2.1. Educación
Tal y como se señalaba en las gráficas a
nteriores, casi la mitad de las quejas relacionadas con menores de edad tramitadas este a
ño (el 46%) hacen referencia a
situaciones relacionadas con el sistema educativo formal. Para la exposición de lo a
contecido en esta á
rea reproduciremos lo recogido en el capítulo sobre la supervisión de la a
ctuación de las a
dministraciones públicas del informe general a
l Parlamento Vasco correspondiente a
Educación, ya que a
fecta en su mayor parte a
niños, niñas y a
dolescentes.
Las quejas referidas a
admisión de a
lumnado han vuelto representar un volumen similar a
l de a
nteriores a
ños. Los motivos de queja son redundantes. As
í, este a
ño se han cuestionado de nuevo los criterios prioritarios de a
dmisión que son a
plicados en los supuestos de insuficiencia de plazas, en especial el referido a
l criterio de renta a
nual de la unidad familiar, y se ha puesto otra vez de manifiesto la utilización a
busiva de datos del padrón.
Continúan recibiéndose también quejas que pretenden que la A
dministración educativa reconsidere la ratio a
utorizada. A
este respecto hemos hecho saber a
los interesados que la superación de las ratios vigentes solo tiene lugar, de manera excepcional, por motivos tasados, previa solicitud expresa por parte de los centros, y que la previsión existente para a
mpliar la ratio en un diez por ciento está orientada a
posibilitar la escolarización del a
lumnado que deba ser escolarizado una vez comenzado el curso.
Queremos insistir en que, en nuestra opinión, sería deseable que la A
dministración educativa publicase los detalles de la aplicación informática que permite la gestión mecanizada del proceso, en particular las relativas a
la a
djudicación de segundas y terceras opciones.
Como es sabido, fuera de este proceso ordinario, la a
dmisión del a
lumnado se gestiona a
través de las comisiones territoriales de escolarización. A
l plantear sus propuestas, estas comisiones, a
demás de la voluntad expresada por las familias, deben perseguir una integración lo más normalizada posible en el sistema educativo vasco, a
tendiendo, de manera particular, a
los criterios que siguen: 1) la proximidad del centro en relación a
l domicilio familiar y existencia de hermanos ya escolarizados; 2) el equilibrio entre todos los centros (públicos y concertados) sostenidos con fondos públicos; 3) el a
provechamiento eficiente de los recursos técnicos y humanos existentes en los centros y 4) la idoneidad del centro para dar la mejor respuesta educativa a
l a
lumno/a.
Ya el pasado a
ño, señalamos que a
lgunas de las quejas tramitadas nos hacían temer que no se estuviera considerando de forma debida la voluntad de las familias, ya que habíamos a
dvertido que en a
lgunos casos las propuestas de escolarización se a
partaban del modelo lingüístico y del tipo de centro querido por las familias. Pues bien, este a
ño debemos dejar constancia de una preocupación mayor si cabe. En efecto, hemos recibido quejas de familias que, a
demás de discrepar de la propuesta de escolarización realizada, han tratado de hacer valer la realidad de una situación económica comprometida que dificulta el hacerse cargo de los gastos de escolarización. En este sentido, estas quejas han puesto sobre la mesa la diferencia real entre los gastos de escolarización, según se trate de centros públicos o privados concertados, para a
rgumentar que esta realidad no puede pasar desapercibida a
l ponderar los criterios que llevan a
realizar propuestas de escolarización que se a
partan de la voluntad de las familias.
Desde el Departamento de Educación se ha insistido en que tanto las condiciones de financiación de los centros privados concertados como las a
yudas a
las familias para transporte, comedor y material escolar permiten el a
cceso universal del conjunto de la población a
toda la red de centros docentes de enseñanza no universitaria, constituida tanto por los centros de titularidad pública como por los privados concertados, que configuran el mapa escolar.
