1.El área en cifras
En el año 2013 se han tramitado un total de 149 expedientes de queja en el área de educaci
ón.
Las administraciones afectadas han sido:
– Administración General de la Comunidad Autónoma (Gobierno Vasco) 115
– UPV/EHU 10
– Administración local 4
– Administración foral 1
Como viene siendo habitual, el ahora llamado Departamento de Educaci
ón, Política Lingüística y Cultura sigue acaparando la mayoría de las quejas presentadas. Por ello, pese a las incidencias puntuales que en ocasiones se han producido (retraso en los envíos de información, etc.) queremos destacar la actitud de colaboración que han mostrado los responsables de este departamento y que, salvo excepciones, ha permitido una adecuada tramitación de la mayoría de los asuntos que hemos conocido a modo de queja.
Por lo que respecta a su contenido, las quejas recibidas han estado referidas a las siguientes materias:
– Admisión de alumnos 30
– Becas y otras ayudas 27
– Derechos y deberes 17
– Funcionamiento de la Administración y procedimiento administrativo 14
– Necesidades educativas especiales 11
– Enseñanza universitaria 9
– Enseñanza de idiomas 7
– Transporte escolar 6
– Situaciones de maltrato o acoso escolar 5
– Enseñanzas artísticas 5
– Comedor escolar 5
– Educación infantil 4
– Formación profesional 3
– Planificación/programación educativa 3
– Régimen de contratación, patrimonio y responsabilidad administrativa 1
– Centros educativos - instalaciones 1
– Bachillerato 1
En general, se mantiene la tónica de ejercicios anteriores y los motivos de queja, tal y como se puede comprobar en el apartado de quejas destacadas que se incluye a continuación, no se apartan especialmente de los de años precedentes.
En cuanto al detalle de la tramitación de los expedientes de queja gestionados a lo largo de este año, cabe señalar que de todas las quejas recibidas a lo largo de 2013, más las que seguían en curso a 1 de enero de 2013, su situación es la siguiente al abordar la redacción del presente informe:
TOTAL | En trámite | Concluidas | Actuación incorrecta | Actuación no incorrecta | Asesoramiento e información a la ciudadanía | Inadmisión sobrevenida |
186 | 43 | 106 | 27 | 78 | 1 | 37 |
2.Quejas destacadas
El proceso anual de admisión del alumnado sigue dando lugar a un significativo número de quejas. En la mayoría de ellas se ha denunciado la utilización abusiva de los datos de padrón. Ello pone en evidencia, una vez más, la falta de medidas para atajar este tipo de prácticas que tratan de reforzar las posibilidades de acceso a determinados centros educativos haciendo valer el criterio prioritario de proximidad de domicilio familiar.
No obstante, también se han recibido quejas sobre la aplicación de otros criterios prioritarios de admisión como el relativo a la renta familiar. Una de estas últimas quejas ha motivado que hayamos dictado la Resolución del Ararteko de 28 de octubre de 2013, en la que se recuerda a los responsables educativos la necesidad de ajustarse a las correspondientes normas forales reguladoras del impuesto sobre la renta de las personas físicas al determinar lo que se debe entender como unidad familiar, e instamos, en consecuencia, a que revisen la decisión adoptada con respecto a una solicitud de admisión formulada en el proceso de admisión del alumnado convocado para el curso académico 2013-2014.
Este año se han repetido también las quejas en las que, debido a la falta de plazas suficientes para atender la totalidad de la demanda planteada, se ha solicitado el incremento de la ratio autorizada, para lograr así el agrupamiento de hermanos, etc. Como en ocasiones anteriores, desde esta institución hemos hecho saber a los interesados que la superación de las ratios vigentes solo tiene lugar, de manera excepcional, por motivos tasados, previa solicitud expresa por parte de los centros, y que la previsión existente para ampliar la ratio en un diez por ciento está orientada a posibilitar la escolarización del alumnado que deba ser escolarizado una vez comenzado el curso.
