Capítulo V. Valoración del estado de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
Con la limitación que supone c
ondensar en unas pocas páginas la c
antidad de problemáticas, necesidades, respuestas y recursos mencionados en los c
apítulos anteriores, abordamos este apartado c
on la intención de señalar aquellas c
uestiones que entendemos de máximo interés animando, en su c
aso, a una lectura más reposada del informe.
El número de expedientes de queja en los que, de manera expresa, se c
ita la presencia o se encuentran implicados niños, niñas y adolescentes alcanza en 2013 la c
ifra de 319 que, respecto a la totalidad de los presentados en la institución del Ararteko supone el 10,4% de éstos. Se encuentran incluidos en este c
ómputo los expedientes de queja a instancia de parte (284), presentados por personas particulares u organizaciones a través de las distintas vías de acceso establecidas (oficinas, web, c
orreo electrónico) y los expedientes de oficio (35), abiertos a iniciativa de la institución para el análisis y seguimiento de situaciones en las que se sospecha c
ierto grado de vulnerabilidad o atención inadecuada a las necesidades de grupos de niños, niñas y adolescentes. No han sido c
ontabilizadas, aunque sí merecen ser tenidas en c
uenta, las 883 reclamaciones relacionadas c
on el sistema vasco para la garantía de ingresos y presentadas por familias en las que, en un alto porcentaje, existen menores. Así, de manera estimativa podríamos c
onsiderar que en otros 236 expedientes de queja se encuentran afectados niños, niñas y adolecentes, todos ellos en situación de escasez de recursos económicos.
Respecto al área de educación, tenemos que c
omenzar diciendo que la intención declarada de la Administración educativa de la C
APV de tratar de hacer frente a la nueva Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la c
alidad educativa (LOMCE) y de impulsar en su lugar un modelo educativo pedagógico propio c
on la puesta en marcha del Plan “Heziberri 2020” nos sitúa ante un escenario no exento de polémica.
Desconocemos la influencia que esta nueva situación puede tener en las quejas que en los próximos meses vayan a someter a la c
onsideración de esta institución. No obstante, es nuestro propósito tratar de hacer un seguimiento para c
onocer la repercusión c
ierta que esta reciente reforma puede tener en el sistema educativo de nuestra c
omunidad.
De todos modos y al margen de esta tarea que nos hemos propuesto, las quejas tramitadas a lo largo de este último año nos han hecho reparar en determinados aspectos de nuestra realidad educativa en la que nos parece necesario incidir.
Así, por ejemplo, un año más, la reiteración de quejas sobre el proceso de admisión del alumnado hace que siga vigente la recomendación que desde esta institución venimos planteando a la Administración educativa, para que extreme el c
uidado en la gestión de este proceso, c
on la aplicación c
abal de los c
riterios prioritarios previstos para los supuestos de insuficiencia de plazas.
Por otra parte, nos parecer importante reconocer y animar a las c
omisiones de escolarización a que c
ontinúen c
on su labor de tratar de lograr una integración lo más normalizada posible del alumnado inmigrante que accede por primera vez a nuestro sistema educativo. No obstante y c
omo hemos hecho en anteriores ocasiones, queremos insistir también en que, al realizar sus propuestas, estas c
omisiones deben c
ontar c
on la seguridad de que las c
ondiciones de financiación de los c
entros, así c
omo las ayudas a las familias para transporte, c
omedor y material escolar, permiten sostener el acceso universal del c
onjunto de la población a todos los c
entros docentes de enseñanza no universitaria.
En lo que respecta a la planificación educativa, los mayores problemas siguen produciéndose en la etapa inicial de c
ero a tres años, sobre todo en la oferta de aulas de dos años. A juicio de esta institución, en estas zonas deficitarias es necesario que tanto el Departamento de Educación, Política Lingüística y C
ultura c
omo los ayuntamientos c
oncernidos, c
ada uno en el ejercicio de las c
ompetencias que tienen respectivamente atribuidas, adopten las iniciativas oportunas para reconducir estas situaciones deficitarias de plazas y situar el porcentaje de c
obertura en unos índices c
ercanos a las referencias de planificación aprobadas.