Hemos tramitado también un significativo número de quejas relacionadas con la posibilidad de cambio o traslado de centro educativo a
l margen del proceso ordinario de a
dmisión de a
lumnado. Ello nos ha permitido comprobar que hay dos razones que exceptúan de la permanencia durante un curso en el centro previamente solicitado: las situaciones que suponen riesgo o sufrimiento para el a
lumno y que estén debidamente constatadas mediante un informe de la Inspección educativa, y los cambios de domicilio sobrevenidos que comportan traslado a
distancias considerables en edades muy tempranas, situación esta última comprobable mediante certificado del padrón a
ctualizado.
Consideramos obligado hacer referencia a
ciertos casos que hemos conocido de órdenes de escolarización que se han seguido de decisiones judiciales que han tratado de poner fin a
situaciones de falta de escolarización de a
lgunos menores. As
imismo, han a
cudido a
esta institución familias que han mostrado su contrariedad por el modo en que se ha a
plicado el programa a
probado para la erradicación de la desescolarización y del absentismo escolar. A
nuestro modo de ver, todas estas quejas son demostrativas de la existencia de una demanda social en torno a
la opción educativa conocida como “educación en casa” o “homeschooling”.
Entrando a
considerar otro tipo de as
untos, debemos señalar que, en general, los datos que nos han sido facilitados por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación permiten ser optimistas en cuanto a
l cumplimiento de los indicadores dispuestos para la mejora continua de la oferta educativa. Las mayores dificultades, eso sí, siguen produciéndose en la etapa inicial de cero a
tres a
ños, sobre todo en la oferta de a
ulas de dos a
ños.
A este respecto, este a
ño destaca entre todas la queja presentada con el fin de canalizar la demanda ciudadana existente en Barakaldo. Nos consta que esta demanda ha dado lugar a
importantes iniciativas, entre ellas la moción a
probada por el pleno en sesión ordinaria celebrada con fecha de 29 de diciembre de 2011, que instaba a
que se dictaran las órdenes oportunas a
fin de suscribir la a
dhesión de Barakaldo a
l Consorcio Haurreskolak. Precisamente, la falta de cumplimiento de esta moción hace que cobre fundamento la demanda ciudadana que, en estos momentos, se ha planteado a
modo de queja en esta institución reclamando la a
mpliación de la oferta educativa que es programada para este tramo de cero a
dos a
ños. El Informe 2008-2010, presentado por el Consejo Escolar de Euskadi, se hace eco también de los problemas particulares de insuficiencia de plazas en Barakaldo.
En lo que respecta a
cuestiones de planificación o programación educativa, el a
ño 2012 hemos dictado sendas resoluciones con motivo de las quejas tramitadas a
instancia de la comunidad educativa del CEIP Iruarteta. Una primera (resolución del A
rarteko, de 31 de enero de 2012) relativa a
la decisión a
doptada de trasladar a
este centro educativo a
lumnado proveniente del CEIP Mujika-Solokoetxe, debido a
las obras de reforma estructural del edificio que a
lberga este último centro educativo y, a
continuación, una segunda (resolución del A
rarteko, de 12 de noviembre de 2012) en relación con la decisión a
dministrativa de a
mpliar la oferta educativa del CEIP Iruarteta a
una cuarta línea. En a
mbas resoluciones hemos incidido en dos cuestiones que resultan de consideración obligada cuando se trata de as
untos relativos a
cuestiones de programación o planificación educativa: por un lado, la participación de los a
gentes educativos implicados y, por otro, la necesaria y cumplida motivación de las decisiones que se a
dopten.
Precisamente, la tramitación de una queja referida a
l nuevo itinerario educativo previsto para el CEIP Elatzeta de Irun nos ha permitido constatar una a
ctitud receptiva por parte de la A
dministración educativa. En este sentido, hemos indicado a
los interesados que valoramos como muy positivo que el Departamento de Educación haya tenido en consideración la participación directa de las familias en el grupo de trabajo que ha de ocuparse de preparar y reforzar este itinerario nº 2, que incluye los centros IES Hirubide, CEIP Elatzeta y CEIP Leka-enea.
Más a
un, la propia consejera de Educación, Universidades e Investigación, en una comparecencia parlamentaria a
nte la Comisión de Educación para dar cuenta del mapa escolar de Á
lava, ha tenido especial interés en destacar que dicho mapa es el resultado de una planificación democrática, con la participación de todos los representantes de la comunidad educativa, en el modo en que de forma reiterada viene recomendando esta institución.
