4.Valoraciones
El año 2013 se han recibido 118 quejas escritas en el área de personal al servicio de las administraciones públicas. Esta cifra representa un 4,41% del total de las admitidas a trámite a lo largo de este año.
Las administraciones afectadas han prestado su colaboración a esta institución, aunque también se han dado casos de actitudes renuentes que están dificultando la tramitación de algunas de ellas. Así ha ocurrido con Osakidetza-SVS.
En general, las quejas tramitadas no se han apartado especialmente de las que tradicionalmente v
ienen planteándose en esta área de personal al servicio de las administraciones públicas.
Como v
iene siendo habitual, una parte importante de ellas han estado referidas a cuestiones de acceso al empleo público. Debido a ello, queremos insistir, una v
ez más, en la necesidad de extremar las cautelas para asegurar la máxima transparencia en la gestión de los procedimientos selectivos y cuidar las garantías que asisten a los interesados e interesadas que toman parte en ellos. Continúa siendo una prioridad el asegurar una auténtica igualdad de oportunidades a la ciudadanía interesada en acceder a los empleos públicos.
Precisamente, el sector del empleo público no puede ser ajeno a una lectura del principio de igualdad que, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 9.2 de la CE, lleve a la adopción de medidas de discriminación positiva a favor de colectivos con especiales dificultades de acceso al empleo público.
Entre estos colectivos, en el año 2013, ha sido objeto de especial dedicación el integrado por personas con discapacidad. Así, en el marco de las XXVIII Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, que han v
ersado sobre la aplicación en España de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad, todas las defensorías han instado a las administraciones públicas a que continúen con la adopción de medidas de discriminación positiva para alcanzar la igualdad material de las personas con discapacidad respecto del empleo.
Otra parte importante de las quejas tramitadas han estado relacionadas con cuestiones sobre licencias y permisos, lo que, a nuestro modo de v
er, pone en evidencia también la necesidad de continuar profundizando en las medidas de conciliación de la v
ida familiar y laboral. En este sentido, como hemos tenido ocasión de destacar en anteriores ocasiones, seguiremos atentos para intentar que el impacto de las medidas de contención de gasto que afecta al personal del sector público no comprometa las posibilidades de conciliación de los empleados públicos cuando se v
en en la necesidad de hacer frente a obligaciones como las de la atención de familiares a cargo, etc.
Las medidas de contención de gasto, a las que hicimos más amplia referencia el pasado ejercicio 2012, se han hecho notar este año con ocasión de las quejas recibidas con motivo de declaraciones de jubilaciones forzosas que deniegan la posibilidad de prolongar la situación de servicio activo. En supuestos de jubilación en el sector docente, también están resultando controvertidas las diferencias que se producen entre los distintos regímenes (general y clases pasivas).
Como aspectos de alguna manera novedosos destacaremos la presentación de quejas en las que se ha planteado el derecho de acceso a determinada información y que en adelante deberemos poner en relación con la recientemente aprobada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como la necesaria protección de datos de carácter personal.