Queremos animar también a los responsables del nuevo Departamento de Educación, Política Lingüística y C
ultura a que c
ontinúen c
on la línea emprendida de propiciar y favorecer una planificación democrática c
on la participación de todos los representantes de la c
omunidad escolar.
En los últimos años venimos c
onstatando una mayor demanda de formación profesional, que atribuimos a la actual c
oyuntura de c
risis económica. Por ello y c
omo ya hemos manifestado en anteriores informes, c
onsideramos que se deben tratar de apurar todas las posibilidades que permitan incrementar la actual oferta y posibilitar así el acceso a estudios de grado superior que hagan más fácil la incorporación de nuestros jóvenes al mercado laboral.
La actual c
oyuntura de c
risis ha motivado también que algunos agentes educativos hayan llamado la atención sobre algunas situaciones que se están produciendo en el servicio de comedor escolar. Se trata de c
asos de menores c
uyas familias no pueden hacer frente al pago de las c
uotas, si bien c
onfían en ser beneficiarios de las ayudas de c
omedor que anualmente se c
onvocan en el marco de la c
onvocatoria general de becas. A nuestro modo de ver, esta realidad debería llevar al Departamento de Educación, Política Lingüística y C
ultura a c
onsiderar la posibilidad de introducir algunos c
ambios en el modo de gestión de estas ayudas de c
omedor.
Desde esta institución valoramos c
omo positivos los movimientos c
iudadanos de solidaridad que en los últimos años vienen trabajando c
on el fin de c
oncienciar sobre la necesidad de realizar un c
onsumo responsable y de reducir el derroche de alimentos. C
reemos, por ello, que no se debe descartar la posibilidad de analizar propuestas c
omo la orientada a impulsar una gestión de los residuos alimenticios de los c
omedores escolares que permita su reutilización para ser c
onsumidos de forma gratuita.
En c
uanto al transporte escolar, el propósito anunciado por los nuevos responsables del Departamento de Educación, Política Lingüística y C
ultura de revisar el c
ontenido de la actual c
ircular, en nuestra opinión, puede c
onstituir una oportunidad para tratar de dar respuesta a demandas c
iudadanas c
omo la que, en el c
aso de Zuia, desde hace meses reclaman: una igualdad de oportunidades para el alumnado residente en el ámbito rural.
Asimismo, puede ser el momento de analizar las c
ondiciones en las que se presta este servicio al alumnado c
on discapacidad para evitar que se puedan reiterar las quejas de posible discriminación.
El año pasado asistimos a la puesta en marcha del Plan Estratégico de Atención a la Diversidad en el marco de una Escuela Inclusiva. Ya entonces c
onfiamos en que la evaluación y seguimiento de este plan pudiera c
ontribuir a mejorar la respuesta educativa que se ofrece al alumnado c
uya situación es motivo de quejas repetidas, c
omo es el c
aso del alumnado c
on altas c
apacidades, así c
omo del afectado por trastornos de déficit de atención.
El seguimiento que hemos realizado de algunos c
asos así c
omo las preocupaciones que nos han expresado algunas asociaciones que trabajan en el sector nos llevan a insistir en la necesidad de seguir trabajando para que las orientaciones educativas que han sido formuladas para este alumnado encuentren traducción en la práctica c
otidiana de las aulas.
Obviamente, queremos hacer extensivas estas mismas reflexiones al recién presentado Plan Director para la C
oeducación y Violencia de Género en el Sistema Educativo.
Ya por último, no queremos finalizar sin señalar, una vez más, la necesidad de profundizar en una aplicación sistemática y eficaz de las nuevas guías sobre convivencia escolar para c
umplir y dar respuesta, de una manera satisfactoria, a los objetivos de procurar un buen diagnóstico de la realidad del maltrato, de proporcionar apoyo, protección y seguridad a las víctimas y de mantener una relación de c
onfianza y buena c
omunicación c
on las familias afectadas.
