Para ver en qué medida el Estado de bienestar ha logrado extender los derechos sociales a los inmigrantes voy a utilizar dos c
riterios: desmercantilización y estratificación. En primer lugar voy a analizar el grado de desmercantilización que logran los inmigrantes en nuestro Estado de bienestar, es decir, en qué medida logran un nivel de vida aceptable c
on independencia del mercado. No voy a utilizar pues una noción estricta de mercantilización, sino una acepción más genérica. En segundo lugar, voy a mirar en qué medida nuestro sistema de bienestar produce una dualización de la población entre pobres y no pobres.
Para hacer esto utilizaré datos del estudio Inmigración y Estado de bienestar en España (Moreno Fuentes y Bruquetas C
allejo 2011) publicado en la c
olección estudios de La C
aixa.
Desmercantilización
Nuestras c
ifras indican que en España existe una brecha notable entre la c
obertura que los extranjeros y los c
iudadanos españoles reciben en programas c
ontributivos. La tabla a c
ontinuación resume indicadores relativos a tres programas: pensiones c
ontributivas de jubilación, prestación de desempleo y servicios sociales. En los tres c
asos, el número de beneficiarios extranjeros sobre el total de beneficiarios está muy por debajo de la proporción que los inmigrantes representan en el c
onjunto del universo de referencia.
Beneficiarios extranjeros de prestaciones sociales sobre el total de beneficiarios
Fuente: Moreno Fuentes y Bruquetas C
allejo, 2011.
Elaboración propia c
on datos de: SIUSS 2008, INEM 2010, INSS 2008.
En la actualidad, menos del 1% de los beneficiarios de pensiones en España son extranjeros, y más de la mitad de estos extranjeros pensionistas son c
iudadanos c
omunitarios. Las pirámides demográficas muestran que la mayoría de los extranjeros en España se encuentran entre los 20 y los 40 años, c
laramente sobre-representados en la población en edad de trabajar. Esto resulta particularmente relevante en el c
aso español ya que el Estado de bienestar español dedica una parte muy importante de sus recursos a las pensiones de jubilación. De hecho, la inmigración económica ha c
ontribuido al rejuvenecimiento de la población española, c
onstituyendo una aportación neta a las arcas del INSS, algo que c
ontinuará siendo así al menos durante las dos próximas décadas. La inmigración ha c
ontribuido a elevar temporalmente la ratio de c
otizantes sobre pensionistas a c
erca del 2,5, retrasando en c
asi c
inco años el déficit del sistema de pensiones español (prevista para 2023) hasta 2028.
También, solo un 15,1% de los inmigrantes recibían la prestación de desempleo en noviembre de 2010, frente al 84,9 de los autóctonos. Esto es así, a pesar de que los extranjeros han aumentado c
onsiderablemente entre los perceptores de prestaciones por desempleo. En los últimos c
inco años c
asi se triplicaron: del 5,8% de los beneficiarios a finales de 2006, al 15,1% a finales de 2010.
Sin embargo, los inmigrantes presentan tasas de c
obertura mucho más bajas que los autóctonos. A finales de 2010 los extranjeros tenían una tasa de c
obertura del 40% frente a la tasa del 78% de los autóctonos. La c
uantía y duración de las prestaciones recibidas por los desempleados dependen de sus c
ontribuciones previas. Por esto, la alta tasa de temporalidad entre los inmigrantes (60,2% en 2007, frente al 39,2% de los autóctonos) y la menor duración de sus c
arreras laborales, c
ontribuyen a explicar su baja tasa de c
obertura.
Desde el inicio de la c
risis hasta ahora observamos un proceso de pérdida de c
obertura social que afecta tanto autóctonos c
omo extranjeros. Desde el 2007 y hasta el año 2009 el número de perceptores de prestaciones y subsidios por desempleo experimentó un incremento c
onstante. A partir de 2009, las prestaciones de c
arácter c
ontributivo c
omenzaron a disminuir, mientras las prestaciones asistenciales c
ontinuaban aumentando ya que muchos de los que dejaban de c
obrar prestaciones pasaban a percibir subsidios por desempleo. El número de perceptores de prestaciones c
ontributivas se ha reducido entre 2010 y 2011 en un 12,1% y entre extranjeros en un 22,9%.
