I. Harresiak Apurtuz y la noción de sociedad de la que se parte
La C
oordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes–Harresiak Apurtuz, nace hace más de 15 años, c
on c
arácter no lucrativo y c
on el fin principal de aunar fuerzas entre el incipiente movimiento social vinculado c
on las migraciones y c
onstruir c
olectivamente una sociedad más respetuosa de los derechos de las personas inmigrantes.
Las entidades que hacen realidad la C
oordinadora forman parte del llamado Tercer Sector de Acción Social, c
oncebido c
omo “iniciativas en activo de la sociedad c
ivil, c
on autonomía de gestión e independencia, de c
arácter no lucrativo y, por norma general, voluntario; y que orientan su actividad a la intervención social en sentido amplio, lo c
ual implica que tienen por finalidad la mejora del entorno social desde c
ampos muy variados” (OTSBizkaia, 2011, pág. 7).
A lo largo de estos 15 años, los objetivos fundacionales de la C
oordinadora se han vuelto mucho más fuertes y c
oherentes. Hoy día ya son 63, las entidades sociales que la c
onforman. Estas, entidades de apoyo y asociaciones de inmigrantes, se encuentran distribuidas a lo largo de la C
APV; c
on mucha más implantación en Bizkaia.
Diversidad y orientación transformadora
Dos son las c
aracterísticas principales del entramado social que c
onforma Harresiak Apurtuz: por un lado, se trata de entidades de apoyo y asociaciones de inmigrantes, c
on una orientación transformadora en sus acciones. Y, por otro lado, c
on una c
omposición y acción muy diversa, que favorece una contribución diferencial.
En primer lugar, el “reconocimiento” de este elemento transformador es lo que hace que c
ada una de las entidades sea c
apaz de trabajar c
onjuntamente c
on las otras, a favor del bien c
omún, del interés c
olectivo y desde el respeto. En ese c
aminar c
otidiano se viven acciones informativas, formativas, derivativas, folklóricas, lúdicas, de sensibilización y de incidencia política, c
omo partes fundamentales de un todo. Partes reconocidas por las personas, las asociaciones y la Administración, c
omo herramientas diferentes de encauzar distintas necesidades hacia un norte más o menos c
onsensuado.
Por otra parte, la diversidad que denota la c
omposición y la propia c
artera de acciones de las entidades de apoyo y las asociaciones de inmigrantes, c
onstituye otro elemento fundamental que da c
uenta, de forma fiel, de lo que sucede en la propia sociedad. Encontramos pues un movimiento social asimétrico, c
on una c
onstitución diversa, un tamaño heterogéneo, unos enfoques fundacionales distintos y que atienden a la diferentes necesidades de las personas inmigrantes y en diferentes momentos de sus proyectos migratorios.
La c
onjugación de ambas c
aracterísticas hace que el trabajo c
omún solo sea posible si se logra c
onstruir una base c
onsensuada de la c
ual partir y si se trabajan de forma c
onstante, los procesos de fortalecimiento, individual y grupales, al tiempo que el empoderamiento y el reconocimiento mutuo.
Así pues, entre todas las entidades de apoyo y asociaciones de inmigrantes que forman parte de la C
oordinadora, se trabaja día a día por un objetivo c
omún: la lucha por el mantenimiento de los derechos de todas las personas y, muy especialmente, por la defensa de los derechos del c
olectivo inmigrante; en el empeño de c
ontribuir en la c
onstrucción de una sociedad más justa.
Pero si bien se parte de un ideal de sociedad abierta: inclusiva, justa, plural, intercultural, participativa y solidaria; no hay que obviar las c
ondiciones estructurales que marcan –de forma real– el c
ontexto social en el que viven las personas inmigrantes.
La Ley Orgánica de Extranjería y su reglamento regulador es la norma estatal que marca la vida y la posibilidad de integración de las personas inmigrantes en el Estado español. Esta norma, reformada en 2009 (2/2009, de 11 de diciembre) y puesta en marcha su reglamento en 2011, restringe los derechos de las personas inmigrante, mercantilizando su estadía en el territorio español y negando derechos fundamentales c
omo el de vivir en familia o acceder regularmente a un puesto de trabajo.
En c
ontexto de c
risis, esta norma c
oercitiva se c
onvierte en la justificación más utilizada para avivar discursos xenófobos y racistas; al tiempo que para rechazar la permanencia de las personas inmigrantes en territorio español.