Al hilo de esto a
nterior, debemos reconocer que la programación dispuesta en este nuevo mapa para la ciudad de Vitoria-Gasteiz ha permitido reconducir la situación de la que nos hicimos eco en el informe del pasado a
ño 2011, en el que un significativo número de niños y niñas quedaron sin plaza en el proceso de a
dmisión de a
lumnado.
El a
ño 2012 hemos puesto fin a
la a
ctuación de oficio emprendida para efectuar el seguimiento del cumplimiento de los indicadores fijados en la planificación educativa de a
ulas de dos a
ños en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. La respuesta facilitada por el director de Centros Escolares y, en especial, la intervención de la consejera de Educación, Universidades e Investigación en la Comisión de Educación del Parlamento Vasco, en su sesión de 19 de marzo de 2012, han permitido corroborar el esfuerzo de planificación que ha sido realizado por la A
dministración educativa para tratar de a
justar su oferta de plazas a
la demanda de las familias. De hecho, debemos señalar que el proceso de a
dmisión del a
lumnado para el curso 2012-2013 se ha cerrado sin que se hayan registrado quejas significativas en torno a
la oferta de plazas de dos a
ños en las nuevas zonas de expansión de Vitoria-Gasteiz, a
diferencia de lo que venía ocurriendo los últimos a
ños.
Por otra parte, hemos conocido un primer a
vance del diagnóstico que ha realizado el Departamento de Educación, Universidades e Investigación en torno a
l primer ciclo de la educación infantil. Sabemos que, en el marco de este diagnóstico, la Inspección educativa ha elaborado un informe en torno a
la presencia de personal a
yudante para las a
ulas de dos a
ños en centros públicos dependientes de la A
dministración educativa, habiendo a
nalizado as
pectos tales como: (1) la cuantificación de la presencia de personal a
jeno a
l Departamento de Educación en las a
ulas de dos a
ños; (2) las modalidades del servicio que ofertan, tipología de contratos y a
gentes que contratan; (3) horarios de presencia y tipos de intervención de este personal en las a
ulas; y (4) cuotas a
pagar por las familias.
Al momento de elaborar este informe únicamente nos consta el propósito del departamento de precisar las líneas de intervención necesarias y de establecer un calendario de a
ctuación a
l efecto. Seguimos pendientes, por tanto, de conocer los posibles resultados que pueda ofrecer esta a
ctuación.
En el á
mbito de la formación profesional hemos recibido quejas de ciudadanos contrariados por la falta de una mayor oferta de enseñanzas de grado superior. De igual modo, nos parece de interés destacar las formuladas por varios interesados que, habiendo superado previamente un ciclo de grado medio relacionado con a
lguna de las familias incluidas en la opción a
la que se presentaban, confiaban en quedar exentos de la parte específica de la que consta la prueba. Un error en la tramitación de sus matrículas por parte de los centros educativos responsables de gestionarlas ha provocado que, a
l publicarse los resultados de la prueba, figuraran como candidatos no calificados en la parte específica. No obstante, finalmente, los errores denunciados han sido subsanados.
Queremos hacernos eco también de la a
probación del Decreto 47/2012, de 3 de a
bril, de reconocimiento de los estudios oficiales realizados en euskera y de exención de la a
creditación con títulos y certificaciones lingüísticas en euskera (BOPV nº 74, de 16 de a
bril).
Asimismo, nos vemos obligados a
destacar de nuevo los problemas que se han suscitado con ocasión de la implantación de la enseñanza de lengua y literatura vasca en los centros extranjeros. Lamentablemente, estos problemas persisten en determinados centros, concretamente en el Colegio A
lemán San Bonifacio, y echamos de menos una a
ctitud más decidida por parte de la A
dministración educativa para tratar de reconducirlos.
El a
ño 2012 hemos tenido que pronunciarnos también sobre los criterios de distribución del a
lumnado empleados en un centro educativo seleccionado para la experimentación del Marco de Educación Trilingüe (MET) (Resolución del A
rarteko, de 22 de noviembre de 2012).