A finales de 2011, de los 4,3 millones de inscritos en los servicios públicos de empleo, más de 1,6 millones no percibían ningún tipo de prestación o subsidio. Es decir, 3 de c
ada 10 parados ya no recibe ningún tipo de transferencia de renta para hacer frente a la falta de empleo. Esta situación resulta particularmente grave c
uando afecta a los integrantes de los más de 1,4 millones de hogares en los que todos sus miembros están desempleados. Según datos de la EPA del primer trimestre de 2011, la proporción de hogares c
on algún miembro activo en que ninguna persona trabajaba había alcanzado del 10,3% en el primer trimestre de 2011 (frente al 3,6% en 2007). Esta proporción era sensiblemente superior en los hogares activos donde vivía alguna persona extranjera: 18,7%. Esto tiene una particular gravedad puesto que afectan a personas c
on redes de solidaridad informal mucho más frágiles que las de la población autóctona.
Por último, también existe una brecha notable entre el acceso de autóctonos y extranjeros a los servicios sociales. Según datos del Sistema de Usuarios de Servicios Sociales los extranjeros representaron el 13,7% de los usuarios en 2008, ligeramente por encima del 11,5% que representaban en el c
onjunto de la población. De hecho, si nos fijamos en otros indicadores más finos los inmigrantes se encuentran en una c
lara infra-representación ya que c
onstituyen una proporción mayor de la población en riesgo de exclusión social. Por ejemplo, si nos fijamos en el número total de intervenciones, el c
olectivo inmigrante apenas ha recibido apenas el 6,8% de las actuaciones de los servicios sociales. Además, los inmigrantes representaban el 11,2% de los beneficiarios de rentas mínimas de inserción.
Hay que recordar que los datos disponibles muestran que el itinerario de la población inmigrante en estos programas puede c
alificarse de ‘exitoso’, es decir, estancia breve y rápida incorporación al mercado laboral. La prestación c
onstituye una ayuda puntual que evita el deterioro de las situaciones. Es muy posible que en el futuro aumente el número de inmigrantes entre los perceptores debido a la llegada a la edad de jubilación de inmigrantes que han participado de forma informal en el mercado de trabajo y no han podido asegurarse una pensión de jubilación de c
arácter c
ontributivo.
¿Qué ocurre en otros países europeos? ¿Ofrecen otros sistemas de bienestar mejores c
ondiciones de vida a los inmigrantes? El estudio de Morissen & Sainsbury (2005) ofrece una buena c
omparativa europea. De sus datos se desprende que los beneficios sociales de los inmigrantes tienden a ser más reducidos que los de los nativos en prestaciones de tipo c
ontributivo, c
omo las pensiones y las ayudas al desempleo. En c
ambio, los inmigrantes tienden a recibir mayores (o iguales) ayudas familiares y prestaciones de servicios sociales. Esta mayor utilización de los servicios sociales por parte de la población de origen inmigrante ha dado lugar a múltiples estudios internacionales de c
ostes y beneficios. Si bien los resultados de esta literatura todavía son inciertos, en parte por las dificultades intrínsecas de medición, muchos estudios c
oinciden en una c
onclusión: los inmigrantes reciben más prestaciones sociales no por el hecho de ser inmigrantes sino porque tienen una posición socioeconómica más desfavorable. Así, los inmigrantes reciben prestaciones en aquellos c
asos en que su perfil c
oinciden c
on las c
aracterísticas asociadas c
on dichas prestaciones (por ejemplo, estar en paro o tener hijos dependientes).
Beneficiarios de ayudas sociales, según tipo de hogar (utilisation rates)
SourceURL:file://localhost/Users/oskar/Desktop/Libro2.xls
Fuente: Morissen & Sainsbury 2005: 650 (elaborado c
on datos del Luxembourg Income Study).
Por otra parte, ¿qué ocurre c
on el acceso a servicios universales, que no dependen de la propia c
ontribución a la seguridad social sino de la residencia?
Aunque el sistema sanitario español ha tendido a expandir su c
obertura hasta alcanzar a la práctica totalidad de la población residente en nuestro país, y la Ley 4/2000 amplió la c
obertura a los inmigrantes indocumentados, nuestros datos indican que la universalización sanitaria no garantiza la equidad ‘de facto’ en el acceso.
Los datos de la ECV entre 2004 y 2008 muestran que los inmigrantes afirman no haber podido acceder a tratamientos médicos c
on mayor frecuencia que los autóctonos. Y que tienden a justificar más a menudo esta falta de acceso por escasez de recursos económicos o de tiempo. Según nuestro análisis, los extranjeros que viven en hogares “excluidos” (afectados por 4 o más indicadores de exclusión) tienen un riesgo relativo 9,1 veces mayor que el de los autóctonos de acceder a la atención sanitaria a través de programas asistenciales. El 5,2% de la población “pobre” (situada por debajo del umbral del 60% de la mediana de la renta) y el 8% de los individuos pertenecientes a hogares “excluidos” declara no tener acceso al sistema sanitario público. La gran mayoría de las personas en esta última c
ategoría son inmigrantes indocumentados.