Ante la evidencia de que apoyar públicamente a las familias significa apoyar a las personas en su desarrollo humano, en la c
onsecución plena de sus derechos individuales y sociales, protegiendo además especialmente a quienes más lo necesitan (menores, mayores, personas c
on enfermedad o dependencia), esta institución c
onsidera que el apoyo a las familias es una estrategia pública ineludible para el mantenimiento del Estado social, lo que significa que, en el contexto de c
risis, más que nunca, las políticas familiares c
onstituyen la mejor inversión pública para garantizar la c
ohesión social y prevenir la pobreza y la desestructuración social, que tanto amenaza en estos tiempos.
Queremos recordar que actuar en materia de familias no sólo significa llevar a c
abo políticas de ayudas públicas o subvenciones (particularmente en relación c
on la tenencia de hijos e hijas, o personas dependientes, así c
omo de apoyo a la c
onciliación de la vida laboral y familiar…), sino que supone también, y c
ada vez más, impulsar c
ambios c
ulturales, sociales y económicos profundos, que abran nuevas perspectivas a la integración plena de las necesidades de las familias en nuestra actividad económica. Los poderes públicos están llamados a liderar procesos de c
ambio de mentalidad, orientados a reconocer el espacio necesario, obligado -así c
omo el valor c
entral- del c
uidado, del trabajo doméstico, del descanso, del ocio, de las relaciones humanas, de otras formas de participación social voluntaria o no remunerada.
El tema de la c
onciliación de la vida familiar y laboral c
onstituye no sólo una preocupación c
entral para las familias, sino, en general, una tema de gran c
alado para el éxito de la organización social y económica en su c
onjunto. Resulta c
ada vez más necesario, especialmente en tiempos de c
risis, poner el acento en nuevos planteamientos globales de organización de los tiempos, que c
uestionen la c
entralidad del trabajo en nuestras vidas y permitan sostener una vida laboral, atendiendo al mismo tiempo suficientemente las necesidades personales y familiares.
La mayor parte de las quejas recibidas en el ámbito de los servicios sociales para la infancia en desprotección han sido interpuestas por c
omenzamos por progenitores disconformes c
on la valoración de los servicios de infancia por la que se c
oncluye el desamparo de sus hijos o hijas, la suspensión de la patria potestad y la asunción de la tutela por parte del ente foral. En un alto porcentaje, estos padres y madres acuden al Ararteko después de haber recurrido en vía judicial la orden foral que determina el desamparo y la medida de protección del niño, niña o adolescente, lo que imposibilita nuestra actuación en lo tocante a la principal demanda de los promotores de la queja. No obstante, junto a esta demanda se suelen trasladar otras c
uestiones relacionadas c
on el proceso de valoración, la c
omunicación e información, sobre las que sí intervenimos y en las que no se han detectado, de manera generalizable, actuaciones incorrectas por parte de la administración.
Del análisis de estas quejas sí ha llamado nuestra atención este año la mayor presencia de c
asos en los que la desprotección se soportaba, principalmente, en lo que el instrumento de valoración define c
omo maltrato psíquico y, más c
oncretamente, instrumentalización en c
onflictos entre las figuras paternas. A estas quejas habría que sumarles aquellas otras presentadas por un solo progenitor y que aducen, principalmente, motivos de presunta negligencia en el c
uidado del niño/niña por parte del otro progenitor; no facilitar o respetar el régimen de relación y c
omunicación establecido en las medidas establecidas judicialmente; impedir el c
ontacto del otro progenitor c
on el niño/niña aduciendo sufrimiento intenso por parte de éste; etc. El elemento de preocupación c
omún a todas ellas es, sin lugar a dudas, el sufrimiento psicológico y emocional de los niños, niñas y adolescentes durante y después de rupturas c
on alta c
onflictividad entre sus padres, pero c
on ello no podemos olvidar que en todas estas situaciones se está viendo además c
omprometido el derecho del menor a relacionarse c
on ambos progenitores.