Ciertamente, las orientaciones a
biertas y flexibles que caracterizan la puesta en práctica experimental del MET dan cabida a
distintos criterios de a
grupamiento del a
lumnado en ejercicio de la a
utonomía de organización, pedagógica y de gestión que se reconoce a
los centros educativos. En el caso que ha dado lugar a
la queja, la distribución elegida se ha justificado con la mayor dotación de recursos que han permitido compensar las desigualdades reconocidas entre los grupos. De hecho, los resultados de la evaluación de los distintos grupos parecen a
valar la estrategia planteada. De todos modos, con independencia de estos resultados, que no dejan de ser circunstanciales, a
juicio de esta institución, sería conveniente que el Departamento de Educación, Universidades e Investigación propiciase un a
nálisis más detenido conforme a
l que poder concluir si estas condiciones de participación en la experiencia MET son las a
decuadas para garantizar la igualdad de oportunidades del a
lumnado interesado en proseguir su formación a
cadémica conforme a
este proyecto de educación trilingüe.
Con relación a
los centros educativos mencionaremos que la As
ociación de Madres y Padres del CEIP Txingudi-Irungo ikastola y del IES Txingudi han solicitado la intervención de esta institución para, entre otros objetivos, tratar de concretar el grado de responsabilidad que las diferentes a
dministraciones concernidas deben tener en el normal sostenimiento de estos centros educativos. Nos consta que estos centros educativos, que pasaron a
formar parte de la red pública de enseñanza como consecuencia del proceso de confluencia de las Ikastolas y la escuela pública, viven una situación ciertamente especial, puesto que, si bien a
efectos de programación y planificación educativa está previsto que den respuesta a
a
lumnado residente en el municipio de Irun, los bienes patrimoniales con los que están dotados y cuya titularidad no ha sido cedida hasta el pasado a
ño 2011 corresponde a
l A
yuntamiento de Hondarribia. En la tramitación seguida nos ha sorprendido la reacción de la A
lcaldía de Hondarribia, que se ha mostrado categórica con respecto a
la decisión de no destinar más recursos económicos a
l mantenimiento de los a
ccesos e instalaciones de los edificios que a
cogen las instalaciones de Txingudi ikastola.
En cuanto a
los servicios complementarios de transporte y comedor, ya el pasado a
ño dejamos dicho que el modo en que se han configurado los servicios complementarios de transporte y comedor nos llevaba a
descartar nuestra intervención en ciertos supuestos no exentos de polémica, en la medida en que la a
utorización del servicio de comedor de gestión directa lleva a
parejada la renuncia a
l servicio de transporte escolar de mediodía. As
í ocurrió con la queja presentada en torno a
l IPI Ikasbidea de Durana.
A este respecto, el a
ño 2012 debemos dejar constancia de que la Asociación de Madres y Padres de Usuarios de A
utobús en la Ikastola Ikasbidea (Asociación TTIPI-TTAPA Ikasbidea) lleva meses intentando habilitar un cauce formal conforme a
l que insistir en sus demandas. En este sentido, por medio de esta institución, se ha tratado de lograr la resolución expresa de una solicitud planteada a
nte la consejera de Educación, Universidades e Investigación, pero pese a
nuestros reiterados intentos, hasta el momento no hemos logrado obtener una satisfacción a
l respecto.
También ha sido motivo de polémica la decisión a
doptada por la A
dministración educativa de suspender el servicio de transporte escolar que se venía prestando a
l a
lumnado residente en las localidades de A
metzaga, Sarria y Bitoriano. Varios representantes de los consejos escolares, as
í como de las as
ociaciones de madres y padres de los centros educativos del municipio a
lavés de Zuia, han solicitado nuestra mediación.
En lo relativo a
l servicio de comedor, debemos destacar una serie de quejas en las que se han cuestionado los diferentes precios que han de a
bonar los comensales en función de si poseen o no derecho a
transporte.
Los criterios existentes sobre este servicio determinan que la cuota a
usar por el comedor del a
lumnado con derecho a
transporte sea inferior a
l que no tenga tal derecho. Estos últimos se quejaban de esa diferencia de trato, lo que, a
nuestro juicio, no conlleva una discriminación carente de fundamento, porque la prioridad para el establecimiento del servicio de comedor escolar está conectada precisamente a
la existencia de a
lumnado con derecho a
transporte.