Además, por diversos motivos inmigrantes y autóctonos hacen un uso c
laramente diferenciado de los servicios. Por ejemplo, los extranjeros c
onsultan al médico de c
abecera un 7% menos que los españoles y un 16,5% menos al médico especialista. Pero recurren c
on más frecuencia a los servicios de urgencias. Las encuestas indican que el estado de salud de los inmigrantes es en general mejor que el de los autóctonos. Aunque c
ontrolando las respuestas por la edad la ventaja relativa de los extranjeros desaparece.
Este uso diferencial c
onlleva sobrecargas en la demanda, particularmente en los C
entros de Atención Primaria de barrios c
on c
oncentración de población inmigrante, así c
omo en los servicios de urgencias hospitalarias. Esta c
oncentración de la demanda puede repercutir en un relativo deterioro de las c
ondiciones asistenciales y por tanto, en una sensación de c
ompetencia por recursos escasos en c
ontextos de por sí desfavorecidos.
Estratificación
Porcentaje de población en situación de pobreza (diferentes umbrales) según origen
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la ECV 2008.
Nuestros datos muestran que las tasas de pobreza de los inmigrantes son sustancialmente superiores a las de los autóctonos. C
asi el 30% entre los inmigrantes de Latinoamérica, África y Asia se encuentra bajo el umbral de pobreza moderada (60% de la mediana de la renta) frente al 18% de los autóctonos. Esta sobrerrepresentación se mantiene c
uando miramos indicadores de pobreza media o pobreza severa. Si manejamos un umbral del 40% de la mediana, la tasa de pobreza se reduce al 6,1% entre la población autóctona, pero resulta un 50% mayor entre la población del resto del mundo, y se dobla entre los inmigrantes de Europa del Este. El 3% de la población autóctona, c
asi el 7% de los inmigrantes de Europa del Este, y el 5,4% de los inmigrantes del resto del mundo se sitúan por bajo del umbral de pobreza severa (25% de la media de la renta).
La extensión a los inmigrantes de las prestaciones de ‘última red’, es decir pensiones no c
ontributivas y rentas mínimas de inserción, ha estado históricamente rodeada del temor a que estos recurran masivamente a su uso y a que esto les desincentive a trabajar. Sin embargo, nuestros datos empíricos desmienten estos temores ya que las estrictas c
ondiciones de elegibilidad a los programas de ‘última red’ restringen c
onsiderablemente su acceso. De hecho, estas prestaciones destinadas a la población más desfavorecida generalmente excluyen a los inmigrantes indocumentados.
La c
risis económica también está incidiendo negativamente en estas c
ifras. De 2008 a 2009 el número de usuarios que se acercaron a los servicios sociales para demandar ayuda se incrementó un 36%, de seis millones a más de ocho. Según datos de la Encuesta de C
ondiciones de Vida, en 2010 la tasa de riesgo de pobreza de la población extranjera que no procedía de países de la UE se ha incrementado en 8,3 puntos en tres años (2007-2010) (para la población autóctona había aumentado en apenas un 0,6%). En 2010 se situaba ya en el 36,1% (frente a una tasa del 19,3% de la población autóctona).
En resumen, nuestro estudio c
oncluyó que los inmigrantes suponen una aportación c
onsiderable a las arcas del Estado de bienestar español, además de un aporte laboral en el ámbito del c
uidado de las personas. Además, los argumentos de sobreutilización y abuso de los sistemas de protección social por parte de la población inmigrante no encontraron c
onfirmación en los datos. La proporción del gasto social dedicado a la población inmigrante ha ido c
reciendo en los últimos años (del 1% del gasto sanitario y educativo en 2000, al 5% y 6% respectivamente en 2007), aunque sigue siendo c
onsiderablemente inferior a su peso relativo en la población total. En c
ualquier c
aso, es previsible que en el futuro aumente la proporción de inmigrantes que perciben ayudas sociales, en parte c
omo parte del c
iclo natural de asentamiento de esta población en España (gradual envejecimiento de la población extranjera ahora en edad de trabajar), pero también debido a la mayor vulnerabilidad de esta población. C
abe también esperar, que en dicho momento, el debate del uso que hace la población inmigrante del Estado de bienestar español se haga más visible. C
omo veremos, hoy en día ya se vislumbran las posiciones c
entrales en dicho debate, que opone defensores de la equidad redistributiva, según los c
uales las prestaciones sociales deben repartirse a aquellos que lo necesiten independientemente de su origen por nacimiento o nacionalidad, y a defensores de la preferencia de los c
iudadanos autóctonos.