6.- UN REPASO SOMERO A LA REALIDAD ACTUAL
Las últimas reformas operadas en el Estado español como respuesta a la crisis económica se han producido, en su mayor parte, en el terreno de los derechos sociales –derechos laborales incluidos–. El Estatuto de los Trabajadores ha sufrido ya, desde su aprobación en el año 1980, cincuenta y tres reformas, de las cuales prácticamente todas han sido decisiones regresivas sobre derechos previamente declarados. Las últimas reformas laborales, y también otras anteriores, han ido en la línea de una progresiva descausalización de los despidos por causas empresariales me
diante una clara difuminación de dichas causas –hacia el despido libre cada vez me
nos indemnizado–, la limitación del control judicial de los mismos, la generalización de la declaración de improcedencia –esto es, el reconocimiento de la no adecuación a Derecho de ese despido– y el abaratamiento de la extinción del contrato de trabajo. Dicho brevemente, todas estas me
didas suponen una clara disminución del contenido del derecho constitucional al trabajo que proclama el artículo 35 de la Constitución. En cada una de estas reformas se ha expresado que la legislación laboral podía servir en la lucha contra el desempleo y podía combatir también la(s) crisis económica(s).
No son las del llamado me
rcado laboral las únicas reformas afectantes a derechos sociales. Estamos asistiendo a importantes reformas –recortes– en derechos tan sustanciales como las prestaciones de Seguridad Social, incluida la sanidad, y la educación. Derechos sociales como la garantía de una renta mínima para toda la ciudadanía, la sanidad y la educación universales han sido realidades cuyo futuro queda hoy al albur de la situación económica general y no de las necesidades de las personas y, al socaire de la crisis económica, están siendo recortados, principalmente para las personas más desfavorecidas (inmigrantes a quienes se exigen imposibles requisitos para el acceso a algunas de estas básicas prestaciones). Además, algunos derechos sociales, como la protección de la salud se ven amenazados de manera muy clara y singular para las personas en situación de residencia irregular en el Estado, cuya ya precaria situación amenaza con afectar, desde luego, a su integridad física, a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Hemos asistido también recientemente a importantes modificaciones –reducciones– del sistema de acceso a pensiones de la Seguridad Social para quienes vayan accediendo a la jubilación en el futuro, si bien esta modificación ha sido pactada por las fuerzas sindicales y políticas en el marco del conocido como Pacto de Toledo.
Por otra parte, estamos olvidando que seguimos siendo titulares de otros derechos, como el derecho a disfrutar de una vivienda digna –artículo 47 de la Constitución–, derecho que no ha sido nunca exigible ni pleno y en el que hoy ni siquiera hay reformas expresas a la baja, sino que se está dejando morir este derecho por inanición dada la inactividad pública y bajo las garras de las entidades bancarias que no dudan en desahuciar a quienes no pueden hacer frente a unas deudas hipotecarias contraídas en circunstancias más que peculiares.
Pero, sobre todo, asistimos a una degradación del futuro, del futuro como derecho de todas las personas y, especialmente, de la juventud, cuya participación libre y eficaz en el desarrollo político, social, económico y cultural, reconocida en el artículo 48 de la Constitución, es hoy, una me
ra quimera.