Por todo ello, se hace necesario avanzar en aquellas medidas que impidan que los problemas de los adultos se trasladen a los hijos e hijas o, lo que es aún peor, se les implique en el c
onflicto hasta el extremo de instrumentalizarlos. En este sentido sería c
onveniente que, tanto las instancias judiciales, c
omo las administraciones, potenciaran la c
ultura del acuerdo y la mediación a fin de ayudar a los progenitores a separarse respetando, preservando y priorizando siempre el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Junto a un mayor uso de los servicios que para tal fin ya existen, y en sintonía c
on la Observación General nº 13 del C
omité de los Derechos del Niño de mayo de 2013 sobre el interés superior del menor, este derecho, principio y procedimiento exige la c
onsideración y valoración de manera absolutamente individualizada de c
ómo afectarán las decisiones que en c
ada momento se adopten a su bienestar y desarrollo físico y emocional, además de incorporar de manera insoslayable la escucha de c
ada niño/niña. Se necesitan así profesionales c
on la máxima preparación para garantizar estos derechos en todos los ámbitos en los que se produzcan (judicial, de servicios sociales, educativos, sanitarios…)
Un segundo elemento en el ámbito de los servicios sociales sobre el que deseamos llamar la atención tiene que ver c
on el momento actual de estructuración del Sistema Vasco de Servicios Sociales. Nunca mejor que ahora se dará la oportunidad de definir las prestaciones y servicios socioeducativos, sobre todo en el ámbito de la atención primaria, c
on el c
arácter c
omunitario y preventivo que destila la Ley 12/2008 de servicios sociales. Esto supone superar el c
oncepto de desprotección infantil largamente asentado y derivado de la Ley 3/2005 para incorporar c
on mayor fuerza y c
oherencia la intervención en situaciones de pobreza, vulnerabilidad o riesgo de exclusión, o en c
onflictos c
omunitarios en los que queden c
omprometidos y/o afectados niños y niñas. Reiteramos c
omo en años anteriores el inestimable valor que tiene el acompañamiento ante dificultades incipientes, la intervención en el ámbito natural y c
omunitario, sobre las c
ondiciones de bienestar y c
ohesión en las que los niños, niñas y adolescentes se desarrollan, desactivando o minimizando c
laramente los efectos más graves.
En la red de recursos de acogimiento residencial para infancia en desprotección se siguen produciendo modificaciones, en principio para la adecuación a las necesidades c
ambiantes y, según hemos podido c
omprobar, c
ada vez más derivadas de los incipientes procesos de inspección realizados a la luz de los requerimientos del decreto 131/2008 regulador de estos c
entros. Reconocidos estos avances, no obstante, debemos llamar la atención sobre el aún deficiente c
umplimiento de los requisitos relacionados c
on los perfiles profesionales y la c
ualificación de los y las profesionales de los equipos educativos en demasiados recursos, máxime si tenemos en c
uenta el período de 4 años c
oncedido por el c
itado decreto para la adecuación de las plantillas a los requisitos establecidos.
Si en el c
aso de los menores extranjeros no acompañados insistíamos el año pasado en los procesos de emancipación, la recomendación publicada este año bajo el título de Garantías en la atención a los menores/jóvenes no acompañados aborda en profundidad y extensamente otros dos momentos de especial riesgo: 1) el proceso de localización y acogida de estos menores y jóvenes y, en relación c
on él, la importancia de la c
oordinación y c
olaboración necesaria entre todos los agentes, servicios y organismos implicados, y 2) el c
umplimiento de las garantías y los derechos de los que son titulares en la acogida y en el c
ese de la guarda o de la tutela tras el decreto de determinación de edad de las Fiscalía que acuerda que son personas mayores de edad. En torno al momento de localización y acogida llevamos años demandando la elaboración y aprobación del protocolo de acogida de urgencia de los menores extranjeros no acompañados que dispone el decreto 131/2008. C
uando parecía a punto de alcanzarse el acuerdo necesario ha irrumpido c
on fuerza en escena el protocolo a nivel estatal, volviendo a detener la redacción definitiva del autonómico a la espera del marco que dibuje aquel.
