Con la limitación que supone condensar en unas pocas páginas la cantidad de problemáticas, necesidades, respuestas y recursos mencionados en los capítulos anteriores, abordamos este apartado con la intención de señalar aquellas cuestiones que entendemos de máximo interés animando, en su caso, a una lectura más reposada del informe.
En 2012 se han gestionado 300 expedientes de queja en los que, de manera expresa, se cita a niños, niñas y adolescentes en calidad de afectados, más del 10% de los expedientes a instancia de parte tramitados por la institución. Para la consideración final del estado de los derechos de niños y niñas a la luz de las quejas tramitadas merecen ser tenidas en cuenta las 1.010 reclamaciones relacionadas con los dispositivos de lucha contra la exclusión social y presentadas por familias en las que, en un alto porcentaje, existen menores. Son muchos los estudios que relacionan la escasez de recursos económicos y la falta de acceso a bienes materiales con dificultades para disfrutar, en igualdad de oportunidades, de los derechos a la educación y a la salud, entre otros, además de los efectos, más o menos graves, en las relaciones familiares y sociales.
Por último, la actuación de la Oficina en torno a situaciones de posible v
ulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes se ha completado con 13 expedientes de oficio, esto es, abiertos a iniciativa de la propia institución, y la elaboración de un estudio para el análisis detenido de la realidad de la pobreza infantil en la CAPV.
Precisamente la situación conocida a través de este estudio nos lleva a la primera conclusión a destacar de este informe: señalar, alertar, del impacto que la crisis está teniendo en un número cada v
ez más importante de niños, niñas y adolescentes v
ascos. Insistir, como otros estudios a lo largo del tiempo lo refrendan, en que las carencias materiales posicionan a la infancia en una situación de desventaja y v
ulnerabilidad futura, en tanto en cuanto puede afectar a su desarrollo educativo, social y laboral.
Por ello, resulta clave tener en cuenta a la infancia en la toma de decisiones ante los retos a los que se enfrenta nuestra sociedad. Y no sólo por su propio desarrollo y bienestar, sino también por el de la sociedad en su conjunto, para quien el coste futuro puede ser elevado (reducción del nivel de competencias de la ciudadanía, menor productividad, mayores tasas de desempleo, frágil cohesión social, elevados costes en el sistema de protección, merma del sistema educativo y sanitario, etc.). Así, entendemos que se debe priorizar el gasto social en políticas dirigidas a la infancia y garantizar que las restricciones presupuestarias no afecten al ámbito de la infancia, recordando a los poderes públicos, un año más, que están obligados a prestar una especial protección a la infancia y que las prestaciones sociales, tanto las económicas como las de servicios, en ocasiones directamente destinadas a ellos y ellas y en otras a sus familias, son el instrumento básico para combatir la pobreza infantil.
Siguiendo con nuestro análisis, y a la luz de las quejas tramitadas, el v
olumen de las gestionadas este año nos lleva a afirmar que el área de educación se consolida como el área de mayor peso relativo con respecto al conjunto de este tipo de actuaciones de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia.
La reiteración de quejas sobre el proceso de admisión del alumnado hace que un año más siga v
igente en nuestra opinión la recomendación que desde esta institución v
enimos planteando a la Administración educativa para que extreme el cuidado en la gestión de este proceso con la aplicación cabal de los criterios prioritarios previstos para los supuestos de insuficiencia de plazas y revisando o reconsiderando la aplicación de aquellos otros que puedan no contribuir a objetivos necesarios como el de la conciliación de las necesidades familiares y laborales.
En esta ocasión queremos poner el acento también en que, cuando sean las comisiones territoriales las que efectúen las propuestas de escolarización, la Administración educativa deberá contar con la seguridad de que las condiciones de financiación de los centros, así como las ayudas a las familias para transporte, comedor y material escolar, permitan sostener, como se afirma, el acceso universal del conjunto de la población a todos los centros docentes de enseñanza no universitaria, máxime en estos momentos en los que algunas familias esgrimen dificultades económicas para hacerse cargo de los gastos de escolarización que algunas de las propuestas planteadas comportan.
Debemos advertir también sobre las consecuencias que se están siguiendo en algunos casos de familias que han optado por la educación en casa o homeschooling. A este respecto, nos preocupa que el eventual incumplimiento de las órdenes de escolarización a las que han dado lugar situaciones de este tipo se v
incule o ponga en relación con la posible pérdida o retirada de la custodia de los menores implicados.
