2.- En clave de colaboración
Existe sin duda un debate profundo en torno a la consideración y articulación de lo público y lo privado. Un debate que conlleva bastante complejidad y que requeriría un tratamiento exhaustivo. Recientemente en un documento elaborado por un equipo de estudios de la confederación de Cáritas se abogaba, después de constatar el nuevo escenario motivado por la actual Crisis económica, por la necesidad de redefinir lo público más allá de su identificación con la Administración con la referencia compartida a la búsqueda del bien común.
Ahí queda la interpelación surgida desde una coyuntura de Crisis que pone en cuestión la capacidad de respuesta de unos y de otros ante la magnitud de las necesidades.
No obstante y tratando de armonizar lo público y lo privado, en mi opinión se trata de lograr un equilibrio sano y positivo. Como decía Erick Fromm, refiriéndose a la relación interpersonal, ”no se trata de mirarnos mutuamente sino de mirar juntos en la misma dirección”. El terreno de las competencias y el protagonismo tan cautivador no nos puede, en modo alguno, desviar la atención de lo esencial que no es otra cosa que las necesidades y sufrimientos de las personas que padecen la precariedad y la pobreza. En mi modesta opinión, tan negativa es la exaltación de lo privado desde la cosmovisión del neo-liberalismo como la hegemonía absoluta de lo público, entendiendo como público la Administración o el poder del Estado.
De manera que abogamos por un modelo social plural y democrático, en el que los Poderes Públicos asuman la responsabilidad y competencia de otorgar a la ciudadanía los bienes y servicios necesarios para una v
ida digna. Es preciso hacer notar que los servicios públicos referidos a derechos obligan en su cumplimiento y se convierten en una garantía de v
ida social digna y equitativa. En este sentido estará bien recordar que el Estado de bienestar forjado a lo largo de decenios de reivindicación y lucha de las clases populares, recoge en gran medida esta v
aloración de lo público.
Pero con la misma rotundidad debemos mantener que, en un cuerpo social integral, no se puede ocultar el papel de sujeto referido al conjunto de la ciudadanía. En el cuerpo humano es importante la cabeza, pero también el resto de miembros. En la personas es todo el organismo quien actúa sin marginar ni prescindir de nadie. De igual modo en lo que atañe a la v
ida social, es preciso defender y auspiciar la mayor participación y colaboración de todas las personas. De la aportación de todos al bien común se deriva la bondad y el acierto de un modelo social v
erdaderamente democrático.
Está claro que, desde el Tercer Sector, no se puede ni se debe asumir y desarrollar las competencias y acciones que corresponden a la Administración. Más bien nuestra aportación consiste en urgir al cumplimiento de dichas competencias desde el apremio y las necesidades que detectamos en las personas más desfavorecidas. En este sentido el Tercer Sector debe, siempre con una actitud positiva, ejercitar una labor de crítica constructiva articulando protesta y propuesta. Sirva de ejemplo y observando las duras consecuencias que está produciendo la Crisis en muchas familias, la llamada apremiante a la Administración para no reducir el gasto social y no retroceder en el Sistema de Protección tan v
ital en estos momentos de v
erdadera emergencia.
Desde Cáritas defendemos el principio de la justicia que precede a la caridad. “No des por caridad lo que es exigible y demandable por justicia” nos recuerda Benedicto XVI en su encíclica “Cáritas in V
eritate”. Esta apelación resume con claridad la convicción de la prevalencia de la justicia y su ejercicio a través de los Servicios Públicos como un elemento básico del Estado de derecho y también del Estado de bienestar. Esta defensa de la justicia y los derechos humanos como elemento constitutivo de los poderes públicos v
iene a ser gráficamente como la roca sobre la que construimos la arquitectura del edificio social. No podemos menos de calificar de inaceptable la tendencia sistemática a privatizar los servicios públicos y sobre todo a hacerlo por imperativos puramente economicistas. Tememos que Entidades de la Acción Social con ánimo de lucro pueden beneficiarse de esta deriva que, a nuestro entender, conlleva serios peligros y amenazas en cuanto a la calidad de la acción social.
Por otro lado, en el otro lado de la balanza, no entendemos bien que las entidades del Tercer Sector sin ánimo de lucro puedan ser consideradas como meras entidades prestadoras de servicios, algo así como un brazo alargado de la Administración. Así como no aprobamos la privatización sistemática de los servicios públicos, tampoco estamos de acuerdo con un modelo de relación de imposición que promueva el sometimiento y la servidumbre de las Entidades del Tercer Sector con la consiguiente pérdida de la propia identidad y autonomía. Entendemos que el bien social que realiza el Tercer Sector así como su carácter de participación ciudadana, bien merecen un tratamiento de respeto y v
aloración de su autonomía. Es v
erdad que la Administración debe ser diligente y responsable con el dinero público y también con la calidad de los servicios sociales que se llevan a cabo bajo el paraguas del convenio o la concertación. Pero entendemos que esa responsabilidad de la Administración es del todo compatible con un modelo de relación basado en el mutuo reconocimiento, respeto y recíproca colaboración. Y en este sentido hay que abogar por ir dando pasos que mejoren la relación y el trabajo en red, incidiendo en la importancia de la coordinación afín de optimizar los recursos y poder prestar una ayuda más eficiente a las personas.