Pero no c
onformes c
on esta Ley Orgánica, hace unos pocos días el Gobierno Español ha decretado un nuevo recorte en materia sanitaria, que excluye –aún más– a las personas más desfavorecidas. El Real Decreto-Ley 16/2012 “por el que se establecen medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la c
alidad y seguridad de sus prestaciones”, ratificado en el C
ongreso de los Diputados el pasado 17 de mayo, dejará sin c
obertura sanitaria a las personas inmigrante en situación irregular, a partir del día 1 de septiembre del año en c
urso.
Entonces, ¿cómo seguir hablando de Estado de bienestar o de Estado de derecho social, si las y los propios legisladores se encargan de dictar medidas restrictivas que siguen afectando a las y los más débiles?
Y c
omo esto no solo pasa a nivel del Estado, en la C
APV también se ha vivido estos últimos años, retrocesos o paradas importantes en las garantías mínimas sociales que se han alcanzado a lo largo de la lucha por los derechos sociales.
A final de la legislatura de 2008 se aprueban, la Ley de servicios Sociales y la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social; c
uyo desarrollo reglamentario queda en manos del nuevo equipo de gobierno. Bajo el paraguas de la primera se ha estado desarrollando la c
artera de prestaciones sociales, el mapa de servicios sociales, el plan estratégico y el sistema de c
opago. No obstante, al día de hoy, y c
on el fin de la legislatura en puertas, parece que por fin se vislumbra un acuerdo de mínimos para sacar adelante la c
artera de servicios sociales, del c
ual todas y todos seremos usuarios y beneficiarios.
Por otra parte, la segunda Ley, que tiene que ver c
on la aplicación de la Renta de Garantía de Ingresos y los planes de inclusión social, se reglamentó en 2010; sin embargo, a propósito de la transferencias de c
ompetencias al Servicio Vasco de Empleo Público–Lanbide, sufrió una reforma en 2011 que sirvió para aumentar el requisito de empadronamiento para acceder a la prestación social. Situación que afecta, directamente, a las personas inmigrantes en situación irregular.
De hecho, Ekain–Redes para la Inclusión Social (de la que forma parte Harresiak Apurtuz), denunció en ese momento a través de una nota de prensa:
“Las REDES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL EN EUSKADI denuncian la situación de desprotección social a la que se ve abocada una parte importante de la c
iudadanía:
Con la excusa de una optimización del sistema vasco de bienestar social, la persecución del fraude y la limitación de la solidaridad en tiempos de austeridad, se ha introducido un c
ambio fundamental en el espíritu de la Ley aprobada en 2008 c
on un amplio c
onsenso político; que pasa de ser una apuesta por la protección y las garantías sociales, a ser un elemento de c
riminalización de la pobreza.
Se han incrementado los requisitos de entrada y permanencia de las familias y las personas en el sistema de protección social de Euskadi, atendiendo a c
riterios de eficiencia y economía presupuestaria, sin entrar a valorar las situaciones globales que afectan a quienes están solicitando tal prestación”. (mimeografiado, 2011)
Así pues, la población inmigrante no solo se ve afectada por una Ley de Extranjería que le impide el acceso a un puesto de trabajo hasta no c
umplir 3 años de residencia y solicitar la documentación a través del arraigo, sino que esta población ahora tiene que esperar también 3 años para poder acceder a la Renta de Garantía de Ingresos, único medio que tenía hasta la fecha para poder llevar una vida digna; al tiempo que luchar c
ontra el tope de ayuda por unidad familiar, lo que supone una dificultad adicional en los temas de acceso a la vivienda y al empadronamiento.
Muchos han sido los argumentos esgrimidos por el Gobierno, Español y Vasco, para justificar los recortes sociales y las leyes c
riminalizadoras. Desde la racionalización de los recursos hasta la lucha c
ontra el fraude y, más recientemente, c
ontra el turismo sanitario. La realidad es que “gracias” a estas políticas sociales orientadas al recorte de prestaciones, muchas más personas –que ya tenían una situación precaria– ahora se quedan en una situación de abandono y de desprotección total.
En el siguiente apartado se abordará c
ómo se trabaja en Harresiak Apurtuz desde esta realidad tan poco halagüeña.