Existe sin duda un debate profundo en torno a la c
onsideración y articulación de lo público y lo privado. Un debate que c
onlleva bastante c
omplejidad y que requeriría un tratamiento exhaustivo. Recientemente en un documento elaborado por un equipo de estudios de la c
onfederación de C
áritas se abogaba, después de c
onstatar el nuevo escenario motivado por la actual C
risis económica, por la necesidad de redefinir lo público más allá de su identificación c
on la Administración c
on la referencia c
ompartida a la búsqueda del bien c
omún.
Ahí queda la interpelación surgida desde una c
oyuntura de C
risis que pone en c
uestión la c
apacidad de respuesta de unos y de otros ante la magnitud de las necesidades.
No obstante y tratando de armonizar lo público y lo privado, en mi opinión se trata de lograr un equilibrio sano y positivo. C
omo decía Erick Fromm, refiriéndose a la relación interpersonal, ”no se trata de mirarnos mutuamente sino de mirar juntos en la misma dirección”. El terreno de las c
ompetencias y el protagonismo tan c
autivador no nos puede, en modo alguno, desviar la atención de lo esencial que no es otra c
osa que las necesidades y sufrimientos de las personas que padecen la precariedad y la pobreza. En mi modesta opinión, tan negativa es la exaltación de lo privado desde la c
osmovisión del neo-liberalismo c
omo la hegemonía absoluta de lo público, entendiendo c
omo público la Administración o el poder del Estado.
De manera que abogamos por un modelo social plural y democrático, en el que los Poderes Públicos asuman la responsabilidad y c
ompetencia de otorgar a la c
iudadanía los bienes y servicios necesarios para una vida digna. Es preciso hacer notar que los servicios públicos referidos a derechos obligan en su c
umplimiento y se c
onvierten en una garantía de vida social digna y equitativa. En este sentido estará bien recordar que el Estado de bienestar forjado a lo largo de decenios de reivindicación y lucha de las c
lases populares, recoge en gran medida esta valoración de lo público.
Pero c
on la misma rotundidad debemos mantener que, en un c
uerpo social integral, no se puede ocultar el papel de sujeto referido al c
onjunto de la c
iudadanía. En el c
uerpo humano es importante la c
abeza, pero también el resto de miembros. En la personas es todo el organismo quien actúa sin marginar ni prescindir de nadie. De igual modo en lo que atañe a la vida social, es preciso defender y auspiciar la mayor participación y c
olaboración de todas las personas. De la aportación de todos al bien c
omún se deriva la bondad y el acierto de un modelo social verdaderamente democrático.
Está c
laro que, desde el Tercer Sector, no se puede ni se debe asumir y desarrollar las c
ompetencias y acciones que c
orresponden a la Administración. Más bien nuestra aportación c
onsiste en urgir al c
umplimiento de dichas c
ompetencias desde el apremio y las necesidades que detectamos en las personas más desfavorecidas. En este sentido el Tercer Sector debe, siempre c
on una actitud positiva, ejercitar una labor de c
rítica c
onstructiva articulando protesta y propuesta. Sirva de ejemplo y observando las duras c
onsecuencias que está produciendo la C
risis en muchas familias, la llamada apremiante a la Administración para no reducir el gasto social y no retroceder en el Sistema de Protección tan vital en estos momentos de verdadera emergencia.
Desde C
áritas defendemos el principio de la justicia que precede a la c
aridad. “No des por c
aridad lo que es exigible y demandable por justicia” nos recuerda Benedicto XVI en su encíclica “Cáritas in Veritate”. Esta apelación resume c
on c
laridad la c
onvicción de la prevalencia de la justicia y su ejercicio a través de los Servicios Públicos c
omo un elemento básico del Estado de derecho y también del Estado de bienestar. Esta defensa de la justicia y los derechos humanos c
omo elemento c
onstitutivo de los poderes públicos viene a ser gráficamente c
omo la roca sobre la que c
onstruimos la arquitectura del edificio social. No podemos menos de c
alificar de inaceptable la tendencia sistemática a privatizar los servicios públicos y sobre todo a hacerlo por imperativos puramente economicistas. Tememos que Entidades de la Acción Social c
on ánimo de lucro pueden beneficiarse de esta deriva que, a nuestro entender, c
onlleva serios peligros y amenazas en c
uanto a la c
alidad de la acción social.
Por otro lado, en el otro lado de la balanza, no entendemos bien que las entidades del Tercer Sector sin ánimo de lucro puedan ser c
onsideradas c
omo meras entidades prestadoras de servicios, algo así c
omo un brazo alargado de la Administración. Así c
omo no aprobamos la privatización sistemática de los servicios públicos, tampoco estamos de acuerdo c
on un modelo de relación de imposición que promueva el sometimiento y la servidumbre de las Entidades del Tercer Sector c
on la c
onsiguiente pérdida de la propia identidad y autonomía. Entendemos que el bien social que realiza el Tercer Sector así c
omo su c
arácter de participación c
iudadana, bien merecen un tratamiento de respeto y valoración de su autonomía. Es verdad que la Administración debe ser diligente y responsable c
on el dinero público y también c
on la c
alidad de los servicios sociales que se llevan a c
abo bajo el paraguas del c
onvenio o la c
oncertación. Pero entendemos que esa responsabilidad de la Administración es del todo c
ompatible c
on un modelo de relación basado en el mutuo reconocimiento, respeto y recíproca c
olaboración. Y en este sentido hay que abogar por ir dando pasos que mejoren la relación y el trabajo en red, incidiendo en la importancia de la c
oordinación afín de optimizar los recursos y poder prestar una ayuda más eficiente a las personas.