A nuestro modo de ver, estas quejas quizá pongan de manifiesto, pues no se han solido plantear de esta manera en otros ejercicios, los efectos de la crisis económica, dado que familias que hasta hace poco centraban su interés en obtener plaza de comedor han pasado a
poner en duda el sistema de precios.
Por otra parte, estos últimos a
ños venimos as
istiendo también a
dos demandas reiteradas por parte de a
lgunas familias. Una de ellas, el reconocimiento de la posibilidad de una dieta vegetariana, se ha visto finalmente satisfecha. En efecto, la Circular de la viceconsejera de a
dministración y servicios por la que se emiten instrucciones para el funcionamiento de comedores escolares en régimen de gestión directa, a
partir del curso escolar 2012/2013, a
demás del menú basal general y de los especiales que puedan estar motivados por las posibles intolerancias, a
lergias y enfermedades del a
lumnado, incluye los llamados menú vegetariano y menú no cerdo.
Este último, que según la A
dministración educativa pretende dar respuesta a
las familias que unen su petición de una dieta distinta a
motivos religiosos, no es sin embargo suficiente para éstas y, por ello, demandan el reconocimiento de la llamada dieta halal.
Esta petición es suscrita, entre otros, por el Consejo Islámico de Euskadi, que hace extensivas sus demandas a
otro tipo de cuestiones como la contratación de profesorado en el marco del programa Hispano-Marroquí de Enseñanza de Lengua Á
rabe y Cultura Marroquí.
En lo que respecta a
l a
lumnado con necesidades educativas especiales, el a
ño 2102 hemos continuado con la tramitación de quejas relativas a
determinadas necesidades sanitarias (diabetes mellitus tipo 1) tomando como referente de nuestra a
ctuación la Circular de a
tención sanitaria especial durante el horario escolar a
probada en noviembre de 2005.
Por otra parte, debemos destacar el dictado de la Resolución del A
rarteko, de 29 de noviembre de 2012, en un caso de un menor con necesidades educativas especiales a
l que se ha a
utorizado su matriculación en el centro concertado cercano a
su domicilio familiar y precisa de un especialista de a
poyo educativo.
Asimismo, la Federación Vasca de As
ociaciones de Personas Sordas “Euskal Gorrak” nos ha hecho llegar de nuevo varias quejas con respecto a
necesidades del a
lumnado con discapacidad a
uditiva, en particular de los que siguen enseñanzas de idiomas, determinados estudios de formación profesional e incluso estudios universitarios.
También hemos tenido ocasión de resolver a
decuadamente la queja de una familia cuya pretensión era la de tener acceso a
los informes psicopedagógicos de su hijo y de comprobar que los menores que, tras el cierre del colegio La Ola y tras estar escolarizados en un a
ula estable del CEIP Berango-Merana han pasado a
estarlo en el IES Julio Caro Baroja de Getxo, han sido trasladados con el a
compañamiento de la persona responsable del a
ula, del personal de a
poyo y de los responsables de su transporte.
Un a
ño más, a
lgunas familias a
fectadas insisten en la necesidad de procurar una mejor respuesta a
l alumnado con condiciones personales de sobredotación y a
l que presenta trastornos de déficit de a
tención. A
este respecto, confiamos en que la puesta en marcha del Plan Estratégico de A
tención a
la Diversidad en el marco de una Escuela Inclusiva permita reforzar las estrategias necesarias que contribuyan a
tal propósito.
La consideración de la diversidad personal y cultural como una característica inherente a
la propia sociedad y, en consecuencia, valorada en clave positiva como enriquecedora para todas las personas que la conformamos, impregna también otros dos planes que ven la luz en 2012: el Plan para la mejora de la escolarización del a
lumnado gitano 2012-2015 y el Plan de a
tención a
l a
lumnado inmigrante en el marco de la escuela inclusiva e intercultural 2012-2015. Sabido es que esta institución ha venido realizando durante a
ños un especial seguimiento a
la situación de escolarización de niños y niñas pertenecientes a
estos dos colectivos, entendiendo que se encontraban en situaciones de especial vulnerabilidad. Desde esta perspectiva, saludamos con satisfacción los planes y confiamos en que estas propuestas de trabajo, en las que se recogen a
ctuaciones muy a
cordes con sugerencias y recomendaciones señaladas por el A
rarteko, sean una vía eficaz para la superación de los obstáculos que dificultan el a
vance en condiciones de igualdad de todos los niños y niñas vascos, independientemente de su origen, identidad cultural o nivel socio-económico.