En general, los datos que nos ha facilitado el Departamento de Educación, Universidades e Investigación permiten v
alorar como positivo el cumplimiento de los indicadores dispuestos para la mejora continua de la oferta educativa. De todos modos, las mayores dificultades siguen produciéndose en la etapa inicial de cero a tres años, sobre todo en la oferta de aulas de dos años.
En lo que respecta a esta primera etapa, confiamos en que las conclusiones resultantes del diagnóstico realizado al respecto por el Departamento de Educación, además de contribuir a una adecuación de la oferta existente, permita también sentar estrategias conforme a las que abordar algunos aspectos controvertidos de esta etapa educativa, como es el caso de la presencia de personal ayudante en las aulas de dos años en centros públicos dependientes de la Administración educativa.
En cualquier caso, consideramos obligado reconocer la línea asumida por los responsables educativos para tratar de propiciar y favorecer una planificación democrática con la participación de todos los representantes de la comunidad educativa, tal y como atestiguan algunas de las quejas destacadas. Esperamos que los nuevos responsables continúen en esta misma línea.
De igual modo, queremos animar a que en la configuración de servicios complementarios como el de comedor se trate de dar cabida, en lo posible, a nuevas demandas cada v
ez más extendidas entre las familias usuarias, como es el caso de aquellas que reivindican la dieta halal.
El año 2012 hemos asistido a la puesta en marcha del Plan Estratégico de Atención a la Diversidad en el marco de una Escuela Inclusiva. En este plan se establecen una serie de objetivos, metas y acciones estratégicas orientadas, en definitiva, a garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado.
Desde esta institución confiamos en que la evaluación y seguimiento de este plan contribuya a mejorar la respuesta educativa que se v
iene ofreciendo al alumnado cuya situación es motivo de quejas repetidas, como es el caso del alumnado con altas capacidades, así como del afectado por trastornos de déficit de atención.
Reiteramos también, una v
ez más, la necesidad de agilizar la respuesta a las necesidades sanitarias especiales durante el horario escolar.
Por último, en lo que respecta a la convivencia escolar, aun cuando estimamos positivo el esfuerzo que v
iene realizando el Departamento de Educación, Universidades e Investigación para abordar con la mayor rapidez, eficacia y seguridad posibles todos los episodios relacionados con el maltrato entre iguales, insistimos en que se deben evitar actuaciones burocratizadas y en que se debe profundizar en una aplicación sistemática y eficaz de las nuevas guías que permita cumplir y dar respuesta, de una manera satisfactoria, a los objetivos ineludibles de procurar un buen diagnóstico de la realidad del maltrato, de proporcionar apoyo, protección y seguridad a las v
íctimas y de mantener una relación de confianza y buena comunicación con las familias afectadas.
En el ámbito de los servicios sociales para la infancia en desprotección comenzamos por señalar la necesidad de extremar la atención a las familias con niños y niñas en los servicios sociales municipales, responsables de atender las situaciones de desprotección leve y moderada, ya que todas las v
oces alertan del incremento de hogares en los que aumentan las dificultades para el cuidado de hijos e hijas en estos momentos de dificultad económica. Y no exclusivamente por lo que se refiere a la cobertura de las necesidades básicas materiales, que también, sino por el impacto del estrés y la angustia que estas situaciones conllevan en el desempeño de las competencias parentales. Reiteramos el inestimable v
alor que tiene el acompañamiento ante dificultades incipientes, la intervención en el ámbito natural y comunitario, sobre las condiciones de bienestar y cohesión en las que los niños, niñas y adolescentes se desarrollan, desactivando o minimizando claramente los efectos de desprotección más graves.
En orden a dar cumplimiento al derecho a ser escuchado, es necesario extremar el cuidado para que la v
oz de los niños, niñas y adolescentes que son objeto de atención en el sistema de servicios sociales pueda hacerse presente y ser tenida en cuenta, tanto en el análisis de su situación personal y familiar, como en el momento de plantear las medidas de protección más adecuadas, de regular el régimen de v
isitas o la revisión periódica de su situación, desde la perspectiva de lo que resulte más beneficioso para el menor y priorizándolo por encima de cualquier otro interés.
Este año más que nunca queremos destacar la imperiosa necesidad de elaborar el protocolo de actuación de los servicios de v
igilancia y seguridad de los centros residenciales de menores en desprotección, junto a una reflexión en profundidad del papel de este personal en los centros y su consecuente ubicación, intervención y control.
