5.Valoración del estado de los derechos ciudadanos
La intención declarada de la Administración educativa de la CAPV de tratar de hacer frente a la nueva Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) y de impulsar en su lugar un modelo educativo pedagógico propio con la puesta en marcha del Plan “Heziberri 2020” nos sitúa an
te un escenario no exento de polémica.
Desconocemos la influencia que esta nueva situación puede tener en las quejas que en los próximos meses vayan a someter a la consideración de esta institución. No obstante, es nuestro propósito tratar de hacer un seguimiento para conocer la repercusión cierta que esta reciente reforma puede tener en el sistema educativo de nuestra comunidad.
De todos modos y al margen de esta tarea que nos hemos propuesto, las quejas tramitadas a lo largo de este último año nos han hecho reparar en determinados aspectos de nuestra realidad educativa en la que nos parece necesario incidir.
Así, por ejemplo, un año más, la reiteración de quejas sobre el proceso de admisión del alumnado hace que siga vigente la recomendación que desde esta institución venimos planteando a la Administración educativa, para que extreme el cuidado en la gestión de este proceso, con la aplicación cabal de los criterios prioritarios previstos para los supuestos de insuficiencia de plazas.
Por otra parte, nos parecer importante reconocer y an
imar a las comisiones de escolarización a que continúen con su labor de tratar de lograr una integración lo más normalizada posible del alumnado inmigrante que accede por primera vez a nuestro sistema educativo. No obstante y como hemos hecho en an
teriores ocasiones, queremos insistir también en que, al realizar sus propuestas, estas comisiones deben contar con la seguridad de que las condiciones de financiación de los centros, así como las ayudas a las familias para transporte, comedor y material escolar, permiten sostener el acceso universal del conjunto de la población a todos los centros docentes de enseñanza no universitaria.
En lo que respecta a la planificación educativa, los mayores problemas siguen produciéndose en la etapa inicial de cero a tres años, sobre todo en la oferta de aulas de dos años. A juicio de esta institución, en estas zonas deficitarias es necesario que tanto el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura como los ayuntamientos respectivos, cada uno en el ejercicio de las competencias que tienen respectivamente atribuidas, adopten las iniciativas oportunas para reconducir estas situaciones deficitarias de plazas y situar el porcentaje de cobertura en unos índices cercanos a las referencias de planificación aprobadas.
Queremos an
imar también a los responsables del nuevo Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura a que continúen con la línea emprendida de propiciar y favorecer una planificación democrática con la participación de todos los representantes de la comunidad escolar.
En los últimos años venimos constatando una mayor demanda de enseñanzas de idiomas y formación profesional, que atribuimos a la actual coyuntura de crisis económica. Por ello y como ya hemos manifestado en an
teriores informes, consideramos que se deben tratar de apurar todas las posibilidades que permitan incrementar la actual oferta y posibilitar así el acceso a estudios de grado superior y una formación en idiomas que hagan más fácil la incorporación de nuestros jóvenes al mercado laboral.
La actual coyuntura de crisis ha motivado también que algunos agentes educativos hayan llamado la atención sobre algunas situaciones que se están produciendo en el servicio de comedor escolar. Se trata de casos de menores cuyas familias no pueden hacer frente al pago de las cuotas, si bien confían en ser beneficiarios de las ayudas de comedor que an
ualmente se convocan en el marco de la convocatoria general de becas. A nuestro modo de ver, esta realidad debería llevar al Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura a considerar la posibilidad de introducir algunos cambios en el modo de gestión de estas ayudas de comedor.
Desde esta institución valoramos como positivos los movimientos ciudadanos de solidaridad que en los últimos años vienen trabajando con el fin de concienciar sobre la necesidad de realizar un consumo responsable y de reducir el derroche de alimentos. Creemos, por ello, que no se debe descartar la posibilidad de an
alizar propuestas como la orientada a impulsar una gestión de los residuos alimenticios de los comedores escolares que permita su reutilización para ser consumidos de forma gratuita.
En cuanto al transporte escolar, el propósito an
unciado por los nuevos responsables del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura de revisar el contenido de la actual circular, en nuestra opinión, puede constituir una oportunidad para tratar de dar respuesta a demandas ciudadanas como la que, en el caso de Zuia, desde hace meses reclaman: una igualdad de oportunidades para el alumnado residente en el ámbito rural.
Asimismo, puede ser el momento de an
alizar las condiciones en las que se presta este servicio al alumnado con discapacidad para evitar que se puedan reiterar las quejas de posible discriminación.
El año pasado asistimos a la puesta en marcha del Plan Estratégico de Atención a la Diversidad en el marco de una Escuela Inclusiva. Ya entonces confiamos en que la evaluación y seguimiento de este plan pudiera contribuir a mejorar la respuesta educativa que se ofrece al alumnado cuya situación es motivo de quejas repetidas, como es el caso del alumnado con altas capacidades, así como del afectado por trastornos de déficit de atención.
El seguimiento que hemos realizado de algunos casos así como las preocupaciones que nos han expresado algunas asociaciones que trabajan en el sector nos llevan a insistir en la necesidad de seguir trabajando para que las orientaciones educativas que han sido formuladas para este alumnado encuentren traducción en la práctica cotidiana de las aulas.
Obviamente, queremos hacer extensivas estas mismas reflexiones al recién presentado Plan Director para la Coeducación y Violencia de Género en el Sistema Educativo.
Ya por último, no queremos finalizar sin señalar, una vez más, la necesidad de profundizar en una aplicación sistemática y eficaz de las nuevas guías sobre convivencia escolar para cumplir y dar respuesta, de una manera satisfactoria, a los objetivos de procurar un buen diagnóstico de la realidad del maltrato, de proporcionar apoyo, protección y seguridad a las víctimas y de mantener una relación de confianza y buena comunicación con las familias afectadas.