Suscribimos especialmente planteamientos como el de evitar la concentración del a
lumnado inmigrante en unos pocos centros, pero no por esa creencia infundada de que la presencia de niños y niñas inmigrantes perjudica a
l rendimiento de los niños y niñas “autóctonos”, sino precisamente porque la concentración en un mismo grupo de un porcentaje a
lto de inmigrantes no parece ser beneficiosa para el propio a
lumnado inmigrante, según las conclusiones del ISEI-IVEI con los datos de la evaluación internacional de estudiantes PISA 2009. El rendimiento sustancialmente más bajo del a
lumnado no se debe solo a
su condición de nacidos fuera. Gran parte de la diferencia de calificaciones, según este estudio que sirve de base diagnóstica a
l plan a
rriba citado, “viene explicada por sus características socioeconómicas y culturales”. La situación económica determina el lugar donde vive una familia y el colegio donde estudian sus hijos. Como parece evidente, la mayor parte de inmigrantes residen en las zonas más desfavorecidas de las ciudades y se concentran en las escuelas de esas zonas. Es responsabilidad de la A
dministración, as
í pues, utilizar todos los medios de que disponga para evitar todo tipo de situación que pueda resultar discriminatoria o poco equitativa. Y no sólo por razones pedagógicas, que también, sino por razones de tipo social: evitar la guetización o la estigmatización de determinados centros o sectores y favorecer la inclusión social.
Y si bien la escolarización de a
lumnado inmigrante o gitano no ha sido objeto de ninguna queja presentada en la institución, la a
tención a
l a
lumnado socialmente desfavorecido y los programas compensatorios han sido el núcleo de dos expedientes que entendemos significativos.
El primero de ellos se refiere a
la disolución del Consorcio para la Educación Compensatoria y Formación Ocupacional de Vitoria-Gasteiz “Pedro A
nitua”. Si bien el hecho que daba origen a
la a
pertura de nuestra a
ctuación de oficio era a
mediados de junio de 2012 la posible eliminación del programa A
ulas de Inserción Sociolaboral Educativa (AISE) del Consorcio, as
istimos en los meses posteriores a
la desaparición del Propio Consorcio tras 27 a
ños de a
ndadura.
Del a
nálisis de toda la información a
portada concluíamos que, tras la importante desestabilización económica que supuso en 2011 la retirada inesperada de la Diputación Foral de Á
lava de la financiación del programa A
ISE, la reducción de la a
portación económica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz respecto a
la de a
ños a
nteriores, dejó “herido de muerte” a
l Consorcio, que no pudo as
umir el lanzamiento de una oferta formativa para el curso 2012-2013 ni siquiera en su a
partado de Programas de Cualificación Profesional Inicial. Siendo esta “formación ocupacional y educación compensatoria de Vitoria-Gasteiz” el objetivo del Consorcio según se recoge en el a
rtículo 3º de sus Estatutos, la imposibilidad de cumplimiento de sus fines llevó a
la consiguiente extinción del Consorcio. El Departamento de Educación, en todo caso, garantizó la continuidad de los Programas de Cualificación Profesional Inicial en las condiciones de mayor normalidad posible, encontrando vías a
lternativas para que la entidad que venía gestionándolos lo siguiera haciendo. El resto de programas y servicios desaparecieron.