Insistimos una v
ez más en los procesos de emancipación que, articulados todos ellos en el programa educativo individualizado, tengan en cuenta las características particulares, trabajen con antelación la salida del recurso de infancia y dispongan los apoyos necesarios por parte de otros programas que pudieran ser necesarios hasta alcanzar la autonomía real, incluido en este apoyo el acompañamiento educativo.
En el caso concreto de los menores extranjeros no acompañados, añadir a este plan las garantías de la entrega en todos los casos de documentación señalando el cese de la tutela, incluso cuando v
iene derivada de un decreto de fiscalía por el que se determina su mayoría de edad, resolución administrativa que informará expresamente que es recurrible y las v
ías y plazos para hacerlo.
Instamos a los servicios forales de infancia, así mismo, a la emisión, también en todos los casos, del informe de recomendación para la solicitud de autorización de residencia por circunstancias excepcionales, informe que recoja de manera descriptiva los elementos objetivables y un posicionamiento final favorable o desfavorable, pero en todo caso motivado.
La atención al proceso de salida del sistema de protección a la infancia no debe hacernos olvidar, en todo caso, que continuamos sin contar con un protocolo común de acogida de urgencia para menores extranjeros no acompañados. Aun cuando parece haberse producido avances importantes este año, su necesidad es imperiosa y su retraso llamativo. V
olvemos a insistir en que el protocolo deberá dejar claro en qué consiste la atención inmediata y quién debe proveerla, incluso en los casos de iniciarse un proceso para la determinación de la edad mediante pruebas médicas, garantizando el acompañamiento adecuado de estos chicos y chicas. De igual manera, se deberá garantizar la asistencia letrada de oficio a estos menores y dar garantías jurídicas de poder oponerse al resultado de las pruebas y, si procede, solicitar pruebas complementarias para la revisión del resultado.
Y para finalizar, dos apuntes: el primero, referido al acogimiento familiar y la reiteración en la necesidad de dar más pasos en su regulación, clarificando aspectos que hasta el momento se encuentran en la indefinición (derechos y deberes de las familias acogedoras, requisitos, pautas y procedimientos que garanticen estos derechos, etc.) del acogimiento familiar; el segundo, en torno a la necesaria profundización en la reflexión sobre los procesos de v
aloración de la idoneidad de los y las adoptantes, y del acompañamiento post-adoptivo, con el fin último de minimizar la posibilidad de fracaso.
En lo tocante a la política familiar, nos reafirmamos en lo señalado en 2011 relativo a que los poderes públicos v
ascos, en general, deben tomar conciencia de la importancia de incrementar el apoyo a las familias, que operan como respaldo necesario para las situaciones de necesidad, complementando y en muchas ocasiones suplantando en ese sentido las funciones del Estado de bienestar. Las quejas ciudadanas y el tejido asociativo expresan esa necesidad de aumentar los apoyos públicos a las familias, en especial a aquellas que tienen singulares dificultades, como pueden ser las familias numerosas, las familias monoparentales u otras en cuyo seno v
iven personas en especiales situaciones de dependencia o enfermedad. Entendemos que además de las ayudas directas existentes en la actualidad, es preciso revisar el actual sistema fiscal para convertirlo en una v
erdadera herramienta para articular el apoyo público a las distintas situaciones familiares.
En todo caso, creemos necesario definir de manera más clara cuáles son las familias más v
ulnerables a las que se refiere la Ley 13/2008, de 12 de diciembre, de Apoyo a las Familias. La indefinición actual de estos colectivos, como sucede con las familias monoparentales, da lugar a una desprotección efectiva de las mismas que resultan perjudicadas en cuanto a las prestaciones de las que podrían ser destinatarias. Confiamos en que a lo largo del periodo de v
igencia del III Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias se aborde definitivamente esa clarificación y se articulen medidas encaminadas a beneficiar singularmente a esas familias más v
ulnerables.
Un año más, debemos insistir en la necesidad de extender a todas las administraciones la abolición de barreras formales o administrativas para familias homoparentales y parejas o matrimonios del mismo sexo, así como la necesidad de clarificar definitivamente la situación de las madres lesbianas respecto al reconocimiento de la filiación de los hijos e hijas en relación con la madre no biológica.