Fuera de este proceso ordinario de carácter anual, la admisión del alumnado se gestiona mediante las comisiones territoriales de escolarización, las cuales, al plantear sus propuestas, además de la voluntad expresada por las familias, deben perseguir una integración lo más normalizada posible en nuestro sistema educativo, atendiendo, de manera particular, a los criterios que siguen: 1) la proximidad del centro en relación al domicilio familiar y existencia de hermanos ya escolarizados; 2) el equilibrio entre todos los centros (públicos y concertados) sostenidos con fondos públicos; 3) el aprovechamiento eficiente de los recursos técnicos y humanos existentes en los centros y 4) la idoneidad del centro para dar la mejor respuesta educativa al alumno/a.
Las quejas recibidas el año 2013 nos han permitido comprobar que, en general, estas comisiones han actuado de manera correcta. Queremos destacar a este respecto, a modo de ejemplo, las decisiones tomadas en el municipio de Ondarroa, donde los alumnos recién incorporados lo han sido en centros concertados habiéndose logrado así un reparto equilibrado de los mismos.
Aun cuando en estos momentos sigue pendiente de resolución definitiva, consideramos que debemos hacer referencia a una queja en la que se cuestiona la procedencia de que la Administración educativa pueda señalar la escolarización en un centro concertado próximo al lugar de residencia, pese a la existencia de una oferta pública en zonas limítrofes, haciendo depender de ello el reconocimiento o no del servicio complementario de transporte escolar. En definitiva, la Administración educativa parece asumir la posibilidad de limitar el derecho a la libre elección de centro de los padres o tutores, aun cuando lo sea de manera indirecta, dada su negativa a reconocer el servicio complementario de transporte escolar, en aquellos casos en los que el modelo lingüístico demandado no sea ofertado por centros públicos de la zona, pero sí lo haga, en cambio, algún centro concertado.
En lo que respecta a cuestiones de planificación educativa, tal y como viene siendo habitual, las mayores dificultades continúan teniendo lugar en la etapa inicial entre cero a tres años, sobre todo en la oferta de aulas de dos años.
Han sido varias las localidades que han dado lugar a la presentación de quejas (Vitoria-Gasteiz, Ermua, Hernani…). Pero de todas ellas creemos de interés destacar el caso de Barakaldo.
Ya en nuestro último informe anual correspondiente al año 2012 nos hicimos eco de la queja presentada ante esta institución con el fin de canalizar la demanda ciudadana existente en este municipio. En estos momentos, cabe afirmar que el municipio de Barakaldo es una de las zonas más deficitarias en matrícula pública en el tramo de cero a dos años. Así lo señalan los datos del último informe del Consejo Escolar de Euskadi “La Educaci
ón en Euskadi 2010-2012” y lo corroboran también los datos facilitados por el Ayuntamiento con respecto al número de solicitudes de admisión recibidas en las escuelas infantiles municipales que no han podido ser atendidas.
La tramitación seguida en torno a esta queja nos ha hecho recordar algunas de las reflexiones que incluíamos en nuestro Informe anual al Parlamento Vasco correspondiente al año 2003, cuando nos referíamos al proceso de implantación de la atención educativa a los niños y niñas de cero a tres años. A nuestro modo de ver, esta queja es un ejemplo demostrativo de las consecuencias que se pueden seguir de la renuncia de la Administración educativa a liderar una oferta propia cuando la iniciativa municipal rechaza su integración en el Consorcio.
Pero, con todo, a juicio de esta institución, es necesario que el Departamento de Educaci
ón, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, junto con el Ayuntamiento de Barakaldo, en el ejercicio de las competencias que tienen respectivamente atribuidas, adopten las iniciativas oportunas que permitan reconducir esta situación deficitaria de plazas en el tramo de cero a dos años y situar el porcentaje de cobertura en unos índices cercanos a las referencias de planificación aprobadas.
Siguiendo con cuestiones referidas a planificación, destacaremos también la queja promovida por la Asociación de Padres-Madres de la escuela pública La Baluga “Handitzen”, quienes demandan para Sopuerta una oferta educativa pública, también en la etapa de educación primaria.
En este caso ha surgido una cuestión incidental que está condicionando las posibilidades de actuación de la Administración educativa. Se trata de las obligaciones dispuestas en la escritura de donación de la finca que acoge las instalaciones de la escuela infantil. La intervención de esta institución ha permitido a los interesados tener acceso a los informes jurídicos que obran como documentación en el expediente.
