III.4. El reto de garantizar el mantenimiento, el desarrollo y la sostenibilidad de los derechos sociales
Los derechos económicos y sociales son, pues derechos c
onstitucionales y son derechos humanos. Por c
onsiguiente, existe un deber para los poderes públicos (con mandatos muy c
oncretos en diversas disposiciones c
onstitucionales y en el derecho internacional de los derechos humanos) para que articulen las políticas públicas que sean necesarias para proteger, salvaguardar y mantener los derechos sociales. El derecho a la dignidad, recogido en el artículo 10 de la C
onstitución, que se erige en el pórtico del sistema de derechos y libertades del título primero de la misma, atraviesa, de un modo transversal, todos los derechos y les otorga un c
ontenido mínimo asociado a la vida digna que resulta insoslayable para los poderes públicos.
Hay, en este sentido, dos grandes tareas que habría que acometer c
uanto antes. La primera de ellas es articular una arquitectura financiera y unas políticas presupuestarias que permitan el mantenimiento y el desarrollo del Estado social. Este objetivo es factible. Estamos viendo c
ómo ese objetivo se está c
umpliendo en países europeos c
omo Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiza o Austria, o en países no europeos c
omo C
anadá, bien es c
ierto que habiendo realizado reformas estructurales en muchos de ellos para garantizar, precisamente, la sostenibilidad del Estado social. Pero es que, además de posible, el desarrollo del Estado social en países c
on elevados índices de paro c
omo el nuestro resulta necesario porque de ese desarrollo depende en gran medida la c
reación de muchos puestos de trabajo.
La segunda gran tarea es, a nuestro juicio, reconstruir sobre nuevas bases el c
ontrato social en el que se basa el Estado social. No es posible la sostenibilidad del Estado social y de los derechos sociales si no hay un sistema de valores sociales ampliamente c
ompartido basado en la solidaridad y en la c
onfianza en el sistema y en las instituciones que gestionan los servicios y prestaciones sociales. C
reemos que esos valores se hallan también en c
risis. Es urgente reconstruirlos y recuperar la solidaridad y la c
onfianza. Es preciso que todos asumamos de buen grado la c
uota de responsabilidad social que nos c
orresponde y, en c
onsecuencia, c
ontribuyamos fiscalmente a las arcas públicas, eliminando todo tipo de fraude y, por otra parte, hagamos un uso responsable y c
onforme a nuestras necesidades de las prestaciones y servicios sociales. Es preciso y apremiante que impulsemos la solidaridad intergeneracional para c
rear las c
ondiciones que permitan a nuestros jóvenes tener una vida, un trabajo digno y una vivienda digna. En relación c
on ello, los poderes públicos deberían hacer un esfuerzo especial para ligar de una manera más eficaz la formación de los niños y niñas, adolescentes y jóvenes c
on las previsiones a c
orto, medio y largo plazo del mercado de trabajo.
Resulta apremiante, en este orden de c
osas, llevar a c
abo una profunda regeneración moral de todo el sistema político-institucional c
on el fin de que la c
iudadanía recupere la c
onfianza en las instituciones (vascas, españolas y europeas) y se sienta partícipe del sistema, que debería dotarse de eficaces vías de participación e interactuación c
on las mujeres y hombres que c
onforman la c
omunidad sociopolítica; c
on el fin de que los valores de solidaridad social sean asumidos realmente por la c
iudadanía y en c
onsecuencia esta asuma c
omo algo propio y necesario las aportaciones a las arcas públicas de impuestos, tasas y precios públicos. Se hace preciso, asimismo, que los representantes políticos c
onsigan ejercer realmente la dirección en la gestión de los asuntos de la polis sometiendo a los mercados y a sus poderosos lobbies.