2.- En clave de colaboración
Existe sin duda un debate profundo en torno a
la consideración y a
rticulación de lo público y lo privado. Un debate que conlleva bastante complejidad y que requeriría un tratamiento exhaustivo. Recientemente en un documento elaborado por un equipo de estudios de la confederación de Cáritas se a
bogaba, después de constatar el nuevo escenario motivado por la a
ctual Crisis económica, por la necesidad de redefinir lo público más a
llá de su identificación con la A
dministración con la referencia compartida a
la búsqueda del bien común.
Ahí queda la interpelación surgida desde una coyuntura de Crisis que pone en cuestión la capacidad de respuesta de unos y de otros a
nte la magnitud de las necesidades.
No obstante y tratando de a
rmonizar lo público y lo privado, en mi opinión se trata de lograr un equilibrio sano y positivo. Como decía Erick Fromm, refiriéndose a
la relación interpersonal, ”no se trata de mirarnos mutuamente sino de mirar juntos en la misma dirección”. El terreno de las competencias y el protagonismo tan cautivador no nos puede, en modo a
lguno, desviar la a
tención de lo esencial que no es otra cosa que las necesidades y sufrimientos de las personas que padecen la precariedad y la pobreza. En mi modesta opinión, tan negativa es la exaltación de lo privado desde la cosmovisión del neo-liberalismo como la hegemonía a
bsoluta de lo público, entendiendo como público la A
dministración o el poder del Estado.
De manera que a
bogamos por un modelo social plural y democrático, en el que los Poderes Públicos as
uman la responsabilidad y competencia de otorgar a
la ciudadanía los bienes y servicios necesarios para una vida digna. Es preciso hacer notar que los servicios públicos referidos a
derechos obligan en su cumplimiento y se convierten en una garantía de vida social digna y equitativa. En este sentido estará bien recordar que el Estado de bienestar forjado a
lo largo de decenios de reivindicación y lucha de las clases populares, recoge en gran medida esta valoración de lo público.
Pero con la misma rotundidad debemos mantener que, en un cuerpo social integral, no se puede ocultar el papel de sujeto referido a
l conjunto de la ciudadanía. En el cuerpo humano es importante la cabeza, pero también el resto de miembros. En la personas es todo el organismo quien a
ctúa sin marginar ni prescindir de nadie. De igual modo en lo que a
tañe a
la vida social, es preciso defender y a
uspiciar la mayor participación y colaboración de todas las personas. De la a
portación de todos a
l bien común se deriva la bondad y el a
cierto de un modelo social verdaderamente democrático.
Está claro que, desde el Tercer Sector, no se puede ni se debe as
umir y desarrollar las competencias y a
cciones que corresponden a
la A
dministración. Más bien nuestra a
portación consiste en urgir a
l cumplimiento de dichas competencias desde el a
premio y las necesidades que detectamos en las personas más desfavorecidas. En este sentido el Tercer Sector debe, siempre con una a
ctitud positiva, ejercitar una labor de crítica constructiva a
rticulando protesta y propuesta. Sirva de ejemplo y observando las duras consecuencias que está produciendo la Crisis en muchas familias, la llamada a
premiante a
la A
dministración para no reducir el gasto social y no retroceder en el Sistema de Protección tan vital en estos momentos de verdadera emergencia.
Desde Cáritas defendemos el principio de la justicia que precede a
la caridad. “No des por caridad lo que es exigible y demandable por justicia” nos recuerda Benedicto XVI en su encíclica “Cáritas in Veritate”. Esta a
pelación resume con claridad la convicción de la prevalencia de la justicia y su ejercicio a
través de los Servicios Públicos como un elemento básico del Estado de derecho y también del Estado de bienestar. Esta defensa de la justicia y los derechos humanos como elemento constitutivo de los poderes públicos viene a
ser gráficamente como la roca sobre la que construimos la a
rquitectura del edificio social. No podemos menos de calificar de inaceptable la tendencia sistemática a
privatizar los servicios públicos y sobre todo a
hacerlo por imperativos puramente economicistas. Tememos que Entidades de la A
cción Social con á
nimo de lucro pueden beneficiarse de esta deriva que, a
nuestro entender, conlleva serios peligros y a
menazas en cuanto a
la calidad de la a
cción social.
Por otro lado, en el otro lado de la balanza, no entendemos bien que las entidades del Tercer Sector sin á
nimo de lucro puedan ser consideradas como meras entidades prestadoras de servicios, a
lgo as
í como un brazo a
largado de la A
dministración. As
í como no a
probamos la privatización sistemática de los servicios públicos, tampoco estamos de a
cuerdo con un modelo de relación de imposición que promueva el sometimiento y la servidumbre de las Entidades del Tercer Sector con la consiguiente pérdida de la propia identidad y a
utonomía. Entendemos que el bien social que realiza el Tercer Sector as
í como su carácter de participación ciudadana, bien merecen un tratamiento de respeto y valoración de su a
utonomía. Es verdad que la A
dministración debe ser diligente y responsable con el dinero público y también con la calidad de los servicios sociales que se llevan a
cabo bajo el paraguas del convenio o la concertación. Pero entendemos que esa responsabilidad de la A
dministración es del todo compatible con un modelo de relación basado en el mutuo reconocimiento, respeto y recíproca colaboración. Y en este sentido hay que a
bogar por ir dando pasos que mejoren la relación y el trabajo en red, incidiendo en la importancia de la coordinación a
fín de optimizar los recursos y poder prestar una a
yuda más eficiente a
las personas.