Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, Berdindu, se ha dado a esta cuestión. Con su liderazgo se han procurado diversos espacios de encuentro en los que organizaciones sociales, centros educativos, profesionales de la educación, padres/madres y en ocasiones otros
agentes y servicios, han tenido la oportunidad de compartir preocupaciones, reflexiones y propuestas de abordaje que van cristalizando en algunas iniciativas (formativas, informativas, de encuentro y relación, etc.) con perspectivas interesantes.
Dedicamos una mención especial a la jornada “Escuela segura: prevenir y afrontar la homofobia y la transfobia”, ya que supuso un punto de partida reconocible para el trabajo colaborativo entre distintos agentes significativos en el ámbito educativo hacia el objetivo de experimentar, madurar e incorporar programas y actuaciones concretas que permitan avanzar en la generación de escuelas seguras, donde la vivencia positiva de la diversidad sea una realidad. Las personas participantes concluían la jornada con algunos apuntes que entendían debían ser tenidos en cuenta en el trabajo futuro:
Importancia de la directriz política a la hora de abordar la homofobia y la transfobia en el contexto educativo por parte de los departamentos concernidos.
Incorporar la especificidad de la homofobia, la transfobia y la atención a la diversidad afectivo-sexual en los protocolos y documentos ya existentes en la organización y regulación del sistema educativo.
Valorar la conveniencia (en algunas fases y casos, al menos) de llevar planteamientos comunes para todas las diversidades, en la medida en que existen elementos compartidos entre ellas.
Importancia de la formación y el trabajo colaborativo de todos los miembros que conforman la comunidad educativa (profesorado, personal no docente, alumnado y madres y padres, principalmente), para dotarles de las herramientas necesarias para abordar la homofobia y la transfobia y atender a la diversidad afectivo-sexual.
Necesidad de incluir contenidos LGTB en los currículos con el objetivo de tratar la diversidad afectivo-sexual de forma transversal.
En todo caso, y como ya apuntábamos arriba, el valor añadido de esta jornada fue el de conseguir dotar al grupo de trabajo de un carácter estable e institucional. Así, en el último trimestre del año se reúne ya en el que será el primero de los encuentros del Grupo estable: escuela segura, conformado por personas que participan de manera oficial en representación de los servicios, organizaciones o entidades en cuyo nombre acuden.
Un segundo hito destacable en este ámbito es la reciente aprobación del Plan director para la coeducación y la prevención de la violencia de Género en el sistema educativo, que refleja la voluntad expresa de la administración vasca para incorporar esta perspectiva al sistema educativo. Dicho plan se aborda desde una perspectiva amplia del concepto de coeducación, que persigue el desarrollo integral de las personas, eliminando las actitudes estereotipadas y luchando también contra toda discriminación basada en prejuicios relativos al género o a la orientación sexual, habida cuenta de que se constata que un 23,6% del alumnado de ESO afirma haber sido testigo de que algún compañero o compañera ha sido excluido continuamente por ser considerado gay o lesbiana.
Por último, quisiéramos señalar que el desarrollo del proyecto europeo para la educación en el respeto a la diversidad afectivo-sexual, Rainbow Has, liderado por el Ararteko (ver capítulo V de este informe), nos ofrece la oportunidad de un trabajo conjunto con las instituciones educativas vascas dirigido a crear herramientas que aseguren que la escuela sea un lugar seguro para niños y niñas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, donde puedan desarrollarse íntegramente como personas. Dicho trabajo está dirigido a lograr que las instituciones educativas, las familias y el profesorado generen alianzas y estrategias conjuntas, aunando sus esfuerzos para lograr que en Euskadi se pueda garantizar:
La educación desde edades tempranas en valores de respeto, igualdad y libertad, que permitan superar definitivamente los prejuicios hacia la diversidad afectivo-sexual y hacia la puesta en cuestión de los roles e identidades de género.
El apoyo y acompañamiento a niños y niñas, adolescentes y jóvenes que puedan estar sufriendo la marginación o las dificultades que acarrea la diferente orientación sexual o identidad de género para su plena integración social.
La seguridad de niños, niñas y adolescentes en el espacio escolar, como contexto necesario para garantizar su feliz y pleno desarrollo personal, en toda su diversidad.