La primera reacción que nos suscita este hecho es lamentarlo profundamente. Somos conscientes de que la decisión de la continuidad del Consorcio se sitúa en la esfera de las decisiones políticas legítimas de las instituciones socias y en un marco de limitación presupuestaria y a
usteridad que supone la siempre difícil tarea de la priorización. No obstante, tal y como venimos sosteniendo en cuantas manifestaciones públicas y privadas consideramos oportuno, no tenemos ninguna duda respecto a
l valor de las a
ctuaciones compensatorias y preventivas en la realización del derecho a
la educación de niños, niñas y a
dolescentes. Entornos educativos compensadores como el generado por el consorcio contribuyen de manera determinante en la integración de la diferencia y favorecen la a
dquisición por parte de los jóvenes en situación de riesgo de competencias, conocimientos y a
ctitudes para el desarrollo de los diversos roles y funciones hasta su incorporación a
l status de persona a
dulta, promoviendo su emancipación.
Desde a
hí consideramos que uno de los grandes riesgos en estos momentos de gran limitación económica es el repliegue de cada a
dministración, institución y/o departamento en a
quello que, desde una lectura escrupulosa de la norma, es su competencia, a
bandonando prestaciones y servicios que se venían ofreciendo y de los que se venía beneficiando la ciudadanía (que entendemos veía satisfecha con ese programa/servicio una necesidad sentida)
La segunda a
ctuación a
la que nos referimos tiene su origen en la inquietud trasladada por representantes de familias, a
lumnado y profesionales a
nte la drástica reducción del Programa de Refuerzo Socioeducativo Udako-Neguko Eskola que hasta la fecha venía prestando el Ayuntamiento de Bilbao para el a
poyo socio-educativo a
chicos y chicas de medio social desfavorecido. Recibimos, en paralelo, un importante número de llamadas a
nuestra intervención desde equipos de dirección y as
ociaciones de padres y madres de centros educativos concretos, colectivos pedagógicos, la Mesa de Recursos Socioeducativos y Sanitarios del Distrito 5, etc.
De la información obtenida respecto a
l programa valorábamos especialmente: su carácter socio-educativo, esto es, enmarcado en espacios de intersección y compartidos; su carácter compensatorio y preventivo, esto es, destinado a
a
quellos niños, niñas y a
dolescentes que se encuentran en desventaja respecto a
su grupo y compensador de los déficits. Preventivo en la medida en que dificultará el a
gravamiento de situaciones de riesgo y vulnerabilidad; la confianza generada en las familias, as
í como su papel de a
poyo y a
compañamiento a
padres y madres en el desempeño de sus competencias parentales (es este uno de los efectos más mencionados por las personas con las que hemos tenido contacto); su carácter comunitario, por ser desarrollado en el propio entorno de los chicos y chicas y dentro de una filosofía normalizadora y nada estigmatizadora; y su a
rraigo en el territorio y su papel en la red de a
gentes socio-educativos, resultando en muchos casos el elemento “conector” entre la familia y los recursos comunitarios o, incluso, entre a
lgunos de estos.
Como en el caso a
nterior, a
un entendiendo que la decisión se ubicaba en la esfera de las decisiones políticas legítimas, nos pareció oportuno trasladar a
l a
yuntamiento nuestra preocupación por la situación en la que quedaban los más de 600 niños y niñas que venían recibiendo hasta la fecha este servicio y nos interesábamos por sus previsiones respecto a
la cobertura de las necesidades que motivaban el programa.
La respuesta del A
yuntamiento de Bilbao a
claraba con carácter previo que la competencia educativa en Euskadi corresponde a
l Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco y explicaba la existencia de este programa municipal, cuyos inicios se remontan a
más de una década, por la inexistencia en a
quel momento de una oferta similar a
la a
ctual de programas orientados a
a
bordar las necesidades as
ociadas a
l entorno sociocultural del a
lumnado por parte del sistema educativo.
Tal y como le decíamos en respuesta a
estos a
rgumentos, no discutiremos que la competencia de garantizar el derecho a
la educación, con los pertinentes a
poyos a
los niños y niñas con necesidades educativas especiales y específicas, es del citado departamento, a
unque sí nos surge a
lguna duda respecto a
la a
firmación de que sean programas similares. Por otro lado, que una a
dministración o institución determinada sea la competente señala quién tiene la responsabilidad inexcusable de a
ctuar, pero no excluye a
otras de hacerlo con carácter complementario o cuando nos referimos a
a
ctuaciones en á
mbitos de necesaria colaboración. Cobra en este punto importancia capital la coordinación, que garantizaría la finalidad perseguida de evitar duplicidades y dispersión, a
l tiempo que los ciudadanos y ciudadanas continúan viendo a
tendidas sus necesidades.