Las escasas quejas protagonizadas en 2013 por estos menores tienen el denominador c
omún de la discrepancia entre la edad señalada en el decreto de fiscalía, tras la realización de pruebas para la determinación de la edad (por encontrarse indocumentados en el momento de su localización), y la edad reconocida en la documentación oficial obtenida por las gestiones de los servicios de infancia forales donde se encontraban acogidos ante la administración de sus países de origen. En ellas se señalan dos c
uestiones principales: 1) la necesidad del análisis de c
ada situación de manera individualizada, solicitando c
riterio particular si fuera necesario a la Fiscalía Provincial y superando las c
onsecuencias negativas de la aplicación automática de c
riterios generales para c
ircunstancias no totalmente equiparables, 2) acatada la decisión de la Fiscalía Provincial por la que se determina la minoría de edad, los servicios de protección a la infancia habrán de ejecutar las obligaciones inherentes a su tutela y atención integral sin excepciones, incluidas las c
onducentes a su regularización administrativa y su defensa, en los c
asos en los que se le puedan derivar perjuicios a raíz de una actuación o decisión ajena a sus intereses. Este c
riterio, en todo c
aso, había sido ya expuesto por esta institución en el año 2006.
En lo tocante a actividades de ocio y recreativas, las lonjas juveniles han ocupado un espacio importante en la actividad del Ararteko en 2013. La utilización de las lonjas c
omerciales c
omo locales de reuniones y de ocio por grupos de personas adolescentes y jóvenes es una realidad emergente en nuestros municipios. No obstante, este fenómeno todavía relativamente nuevo está dando lugar a una serie de c
ontroversias sobre el c
orrecto encaje de esta actividad de ocio c
on el c
ontrol ambiental, la seguridad en las edificaciones y la prevención de riesgos que requieren estos locales. C
on el fin último de poder establecer y poner a disposición de personas usuarias de las lonjas, propietarias, vecinos y vecinas c
olindantes y administración local unos c
riterios y principios generales al respecto, el Ararteko ha iniciado un expediente de oficio c
on el que recabar información sobre el c
ontexto social y jurídico de esta incipiente actividad de ocio juvenil y de las distintas opciones municipales para c
ontrolar las problemáticas que de ella se puedan estar derivando.
Las quejas más significativas en el ámbito del deporte escolar este año 2013 han tenido un elemento c
omún: la aún deficiente aplicación de c
riterios de igualdad de género en el diseño de la oferta deportiva y en la organización de la práctica deportiva.
En el ámbito de la salud y en lo tocante a la atención a niños y niñas c
on problemas de salud mental, a pesar de que lentamente se va avanzando en la dotación de estructuras intermedias de rehabilitación, acercándonos un poco más al deseado modelo c
omunitario de atención, se observa una insuficiencia de hospitales de día infanto-juveniles, especialmente en el territorio alavés.
En c
uanto a la atención a las personas c
on trastorno de personalidad, en un alto porcentaje adolescentes y jóvenes, se han adoptado medidas y se han dado pasos importantes, c
omo la c
reación de la unidad de adolescentes y programas especiales. C
ontinuamos, sin embargo, mostrando preocupación por las limitaciones de nuestro sistema sanitario para el abordaje de estos trastornos en el ámbito autonómico, por lo que insistimos en la necesidad de la puesta en marcha de un hospital de día c
on las c
aracterísticas del que se encontraba ya proyectado desde 2009. En tanto no se materialice, resulta imprescindible c
ontemplar y aplicar vías c
omo la derivación, c
oncertación y reintegro de gastos.
Se registran avances en diferentes líneas de la estrategia de la cronicidad, entre los que destacamos, en los destinados a garantizar el c
ontinuo asistencial, la c
reación de las Organizaciones Sanitarias Integradas, la elaboración de rutas asistenciales, la incorporación de nuevas c
ompetencias profesionales y la utilización de planes de c
ontinuidad asistencial. Por el c
ontrario, otras c
uestiones c
omo la materialización de las previsiones relativas a la ampliación del programa de c
ribado neonatal o la atención a las personas c
on linfedema primario (desarrollado normalmente en la infancia), están sufriendo c
ierta ralentización.
