La grave c
risis económica y social exige que las administraciones públicas vascas refuercen los recursos destinados a garantizar la efectividad del derecho fundamental al disfrute de una vivienda digna y adecuada, para que las personas y familias más necesitadas no queden desprotegidas y privadas de un bien de c
arácter esencial.
Precisamente la inestabilidad económica y laboral ha provocado que las personas solicitantes de vivienda protegida en nuestra c
omunidad autónoma demanden prioritariamente el disfrute de una vivienda en régimen de arrendamiento, lo que debe llevar a las administraciones públicas a incrementar sustancialmente la oferta de vivienda protegida en alquiler.
Igualmente las administraciones públicas deben, c
on urgencia, analizar si actualmente los precios de los alquileres públicos son asequibles y adoptar, si fuera necesario, las medidas precisas para que el gasto en vivienda pueda ser asumido, sin dificultad, por las personas beneficiarias de las viviendas de protección pública.
De igual forma estimamos c
onveniente que se potencien nuevas fórmulas de uso y/o asignación de viviendas protegidas promovidas en régimen de c
ompra, c
omo, por ejemplo, el alquiler c
on opción de c
ompra, las autorizaciones temporales de uso en arrendamiento, su recalificación para alquiler, etc.; para que las personas adjudicatarias que no pueden adquirirlas por falta de financiación tengan acceso al disfrute de las mismas.
En las actuales c
ircunstancias resulta imprescindible que se habiliten mecanismos de c
oordinación entre las administraciones públicas c
on c
ompetencias en las áreas de vivienda y de servicios sociales para evitar desahucios y situaciones de pobreza y de exclusión social.