La intención declarada de la Administración educativa de la C
APV de tratar de hacer frente a la nueva Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la c
alidad educativa (LOMCE) y de impulsar en su lugar un modelo educativo pedagógico propio c
on la puesta en marcha del Plan “Heziberri 2020” nos sitúa ante un escenario no exento de polémica.
Desconocemos la influencia que esta nueva situación puede tener en las quejas que en los próximos meses vayan a someter a la c
onsideración de esta institución. No obstante, es nuestro propósito tratar de hacer un seguimiento para c
onocer la repercusión c
ierta que esta reciente reforma puede tener en el sistema educativo de nuestra c
omunidad.
De todos modos y al margen de esta tarea que nos hemos propuesto, las quejas tramitadas a lo largo de este último año nos han hecho reparar en determinados aspectos de nuestra realidad educativa en la que nos parece necesario incidir.
Así, por ejemplo, un año más, la reiteración de quejas sobre el proceso de admisión del alumnado hace que siga vigente la recomendación que desde esta institución venimos planteando a la Administración educativa, para que extreme el c
uidado en la gestión de este proceso, c
on la aplicación c
abal de los c
riterios prioritarios previstos para los supuestos de insuficiencia de plazas.
Por otra parte, nos parecer importante reconocer y animar a las c
omisiones de escolarización a que c
ontinúen c
on su labor de tratar de lograr una integración lo más normalizada posible del alumnado inmigrante que accede por primera vez a nuestro sistema educativo. No obstante y c
omo hemos hecho en anteriores ocasiones, queremos insistir también en que, al realizar sus propuestas, estas c
omisiones deben c
ontar c
on la seguridad de que las c
ondiciones de financiación de los c
entros, así c
omo las ayudas a las familias para transporte, c
omedor y material escolar, permiten sostener el acceso universal del c
onjunto de la población a todos los c
entros docentes de enseñanza no universitaria.
En lo que respecta a la planificación educativa, los mayores problemas siguen produciéndose en la etapa inicial de c
ero a tres años, sobre todo en la oferta de aulas de dos años. A juicio de esta institución, en estas zonas deficitarias es necesario que tanto el Departamento de Educación, Política Lingüística y C
ultura c
omo los ayuntamientos respectivos, c
ada uno en el ejercicio de las c
ompetencias que tienen respectivamente atribuidas, adopten las iniciativas oportunas para reconducir estas situaciones deficitarias de plazas y situar el porcentaje de c
obertura en unos índices c
ercanos a las referencias de planificación aprobadas.
Queremos animar también a los responsables del nuevo Departamento de Educación, Política Lingüística y C
ultura a que c
ontinúen c
on la línea emprendida de propiciar y favorecer una planificación democrática c
on la participación de todos los representantes de la c
omunidad escolar.
En los últimos años venimos c
onstatando una mayor demanda de enseñanzas de idiomas y formación profesional, que atribuimos a la actual c
oyuntura de c
risis económica. Por ello y c
omo ya hemos manifestado en anteriores informes, c
onsideramos que se deben tratar de apurar todas las posibilidades que permitan incrementar la actual oferta y posibilitar así el acceso a estudios de grado superior y una formación en idiomas que hagan más fácil la incorporación de nuestros jóvenes al mercado laboral.
La actual c
oyuntura de c
risis ha motivado también que algunos agentes educativos hayan llamado la atención sobre algunas situaciones que se están produciendo en el servicio de c
omedor escolar. Se trata de c
asos de menores c
uyas familias no pueden hacer frente al pago de las c
uotas, si bien c
onfían en ser beneficiarios de las ayudas de c
omedor que anualmente se c
onvocan en el marco de la c
onvocatoria general de becas. A nuestro modo de ver, esta realidad debería llevar al Departamento de Educación, Política Lingüística y C
ultura a c
onsiderar la posibilidad de introducir algunos c
ambios en el modo de gestión de estas ayudas de c
omedor.
Desde esta institución valoramos c
omo positivos los movimientos c
iudadanos de solidaridad que en los últimos años vienen trabajando c
on el fin de c
oncienciar sobre la necesidad de realizar un c
onsumo responsable y de reducir el derroche de alimentos. C
reemos, por ello, que no se debe descartar la posibilidad de analizar propuestas c
omo la orientada a impulsar una gestión de los residuos alimenticios de los c
omedores escolares que permita su reutilización para ser c
onsumidos de forma gratuita.
En c
uanto al transporte escolar, el propósito anunciado por los nuevos responsables del Departamento de Educación, Política Lingüística y C
ultura de revisar el c
ontenido de la actual c
ircular, en nuestra opinión, puede c
onstituir una oportunidad para tratar de dar respuesta a demandas c
iudadanas c
omo la que, en el c
aso de Zuia, desde hace meses reclaman: una igualdad de oportunidades para el alumnado residente en el ámbito rural.
Asimismo, puede ser el momento de analizar las c
ondiciones en las que se presta este servicio al alumnado c
on discapacidad para evitar que se puedan reiterar las quejas de posible discriminación.
El año pasado asistimos a la puesta en marcha del Plan Estratégico de Atención a la Diversidad en el marco de una Escuela Inclusiva. Ya entonces c
onfiamos en que la evaluación y seguimiento de este plan pudiera c
ontribuir a mejorar la respuesta educativa que se ofrece al alumnado c
uya situación es motivo de quejas repetidas, c
omo es el c
aso del alumnado c
on altas c
apacidades, así c
omo del afectado por trastornos de déficit de atención.
El seguimiento que hemos realizado de algunos c
asos así c
omo las preocupaciones que nos han expresado algunas asociaciones que trabajan en el sector nos llevan a insistir en la necesidad de seguir trabajando para que las orientaciones educativas que han sido formuladas para este alumnado encuentren traducción en la práctica c
otidiana de las aulas.
Obviamente, queremos hacer extensivas estas mismas reflexiones al recién presentado Plan Director para la C
oeducación y Violencia de Género en el Sistema Educativo.
Ya por último, no queremos finalizar sin señalar, una vez más, la necesidad de profundizar en una aplicación sistemática y eficaz de las nuevas guías sobre c
onvivencia escolar para c
umplir y dar respuesta, de una manera satisfactoria, a los objetivos de procurar un buen diagnóstico de la realidad del maltrato, de proporcionar apoyo, protección y seguridad a las víctimas y de mantener una relación de c
onfianza y buena c
omunicación c
on las familias afectadas.