No obstante, más allá de esta cuestión incidental de cuya relevancia nos hacemos cargo, entendemos que la Administración educativa no puede dejar de considerar su responsabilidad en lo que se refiere a la programación de una oferta educativa que dé cumplida respuesta a esta demanda que trata de promover en Sopuerta una oferta educativa pública también en la etapa de educaci
ón primaria.
Mencionaremos por último la queja tramitada en relación con la oferta programada de enseñanzas en euskera en el Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga de Bilbao. En nuestra opinión, la planificación aprobada para el presente curso 2013-2014 ha ignorado el compromiso previamente adquirido de abrir un grupo más de euskera en grado elemental en la planificación del curso 2013-14, para que la oferta esté equilibrada (dos grupos en euskera y dos en castellano), sin que el equipo directivo haya ofrecido una explicación suficiente como para justificar dicha decisión.
Este año 2013 se ha mantenido la tónica que ya destacamos el pasado año con respecto al incremento de quejas referidas a las enseñanzas de formación profesional y que, según nuestro criterio, puede obedecer a la actual coyuntura de crisis económica, que empuja a muchos jóvenes a completar su formación con estudios que les puedan facilitar su incorporación al mercado laboral.
Una parte de ellas han querido poner de relieve la falta de plazas suficientes para atender la demanda creciente de este tipo de estudios. En otras, se han denunciado los incidentes habituales de gestión en las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior cuando se trata de candidatos que, habiendo superado previamente un ciclo de grado medio, confían en quedar exentos de la parte específica de la que consta la prueba. El pasado año 2012, la actitud colaboradora del Departamento de Educaci
ón permitió subsanar los errores denunciados. Sin embargo, este año no todos los casos se han resuelto de manera satisfactoria. A nuestro juicio, los nuevos responsables deberían plantearse reconsiderar el modo en que se gestionan estas convocatorias de pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior, para evitar que este tipo de errores puedan truncar las expectativas de formación de los candidatos interesados que tiene superado un ciclo de grado medio.
En cuanto a la enseñanza de idiomas, este año debemos destacar la modificación normativa introducida en el baremo de admisión a los centros públicos que imparten estos estudios. En el informe del ejercicio anterior, reflejábamos de modo especial las quejas presentadas con origen en la circunstancia de que los solicitantes mayores de cuarenta años no recibían puntuación por el apartado de edad frente a la otorgada a los encuadrados en otros tramos. Esta situación ha sufrido un cambio, puesto que la Orden de 3 de julio de 2013, reguladora de la admisión y matriculación del alumnado interesado en estas enseñanzas, no establece diferencias entre los mayores de dieciocho años.
Esta normativa de admisión ha motivado, sin embargo, la interposición de nuevas quejas debido a las limitaciones impuestas a las personas inmigrantes que carecen de número de identificación de extranjeros (NIE).
A este respecto, los responsables educativos han defendido que la ordenación de las enseñanzas que efectúa la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci
ón y que distingue las enseñanzas de idiomas como enseñanzas de régimen especial, permite matizar el alcance de la sentencia núm. 236/2007, de 7 de noviembre, del Tribunal Constitucional (RTC 2007236), si bien han mostrado su compromiso de permitir la matriculación de las personas extranjeras, sin necesidad de exigirles el Número de Identificación de Extranjeros (NIE), cuando queden plazas vacantes una vez finalizados los procesos de admisión y matriculación del alumnado.
Por otra parte, este año se han presentado varias quejas relacionadas con la exención de la asignatura de lengua vasca y literatura. Como es sabido, el Departamento de Educaci
ón determina curso a curso los términos que pueden dar lugar a que el alumnado que haya iniciado sus estudios en un sistema educativo que no incluya el área o materia de Lengua y Literatura Vasca pueda ser eximido de la enseñanza y/o evaluación de esta asignatura. Precisamente las instrucciones dictadas para el pasado curso 2012-2013 limitaban la posibilidad de prórroga de la exención de evaluación hasta un máximo de cuatro cursos. Los alumnos que promovían estas quejas se habían incorporado al sistema educativo de la CAPV en el curso 2008-2009. De ahí la negativa fundamentada de la Administración educativa a autorizar la nueva exención, al haber completado todos ellos los cuatro cursos a los que se puede extender esta prórroga excepcional.