Continuamos reclamando, de igual manera, avances en el diagnóstico y reconocimiento de los hijos e hijas de mujeres v
íctimas de v
iolencia de género que, de momento, no son considerados v
íctimas directas de esa v
iolencia cuando no son agredidos físicamente. Aun cuando es cada v
ez mayor la concienciación en torno a su situación, falta todavía mucho por hacer para garantizar una respuesta adecuada desde la perspectiva de derechos de la infancia. Las propuestas y recomendaciones lanzadas por Save the Children para la CAPV este año pueden ser un buen punto de partida para el avance decidido en este ámbito.
En lo tocante a los puntos de encuentro familiar, y en línea con lo expuesto en la recomendación general dictada al respecto, se hacen precisas mejoras en la coordinación y colaboración entre los PEF y los juzgados derivantes, así como un dimensionamiento adecuado a las solicitudes de los juzgados.
En el ámbito de la salud, en este año 2012 se ha clarificado el derecho a la asistencia sanitaria pública de todas las personas extranjeras menores de 18 años, incluso en los supuestos de acogimientos temporales por razones de estudios.
Destacamos el esfuerzo que se está realizando por transformar el sistema sanitario con la finalidad de adaptarlo a las necesidades de las personas con enfermedad crónica, conseguir mejores resultados en salud y hacerlo de forma más eficiente. Observamos avances en el desarrollo de la estrategia de la cronicidad, así como un desarrollo incipiente del Plan de Acción de la Estrategia de Enfermedades Raras en la CAPV. Así, se han dado avances en el campo del diagnóstico precoz con la inclusión de 5 nuevas enfermedades en el Programa de Cribado Neonatal, pero sigue habiendo un gran camino por recorrer en otras dolencias o enfermedades de baja prevalencia como el síndrome de Dravet o el linfedema.
Por otro lado, la atención a niños y niñas con problemas de salud mental continúa siendo una preocupación para esta institución. Reconociendo los notables avances de los últimos años, continúa existiendo una brecha entre las necesidades y expectativas de los pacientes y familiares y los recursos disponibles, especialmente las estructuras intermedias y los de apoyo social.
Especialmente urgente nos parece la respuesta a las personas con trastorno de personalidad, en un alto porcentaje, adolescentes y jóvenes, que se encuentran con problemas para ser diagnosticados, carecen de medicación específica y los recursos de atención son insuficientes. Esto, no obstante, no debe hacernos olvidar los trastornos de conducta o que nos sumemos a la observación del Comité de los Derechos del Niño a España relativa a someter a examen el fenómeno de la sobre-prescripción de medicación a niños y niñas con TDAH e impulsar iniciativas que faciliten, tanto a éstos como a sus padres, madres y profesores, acceso a un amplio abanico de medidas y tratamiento psicológico y educativo.
Las dificultades a las que están teniendo que hacer frente los niños y niñas dependientes no difieren sustancialmente de las de la globalidad del colectivo de personas dependientes: v
aloraciones a la baja en los grados de dependencia y recortes importantes en las prestaciones, fruto de un retroceso significativo en el aún inconcluso desarrollo del sistema de promoción de la autonomía personal y la atención a la situación de dependencia. Especialmente importante en el caso de niños y niñas dependientes es el impacto de las restricciones en la prestación económica para cuidados en el entorno familiar (PECEF), ya que una inmensa mayoría de éstos son atendidos en el ámbito familiar.
La Ley de Servicios Sociales del País V
asco, clara expresión de la competencia exclusiva en materia de asistencia social atribuida a nuestra comunidad y el ejercicio de la potestad adicional recogida en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, nos brinda un marco suficiente para continuar con la apuesta decidida que v
enían realizando nuestras administraciones públicas en materia de servicios sociales durante los últimos años, sin que se hayan de producir interferencias en esa trayectoria de incremento de la atención y mejora continua.
La red de centros y programas socio-educativos del sistema de justicia juvenil parece mantener el dimensionamiento adecuado para satisfacer las necesidades y decisiones de los juzgados. Cabría esperar, no obstante, un mayor uso de la conciliación, explorando, incluso, las posibilidades de acceder a procesos de mediación sin que se haya dado necesariamente el reconocimiento de culpa.
Se precisan, así mismo, mejoras en el turno de oficio específico de menores, derivadas en gran medida de una mejor formación de letrados y letradas que les lleve a formas de trabajo más idóneas para personas en proceso de desarrollo y maduración y, en todo caso, distintas a las de la jurisdicción de personas adultas.
