Las últimas reformas operadas en el Estado español como respuesta a
la crisis económica se han producido, en su mayor parte, en el terreno de los derechos sociales –derechos laborales incluidos–. El Estatuto de los Trabajadores ha sufrido ya, desde su a
probación en el a
ño 1980, cincuenta y tres reformas, de las cuales prácticamente todas han sido decisiones regresivas sobre derechos previamente declarados. Las últimas reformas laborales, y también otras a
nteriores, han ido en la línea de una progresiva descausalización de los despidos por causas empresariales mediante una clara difuminación de dichas causas –hacia el despido libre cada vez menos indemnizado–, la limitación del control judicial de los mismos, la generalización de la declaración de improcedencia –esto es, el reconocimiento de la no a
decuación a
Derecho de ese despido– y el a
baratamiento de la extinción del contrato de trabajo. Dicho brevemente, todas estas medidas suponen una clara disminución del contenido del derecho constitucional a
l trabajo que proclama el a
rtículo 35 de la Constitución. En cada una de estas reformas se ha expresado que la legislación laboral podía servir en la lucha contra el desempleo y podía combatir también la(s) crisis económica(s).
No son las del llamado mercado laboral las únicas reformas a
fectantes a
derechos sociales. Estamos as
istiendo a
importantes reformas –recortes– en derechos tan sustanciales como las prestaciones de Seguridad Social, incluida la sanidad, y la educación. Derechos sociales como la garantía de una renta mínima para toda la ciudadanía, la sanidad y la educación universales han sido realidades cuyo futuro queda hoy a
l a
lbur de la situación económica general y no de las necesidades de las personas y, a
l socaire de la crisis económica, están siendo recortados, principalmente para las personas más desfavorecidas (inmigrantes a
quienes se exigen imposibles requisitos para el a
cceso a
a
lgunas de estas básicas prestaciones). A
demás, a
lgunos derechos sociales, como la protección de la salud se ven a
menazados de manera muy clara y singular para las personas en situación de residencia irregular en el Estado, cuya ya precaria situación a
menaza con a
fectar, desde luego, a
su integridad física, a
su dignidad y a
l libre desarrollo de su personalidad.
Hemos as
istido también recientemente a
importantes modificaciones –reducciones– del sistema de a
cceso a
pensiones de la Seguridad Social para quienes vayan a
ccediendo a
la jubilación en el futuro, si bien esta modificación ha sido pactada por las fuerzas sindicales y políticas en el marco del conocido como Pacto de Toledo.
Por otra parte, estamos olvidando que seguimos siendo titulares de otros derechos, como el derecho a
disfrutar de una vivienda digna –artículo 47 de la Constitución–, derecho que no ha sido nunca exigible ni pleno y en el que hoy ni siquiera hay reformas expresas a
la baja, sino que se está dejando morir este derecho por inanición dada la inactividad pública y bajo las garras de las entidades bancarias que no dudan en desahuciar a
quienes no pueden hacer frente a
unas deudas hipotecarias contraídas en circunstancias más que peculiares.
Pero, sobre todo, as
istimos a
una degradación del futuro, del futuro como derecho de todas las personas y, especialmente, de la juventud, cuya participación libre y eficaz en el desarrollo político, social, económico y cultural, reconocida en el a
rtículo 48 de la Constitución, es hoy, una mera quimera.