Creemos de interés destacar también la queja tramitada a instancia de una interesada cuya pretensión era la de ver reconocida la exención de la necesidad de acreditar los títulos o certificaciones equivalentes al nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, tras haber cursado en euskera los estudios conducentes a la titulación de diplomada en Enfermería, en aplicación de lo dispuesto en el Decreto 47/2012, de 3 de abril, de reconocimiento de los estudios oficiales realizados en euskera y de exención de la acreditación con títulos y certificaciones lingüísticas en euskera.
Gracias a nuestra intervención, la interesada ha logrado que la Dirección de su Escuela haya emitido un último certificado agregando a los créditos correspondientes a las asignaturas íntegramente cursadas euskera los correspondientes a las asignaturas cursadas parcialmente en euskera y superar así el mínimo de 144 ECTS necesarios para lograr la exención de acreditación del nivel equivalente a C1 cuando se trata de titulaciones universitarias.
En cuanto al servicio complementario de transporte escolar, debemos señalar que no hemos cerrado aún la intervención iniciada a instancia de varios representantes de los consejos escolares, así como de las asociaciones de madres y padres de los centros educativos del municipio alavés de Zuia, debido a la decisión adoptada por la Administración educativa de suspender el servicio de transporte escolar que se prestaba al alumnado residente en las localidades de Ametzaga, Sarria y Bitoriano.
Hasta el momento, los responsables del departamento vienen reafirmándose en que la decisión adoptada se ajusta al marco normativo vigente e insisten en que no cabe obviar el requisito referido a la distancia entre el domicilio y el centro educativo. No obstante, en fecha reciente, han manifestado también que, conscientes de las dificultades que en algún caso plantea su aplicación, han considerado oportuno analizar la circular anual, para estudiar la posibilidad de introducir cambios en ella.
Queremos destacar, por otra parte, que nos estamos interesando por la queja que ha promovido la familia de un joven con discapacidad obligado a desplazarse en silla de ruedas. A decir de esta familia, la actual organización del servicio de transporte escolar resulta discriminatoria para el alumnado con discapacidad.
En lo que respecta al servicio de comedor escolar, en el año 2013 algunos agentes educativos nos han mostrado su preocupación por la situación de algunos menores cuyas familias no pueden hacer frente al abono de las cuotas de comedor, aun cuando esperan ser beneficiarios de las ayudas de comedor que anualmente se convocan en el marco de la convocatoria general de becas, ya que las instrucciones relativas al funcionamiento de este servicio establecen que el impago reiterado de las cuotas podrá dar lugar a la pérdida de la plaza de comedor.
Gracias a nuestra intervención, además de lograr la resolución de casos puntuales, hemos arrancado de la Administración educativa el compromiso de remitir a todos los centros educativos una instrucción, con el fin de evitar en lo posible que se puedan dar este tipo de situaciones.
Hemos recibido también propuestas por parte de algunas asociaciones que tratan de impulsar una gestión de los residuos alimenticios de los comedores escolares que permita su reutilización para ser consumidos de forma gratuita. Movidos por ello, nos decidimos a elaborar un artículo de opinión con el título “Otra austeridad es posible”, en el que nos hacíamos eco de los movimientos ciudadanos de solidaridad que en los últimos años vienen trabajando con el fin de concienciar sobre la necesidad de realizar un consumo responsable y de reducir el derroche de alimentos.
En cuanto al alumnado con necesidades educativas especiales, a lo largo de este año hemos hecho un seguimiento de la respuesta educativa que se ofrece a determinados alumnos con condiciones personales de sobredotación o que presenta trastornos de déficit de atención.
Esta labor nos ha permitido apreciar la existencia de un importante desencuentro con respecto a la respuesta educativa que en estos momentos se está ofreciendo a estos alumnos, lo que, a nuestro modo de ver, obliga a profundizar en la línea de una buena relación de colaboración familia-escuela para el abordaje educativo de este alumnado, tal y como lo recomiendan los recientes documentos que incluyen orientaciones educativas para el alumnado con altas capacidades intelectuales. A este respecto, algunas asociaciones han mostrado también su preocupación porque muchas de estas orientaciones no se materializan o no se siguen en la práctica cotidiana de las aulas.