Las dificultades a las que están teniendo que hacer frente los niños y niñas dependientes no difieren sustancialmente de las de la globalidad del c
olectivo de personas dependientes. En el ámbito estatal c
ontinúa el retroceso en el desarrollo de las políticas de promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia, acompañado de una drástica reducción del gasto público en esta materia, lo que supone una notable disminución de la aportación de la Administración General del Estado al nivel mínimo de protección. La potestad que ostentan las c
omunidades autónomas de establecer niveles adicionales de protección, ejercido en este c
aso por las diputaciones forales, ha permitido, en c
ierta medida, paliar el efecto de las decisiones estatales, pero resulta ineludible hacer extensiva en el tiempo la apuesta decisiva de nuestras administraciones públicas para el desarrollo de los servicios sociales e impedir que se interfiera en esa trayectoria de incremento de la atención y mejora c
ontinua. La aprobación del decreto regulador de la c
artera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales y los términos c
oncretos en que se defina serán una excelente oportunidad para materializar el derecho subjetivo a la promoción de la autonomía personal y a la protección de la dependencia.
En 2013 nos hemos interesado por uno de los servicios c
ontemplados en el decreto de c
artera c
itado que afecta especialmente a niños y niñas: el servicio para la atención temprana. Aprobado por el C
onsejo Vasco de Atención Sociosanitaria, el modelo para la atención temprana en 2011, parecía c
onveniente c
ertificar su grado de implantación y desarrollo. C
omo principal c
onclusión podríamos decir que se están dando pasos importantes en la materialización de las propuestas y previsiones c
ontenidas en el modelo antes c
itado. El impulso otorgado a proyectos c
omo el PAINNE, en el que destacan, entre otros, su c
arácter preventivo y sostenible, junto al intenso trabajo para dotarse de la regulación normativa suficiente y el respaldo institucional obtenido, parecen dar muestras del interés de todos los agentes implicados por impulsar la atención temprana.
Resulta esperable que la c
ercana aprobación del decreto que regulará la c
omposición y funcionamiento de los órganos de valoración e intervención, las actuaciones y los perfiles profesionales, suponga un importante impulso al desarrollo de la atención temprana, garantizando la interdisciplinariedad, el c
ontinuo de atención y el trabajo c
onjunto de agentes, servicios e instituciones. De la información obtenida hasta el momento, tanto en el marco de esta actuación, c
omo del seguimiento a la elaboración del decreto de c
artera de prestaciones y servicios del sistema de servicios sociales, damos por seguro el reconocimiento del derecho al acceso a este servicio de niños y niñas de 0 a 6 años y sin ningún tipo de excepción, tal y c
omo hemos venido reclamando.
Mientras esto sucede, resulta c
onveniente insistir en la necesidad de aportar a las familias la información suficiente y necesaria para el acceso a la atención temprana, desde c
ualquiera de los puntos de entrada que se puedan c
onsiderar (servicios sanitarios de atención primaria o especializados, hospitales, servicios sociales municipales y forales, c
entros educativos, etc.), así c
omo de facilitar las derivaciones y accesos a los distintos organismos y servicios. C
onstituidos ya c
omo EVAT o aún c
omo equipos de valoración y orientación, la perspectiva integral y la búsqueda de valoraciones teniendo en c
uenta miradas multidisciplinares debería ser ya una realidad. Habrá que seguir dando pasos hasta el momento de su acreditación en el c
onocimiento y garantías de atención de c
alidad de los servicios de intervención en atención temprana privados, que suponen la amplia mayoría de éstos, de igual manera que hay que mejorar la atención prestada desde distintos sistemas y servicios, evitando solapamientos y lagunas todavía demasiado frecuentes.
En c
uanto a los niños y niñas en riesgo de pobreza, los datos del estudio presentado a c
omienzos de 2013, pero ya recogidos en el informe de la Oficina de 2012 alertaban del impacto que la c
risis está teniendo en un número c
ada vez más importante de niños, niñas y adolescentes vascos. Si bien todos los indicadores, tanto los específicos de riesgo de pobreza, c
omo otros que reflejen sus múltiples c
aras, vienen señalando una menor gravedad de la situación en términos c
omparativos c
on otras realidades sociales del estado español, también es c
ierto que el estudio apreciaba signos de deterioro o empeoramiento en buena parte de los indicadores, lo que nos llevaba a c
oncluir, entre otras c
osas, que si bien la situación no podía ser c
onsiderada alarmante, se debía mantener la alerta frente a una posible evolución negativa.
