6.- UN REPASO SOMERO A LA REALIDAD ACTUAL
Las últimas reformas operadas en el Estado español c
omo respuesta a la c
risis económica se han producido, en su mayor parte, en el terreno de los derechos sociales –derechos laborales incluidos–. El Estatuto de los Trabajadores ha sufrido ya, desde su aprobación en el año 1980, c
incuenta y tres reformas, de las c
uales prácticamente todas han sido decisiones regresivas sobre derechos previamente declarados. Las últimas reformas laborales, y también otras anteriores, han ido en la línea de una progresiva descausalización de los despidos por c
ausas empresariales mediante una c
lara difuminación de dichas c
ausas –hacia el despido libre c
ada vez menos indemnizado–, la limitación del c
ontrol judicial de los mismos, la generalización de la declaración de improcedencia –esto es, el reconocimiento de la no adecuación a Derecho de ese despido– y el abaratamiento de la extinción del c
ontrato de trabajo. Dicho brevemente, todas estas medidas suponen una c
lara disminución del c
ontenido del derecho c
onstitucional al trabajo que proclama el artículo 35 de la C
onstitución. En c
ada una de estas reformas se ha expresado que la legislación laboral podía servir en la lucha c
ontra el desempleo y podía c
ombatir también la(s) c
risis económica(s).
No son las del llamado mercado laboral las únicas reformas afectantes a derechos sociales. Estamos asistiendo a importantes reformas –recortes– en derechos tan sustanciales c
omo las prestaciones de Seguridad Social, incluida la sanidad, y la educación. Derechos sociales c
omo la garantía de una renta mínima para toda la c
iudadanía, la sanidad y la educación universales han sido realidades c
uyo futuro queda hoy al albur de la situación económica general y no de las necesidades de las personas y, al socaire de la c
risis económica, están siendo recortados, principalmente para las personas más desfavorecidas (inmigrantes a quienes se exigen imposibles requisitos para el acceso a algunas de estas básicas prestaciones). Además, algunos derechos sociales, c
omo la protección de la salud se ven amenazados de manera muy c
lara y singular para las personas en situación de residencia irregular en el Estado, c
uya ya precaria situación amenaza c
on afectar, desde luego, a su integridad física, a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Hemos asistido también recientemente a importantes modificaciones –reducciones– del sistema de acceso a pensiones de la Seguridad Social para quienes vayan accediendo a la jubilación en el futuro, si bien esta modificación ha sido pactada por las fuerzas sindicales y políticas en el marco del c
onocido c
omo Pacto de Toledo.
Por otra parte, estamos olvidando que seguimos siendo titulares de otros derechos, c
omo el derecho a disfrutar de una vivienda digna –artículo 47 de la C
onstitución–, derecho que no ha sido nunca exigible ni pleno y en el que hoy ni siquiera hay reformas expresas a la baja, sino que se está dejando morir este derecho por inanición dada la inactividad pública y bajo las garras de las entidades bancarias que no dudan en desahuciar a quienes no pueden hacer frente a unas deudas hipotecarias c
ontraídas en c
ircunstancias más que peculiares.
Pero, sobre todo, asistimos a una degradación del futuro, del futuro c
omo derecho de todas las personas y, especialmente, de la juventud, c
uya participación libre y eficaz en el desarrollo político, social, económico y c
ultural, reconocida en el artículo 48 de la C
onstitución, es hoy, una mera quimera.