Por su parte, la Federación Vasca de Asociaciones de Personas Sordas “Euskal Gorrak” ha continuado remitiéndonos quejas sobre el alumnado con discapacidad auditiva, en especial al que sigue determinados estudios de formación profesional.
En cuanto a centros educativos, el estudio de una queja promovida por una madre que cuestionaba el modo en que un centro educativo programaba las actividades complementarias nos ha llevado a señalar que los centros docentes, en ejercicio de su autonomía pedagógica, pueden establecer aquellas actividades complementarias que consideren precisas para asegurar su proyecto pedagógico y curricular. Estas actividades deberán tener carácter voluntario. Por ello, si no se toma parte en ellas, los centros deberán ofrecer una atención educativa sustitutiva que sea equiparable y permita alcanzar los mismos objetivos curriculares a los que obedezcan las actividades didácticas complementarias programadas.
En lo tocante a la gestión económico-financiera, hemos señalado también que si las disponibilidades presupuestarias lo permiten, los centros podrán programar estas actividades de manera gratuita. Si ello no fuera posible, no cabe descartar que los centros puedan requerir el apoyo de las familias con el establecimiento de aportaciones económicas, pero con la cautela de posibles medidas compensatorias orientadas a garantizar el carácter inclusivo y accesible de estas actividades complementarias para todo el alumnado.
Precisamente, el respeto a la autonomía pedagógica y de gestión de los centros docentes hizo que en un primer momento la inspección educativa no entrase a valorar la idoneidad de determinados contenidos de un libro de texto. No obstante, más adelante, responsables del Departamento de Educaci
ón, Política Lingüística y Cultura, junto con Emakunde, han remitido un escrito a la editorial afectada, en el que se hacen eco de la puesta en marcha del Plan Director para la Coeducación y Violencia de Género en el Sistema Educativo, uno de cuyos retos es introducir la perspectiva de género en la cultura, en las políticas y en las prácticas de los centros desde una perspectiva integral, potenciando la elección de libros de texto y materiales didácticos inclusivos y coeducativos. En consonancia con ello, han recomendado a la editorial afectada la modificación de los contenidos denunciados y la edición de materiales basados en modelos coeducativos que garanticen la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
En el apartado de convivencia, este año tampoco han faltado quejas de familias de alumnos que han requerido la pronta reacción o intervención de la Administración educativa ante situaciones de conflicto, que, en general, se han reconducido de forma adecuada.
También hemos conocido el caso de una funcionaria docente, víctima de agresión por parte de varios alumnos, que ha solicitado la mediación de esta institución, ya que consideraba que la Administración educativa no había seguido las pautas de la “Guía de Actuación en caso de agresión al personal de los centros educativos”.
Como viene siendo habitual, continuamos recibiendo un importante número de quejas referidas a becas y otras ayudas, sin que las causas que las motivan presenten novedades de relieve con relación a otros informes. Así, se reproducen los supuestos fundados en razones formales: demoras en resolver reclamaciones y recursos, retrasos en el abono de ayudas reconocidas. En cuanto a las originadas por razones materiales, se concretan en los supuestos de disconformidad con desestimaciones y desacuerdos con las exigencias previstas en las convocatorias, sobre todo los requisitos de orden económico.
No obstante, este año merece mención especial la queja presentada con motivo de la decisión adoptada por la Administración educativa con respecto a las llamadas becas de excelencia académica.
En el apartado de enseñanzas universitarias, varias de las quejas recibidas han estado relacionadas con incidentes de admisión. Con respecto a éstas, desde esta institución hemos aprovechado el dictado de la resolución que ha puesto fin a la tramitación de las quejas para recomendar a la UPV/EHU que sea más diligente en la resolución de las reclamaciones y recursos que se puedan promover sobre las solicitudes de traslado y convalidación de asignaturas, para evitar que los eventuales interesados se vean forzados a desistir de sus traslados por la demora en los plazos de resolución.
También han sido motivo de queja algunos incidentes de evaluación, que, gracias a la colaboración, han sido debidamente aclarados.
3.Contexto social y normativo
Con fecha de 10 de diciembre de 2013 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
Esta ley ha resultado muy polémica y ha generado un importante rechazo en amplios sectores de la comunidad educativa y, de hecho, ya se ha anunciado la interposición de recursos ante el Tribunal Constitucional.