Por último, apuntamos la necesidad de aproximarnos cada v
ez más a una justicia más amigable y cercana a niños, niñas y adolescentes, donde sus derechos a ser escuchado, ser informado adecuadamente, a v
er protegida su intimidad y privacidad, o cualquier otro, se v
ean garantizados. Especialmente en los casos en que su participación es en calidad de v
íctima o testigo.
En materia de deporte escolar, el ordenamiento v
igente asigna a las diputaciones forales funciones de inspección y control del cumplimiento de las disposiciones que lo regulan. Entre ellas quisiéramos destacar la obligación de las entidades que en él participan a actuar en todo momento de conformidad con el espíritu de participación y educativo que ha de inspirar el deporte a estas edades. El hecho de que la Administración carezca en esta materia de instrumentos normativos de orden sancionador no debe ser óbice para que lleve a cabo esta tarea de modo diligente y proactivo. Iniciativas como la suscripción por centros y clubes deportivos de un código de buenas prácticas en este sentido representa, a juicio de esta institución, un paso en la dirección correcta.
El derecho al juego, al descanso y a las actividades recreativas y culturales se está v
iendo especialmente v
ulnerado en el caso de niños, niñas y adolescentes de las familias más castigadas por la crisis económica. Desde aquí, consideramos necesario mantener el esfuerzo que asegure la igualdad de oportunidades de todos los niños y niñas en el acceso y aprovechamiento de las actividades de tiempo libre educativo.
Respecto a la situación de adolescentes de orientación homosexual (gays y lesbianas) o bisexual y de identidad transgénero o transexual (en adelante, lgtb), el trabajo de campo realizado en la CAPV en el marco del proyecto europeo Rainbow ha puesto de manifiesto una carencia notable del sistema educativo para integrar, v
isibilizar y promover el pleno respeto a los derechos a la diversidad afectivo-sexual y de género.
Una v
ez más señalamos la necesidad de que las instituciones educativas aborden estrategias que aseguren que la escuela sea un sitio seguro, que garantice el amparo de los menores y las menores en el libre y pleno desarrollo de su orientación sexual y de su identidad de género, en un modelo de convivencia escolar pacífico e integrador de la diversidad. Por otra parte, también se hace necesario abordar el tema de cómo orientar y acompañar a menores, familias, profesorado y centros cuando surgen situaciones o conductas que atañen a la diversidad en la identidad y los roles de género por parte de niños, niñas y adolescentes en los centros educativos, situaciones que, como hemos tenido ocasión de conocer, se producen también a edades muy tempranas.
Como colofón a las consideraciones en torno a sistemas sectoriales de atención de estos párrafos precedentes y constatados avances y puntos de mejora observados en ellos, trasladamos nuestra inquietud ante lo que consideramos uno de los riesgos, compartidos por todos ellos, en estos momentos de gran limitación económica: el repliegue de cada administración, institución y/o departamento en aquello que, desde una lectura escrupulosa de la norma, es su competencia, abandonando prestaciones y servicios que se v
enían ofreciendo, en ocasiones en colaboración con otros sistemas, instituciones o administraciones, y de los que se v
enía beneficiando la ciudadanía, una ciudadanía que entendemos v
eía satisfecha con ese programa/servicio una necesidad sentida.
Por último, no podemos finalizar sin un nuevo llamamiento a reforzar y extender la conciencia social sobre los derechos de la infancia. Es cierto que es mayor que hace unos años, por lo que debemos alegrarnos y felicitarnos por ello. Pero queda todavía mucho por hacer, tanto en el plano general (difusión de los derechos) como en la concienciación ante determinadas situaciones (castigo físico, maltrato, abuso sexual…). Los derechos de la infancia y el principio del interés superior del menor exigen adoptar una perspectiva educativa y establecer unas prioridades que deben orientar cualquier intervención con niños, niñas y adolescentes, lo que nos lleva a exhortar a las administraciones públicas a que continúen y refuercen sus iniciativas de sensibilización social y promoción de los derechos de la infancia.
Debemos destacar, nuevamente, los artículos 12 y 13 de la Convención de los Derechos del Niño o, lo que es lo mismo, el derecho a expresar su opinión y a recibir y dar información. Animamos, una v
ez más, a avanzar en la articulación de cauces de participación real y estables, tiempos destinados a ello, mecanismos adecuados, metodologías atractivas, etc. que garanticen la participación de las personas menores de edad en los diferentes ámbitos de afección de sus v
idas.