A través de iniciativas que hemos liderado o en las que hemos tomado parte hemos mantenido nosotros también la alerta y el seguimiento de la situación que reclamábamos para los distintos agentes públicos y privados, lo que nos lleva a manifestar, de una manera c
asi telegráfica pero c
ontundente:
caso y de manera especial las políticas para la garantía de ingresos)
constituyen la mejor inversión pública para garantizar la
cohesión social y prevenir la pobreza.
coste económico, personal y social de la intervención en situaciones de mayor gravedad,
contribuye indudablemente al desarrollo y la
cohesión social.
compensatorias, pues no podemos olvidar el efecto especialmente negativo de la
crisis en las personas y grupos que ya se encontraban en situaciones de vulnerabilidad.
Como señalan expertos e investigaciones, la
crisis afecta antes,
con más dureza, durante más tiempo y
con efectos más nocivos y duraderos a estas personas y grupos en situación de desventaja social.
contra la pobreza que establezca acciones específicas y eficaces para reducir y ayudar a los niños y niñas que vivan en riesgo o situación de pobreza.
Porque, c
omo c
oncluíamos en el seminario c
ompartido c
on el Defensor del Pueblo de Andalucía, se trata de otorgar prioridad al más débil. Se trata de invertir en el futuro, se trata de una c
uestión de justicia social.
En el resto de c
apítulos, señalar que seguiremos trabajando por que nuestros niños y niñas hagan un uso responsable de las redes sociales, encontrando el equilibrio entre la innovación y la extraordinaria potencialidad de las redes sociales, y la garantía de los derechos de las personas.
Continuaremos c
olaborando c
on las fiscalías de menores y el sistema judicial en general para la protección y la garantía de los derechos de los niños y niñas que, de manera directa (como víctimas, testigos o agresores) o indirecta, entren en c
ontacto c
on éste.
Mantendremos la atención sobre las actuaciones destinadas a garantizar las necesidades básicas de alojamiento a niños y niñas afectados por situaciones de desahucios, tanto por ejecución hipotecaria c
omo por impago de renta.
El Ararteko c
onsidera fundamental trabajar c
on la infancia y la juventud en el ámbito escolar y asociativo, c
onstruyendo a una educación favorable a la aceptación plena de la diversidad de orientación sexual y de identidad de género desde edades tempranas. Por ello, valoramos muy positivamente el impulso que se está dando desde la administración de c
ara a posibilitar avances en el ámbito educativo.
Un año más finalizamos c
on un llamamiento a reforzar y extender la c
onciencia social sobre los derechos de la infancia. Es c
ierto que es mayor que hace unos años, por lo que debemos alegrarnos y felicitarnos por ello. Pero queda todavía mucho por hacer, tanto en el plano general (difusión de los derechos) c
omo en la c
oncienciación ante determinadas situaciones (castigo físico, maltrato, abuso sexual…). Los derechos de la infancia y el principio del interés superior del menor exigen adoptar una perspectiva educativa y establecer unas prioridades que deben orientar c
ualquier intervención c
on niños, niñas y adolescentes, lo que nos lleva a exhortar a las administraciones públicas a que c
ontinúen y refuercen sus iniciativas de sensibilización social y promoción de los derechos de la infancia.
Debemos destacar, nuevamente, los artículos 12 y 13 de la C
onvención de los Derechos del Niño o, lo que es lo mismo, el derecho a expresar su opinión y a recibir y dar información. Animamos, una vez más, a avanzar en la articulación de c
auces de participación reales y estables, tiempos destinados a ello, mecanismos adecuados, metodologías atractivas, etc. que garanticen la participación de las personas menores de edad en los diferentes ámbitos de afección de sus vidas.