La Coordinadora de ONG de Euskadi de A
poyo a
Inmigrantes–Harresiak A
purtuz, nace hace más de 15 a
ños, con carácter no lucrativo y con el fin principal de a
unar fuerzas entre el incipiente movimiento social vinculado con las migraciones y construir colectivamente una sociedad más respetuosa de los derechos de las personas inmigrantes.
Las entidades que hacen realidad la Coordinadora forman parte del llamado Tercer Sector de A
cción Social, concebido como “iniciativas en a
ctivo de la sociedad civil, con a
utonomía de gestión e independencia, de carácter no lucrativo y, por norma general, voluntario; y que orientan su a
ctividad a
la intervención social en sentido a
mplio, lo cual implica que tienen por finalidad la mejora del entorno social desde campos muy variados” (OTSBizkaia, 2011, pág. 7).
A lo largo de estos 15 a
ños, los objetivos fundacionales de la Coordinadora se han vuelto mucho más fuertes y coherentes. Hoy día ya son 63, las entidades sociales que la conforman. Estas, entidades de a
poyo y as
ociaciones de inmigrantes, se encuentran distribuidas a
lo largo de la CAPV; con mucha más implantación en Bizkaia.
Diversidad y orientación transformadora
Dos son las características principales del entramado social que conforma Harresiak A
purtuz: por un lado, se trata de entidades de a
poyo y as
ociaciones de inmigrantes, con una orientación transformadora en sus a
cciones. Y, por otro lado, con una composición y a
cción muy diversa, que favorece una contribución diferencial.
En primer lugar, el “reconocimiento” de este elemento transformador es lo que hace que cada una de las entidades sea capaz de trabajar conjuntamente con las otras, a
favor del bien común, del interés colectivo y desde el respeto. En ese caminar cotidiano se viven a
cciones informativas, formativas, derivativas, folklóricas, lúdicas, de sensibilización y de incidencia política, como partes fundamentales de un todo. Partes reconocidas por las personas, las as
ociaciones y la A
dministración, como herramientas diferentes de encauzar distintas necesidades hacia un norte más o menos consensuado.
Por otra parte, la diversidad que denota la composición y la propia cartera de a
cciones de las entidades de a
poyo y las as
ociaciones de inmigrantes, constituye otro elemento fundamental que da cuenta, de forma fiel, de lo que sucede en la propia sociedad. Encontramos pues un movimiento social as
imétrico, con una constitución diversa, un tamaño heterogéneo, unos enfoques fundacionales distintos y que a
tienden a
la diferentes necesidades de las personas inmigrantes y en diferentes momentos de sus proyectos migratorios.
La conjugación de a
mbas características hace que el trabajo común solo sea posible si se logra construir una base consensuada de la cual partir y si se trabajan de forma constante, los procesos de fortalecimiento, individual y grupales, a
l tiempo que el empoderamiento y el reconocimiento mutuo.
Así pues, entre todas las entidades de a
poyo y as
ociaciones de inmigrantes que forman parte de la Coordinadora, se trabaja día a
día por un objetivo común: la lucha por el mantenimiento de los derechos de todas las personas y, muy especialmente, por la defensa de los derechos del colectivo inmigrante; en el empeño de contribuir en la construcción de una sociedad más justa.
Pero si bien se parte de un ideal de sociedad a
bierta: inclusiva, justa, plural, intercultural, participativa y solidaria; no hay que obviar las condiciones estructurales que marcan –de forma real– el contexto social en el que viven las personas inmigrantes.
Un contexto desalentador
La Ley Orgánica de Extranjería y su reglamento regulador es la norma estatal que marca la vida y la posibilidad de integración de las personas inmigrantes en el Estado español. Esta norma, reformada en 2009 (2/2009, de 11 de diciembre) y puesta en marcha su reglamento en 2011, restringe los derechos de las personas inmigrante, mercantilizando su estadía en el territorio español y negando derechos fundamentales como el de vivir en familia o a
cceder regularmente a
un puesto de trabajo.
En contexto de crisis, esta norma coercitiva se convierte en la justificación más utilizada para a
vivar discursos xenófobos y racistas; a
l tiempo que para rechazar la permanencia de las personas inmigrantes en territorio español.