Por su parte, el Departamento de Educaci
ón, Política Lingüística y Cultura ha impulsado la puesta en marcha del Plan “Heziberri 2020”, que ha sido presentado como una iniciativa que pretende dar respuesta al rechazo unánime a la LOMCE, tantas veces manifestado por el Departamento de Educaci
ón, Política Lingüística y Cultura y por los principales agentes de la comunidad educativa vasca.
Este plan incluye tres proyectos, distintos pero complementarios entre sí, que tienen como objetivo contribuir a la mejora de la calidad y excelencia del sistema educativo, a saber:
Primer proyecto: elaborar y consensuar el "Marco del modelo educativo pedagógico propio".
Segundo proyecto: elaborar y consensuar los decretos por los que se establecen los currículos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Tercer proyecto: dar pasos hacia una Ley Vasca de Educaci
ón.
4.Otras intervenciones en el marco del plan de actuación
El año pasado conocimos un primer avance del diagnóstico que había realizado el Departamento de Educaci
ón, Universidades e Investigación en torno al primer ciclo de educaci
ón infantil.
En el marco de este diagnóstico, la Inspección educativa elaboró un informe en torno a la presencia de personal ayudante para las aulas de dos años en centros públicos dependientes de la Administración educativa, habiendo analizado aspectos tales como: (1) la cuantificación de la presencia de personal ajeno al Departamento de Educaci
ón en las aulas de dos años; (2) las modalidades del servicio que ofertan, tipología de contratos y agentes que contratan; (3) horarios de presencia y tipos de intervención de este personal en las aulas; y (4) cuotas a pagar por las familias.
Pero, más allá de esta información, únicamente nos constaba el propósito del departamento de precisar las líneas de intervención necesarias y de establecer un calendario de actuación al efecto. Desconocíamos, por tanto, los posibles resultados que se pudieran seguir de esta actuación.
Las gestiones realizadas con los nuevos responsables nos han permitido conocer que el actual Departamento de Educaci
ón, Política Lingüística y Cultura es consciente del problema que representan estas contrataciones ajenas al sistema ordinario de contratación del personal docente y de apoyo educativo. Por ello, se ha comprometido a continuar la intervención junto con BIGE como representantes de las AMPAS y Sarean como organismo representativo de las direcciones de los centros, para que no procedan a la renovación de las contrataciones existentes. Asimismo, se ha comprometido a que los servicios de planificación de las delegaciones territoriales analicen la situación de los centros que prescindan de los apoyos de las personas contratadas por las AMPAS.
5.Valoración del estado de los derechos ciudadanos
La intención declarada de la Administración educativa de la CAPV de tratar de hacer frente a la nueva Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) y de impulsar en su lugar un modelo educativo pedagógico propio con la puesta en marcha del Plan “Heziberri 2020” nos sitúa ante un escenario no exento de polémica.
Desconocemos la influencia que esta nueva situación puede tener en las quejas que en los próximos meses vayan a someter a la consideración de esta institución. No obstante, es nuestro propósito tratar de hacer un seguimiento para conocer la repercusión cierta que esta reciente reforma puede tener en el sistema educativo de nuestra comunidad.
De todos modos y al margen de esta tarea que nos hemos propuesto, las quejas tramitadas a lo largo de este último año nos han hecho reparar en determinados aspectos de nuestra realidad educativa en la que nos parece necesario incidir.
Así, por ejemplo, un año más, la reiteración de quejas sobre el proceso de admisión del alumnado hace que siga vigente la recomendación que desde esta institución venimos planteando a la Administración educativa, para que extreme el cuidado en la gestión de este proceso, con la aplicación cabal de los criterios prioritarios previstos para los supuestos de insuficiencia de plazas.
Por otra parte, nos parecer importante reconocer y animar a las comisiones de escolarización a que continúen con su labor de tratar de lograr una integración lo más normalizada posible del alumnado inmigrante que accede por primera vez a nuestro sistema educativo. No obstante y como hemos hecho en anteriores ocasiones, queremos insistir también en que, al realizar sus propuestas, estas comisiones deben contar con la seguridad de que las condiciones de financiación de los centros, así como las ayudas a las familias para transporte, comedor y material escolar, permiten sostener el acceso universal del conjunto de la población a todos los centros docentes de enseñanza no universitaria.