Porque esta es la preocupación original y nuclear de nuestra intervención: quién y cómo va a
a
tender las necesidades de los chicos, chicas y familias a
las que daba respuesta este servicio a
partir de su desaparición. En este sentido sí cabe reprochar, a
l menos y desde nuestro punto de vista, el a
bandono del servicio que se venía ofreciendo y del que se venía beneficiando la ciudadanía sin esperar o gestionar a
decuadamente un relevo que garantizara la cobertura de esa necesidad por parte de la otra a
dministración, institución o departamento que se entienda competente.
Por último, en lo tocante a
convivencia escolar, resumiremos nuestras a
ctuaciones con la cita de la Resolución del A
rarteko, de 27 de marzo de 2012, por la que se concluye una a
ctuación relativa a
un caso de maltrato entre iguales en un centro educativo. La familia de una joven que se vio inmersa en una situación de maltrato entre iguales mientras cursó estudios de 2º curso de educación secundaria obligatoria ha solicitado la intervención de esta institución por el modo en que los a
gentes educativos respondieron a
dicha situación. Desde esta institución, hemos valorado como positivo el esfuerzo que viene realizando el Departamento de Educación, Universidades e Investigación para a
bordar con la mayor rapidez, eficacia y seguridad posibles todos los episodios relacionados con el maltrato entre iguales en centros educativos, con medidas tales como la a
probación de nuevas guías, como son la Guía de A
ctuación en los Centros Educativos a
nte el Maltrato entre Iguales y el Protocolo de A
ctuación Escolar a
nte el Ciberbullyng. Sin embargo, la realidad del caso a
nalizado en esta queja nos lleva a
insistir, una vez más, en que se deben evitar a
ctuaciones burocratizadas y en que se debe profundizar en una a
plicación sistemática y eficaz de estas nuevas guías que permita cumplir y dar respuesta, de una manera satisfactoria, a
los objetivos ineludibles de procurar un buen diagnóstico de la realidad del maltrato, de proporcionar a
poyo, protección y seguridad a
las víctimas y de mantener una relación de confianza y buena comunicación con las familias a
fectadas.
Respecto a
esta problemática, celebramos el inicio de la a
ctividad en 2012 del Observatorio de la Convivencia Escolar de la Comunidad A
utónoma del País Vaco, del que la institución del A
rarteko participa en calidad de miembro del Pleno. Se procura as
í un espacio donde, de manera sistemática y estable en el tiempo, con el necesario liderazgo y la presencia de los distintos a
gentes y colectivos implicados, se a
vance conjuntamente en la promoción de una convivencia basada en el respeto y el diálogo.
Atendiendo a
una de las finalidades que persigue el Observatorio (véase el DECRETO 19/2012, de 21 de febrero, por el que se crea el Observatorio de la Convivencia Escolar de la Comunidad A
utónoma del País Vasco en el segundo pleno del a
ño se presentó la investigación del ISEI-IVEI sobre Maltrato entre iguales en Educación Primaria y ESO en su edición de 2012, estudio que recoge las opiniones y percepciones del a
lumnado de diferentes edades sobre el maltrato entre iguales en su centro y en su contexto más cercano y que permite contar con información muy significativa sobre esta realidad. El estudio pone en relación los resultados obtenidos con los de investigaciones a
nteriores (2004, 2005, 2008 y 2009), permitiendo el a
nálisis y la valoración de las variaciones observadas, as
í como el impacto de las medidas a
rticuladas para su erradicación. No obstante, la edición de 2012 ha incorporado un número mayor de variables a
l a
nálisis (18 para Primaria y 19 para Secundaria, frente a
12 y 13 variables, respectivamente, que se han repetido en todos los estudios) en un intento de reflejar nuevos contextos del maltrato, como es el caso del ciberbullying, o visibilizar características del maltrato hasta la fecha ocultas, como podría ser el a
coso homofóbico.