Pero no conformes con esta Ley Orgánica, hace unos pocos días el Gobierno Español ha decretado un nuevo recorte en materia sanitaria, que excluye –aún más– a
las personas más desfavorecidas. El Real Decreto-Ley 16/2012 “por el que se establecen medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”, ratificado en el Congreso de los Diputados el pasado 17 de mayo, dejará sin cobertura sanitaria a
las personas inmigrante en situación irregular, a
partir del día 1 de septiembre del a
ño en curso.
Entonces, ¿cómo seguir hablando de Estado de bienestar o de Estado de derecho social, si las y los propios legisladores se encargan de dictar medidas restrictivas que siguen a
fectando a
las y los más débiles?
Y como esto no solo pasa a
nivel del Estado, en la CAPV también se ha vivido estos últimos a
ños, retrocesos o paradas importantes en las garantías mínimas sociales que se han a
lcanzado a
lo largo de la lucha por los derechos sociales.
A final de la legislatura de 2008 se a
prueban, la Ley de servicios Sociales y la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social; cuyo desarrollo reglamentario queda en manos del nuevo equipo de gobierno. Bajo el paraguas de la primera se ha estado desarrollando la cartera de prestaciones sociales, el mapa de servicios sociales, el plan estratégico y el sistema de copago. No obstante, a
l día de hoy, y con el fin de la legislatura en puertas, parece que por fin se vislumbra un a
cuerdo de mínimos para sacar a
delante la cartera de servicios sociales, del cual todas y todos seremos usuarios y beneficiarios.
Por otra parte, la segunda Ley, que tiene que ver con la a
plicación de la Renta de Garantía de Ingresos y los planes de inclusión social, se reglamentó en 2010; sin embargo, a
propósito de la transferencias de competencias a
l Servicio Vasco de Empleo Público–Lanbide, sufrió una reforma en 2011 que sirvió para a
umentar el requisito de empadronamiento para a
cceder a
la prestación social. Situación que a
fecta, directamente, a
las personas inmigrantes en situación irregular.
De hecho, Ekain–Redes para la Inclusión Social (de la que forma parte Harresiak A
purtuz), denunció en ese momento a
través de una nota de prensa:
“Las REDES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL EN EUSKADI denuncian la situación de desprotección social a
la que se ve a
bocada una parte importante de la ciudadanía:
Con la excusa de una optimización del sistema vasco de bienestar social, la persecución del fraude y la limitación de la solidaridad en tiempos de a
usteridad, se ha introducido un cambio fundamental en el espíritu de la Ley a
probada en 2008 con un a
mplio consenso político; que pasa de ser una a
puesta por la protección y las garantías sociales, a
ser un elemento de criminalización de la pobreza.
Se han incrementado los requisitos de entrada y permanencia de las familias y las personas en el sistema de protección social de Euskadi, a
tendiendo a
criterios de eficiencia y economía presupuestaria, sin entrar a
valorar las situaciones globales que a
fectan a
quienes están solicitando tal prestación”. (mimeografiado, 2011)
Así pues, la población inmigrante no solo se ve a
fectada por una Ley de Extranjería que le impide el a
cceso a
un puesto de trabajo hasta no cumplir 3 a
ños de residencia y solicitar la documentación a
través del a
rraigo, sino que esta población a
hora tiene que esperar también 3 a
ños para poder a
cceder a
la Renta de Garantía de Ingresos, único medio que tenía hasta la fecha para poder llevar una vida digna; a
l tiempo que luchar contra el tope de a
yuda por unidad familiar, lo que supone una dificultad a
dicional en los temas de a
cceso a
la vivienda y a
l empadronamiento.
Muchos han sido los a
rgumentos esgrimidos por el Gobierno, Español y Vasco, para justificar los recortes sociales y las leyes criminalizadoras. Desde la racionalización de los recursos hasta la lucha contra el fraude y, más recientemente, contra el turismo sanitario. La realidad es que “gracias” a
estas políticas sociales orientadas a
l recorte de prestaciones, muchas más personas –que ya tenían una situación precaria– a
hora se quedan en una situación de a
bandono y de desprotección total.
En el siguiente a
partado se a
bordará cómo se trabaja en Harresiak A
purtuz desde esta realidad tan poco halagüeña.