En lo que respecta a la planificación educativa, los mayores problemas siguen produciéndose en la etapa inicial de cero a tres años, sobre todo en la oferta de aulas de dos años. A juicio de esta institución, en estas zonas deficitarias es necesario que tanto el Departamento de Educaci
ón, Política Lingüística y Cultura como los ayuntamientos respectivos, cada uno en el ejercicio de las competencias que tienen respectivamente atribuidas, adopten las iniciativas oportunas para reconducir estas situaciones deficitarias de plazas y situar el porcentaje de cobertura en unos índices cercanos a las referencias de planificación aprobadas.
Queremos animar también a los responsables del nuevo Departamento de Educaci
ón, Política Lingüística y Cultura a que continúen con la línea emprendida de propiciar y favorecer una planificación democrática con la participación de todos los representantes de la comunidad escolar.
En los últimos años venimos constatando una mayor demanda de enseñanzas de idiomas y formación profesional, que atribuimos a la actual coyuntura de crisis económica. Por ello y como ya hemos manifestado en anteriores informes, consideramos que se deben tratar de apurar todas las posibilidades que permitan incrementar la actual oferta y posibilitar así el acceso a estudios de grado superior y una formación en idiomas que hagan más fácil la incorporación de nuestros jóvenes al mercado laboral.
La actual coyuntura de crisis ha motivado también que algunos agentes educativos hayan llamado la atención sobre algunas situaciones que se están produciendo en el servicio de comedor escolar. Se trata de casos de menores cuyas familias no pueden hacer frente al pago de las cuotas, si bien confían en ser beneficiarios de las ayudas de comedor que anualmente se convocan en el marco de la convocatoria general de becas. A nuestro modo de ver, esta realidad debería llevar al Departamento de Educaci
ón, Política Lingüística y Cultura a considerar la posibilidad de introducir algunos cambios en el modo de gestión de estas ayudas de comedor.
Desde esta institución valoramos como positivos los movimientos ciudadanos de solidaridad que en los últimos años vienen trabajando con el fin de concienciar sobre la necesidad de realizar un consumo responsable y de reducir el derroche de alimentos. Creemos, por ello, que no se debe descartar la posibilidad de analizar propuestas como la orientada a impulsar una gestión de los residuos alimenticios de los comedores escolares que permita su reutilización para ser consumidos de forma gratuita.
En cuanto al transporte escolar, el propósito anunciado por los nuevos responsables del Departamento de Educaci
ón, Política Lingüística y Cultura de revisar el contenido de la actual circular, en nuestra opinión, puede constituir una oportunidad para tratar de dar respuesta a demandas ciudadanas como la que, en el caso de Zuia, desde hace meses reclaman: una igualdad de oportunidades para el alumnado residente en el ámbito rural.
Asimismo, puede ser el momento de analizar las condiciones en las que se presta este servicio al alumnado con discapacidad para evitar que se puedan reiterar las quejas de posible discriminación.
El año pasado asistimos a la puesta en marcha del Plan Estratégico de Atención a la Diversidad en el marco de una Escuela Inclusiva. Ya entonces confiamos en que la evaluación y seguimiento de este plan pudiera contribuir a mejorar la respuesta educativa que se ofrece al alumnado cuya situación es motivo de quejas repetidas, como es el caso del alumnado con altas capacidades, así como del afectado por trastornos de déficit de atención.
El seguimiento que hemos realizado de algunos casos así como las preocupaciones que nos han expresado algunas asociaciones que trabajan en el sector nos llevan a insistir en la necesidad de seguir trabajando para que las orientaciones educativas que han sido formuladas para este alumnado encuentren traducción en la práctica cotidiana de las aulas.
Obviamente, queremos hacer extensivas estas mismas reflexiones al recién presentado Plan Director para la Coeducación y Violencia de Género en el Sistema Educativo.
Ya por último, no queremos finalizar sin señalar, una vez más, la necesidad de profundizar en una aplicación sistemática y eficaz de las nuevas guías sobre convivencia escolar para cumplir y dar respuesta, de una manera satisfactoria, a los objetivos de procurar un buen diagnóstico de la realidad del maltrato, de proporcionar apoyo, protección y seguridad a las víctimas y de mantener una relación de confianza y buena comunicación con las familias afectadas.